Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121850
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 18 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.850, "Ruiz, José Ignacio contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 128/137 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 146/151 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor José Ignacio Ruiz contra Construcciones Térmicas S.A., condenando a esta última al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, vacaciones adeudadas, fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250), y aquellas otras con sustento en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653.
Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 128/137 vta.).
Para así resolver, en el veredicto, el juzgador de grado tuvo por acreditado -con sustento en los recibos de haberes de fs. 9/42- que la accionada había realizado los descuentos destinados a los organismos de seguridad social, obra social y sindical. Luego, tras analizar los informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Instituto Mandatarios de Recaudaciones, consideró verificada el pago parcial en cuatro meses respecto a la contribución patronal de obra social y la falta de depósito de los aportes de seguridad social y sindicales (v. vered., tercera cuestión, fs. 130 y vta.).
Sin embargo -sobre esa base fáctica- declaró en la sentencia que no corresponde hacer lugar a la sanción desde que no se probó en autos que el empleador no hubiera ingresado a los organismos de seguridad social ni a otras entidades algún importe que haya retenido de la remuneración del trabajador. En tal sentido señaló que "...la circunstancia de que la empleadora haya omitido hacer depósitos de contribuciones, por sí sola, no denota la configuración de la tipificación legal pues ésta, sólo considera sancionable la omisión de depósito de aportes que hubieran sido 'retenidos' de la remuneración..." (sic., v. sent., fs. 134).
Agregó que el informe de la AFIP sólo hacía referencia a un pago parcial de las contribuciones del empleador y que, respecto de los aportes de seguridad social, el mismo era contradictorio con la planilla adjuntada por el propio organismo a fs. 102, por lo que no resultaba claro que no se hubieren ingresado. Finalmente, en relación a los aportes sindicales, afirmó que no se le había requerido informe a la entidad sindical que representaba al trabajador (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina –UOCRA-) y que el informe del Instituto Mandatarios de Recaudaciones no resultaba vinculante (v. sent., fs. 134 y vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6; 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
Se agravia del rechazo de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por entender que la decisión de grado resulta absurda y violatoria de la doctrina elaborada por esta Corte en las causas L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013) y L. 109.165, "Contreras" (sent. de 10-XII-2014).
Puntualiza -en lo esencial- que el juzgador de grado no observó los recaudos previstos en dicha norma y arribó a una decisión arbitraria, por cuanto de los recibos de haberes glosados a fs. 9/42 y del informe adjuntado por la AFIP a fs. 99/104, surge con claridad que, en los períodos transcurridos entre los meses de septiembre de 2014 a diciembre de 2015, la empleadora retuvo los aportes del trabajador con destino a la seguridad social y no los ingresó -total o parcialmente- a los organismos correspondientes.
Destaca, asimismo que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el art. 1 del decreto 146/01 (v. fs. 147/149).
Por otro lado, manifiesta que en el caso de los trabajadores de la construcción (CCT 76/75), el encargado de comunicar y determinar el ingreso o no de los aportes sindicales no es el propio sindicato (UOCRA), sino el Instituto Mandatario de Recaudaciones de la UOCRA, cuyo informe de fs. 106/109 acredita que la empleadora omitió abonarlos.
Solicita subsidiariamente -se ordene- como medida para mejor proveer oficio a la UOCRA para que informe el organismo encargado de fiscalizar el ingreso de aportes (v. fs. 149/150).
Aduce que el sentenciante no realizó un razonamiento lógico, sino que incurrió en absurdo (v. fs. 150/151) demostrando un criterio restrictivo en beneficio del evasor, lo cual resulta contrario a la finalidad del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent de 20-XII-2017).
III.2. Sentado ello, considero que acierta el recurrente al denunciar la errónea aplicación que del art. 132 bis se realizó en el fallo de grado.
En efecto, aun cuando determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a que dicho dispositivo legal subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 116.633, "De Luca", sent. de 18-IX-2012; L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018; e.o.), estimo que la configuración de dicho vicio invalidante se ha logrado acreditar en autos.
III.2.a. Antes de ingresar en el análisis del mencionado yerro lógico, considero necesario formular una aclaración inicial que, aunque a la postre, no gravitará de manera directa en el modo en que se resolverá la controversia, resulta de particular relevancia.
El artículo citado, introducido en la Ley de Contrato de Trabajo por el art. 43 de la ley 25.345, en su parte pertinente, dispone: "Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a los que estuvieren destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos".
La norma es clara. De su correcta exégesis se colige que el presupuesto fáctico por ella aprehendido es la retención de aportes del trabajador por parte del empleador, no ingresados a los respectivos entes recaudadores. Téngase presente que este último, en materia de recursos destinados a los organismos de la seguridad social y entes sindicales, actúa en un doble carácter: como obligado directo respecto de los importes que la ley y convenciones colectivas de trabajo ponen a su cargo y como agente de retención de aquellos ítems cuyo pago recae en cabeza del dependiente.
En este sentido, esta Corte ha declarado que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador que establece el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345), deben concurrir los presupuestos que la norma determina, a saber: a) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que hace referencia; b) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente, los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados y c) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 91.994, "Bravo", sent. de 9-IX-2009; L. 108.019, cit.; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Luego, resulta claro entonces que la conducta antijurídica se verifica tanto ante la omisión del empleador en el ingreso de aportes, como de las pertinentes contribuciones a su cargo.
III.2.b. Aclarado lo que antecede, en el estadio procesal del examen y determinación de los hechos controvertidos, en atención a la situación planteada y en orden al objeto del litigio, se advierte que no se ha concretado el estudio idóneo de las circunstancias fácticas y probatorias imprescindibles para la solución del caso. Ello así, pues el juzgador de grado rechazó la pretensión a partir de un deficiente análisis de la prueba que derivó en una incorrecta conclusión.
En efecto -contrariamente a lo sostenido por el sentenciante-, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 9/42 y del informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 100) es posible constatar que, durante los períodos transcurridos entre los meses de octubre de 2014 a diciembre de 2015, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y -prácticamente- nunca dio cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente.
Y si bien el tribunal de grado apoyó su decisión en la presunta contradicción que encontraría entre dicha documentación y la planilla adjuntada a fs. 102, tal argumento se desvanece si se repara en que esta última detalla con fecha cada uno de los depósitos que surgen del "Resumen de Situación Previsional" obrante a fs. 100, tal como surge del informe de AFIP de fs. 104; es decir sólo aquellos que fueron efectivamente ingresados al sistema.
Cabe agregar que no se advierte de la lectura de la causa que el demandado haya aportado elemento de prueba alguno que dé cuenta del cumplimiento de su carga de ingresar las deducciones realizadas con destino al sistema previsional en los períodos aludidos.
Asimismo, no habiendo sido controvertida en autos la recepción de las comunicaciones postales, surge claramente del telegrama glosado a fs. 8 que José Ignacio Ruiz intimó a su empleadora (12 de octubre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social.
A partir de lo expuesto, se colige que el tribunal de grado, sobre la base de un análisis equivocado de la prueba, ha delineado conclusiones genéricas desconectadas de las circunstancias particulares del caso, incurriendo en absurdo (causas L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
III.2.c. En ese esquema de análisis, y resultando gravitante ponderar que, en el marco de las normas antievasión en que fue dictada la ley 25.345 que incorporó el art. 132 bis al texto de la Ley de Contrato de Trabajo, la faena hermenéutica en materia de la mencionada disposición no puede concebirse con criterio restrictivo en beneficio del evasor, pues ello contraría la finalidad de la ley, cual es erradicar el incumplimiento al régimen de aportes y contribuciones a la seguridad social; surge nítido -entonces- que, en la especie, acierta el recurrente al denunciar absurdo en la labor intelectiva del sentenciante, evidenciándose el presunto incumplimiento por parte de Construcciones Térmicas S.A. a los requisitos formales dispuestos por la normativa vigente y que condicionan la procedencia de la sanción conminatoria peticionada.
III.2.d. Lo expuesto me releva de pronunciarme respecto de los embates formulados en torno a las restantes cotizaciones, pues -independientemente de su grado de acierto- lo expuesto resulta suficiente a los fines de casar el pronunciamiento de grado.
III.2.e. Ante ese resultado y si bien en virtud de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por esta Corte (causas L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2006; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; e.o.), se impondría atender los particulares reclamos esgrimidos en autos, así como las defensas que a ellos opuso la demandada en su oportunidad y que no tuvo ocasión de renovar atento el resultado favorable obtenido en la instancia de grado; dicha tarea resultaría ociosa en la especie.
Ello así, en atención a que las escuetas defensas esgrimidas por la patronal respecto del tópico -afincadas en la simple afirmación de su cumplimiento en lo tocante al depósito de las deducciones efectuadas con destino a la seguridad social y, por ende, en la falta de justificación del reclamo (v. contestación de demanda, fs. 68 y vta.)- fueron abastecidas con la argumentación desplegada en los apartados que preceden, con virtualidad adversa a sus pretensiones.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia