Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120897
En la ciudad de La Plata, a 18 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.897, "Gianelli, Mariano Ariel contra Nobleza Picardo S.A.I.C. y F. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, admitió parcialmente la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 250/267 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 280/290 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por el señor Mariano Ariel Gianelli y condenó a Nobleza Picardo S.A.I.C. y F. al pago de la suma que estableció en concepto de vacaciones, sueldo anual complementario, diferencias derivadas de las indemnizaciones que percibiera el actor con motivo del despido, con más las multas contenidas en los arts. 1 de la ley 25.323 y 45 de la ley 25.345.
En cambio, desestimó la acción tendiente a obtener el cobro de horas extraordinarias, diferencias salariales, haberes del mes de junio del año 2014, multa por temeridad y malicia, indemnización por matrimonio (art. 182, LCT) y las previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 250/267 vta.).
Para así decidir, tras evaluar el intercambio telegráfico habido entre las partes, el a quo determinó que en el caso la extinción del vínculo se produjo el día 13 de mayo de 2014 por decisión del empleador y, por lo tanto, que a la fecha en que el actor se colocó en situación de despido el contrato ya estaba disuelto.
Luego, consideró que si bien el trabajador había comunicado a la empresa demandada que contraería matrimonio el día 27 de mayo de 2014 (v. CD del 6-V-2014, fs. 10), ninguna prueba aportó para demostrar que el enlace efectivamente se hubiera celebrado en aquella fecha. Por ello, entendió que al no encontrarse cumplida una condición sine qua non para que opere automáticamente la presunción contenida en el art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo, debía desestimarse la indemnización reclamada con sustento en el art. 182 de la citada ley (v. sent., fs. 257/258).
Asimismo, juzgó no demostrado que el dependiente hubiera laborado horas en exceso de la jornada legal, que le correspondiera percibir suma alguna en concepto de diferencias salariales, así como tampoco que el uso del teléfono celular entregado por la empresa constituyera una ventaja patrimonial evidente que pudiera considerarse una contraprestación salarial (arts. 103 y 105, LCT). En consecuencia, desestimó las pretensiones deducidas al respecto (v. sent., fs. 260 y vta.).
Por otro lado, descartó que pudiera declararse maliciosa y/o temeraria a la conducta del empleador en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. Rechazó también las multas contenidas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013, por considerar que la relación ya estaba extinguida cuando el accionante efectuó la intimación al principal para que registrase correctamente su remuneración. A la vez expresó que no se hallaban reunidos los presupuestos exigidos para el progreso del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, puesto que el actor había percibido la suma de $150.500,01 en concepto de liquidación final (v. sent., fs. 260 vta./262).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia la violación de los arts. 103, 181 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo; 2 de la ley 25.323; 9 de la ley 25.013 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 280/290 vta.).
Cuestiona que se hubiera tenido por demostrado que la disolución del vínculo se produjo mediante la misiva cursada por su empleador pese a que ésta no llegó a destino con motivo de "domicilio insuficiente". Alega que esa decisión vulnera la doctrina elaborada por este Tribunal en las causas L. 44.530, "Paret" (sent. de 14-VIII-1990) y L. 99.462, "Chaile" (sent. de 10-IX-2010).
Alega que en el caso el accionante cumplió con su deber de notificar su domicilio y mantenerlo actualizado por lo que no puede atribuírsele culpa o mala fe en la falta de recepción de las misivas, cuando la demandada pudo elegir otro medio de comunicación (v.gr. escribano público).
Postula que en atención al carácter recepticio de las comunicaciones postales y en vista a la responsabilidad que incumbe a la parte por la elección del medio empleado para realizarla, resulta errónea la conclusión del tribunal que tuvo por notificado al actor el día 13 de mayo de 2014 del despido dispuesto por su empleador cuando nunca recibió la epístola y siendo que los motivos de su falta de entrega corresponden a la empresa postal elegida por la accionada.
Peticiona entonces que se tenga por configurado el despido indirecto de fecha 4 de junio de 2014 y se condene a la empresa demandada al pago de las multas establecidas en los art. 10 y 15 de la ley 24.013, al salario del mes de mayo de 2014 y los días proporcionales del mes de junio de dicho año.
Impugna luego el rechazo de la indemnización contenida en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. Postula que el art. 181 de la citada ley establece que para que opere la presunción legal contenida en esa norma se requiere la notificación fehaciente de la celebración del matrimonio, que ésta se produzca entre los tres meses anteriores o los seis posteriores a su celebración y que el despido del trabajador haya sido sin invocación de causa por el empleador o bien que el motivo esgrimido no hubiera quedado acreditado.
Refiere que en el caso el tribunal agregó un recaudo que no se encuentra previsto legalmente y que difiere de lo aceptado jurisprudencialmente, además de remitir a un momento distinto al que la norma contempla para la protección del trabajador, en tanto al haberse configurado el distracto con anterioridad a la fecha en que iba a celebrase el matrimonio no era necesario probar su efectivo acaecimiento.
Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto en los arts. 103 y 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, sostiene que debió juzgarse acreditado que el uso del teléfono celular provisto por la empresa (quien a su vez abonaba la factura) era tanto personal como laboral. Afirma que su parte recibió el teléfono móvil sin ninguna limitación para realizar llamadas privadas, tal como lo informara en su dictamen la perito contadora; y que la accionada era quien debía demostrar en contra de sus afirmaciones.
Señala que el monto correspondiente al ahorro en telefonía celular debe ser incluido dentro de los rubros remunerativos y, en consecuencia, dentro de la indemnización y hacerse los aportes y contribuciones por dicho concepto. Cita en su apoyo jurisprudencia de las Cámaras Nacionales de Apelaciones del Trabajo.
Objeta además que se rechazara la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323. Inicialmente sostiene que el monto que se juzgó percibido por su parte como liquidación final no fue la cantidad de $150.500,01 como lo dice la experta contable, sino que ascendió a la cantidad de $149.519 según el informe bancario, por lo que solicita que se revoque lo resuelto y se considere éste último importe.
Señala además que acreditada la existencia de una deuda por diferencias indemnizatorias y aun cuando se confirme la decisión referida al despido directo del dependiente, lo cierto es que en tanto el principal no integró la totalidad de la suma debida al actor, puesto que le adeuda la cantidad de $53.871,03, debió ser condenada al pago de la sanción contenida en el citado art. 2 de la ley 25.323, conforme el criterio plasmado por esta Corte en las causas L. 106.361, "Pellitero" (sent. de 28-IX-2011) y L. 108.023, "Segui" (sent. de 10-XII-2014), entre otras que cita.
Por último, aduce que al desestimar el reclamo por temeridad y malicia formulado por su parte, el tribunal incurrió en una errónea interpretación del art. 9 de la ley 25.013. Luego, a partir de todo lo dicho, peticiona que se revoque lo decidido en materia de costas.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Como fuera anticipado, el tribunal de grado estableció que en el caso la relación laboral quedó disuelta por el despido directo y sin causa dispuesto por el empleador, decisión ésta que le fuera notificada al trabajador el día 13 de mayo de 2014 (v. vered., fs. 250 vta. y 251; sent., fs. 257 y vta.).
En este sentido, evaluó que el 30 de abril de 2014 la demandada le envió al dependiente un telegrama OCA cuyo texto decía: "Comunicamos que a partir del 30/4/2014 prescindimos de sus servicios en los términos del art. 245 LCT. Liquidación final y certificados de ley a disposición en plazo legal", pero que dicha misiva cursada al señor Gianelli al domicilio de la calle Sargento Palma 16.334 de la localidad de Martin Coronado fue devuelta al remitente (Nobleza Picardo S.A.I.C. y F.) ante la imposibilidad de ser entregada en destino por causa "No responde" según lo informado por el correo (v. fs. 141/142 y vered., fs. 251).
Luego, ponderó que la empresa remitió una nueva misiva el día 13 de mayo de 2014 al domicilio de calle Aurelio Monatruli 1.680 de la localidad de Martín Coronado (dirección que fuera ratificada por el actor en su CD de fecha 7 de mayo de 2014) notificándole que el 30 de abril de 2014 había sido despedido sin causa. En consecuencia, tuvo por acreditado que el despido se produjo en la fecha del aludido envío, por cuanto a pesar de que el Correo Argentino (v. fs. 126) había informado que dicha pieza postal, entre otras cursadas al mismo domicilio (v. fs. 51, 52, 53 y 54), fue observada con la leyenda "dirección insuficiente" y devuelta a la accionada; el propio demandante había ratificado ese domicilio en su carta documento de fecha 7 de mayo de 2014 (v. vered., fs. 250 vta. y 251).
III.2.a. Este Tribunal tiene dicho que la interpretación del intercambio telegráfico y la valoración del material probatorio, así como la determinación de la oportunidad y el modo en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones reservadas a la instancia ordinaria y marginadas de la casación, salvo absurdo (causas L. 102.929, "Olaechea", sent. de 30-V-2012; L. 110.244, "Gallo", sent. de 21-II-2013; L. 119.307, "Corallo", sent. de 23-XI-2016 y L. 119.696, "Scarelli", sent. de 3-V-2018).
III.2.b. Bajo tales premisas, es posible anticipar que la crítica formulada por el recurrente no alcanza para descalificar lo resuelto.
En efecto, no logra evidenciar que resulte absurdo el razonamiento del a quo , según el cual, tras el intento del empleador de comunicarle al trabajador su despido en el domicilio que figuraba registrado en la empresa (extremo que no pudo ser corroborado; v. vered., fs. 251 y vta.), consideró que debía tenerlo por notificado con la posterior comunicación cursada por el principal a la dirección que el propio accionante denunciara en su misiva del 7 de mayo de 2014, a la postre observada como insuficiente por el Correo Argentino (v. 250 vta. y 251).
Ello pues, sin hacerse cargo de la responsabilidad que incumbe al trabajador de notificar al empleador su domicilio y/o el cambio del inicialmente denunciado, el compareciente pretende desligarse de las consecuencias que le atribuyera el a quo sobre el hecho de haber consignado y ratificado durante el intercambio telegráfico, -e incluso en su demanda- un domicilio coincidente con aquel señalado por el principal en sus envíos.
Luego, a partir de su personal apreciación de las circunstancias del caso, el recurrente tan solo expone su disconformidad con lo resuelto, sin formular una crítica concreta de lo expresado en la sentencia.
En rigor, las consideraciones que trae en su embate sólo revelan una serie de argumentos que pretenden apoyarse en su subjetiva versión sobre los hechos y de cómo -a su criterio- debieron apreciarse las pruebas, en una estructura de razonamiento que traduce el mero intento de disputarle al juzgador el uso de facultades que por regla le son privativas, técnica reiteradamente calificada como inhábil para evidenciar el vicio de absurdo (causas L. 112.532, "Sánchez", sent. de 3-VII-2013; L. 111.695, "Villanueva", sent. de 8-IV-2015 y L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017).
A partir de ello, surge también evidente que los precedentes en los que el interesado apoya su crítica han sido elaborados sobre la base de diferentes presupuestos fácticos a los que se verifican en la presente causa.
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
Cabe agregar que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017; e.o.), extremos que -como se dijo- no demuestra el recurrente.
Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para desestimar este tramo de la impugnación.
III.3. No mejor suerte ha de seguir el agravio traído en torno al rechazo de la indemnización prevista en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el caso, el a quo resolvió que para que fuera operativa la presunción contenida en el art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo, resultaba necesaria la comprobación de la efectiva celebración del matrimonio, concluyó que la falta de acreditación del extremo impedía determinar si la rescisión se había producido -o no- dentro del plazo de protección legal contenido en la norma citada.
Ante esa definición el recurrente se limita tan sólo a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento, sin formular una crítica idónea a fin de desvirtuar lo expresado en la sentencia.
En este sentido, la relevancia que pretende asignar al hecho de que el empleador tuviera conocimiento de su intención de contraer nupcias, no alcanza para enervar el razonamiento del sentenciante en cuanto -ante la orfandad probatoria de la efectiva concreción del enlace- tuvo por no verificados los recaudos que tornan operativa la presunción contenida en el art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este sentido, cabe señalar que la queja no se abastece de argumentos conducentes a desvirtuar el contenido lógico jurídico de la sentencia pues sólo expresa la disconformidad del recurrente con la solución arribada, a través de la manifestación de su personal criterio acerca del modo en que debieron ser interpretadas las circunstancias de la causa, manteniendo incólumes las conclusiones del fallo (causas L. 106.203, "Piñonez", sent. de 29-II-2012; L. 110.950, "Thill", sent. de 21-II-2013 y L. 119.369, "Moreno", sent. de 27-XII-2017).
Sumado a ello, no puedo dejar de observar que tanto en la carta poder como en el escrito de su demanda, el promotor del juicio denunció "estado civil soltero" (v. fs. 14 y 30).
III.4. Tampoco puede prosperar la impugnación a la conclusión vinculada al uso del teléfono móvil (celular) provisto por la empresa.
Ello pues, una vez más, su despliegue argumental no deja de ser un mero enfoque personal disímil con la decisión adoptada por los jueces de grado, lo que denota ausencia de idoneidad para demostrar el error grave que constituye el vicio de absurdo (causa L. 90.845, "Pacheco", sent. de 16-IV-2008), ni alcanza para evidenciar la errónea aplicación de la normativa actuada en el pronunciamiento.
III.5. En cambio, aunque con el alcance que habré de precisar, considero que debe prosperar la impugnación por la que se cuestiona no haber aplicado el juzgador la penalidad contemplada por el art. 2 de la ley 25.323.
III.5.a. Inicialmente, he de expresar que no resulta atendible lo alegado en torno al yerro que atribuye al tribunal de origen al considerar que su parte percibió la cantidad de $150.500,01 en concepto de liquidación final.
Ello pues, a partir de su personal apreciación respecto al valor que debió asignarse a la pericia contable -elemento que el tribunal valoró, aunque con un alcance distinto al pretendido por el accionado-, sumada a la entidad que confiere al informe bancario (v. fs. 132/134) que detalla los movimientos registrados en la cuenta sueldo perteneciente al actor durante los meses de abril y mayo del año 2014, no logra evidenciar el equívoco que le atribuye al fallo.
III.5.b. Luego, como lo señala el recurrente, esta Corte tiene dicho que resulta procedente el incremento indemnizatorio contemplado en el art. 2 de la ley 25.323, si debidamente intimada la empleadora no abonó en forma íntegra las acreencias debidas al trabajador (causas L. 88.904, "Sánchez", sent. de 4-VI-2008; L. 106.361, "Pellitero", sent. de 28-IX-2011 y L. 102.276, "Cruz", sent. de 11-VII-2012).
En este marco, la exégesis normativa en torno a la cual el tribunal de la instancia resolvió sobre el tema, en una conclusión que indica que el pago insuficiente de los mentados rubros resulta un supuesto ajeno a la disposición legal, colisiona evidentemente con los lineamientos que emanan de la doctrina legal reseñada.
Por tanto, le asiste razón al quejoso cuando afirma que en el sub examine se configura la conducta descripta por el legislador. Ha de recordarse que, en su oportunidad, pese a la intimación cursada por la trabajadora (v. fs. 7), la empleadora no le abonó íntegramente la indemnización por antigüedad, plataforma que ha sido reconocida en el mismo pronunciamiento aquí apelado.
Sin perjuicio de lo señalado, que autoriza a declarar la revocación de lo juzgado en el punto, dadas las particularidades del caso (v.gr., lo discutido inicialmente en orden a las diferencias en la indemnización sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido, como también respecto de ciertos rubros y montos que integrarían la remuneración del actor, aspectos en los que el juzgador se pronunció en contra de las pretensiones traídas por el demandante), teniendo en consideración que tal labor es por regla privativa de los tribunales de grado (causa L. 104.464, "Correa", sent. de 13-XI-2012), las actuaciones deberán regresar a la instancia para que el órgano jurisdiccional, con renovada integración, valore la eventual existencia de causas que puedan haber justificado la conducta del empleador, para en su caso, reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio en el marco de lo prescripto en el último párrafo de la norma en análisis.
III.6. Finalmente, corresponde desestimar el cuestionamiento en torno al rechazo de la sanción por temeridad y malicia.
En efecto, el sentenciante tuvo por no configurada una conducta de la demandada que ameritara la imposición de la multa contenida en el art. 275 de
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