Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121257
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.257, "Sosa, Fabián Darío contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 191/208).
Se dedujo, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 219/225 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por el señor Fabián Darío Sosa y condenó a Provincia ART S.A. a abonar la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 1.694/09 y la Resolución General del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13-, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773 (arts. 8 y 17 apdo. 6) y la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la última de las leyes citadas.
Para así decidir, tras analizar el material probatorio aportado al proceso, el a quo tuvo por acreditado que el día 4 de enero de 2014, en momentos en que el actor se encontraba en su lugar de trabajo realizando sus tareas habituales -inspector de tránsito de la Municipalidad de San Isidro-, comenzó a saludar a los presentes y al intentar hacerlo con uno de sus compañeros de labor, éste le propinó un golpe en su rostro con un termo (v. vered., fs. 192 vta./193 vta.).
Con sustento en el peritaje médico halló acreditado que el accionante sufrió fracturas orbitomalar derecha y maxilomalar izquierda (a resultas de las cuales debió ser intervenido quirúrgicamente) que le provocaron una minusvalía del 25% del índice de la total obrera, todo ello, en relación concausal con el siniestro referido (v. vered., fs. 193 vta. y 194).
A su vez tuvo por probado, a partir de las constancias del expediente, que la aseguradora de riesgos del trabajo brindó al trabajador la asistencia médica correspondiente entre los días 7 de enero de 2014 y el 14 de enero de 2014, fecha en que la suspendió por considerar que el infortunio denunciado no encuadraba en lo normado en el art. 6 de la ley 24.557, y por lo tanto rechazó la contingencia (v. vered., fs. 194 vta./195 vta.).
Bajo tales premisas, en la etapa de sentencia -y en lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis-, el a quo juzgó que el hecho dañoso del caso configuraba un accidente acaecido "en ocasión del trabajo", por lo que la demandada debía responder de conformidad con el grado de incapacidad acreditado y en la medida establecida por la legislación (v. sent., fs. 201 vta./202 vta.).
Por ello, puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante lo cuantificó inicialmente en la suma de $165.210,60 ($9.399,50 x 53 x 25% x -65/49-). El mismo, sostuvo, superaba el monto dispuesto en el art. 4 inc. "c" de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 ($476.649 x 25% = $119.162,25), como también excedía el que resultaba de aplicar el decreto 1.694/09, en cuanto suprimió el tope establecido en el segundo párrafo del art. 14 apartado 2 inc. "a", fijando -como piso- el valor que resulte de multiplicar $180.000 por el porcentaje de incapacidad ($180.000 x 25% = $45.000; v. sent., fs. 204).
Luego, consideró que correspondía revalorizar el importe de $165.210,60 por aplicación del índice RIPTE previsto por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de enero de 2014 ($8.785,03) y agosto de 2016 ($19.216,78) arrojaba un coeficiente de 2,18744614417, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $361.389,29 ($165.210,60 x 2,18744614417; v. sent., fs. 204 vta. y 205).
Por otra parte, a este último importe le adicionó el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que ascendía a la suma de $72.277,86, arribando a un total de $433.667,15 (v. sent., fs. 205 y vta.).
Finalmente, dispuso que, al haberse aplicado como pauta o parámetro para la fijación de las prestaciones el índice RIPTE, se tomó como fecha "de mejoramiento o ajuste" a la de la sentencia, y por ello decidió aplicar intereses compensatorios y moratorios a una tasa pura o neta del 8% anual; desde la fecha del accidente hasta la de la liquidación por secretaría. Aclaró que utilizar una tasa mayor implicaría admitir un doble mecanismo de readecuación de la prestación debida (v. sent., fs. 205 vta./206 vta.).
Por último, estableció que a partir del vencimiento del plazo acordado para el pago, se aplicarían adicionalmente intereses sancionatorios equivalentes a una vez la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días en pesos y hasta la cancelación de la obligación (v. sent., fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento de grado, el apoderado de Provincia ART S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 219/225 vta.).
Tres agravios estructuran su crítica:
II.1. En primer lugar, objeta la definición del tribunal de la instancia, en cuanto tuvo por probada que la agresión que sufrió el actor configuró un accidente en ocasión del trabajo. Denuncia que esta decisión resulta arbitraria e infundada, dado que -entiende- no se condice con la interpretación que la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia tienen establecida al respecto (v. fs. 222 y vta.).
Manifiesta que, a los fines de imputar la autoría, no basta con que el episodio haya ocurrido "en el trabajo o durante la jornada", sino que, conforme la teoría de la causalidad adecuada adoptada por nuestro ordenamiento civil, debe existir un nexo jurídicamente relevante entre la conducta del autor y el daño sufrido por quien pretende la reparación (v. fs. 222 vta.).
Denuncia que el comportamiento del agresor sólo puede ser considerado como "fuerza mayor extraña al trabajo", encuadrando así, dentro de los supuestos de exclusión contemplados en la ley especial (art. 6 apdo. 3, ley 24.557; v. fs. 222 vta. in fine y 223).
Con base en lo precedentemente señalado, solicita la revocación del fallo en crisis y el rechazo de la demanda deducida por no tratarse de un accidente de trabajo (v. fs. 223).
II.2. Por otro lado, señala que el a quo aplicó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 al utilizar el índice RIPTE. En este sentido, alega que dicho mecanismo fue diseñado para actualizar los pisos mínimos y sumas de pago único de aquellas prestaciones previstas en los arts. 11, 14 y 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo y del decreto 1.694/09.
Sostiene que la decisión es contraria a aquella normativa, toda vez que no dispone que el mentado mecanismo deba ser aplicado del modo en que se determinó en el fallo de grado. Denuncia vulnerada la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada de la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016; v. fs. 223 in fine /224).
II.3. Luego, en otro orden, cuestiona la aplicación de los intereses efectuada en la sentencia.
En este sentido, manifiesta que la liquidación de dichos accesorios a una tasa del 8% anual sobre la base del monto de capital actualizado por el índice RIPTE, importa una doble actualización de valores, la cual resulta violatoria del art. 1 de la ley 24.283, implicando un enriquecimiento incausado a favor del actor (v. fs. 224 y vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. En lo pertinente, el sentenciante de mérito juzgó acreditado -a partir de la declaración de un testigo presencial- que el día 4 de enero de 2014, aproximadamente a las 10:00 hs., el actor fue golpeado con un termo en la cara por un compañero (v. fs. 192 vta.). Como consecuencia de dicha agresión el señor Sosa debió ser intervenido quirúrgicamente, lo que le generó una incapacidad del 25%, siendo el hecho fáctico concausal (v. vered., fs. 193 vta. y 194).
Luego, puesto a analizar la naturaleza del accidente denunciado, el juzgador de grado consideró que, en virtud de lo establecido en el art. 6 de la ley 24.557, el caso de autos resultaba ser un infortunio acaecido "en ocasión del trabajo", aunque no por la tarea misma, sino por encontrarse en el empleo y el horario asignado, aseverando que, de no encontrarse reunidas estas dos condiciones, el hecho no hubiera acontecido como tal (v. sent., fs. 201 vta. y 202).
Agregó que, con la prueba producida en autos, no se había logrado verificar la existencia de eximente alguno para que la aseguradora demandada no brindara cobertura a la contingencia en virtud de lo establecido en el art. 6 apartado 3 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo -a saber, dolo por parte del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo- (v. sent., fs. 202 vta.).
Por estas razones, consideró que el infortunio acaecido -golpe en el rostro con un termo, propinado por un compañero de trabajo, por motivos extraños al actor- resultaba claramente una contingencia prevista en el art. 6 de la mencionada normativa, e hizo lugar a la demanda promovida (v. fs. cit.).
III.1.b. Así las cosas, el cuestionamiento que trae el quejoso en torno a las razones que brindó el tribunal para juzgar acreditado el siniestro laboral "en ocasión del trabajo", luce insuficiente.
III.1.c. Cabe recordar que determinar si en el caso el trabajador acreditó -o no- con la prueba aportada el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, así como evaluar el material probatorio, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 98.855, "González", sent. de 21-IV-2010; L. 99.333, "Ramos", sent. de 10-VIII-2011; L. 111.383, "Canovil", sent. de 26-III-2014 y L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; e.o.), vicio invalidante que el interesado omite denunciar, lo que sella la suerte adversa de la crítica.
Reiteradamente ha señalado este Tribunal que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar la existencia del vicio de absurdo cuando se pretende -como en el caso- la apertura de la instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, propias del análisis de los jueces de los tribunales de trabajo en ejercicio de facultades privativas (causas L. 103.508, "Rodríguez Blanco", sent. de 24-IV-2013; L. 118.078, "Hruby", sent. de 9-XII-2015 y L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017).
III.1.d. Cabe agregar, para mayor satisfacción del recurrente, que ningún argumento idóneo contiene el recurso que conduzca a evidenciar una errónea aplicación por parte del a quo de la disposición prevista en el art. 6 apartado 1 de la ley 24.557, desde que la reseña efectuada avizora que el sentenciante expuso sus razones para tener por acreditado al hecho como un accidente en ocasión del trabajo. Así, se advierte que las disquisiciones que formula el compareciente se limitan a ratificar su posición inicial para descalificar la demanda y buscar su rechazo, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada sólo en razones de preferencia o conveniencia personal resultan insuficientes para obtener la modificación de lo decidido en la instancia ordinaria (causas L. 98.181, "Duarte", sent. de 28-V-2010; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013 y L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016).
III.1.e. Destaco a mayor abundamiento -y ya que a ella se hace mención en su medio de impugnación- que tampoco luce conducente la jurisprudencia que cita el agraviado a fs. 222 vta., ya que la doctrina legal cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que emana de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 106.272, "Stromber", sent. de 9-XI-2011 y L. 104.191, "Caldelas", sent. de 25-IV-2012).
III.2. En cambio, acierta el impugnante en cuanto se agravia del modo en que el tribunal a quo dispuso la aplicación al caso del índice RIPTE.
III.2.a. La respuesta sobre el particular no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
Siendo así, debe advertirse que en la causa L. 118.532, "Godon", sentencia de 5-IV-2017, se señaló que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2, las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea- y decreto 472/14).
Ante ello, mal pudo el a quo aplicar al monto que arroja la fórmula polinómica del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -superior al piso de la resolución 34/13 que juzgó aplicable- el índice RIPTE.
III.2.b. A tenor de lo dicho, cabe hacer lugar a este tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia con esos alcances, correspondiendo establecer el quantum en la suma de $165.210,60, en concepto de prestación dineraria contemplada en el citado art. 14 apartado 2 inc. "a".
III.3. En lo referido a la tasa pura a la que debían calcularse los intereses, dada la disconformidad del recurrente con la que fuera establecida y ante mi propuesta de revocar lo decidido por el a quo en cuanto dispuso una forma de reajuste del crédito, corresponde que también tal determinación sea dejada sin efecto, correspondiendo que la misma sea determinada, de acuerdo a la doctrina establecida por esta Suprema Corte al respecto, por el tribunal de grado que se conforme para resolver la cuestión principal.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en los puntos III.2.b. y III.3. del presente voto.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación de conformidad con lo aquí establecido.
Costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera en forma parcial.
II.1. Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor de Lázzari en el punto III.1. de su exposición (art. 279, CPCC).
II.2. Establecida, en conclusión firme, la existencia de la contingencia objeto de reclamo, sigue analizar las objeciones planteadas en torno a la mensura de la prestación sistémica.
En el marco general que corresponde examinar también este aspecto del recurso, la crítica debe ser admitida a tenor de la doctrina legal elaborada en los antecedentes que cita el colega ponente.
III. Con estas consideraciones, me sumo a la propuesta que abre el acuerdo.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia