Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121674
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud , Kogan , Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.674, "Aguirre, Marisa Mabel contra SC Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. y otro. Despido y cobro de pesos".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 303/320).
Se interpusieron, por la parte actora y la demandada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 332/345 y 357/359, respectivamente), los que fueron concedidos por el juzgador de grado a fs. 362 y vta. Contra la decisión que concedió el recurso de la accionada, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 371/374), que fue desestimado (v. fs. 391 y vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora a fs. 332/345?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del incoado por la parte demandada a fs. 357/359?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Marisa Mabel Aguirre y condenó a SC Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. al pago de la suma que estableció en concepto de diversos créditos salariales y de otros indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo.
Luego, declaró la conducta asumida por la demandada temeraria y maliciosa, con fundamento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, y aplicó al capital de condena "un interés adicional de una vez la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones corrientes de documentos comerciales" desde que cada obligación se hizo exigible y hasta su efectivo pago (v. fs. 314 vta./315 y 319 vta.).
Por otro lado, dispuso calcular los intereses moratorios conforme el promedio mensual de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (v. fs. 315/316 y 319).
II. Contra lo resuelto en el pronunciamiento en cuanto se aplicó dicha tasa pasiva para cuantificar los intereses moratorios, se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 332/345).
II.1. Inicialmente, esgrime ciertas consideraciones respecto de la limitación establecida en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la concesión del recurso, sostiene que cuando se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, el Tribunal superior de la Provincia debe intervenir para agotar la instancia local sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales (v. fs. 333 y vta.).
En esa línea, afirma que los fallos y precedentes del Máximo Tribunal "deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el Tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires" (fs. cit.).
Expresa, a su vez, que este Tribunal ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal, a tales fines, invoca lo que a su criterio constituyen las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno", sentencia de 10-VI-1996 (v. fs. 333 vta./334).
II.2. Luego, en lo medular de su crítica, y tal como se adelantó, se agravia de la tasa que el tribunal de origen aplicó al computar los intereses moratorios.
Sostiene que al fallar en las causas S.722.XXIV "Simonet, Mario A. c/ La primera de Ciudadela S.A. s/ Despido" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine, Gerardo M. c/ ODE S.A. s/ Despido" (sent. de 13-X-1994), la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales, por lo que el juzgador de grado no sólo ha violado esa "doctrina", sino también la de esta Suprema Corte en orden a los citados efectos vinculantes de los fallos emitidos por el Máximo Tribunal.
Agrega que esta tasa afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, en tanto no se reparó en la depreciación monetaria que como consecuencia del proceso inflacionario ha sufrido el crédito de naturaleza alimentaria que fuera reconocido en la sentencia, violándose de tal modo su derecho de propiedad, consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional.
Con el objeto de acreditar el perjuicio sufrido como consecuencia de la aplicación de una tasa de interés, la recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561); la segunda, utilizando un porcentaje del 296,67% para el cálculo de los intereses; y, por último, mediante la aplicación de la tasa activa con capitalización mensual de intereses.
Finalmente, denuncia que la sentencia vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil y ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, verificándose en la especie que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de los argumentos con los que la recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
III.2. Ingresando al tratamiento del agravio que define el contenido de la crítica, y dejando a un lado los efectos "vinculantes" que se les atribuyan, se advierte una errada lectura por parte de la interesada de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que, en ellos, en modo alguno el Alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por la recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse en verdad, en los votos en disidencia -y que no conformaron la postura mayoritaria- formulados en ambos casos por el ministro Fayt.
III.3. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo traído por la quejosa como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, pretende sustentarse en una tésis que colisiona con el criterio adoptado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012, y ello sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la citada doctrina.
III.4. No obstante, con el alcance que habrá de precisarse, le asiste razón a la recurrente en cuanto postula que se modifique la sentencia de grado en relación con la tasa de interés allí aplicada.
Atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, esta Suprema Corte ha precisado su doctrina en la temática en oportunidad de pronunciarse en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), en una definición coincidente, a su vez, con la adoptada en un caso propio de la competencia originaria de este mismo órgano judicial (causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016).
Por tal razón, y remitiéndome por razones de brevedad -en lo aplicable- a las consideraciones expuestas en mi opinión -mayoritaria- brindada en la citada causa L. 118.587, cabe señalar que en lo tocante al período controvertido, los intereses deberán calcularse exclusivamente mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada conforme lo establecido en el punto III.4. del presente.
Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que practique la liquidación que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Adhiero a las consideraciones vertidas por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. En lo que hace a la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, concuerdo con la propuesta decisoria del mencionado colega, a tenor de las consideraciones que expuse al sufragar en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 117.365, "Ramírez" (sent. de 11-X-2017) y L. 119.461, "Toranzo" (sent. de 28-VIII-2018), entre muchas.
II. En tales condiciones, corresponde declarar parcialmente procedente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con los alcances establecidos en el punto IV del sufragio que inicia el acuerdo.
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. También suscribo la propuesta de mi colega en cuanto declara procedente el agravio dirigido a cuestionar la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado al capital de condena. Ello, en tanto condice con el desarrollo argumental que tuve oportunidad de efectuar al emitir mi voto -entre muchas otras- en las causas L. 118.587, "Trofe"; C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016) y L. 118.342, "Figueroa" (sent. de 28-IX-2016), a las que remito por razones de brevedad.
II. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido con el alcance indicado en el punto IV del voto que abre el acuerdo.
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.3., de su voto.
I.2. Luego, en lo que atañe a la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, ante la consolidación de la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modif., también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria del colega ponente.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada cuestiona la aplicación de la sanción prevista por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
I.1. Por un lado, impugna que la condena consistiera en el pago de un interés adicional de una vez la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales.
Sostiene que tal decisión viola la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991), en las que aplicó la tasa pasiva de interés que paga la referida entidad bancaria.
I.2. Desde otroángulo, objeta que el órgano de grado al entender que su parte no probó en autos la alegada eventualidad del servicio, haya considerado que el accionar de la demandada fue con conciencia de la sinrazón y por ende temerario y malicioso. Aduce que se transgredió su derecho de defensa en juicio y la "presunción de inocencia establecida en el art. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica".
Sostiene que de los argumentos del a quo se extrae que su parte debió reconocer los hechos que dieron lugar a su responsabilidad, es decir, declarar contra sí mismo, lo que resulta contrario a lo establecido en la Constitución nacional.
II. El recurso es inadmisible.
II.1. Inicialmente debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.653.
Siendo ello así, la competencia de este Tribunal queda limitada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 106.588, "García", sent. de 11-VII-2012; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.660, "Pérez", sent. de 21-IX-2016).
No obsta a lo señalado las afirmaciones que despliega la interesada a fs. 358 vta. para sortear el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto, pues -en sus distintas vertientes- se estructuran en torno a argumentos genéricos que, así diseñados, no abastecen la carga de evidenciar que, conforme a las circunstancias particulares del caso, se configure un supuesto que conduzca a analizar el recurso en su más amplio marco de revisión.
II.2. En ese marco y alterando el orden de los agravios expuestos, el reproche dirigido a determinar si con arreglo a las circunstancias de la causa la accionada actuó en forma temeraria y maliciosa deviene inatendible.
No se verifica la excepción prevista en la ley adjetiva local, toda vez que en este punto el despliegue argumental de la impugnante carece de la necesaria denuncia de violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte (causas L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.398, "Amor", sent. de 24-V-2016; e. o.).
Cabe aclarar que los fallos de otros órganos jurisdiccionales no constituyen la doctrina legal a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.683, "Pineda Muñoz", sent. de 14-VI-2017 y L. 119.604, "Altamirano", sent. de 21-VI-2017).
II.3. Luego, igualmente inadmisible se advierte lo alegado por la recurrente en relación al tipo de tasa de interés aplicable.
Las doctrinas que se denuncian violadas en la queja no resultan idóneas para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, por haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010 y L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; e. o.).
En efecto, en las causas invocadas por la parte recurrente a fs. 357 vta., Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -a partir de la sanción de la ley 23.928 y en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada, esto es: respecto a los intereses moratorios.
Lo resuelto en dichos precedentes difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado empleó una tasa de interés a tenor de lo dispuesto en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo al aplicar una sanción por inconducta procesal.
III. Por lo expuesto, se rechaza, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora a fs. 332/345 y se revoca la sentencia en lo relativo a la tasa que declaró aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse con arreglo a la pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que practique nueva liquidación. Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Asimismo, se rechaza, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada a fs. 357/359; con costas (art. 2
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.