Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120571
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Genoud, Soria, Kogan, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.571, "Mateo, Roberto Ricardo contra Prevención ART S.A. Accidente in itinere ".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 336/359).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 375/387 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda que Roberto Ricardo Mateo promovió contra Prevención ART S.A., mediante la cual procuraba el resarcimiento tarifado previsto por la ley 24.557, y su modificatoria, la ley 26.773, por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo in itinere que sufrió el día 6 de agosto de 2011 mientras prestaba tareas para Transportes 9 de Julio S.A.
Tras declarar gran inválido al actor el a quo determinó los importes reclamados en demanda en los términos de los arts. 11 apartado 4 inc. "b" (texto según decreto 1.694/09), 15 apartado 2 y 17 apartado 2 de la ley 24.557.
Luego, juzgó que correspondía actualizar por el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) las prestaciones dinerarias contempladas en los arts. 11 apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 -en un único pago- de la ley 24.557; condenando asimismo a la demandada a otorgar desde la fecha de la pericia médica (27 de mayo de 2015) la prestación adicional por gran invalidez según las pautas previstas por los arts. 17 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 5 del decreto 1.694/09, la que -sostuvo- deberá continuar abonándose mensualmente y ajustarse de conformidad con la legislación vigente (v. fs. 350/351).
Para arribar a esta última conclusión, el sentenciante de grado sostuvo que si bien a la fecha de ocurrencia del infortunio no resultaba aplicable la ley 26.773, dado el puntual y excepcional caso de autos (esto es, por haber sido declarado el señor Mateo "gran inválido"), correspondía aplicar el índice RIPTE a las sumas provenientes de las prestaciones dinerarias a las que este último resultaba acreedor, por así expresamente disponerlo -según entendió- el apartado 7 del art. 17 de dicho cuerpo legal (v. fs. 350).
En tales condiciones, calculó la indemnización del art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, inicialmente estimada en $387.330,23 (v. fs. 344 vta.), conforme las disposiciones del decreto 472/14 y resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 1/16, fijándola en la cifra de $943.119 (v. fs. 350 vta. y 351).
Hizo lo propio con la prestación adicional contemplada en el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557, la que estableció en la suma de $523.955 (por aplicación del referido decreto; v. fs. 351).
Finalmente adicionó intereses de la siguiente manera:
Respecto del importe proveniente de la indemnización del art. 17 apartado 2 de la ley 24.557 (cuya cuantía fuera estimada en $28.000), por mayoría, desde la fecha de notificación de la pericia médica (27 de mayo de 2015) y hasta el 21 de junio de 2016 (fecha del pase de los autos para el dictado de la sentencia), a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia", es decir, en la variante denominada "digital" (v. fs. 353 vta. y 354). En relación a las prestaciones de los arts. 11 apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557, y toda vez que dicho capital ya había sido cuantificado según el índice RIPTE, resolvió que por el período comprendido entre el mes de mayo de 2015 y el 21 de junio de 2016, la tasa de interés moratorio puro a aplicar debía ser la del 6% anual (v. fs. 352 vta./353 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de Prevención ART S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 375/387 vta.).
II.1. En primer término, controvierte la definición de grado que incrementó el importe de las prestaciones dinerarias reconocidas en la sentencia.
Argumenta que al aplicar el mecanismo de ajuste contemplado en una normativa que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por el trabajador (art. 17 apdo. 6 de la ley 26.773), el tribunal de origen no sólo transgredió el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el art. 3 del Código Civil (art. 7, Cód. Civ. y Com.), sino además sus derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio.
Transcribe algunos de los pasajes de la sentencia emitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), cuya doctrina denuncia vulnerada, así como de la jurisprudencia que emana de la causa "Espósito", fallada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 7-VI-2016, para sustentar su postura de que todas las mejoras introducidas al régimen especial de reparación de infortunios laborales rigen para el futuro, esto es, respecto de contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzcan con posterioridad a su entrada en vigencia.
Refiere que el a quo resolvió la contienda aplicando erróneamente el art. 17 apartado 7 de la ley 26.773, ya que, sólo corresponde actualizar por el índice RIPTE -con independencia del momento en que fuera determinada la gran invalidez del trabajador- las prestaciones adicionales de pago mensual que dicha norma contempla, y no, tal como hubo de decidirlo el tribunal de grado, hacer extensiva la aplicación de ese mecanismo de ajuste respecto de las contenidas en los arts. 11 apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557.
II.2. Cuestiona también los intereses moratorios que el tribunal de grado aplicó sobre el importe determinado en concepto de prestación de pago mensual complementaria del art. 17 apartado 2 de la ley 24.557.
II.2.a. De un lado, critica que tales accesorios fueran estimados desde la fecha de notificación de la pericia médica (27 de mayo de 2015) y no desde la del dictado de la sentencia. En este aspecto, sostiene que tal definición afecta su derecho de propiedad y constituye un enriquecimiento indebido del actor.
II.2.b. Del otro, porque el a quo los calculó a la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, resultando tal definición violatoria de la doctrina legal de esta Corte que emana -entre otros- del precedente L. 94.446, "Ginossi", sentencia de 21-X-2009, correspondiendo en consecuencia que sean liquidados a la tasa pasiva que fija dicha entidad bancaria.
II.3. Por último, se opone a la regulación de honorarios practicada en la instancia ordinaria.
En tal sentido, refiere que al determinar los estipendios de los profesionales que intervinieron en la causa (peritos y abogados de la parte que no fuera condenada en costas) el juzgador se excedió ampliamente del límite del 25% establecido por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (modificado por la ley 24.432), vulnerando así la doctrina legal que fluye de la causa Ac. 75.597, "Ghibaudi", sentencia de 22-X-2003.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Para brindar respuesta al agravio inaugural que porta la queja cabe señalar que esta Corte ha establecido que resulta indudable que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio (causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016).
En este último aspecto, manifestó este Tribunal que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (causa cit.).
En dicho precepto se consignó expresamente que las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales rigen desde la publicación de la nueva ley, con independencia de la fecha de determinación de la condición de "gran invalidez".
Tal situación es un caso particular dentro de la incapacidad total definitiva, en el cual -como ocurre en la especie- el trabajador siniestrado requiere de una persona que lo asista en forma continua para los actos elementales de la vida (art. 10, ley 24.557). Por consiguiente, el damnificado percibirá además de las prestaciones de los arts. 15 y 11 apartado 4 inc. "b" (según decreto 1.694/09) un suplemento de pago mensual (art. 17 apdo. 2, LRT) que se mantiene en el decreto 1.694/09 (arts. 5 y 6 segundo párrafo) y en la ley 26.773 (arts. 2 y 5), como en el reglamento 472/14 (art. 2, punto 3).
Dicha asignación periódica, en sus comienzos, tuvo como parámetro el equivalente a tres veces el valor del AMPO definido por la ley 24.241 (art. 21), el que se extinguirá con su muerte. El valor según decreto 833/97 quedó fijado y congelado desde el año 1997 en $80, de modo que esta prestación estaba limitada en $240 mensuales. El decreto 1.694/09, para los hechos ocurridos con posterioridad al 6 de noviembre de 2009 aumentó el adicional a la suma de $2.000 mensuales. A su vez, el último párrafo del art. 6 del citado decreto determina que el adicional se ajustará de acuerdo con la movilidad jubilatoria que fija el SIPA conforme la ley 26.417.
La ley 26.773 (arts. 2 y 5) conserva la asignación por gran invalidez y su pago mensual, y el art. 17 apartado 7 dispone la aplicación de las mejoras de dicho régimen a los siniestros anteriores. Por su parte el decreto reglamentario 472/14 (art. 2, punto 3) refiere que la prestación adicional por gran invalidez deberá continuar abonándose en forma mensual. La finalidad de esta prestación complementaria es garantizar a la víctima, ante la gravísima situación de salud que padece, un ingreso destinado a solventar la atención de terceras personas especializadas frente a la imposibilidad de satisfacer por sí mismo necesidades básicas.
En consecuencia, la aplicación inmediata de la ley 26.773 (art. 17 apdo. 7) se proyecta únicamente sobre la "prestación de pago mensual" de por vida, porque la intención del legislador fue mejorar los montos de una contingencia natural y originariamente cubierta por el sistema para el "gran inválido".
Conforme lo anticipó esta Corte en el citado precedente "Staroni" al definir la vigencia temporal del régimen de la ley 26.773, la única excepción a la regla del apartado 5 del art. 17 es la del apartado 7 de ese mismo artículo y que se aplica a la prestación adicional por Gran Invalidez. Esta regla se explica porque el mecanismo de actualización de esa prestación de pago mensual -que no supone la aplicación de la variación del índice RIPTE sino el del art. 32 de la ley 24.241, modificado por la ley 26.417- es el que surge del segundo párrafo del art. 6 del decreto 1.694/09 y este mismo decreto había establecido en su art. 16 -al no hacer una excepción a la regla general de vigencia temporal- que esa modalidad de ajuste se aplicaría a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido a partir de su publicación en el Boletín Oficial (el 6-XI-2009), lo que obstaba al mejoramiento de las prestaciones en curso de ejecución. La regla del apartado 7 del art. 17 de la ley 26.773 obliga así a que, a partir del 26 de octubre de 2012, el monto de la prestación se ajuste semestralmente también para los casos en los que la primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad al 6 de noviembre de 2009 (Ackerman, Mario E.; "Ley de Riesgos del Trabajo, Comentada y Anotada, Actualizada con ley 27.348 y Resolución SRT 298/2017", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 2017, pág. 121).
En esta misma línea de pensamiento, se ha expresado que "nunca estuvo en la intención del legislador el crear otra disposición retroactiva que la exclusivamente reservada para la prestación adicional por gran invalidez (art. 17.7), excepción tenida en cuenta por el equipo redactor para subsanar una situación de inequidad creada por el decreto 1.694/09, al no proveer que aquellos que tuvieran esa situación declarada con anterioridad a la publicación del decreto también devengarán los nuevos valores para períodos futuros" (Ojeda, Raúl Horacio; "La aplicación del RIPTE -ley 26.773-", en "Revista de Derecho Laboral, Actualidad", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 2014, pág. 155).
III.2. De modo tal que subsiste firme el fallo de grado en cuanto dispuso condenar a la demandada a otorgar al actor la prestación de pago mensual complementaria prevista en el art. 17 apartado 2 de la ley 24.557 ($2.000; art. 5, dec. 1.694/09), la que continuará ajustándose conforme lo establece la legislación aplicable (v. sent., fs. 344 vta. in fine /345 y 355 vta.).
En cambio, y teniendo en cuenta que, a la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante (6 de agosto de 2011; v. vered., segunda cuestión, fs. 337), la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón al recurrente en cuanto postula que dicho dispositivo no resulta aplicable al importe de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que cabe revocar la sentencia en cuando dispuso cuantificarlas con apoyo en ella.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
III.3.a. Ocupa ahora analizar el cuestionamiento que gira en torno al momento a partir del cual el órgano de grado juzgó que debían computarse los intereses moratorios sobre el monto determinado en concepto de prestación de pago mensual complementaria del art. 17 apartado 2 de la ley 24.557 (27 de mayo de 2015, día en que fue notificada la pericia médica a la parte demandada).
En este punto el embate es insuficiente, porque refleja una simple manifestación del impugnante, apoyada en la cita de la doctrina legal de este Tribunal -en cuanto tiene establecido que la fecha de exigibilidad del crédito es la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 100.647, "Muniagurria", sent. de 30-V-2012; L. 101.497, "Toledano", sent. de 19-XII-2012; L. 108.784, "Marengo", sent. de 4-XII-2013 y L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014), en cuyo marco no explica cómo y de qué manera habría sido transgredida en el fallo atacado.
III.3.b. En lo concerniente a la estimación de aquellos accesorios que lo fueron según la tasa "pasiva digital o BIP", por las razones que a continuación expongo, juzgo que también debe rechazarse este agravio.
Sobre la presente cuestión, esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la "tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días", tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059, "Giani" (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sents. de 21-X-2009).
Asimismo, ante la sanción de la ley 14.399 (B.O. de 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 102.210, "Campana" y L. 108.142, "Díaz" (sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.
Luego, con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (conf. leyes 26.994, B.O. de 8-X-2014 y 27.077, B.O. de 16-XII-2014), en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), sostuve que por el período comprendido desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de julio de 2015, los intereses moratorios están regulados por el art. 622 del Código Civil, por lo que deviene aplicable, en consecuencia, la doctrina legal de esta Suprema Corte -conformada en torno a dicha norma- en la que se ha sostenido que, a partir del 1 de abril de 1991, los importes adeudados deberán ser abonados con intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928 -texto según ley 25.561- y 622, cit.). Y, por el período que va del 1 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago, ante el cambio normativo que importó el inc. "c" del art. 768 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, deberá aplicarse la tasa pasiva de interés "plazo fijo digital a 30 días" a través del sistema "Banca Internet Provincia" (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561; 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Esta postura, en las causas mencionadas, resultó minoritaria.
En cambio, la posición que conformó allí la mayoría de opiniones, sostuvo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, impone precisar la doctrina que el Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal. En ese marco, se declaró que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016 , y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
En tales condiciones, y toda vez que la decisión adoptada en la instancia de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, la réplica -en este aspecto- no puede tener favorable acogida.
III.4. Por último, no corresponde pronunciarse sobre la objeción planteada en relación a la regulación de los honorarios profesionales.
Lo resuelto en el punto III.2. del presente -en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.