Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121974
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.974, "Martinovic, Oscar Ruben contra Nuevo Ideal S.A. y otro. Despido y accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 1.048/1.079).
Se dedujo, por la demandada Nuevo Ideal S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.127/1.158 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado declaró parcialmente procedente la demanda iniciada por Oscar Ruben Martinovic -y, ante su fallecimiento, continuada por su cónyuge Alicia Susana Artieda y sus hijos mayores de edad Marina Alejandra, Oscar Daniel y Claudia Beatriz Martinovic (v. fs. 935/936)- contra Nuevo Ideal S.A. y Asociart ART S.A., mediante la cual había reclamado el pago de las indemnizaciones derivadas del despido y la reparación integral por los daños y perjuicios provocados por la incapacidad atribuida a las dolencias que dijo contraer a consecuencia de las tareas que desarrolló como chofer de colectivos para su empleadora.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la demandada Nuevo Ideal S.A. denuncia la transgresión de los arts. 1.113 del Código Civil (ley 340); 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Se agravia únicamente de la decisión de grado que declaró procedente la pretensión vinculada al pago de la indemnización integral sustentada en las disposiciones del derecho común.
Sostiene que por conducto de valorar absurdamente la prueba pericial médica el sentenciante concluyó que el actor se encontraba totalmente incapacitado para el cumplimiento de sus tareas.
En ese aspecto, manifiesta que en dicha experticia solo se expresó que el señor Martinovic era portador de un 12% de minusvalía como consecuencia de sufrir lumbociatalgia (y ello a condición de que se probara en autos la exposición a vibraciones de cuerpo entero y sobreesfuerzos en posiciones antifisiológicas); mientras que la conclusión relativa al 100% de incapacidad para el desempeño de las tareas de chofer de colectivos fue extraída en un contexto definido por la circunstancia de haber tomado en consideración a la totalidad de las dolencias no atribuibles al trabajo, que el accionante también padecía, y que le permitieron acceder al beneficio jubilatorio, entre ellas, la epilepsia, cuya gravedad le impedía manejar.
Agrega que el absurdo se evidencia aún más al no haber ponderado el a quo que en el dictamen de la Comisión Médica Central obrante a fs. 747/751 -emitido en el año 1999, en el trámite de las actuaciones administrativas iniciadas en los términos del régimen especial previsto por la ley 24.557-, se indicó que al no comprobarse la existencia de la lumbociatalgia mediante el examen clínico, el damnificado no presenta afección de naturaleza laboral, por lo que la patología se corresponde a una enfermedad inculpable.
Señala que el referido dictamen sentó las bases para el otorgamiento de la jubilación por invalidez, siendo tal beneficio obtenido por el actor en el año 2001. Con lo cual, continúa, el perito médico debió coincidir en el diagnóstico de la Comisión Médica Central, en tanto su experticia fue producida en estas actuaciones quince años después de haberse extinguido la relación laboral, es decir, cuando el señor Martinovic contaba con sesenta años de edad, padecía de obesidad y de otras afecciones no vinculadas al trabajo.
Aduce que también es absurdo el razonamiento del tribunal que lo condujo a juzgar acreditada la existencia de relación causal entre la afección lumbar y las tareas prestadas para Nuevo Ideal S.A. Y ello, explica, porque no fue producida en la causa la correspondiente pericia técnica.
Postula que no pudo válidamente el a quo tener por verificado que Martinovic trabajaba más de doce horas diarias con los dichos de una única testigo que no se desempeñaba como chofer de colectivos, ni era compañera de trabajo, sino una amiga íntima de la familia que reside a tres kilómetros de su domicilio.
Insiste en sostener que la conclusión de grado es absurda porque no se produjo en la causa el correspondiente peritaje técnico, único medio de prueba que resulta eficaz para demostrar las condiciones en que el promotor del pleito cumplía sus tareas.
Denuncia que el fallo de grado viola la doctrina emanada -entre otras- de la causa L. 66.660, "Heiland", sentencia de 19-II-2002, porque otorgó un porcentaje total de minusvalía (100%) soslayando toda alusión a las razones extra laborales que determinaron la incapacidad del actor para el ejercicio de su profesión.
Finalmente invoca transgredido el art. 1.113 del Código Civil (ley 340), porque -asevera- la demanda en procura del resarcimiento integral del daño fue declarada procedente sin haberse logrado demostrar el nexo causal entre las tareas y el perjuicio ocasionado en la salud del trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017; L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; e.o.).
III.2. Aclarado ello, es preciso recordar que valorar el material probatorio, determinar el grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo y establecer la existencia de relación causal entre las tareas y el daño sufrido, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 111.345, "D., S.", sent. de 19-IX-2012; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 97.343, "Z., D. A.", sent. de 20-XI-2014; L. 117.101, "Herrero", sent. de 9-IX-2015; L. 118.194, "Hanisch", sent. de 19-IX-2018; L. 120.198, "Pérez", sent. de 7-XI-2018; e.o.); vicio extremo que no lo aprecio aquí configurado.
III.2.a. En el veredicto, el órgano judicial de grado estableció el porcentaje de incapacidad que padece el accionante con sustento en la pericia médica agregada a fs. 953/956 y las aclaraciones que el experto brindó a fs. 978 (v. fs. 1.052 vta. in fine y 1.053).
Señaló el juzgador que el galeno informó que "De todos los elementos obrantes en autos, del examen anátomo-clínico-funcional y de los exámenes complementarios llevados a cabo en la persona del actor, se demostró que actualmente presenta secuelas físicas de lumbociatalgia por discopatía lumbar". También, que de probarse la "...exposición a vibraciones de cuerpo entero y sobreesfuerzos en posiciones antifisiológicas, dicha afección guarda relación de causalidad con la tarea desarrollada, dada la cantidad de años de servicio para la demandada" (vered., octava cuestión, fs. 1.051 vta./1.052 y vta.).
Destacó que con la aclaración llevada a cabo a fs. 978 surgía probado que la única afección de índole laboral que portaba el accionante era la lumbociatalgia por discopatía lumbar, que lo incapacitaba totalmente para el desempeño de su actividad específica (v. fs. 1.052 vta. in fine y 1.053).
Según lo informado mediante el oficio diligenciado a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. fs. 429/545), el tribunal de la instancia ordinaria también halló comprobado que la empleadora había incumplido con las obligaciones de capacitación e información previstas en el decreto 692/92 (normativa atinente a las condiciones de trabajo, medicina, seguridad e higiene en las tareas desarrolladas por los conductores del autotransporte colectivo de pasajeros). En particular, las relacionadas con la realización de "los exámenes preocupacionales, periódicos, de adaptación, por cambios de tareas, después de ausencia prolongada y de egreso"; así como también con "los exámenes de psicodiagnóstico y periódicos de evaluación psicofísica" (v. vered., undécima cuestión; fs. 1.054/1.055 vta.).
Valoró además el a quo que, con relación a las condiciones técnicas de los vehículos que manejaba el promotor del pleito, no existían constancias de relevamiento de las mismas, no pudiéndose comprobar su estado, mantenimiento y antigüedad. No habiendo inclusive la demandada -quien se encontraba con mejores posibilidades para hacerlo de conformidad con el sistema de la carga dinámica de la prueba- demostrado que dichas unidades cumplían con la normativa vigente (v. vered., cuestión citada, fs. 1.056 y vta.).
Con todo, juzgó el sentenciante que la inobservancia por parte de esta última de las obligaciones establecidas por el decreto 692/92, sumadas a las condiciones de trabajo "públicas y notorias" detalladas en los distintos informes, constituyeron la causa adecuada de la enfermedad laboral que sufre el actor, generadora de la disminución de su capacidad laborativa que fuera constatada por el perito médico interviniente en autos. Agregó que en este caso Nuevo Ideal S.A. pudo, pero no lo hizo, prever el efecto que provocó -en las circunstancias probadas en autos- el resultado dañoso para la salud del señor Martinovic (v. vered., fs. 1.056 vta.).
Ponderó, asimismo, que ninguna duda cabía que las tareas vinculadas al transporte público de pasajeros podían calificarse como riesgosas, pues demandan una intensa carga para el conductor no sólo en razón del número de operaciones mentales que debe ejecutar por unidad de tiempo, de la complejidad y del grado de certeza respecto de la respuesta que debe brindar a los diferentes requerimientos de la gente, sino por sus condicionamientos como el intenso tránsito, el cumplimiento de horarios, el trato con el público, etcétera. A ello añadió, que confirmaba dicha aseveración la circunstancia de haber establecido el decreto ley 4.257/68 (B.O. de 28-II-1968; aún vigente conforme las prórrogas establecidas por las leyes 24.017, 24.175, 24.241 y 26.425), un régimen especial de jubilaciones y pensiones para el personal que presta tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, incluyendo al personal que se desempeñe habitualmente como conductor de ómnibus o vehículos de transporte colectivo de personas, pertenecientes a líneas regulares urbanas, interurbanas o de larga distancia (v. fs. 1.057).
Destacó que sin perjuicio de lo resuelto por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social respecto de las dolencias padecidas por el accionante y de su incapacidad física a los fines de la obtención del beneficio de la jubilación por invalidez (v. constancias de fs. 344/350), de los dictámenes médicos agregados a estas actuaciones surgía que de todas las patologías por las que el señor Martinovic accionó, la lumbociatalgia por psicopatía lumbar -que lo incapacitó en el 12%, aunque total y permanentemente para el desempeño de la actividad específica de chofer- se hallaba vinculada causalmente con la tareas prestadas para su empleadora (v. fs. 1.057 vta.).
Indicó que el experto médico había manifestado que "Si son probados en autos exposiciones a vibración de cuerpo entero y sobreesfuerzo en posiciones antifisiológicas, dicha afección guarda relación de causalidad con la tarea desarrollada, dada la cantidad de años de servicios para la demandada". Luego, y toda vez que la testigo María Laura Sandoval, a cuyos dichos le otorgó veracidad por su espontaneidad y precisión, había manifestado que Martinovic trabajaba más de doce horas diarias, concluyó que la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme el curso natural y ordinario de las cosas (art. 906, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield); revistiendo en el caso tal entidad las tareas encomendadas en las condiciones impuestas (v. fs. 1.057 vta. in fine y 1.058).
Sobre la base de las circunstancias fácticas apuntadas, el a quo juzgó -en sentencia- que existió responsabilidad objetiva del empleador en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340). Luego, abordó la temática vinculada a la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, y en esa tarea se dispuso a efectuar el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el demandante según si su reclamo fuera atendido conforme las previsiones de la ley 24.557, o en el marco del régimen común de responsabilidad civil.
Al verificar la insuficiencia e irrazonabilidad de la reparación acordada de conformidad con las pautas de la ley especial, descalificó la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557. En tales condiciones, condenó a Nuevo Ideal S.A. a abonar el monto que estipuló por la reparación integral del perjuicio sufrido y a Asociart ART S.A. al pago del resarcimiento tarifario previsto en el régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 1.074 in fine /1.079).
III.2.b. Las manifestaciones que realiza el recurrente afincadas sustancialmente en su propia interpretación sobre el valor que cabe conferir a la prueba pericial médica, testimonial y al dictamen de la Comisión Médica Central de fs. 747/751, así como al alcance que debe adjudicarse a la circunstancia de que no se hubieran producido los elementos de juicio que indica (v.gr. pericial técnica), no pasan de ser la expresión de un criterio discrepante, insuficiente para acreditar la configuración del vicio de absurdo invocado (causas L. 108.468, "Camio", sent. de 5-IX-2012; L. 102.677, "Chavanne", sent. de 27-XI-2013 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
III.2.b.i. En afecto, el recurrente le endilga al órgano de grado haber ponderado absurdamente el peritaje médico, porque -según dice- cuando el experto manifestó en su informe (realizado quince años después del cese de la relación laboral) que el actor se encontraba incapacitado totalmente para el desempeño de la actividad específica de chofer, lo hizo teniendo en consideración a todas las dolencias inculpables que padecía (entre ellas, la lumbociatalgia por discopatía lumbar, conforme así hubo de ponerlo de manifiesto la Comisión Médica Central en su dictamen del año 1999 -obrante a fs. 747/751-), que le permitieron acceder al beneficio jubilatorio; y no -tal como erróneamente se determinó en el pronunciamiento- únicamente a esta última patología detectada cuando el señor Martinovic tenía sesenta años de edad y padecía de obesidad, además de otras afecciones.
También le reprochó al tribunal que no pudo válidamente establecer la existencia de una relación de causalidad entre las tareas y la enfermedad profesional sin haberse producido en autos la correspondiente pericia técnica, único medio probatorio que -asevera- podía demostrar fehacientemente las condiciones en que las labores eran cumplidas, además de si el trabajador estuvo expuesto a vibraciones de cuerpo entero y sobreesfuerzos en posiciones antifisiológicas. No pudiéndose comprobar tampoco dicha circunstancia con el testimonio brindado por la señora María Laura Sandoval en la audiencia de vista de la causa, porque no era compañera de trabajo del demandante sino una amiga íntima de la familia que vivía a tres kilómetros de distancia de su domicilio.
III.2.b.ii. Pero en ese quehacer crítico no se ocupa el compareciente -como es menester- de objetar la totalidad de las motivaciones que definieron el contenido del razonamiento del tribunal de trabajo (comprensivas del análisis de la experticia médica, de la mentada declaración testimonial; del informe brindado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo del cual surge que la demandada incumplió la normativa vigente en materia de condiciones de trabajo, medicina, higiene y seguridad impuestas por el decreto 692/92; de la inexistencia de constancias de relevamiento del estado de mantenimiento y antigüedad de las unidades que manejaba el actor; de las condiciones "públicas y notorias" detalladas en los distintos informes que constituyeron la causa adecuada de la enfermedad; así como el hecho de haberse establecido un régimen especial de jubilaciones y pensiones para el personal que se desempeña habitualmente como conductor de ómnibus o vehículos de transporte colectivo de personas -decreto ley 4.257/68 y leyes 24.175, 24.241 y 26.425-) y que lo llevó a formar convicción respecto de la incapacidad que sufrió Martinovic y de su vinculación causal con los servicios prestados para Nuevo Ideal S.A. (v. vered., fs. 1.051 vta./1.053; 1.054/1.056 vta. y 1.057/1.058).
Lo expuesto revela que la interesada, apartándose de la línea reflexiva en que se sustentó la solución objetada, intenta un nuevo examen de los hechos y de la prueba colectada en la causa, según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015; L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
En ese sentido, esta Corte ha declarado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo exterioriza una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en una propia versión sobre los hechos y el modo en que debieron apreciarse las pruebas incorporadas a la causa (causas L. 108.918, "Hernández", sent. de 4-VII-2012; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013; L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014; e.o.).
En consecuencia, no advierto configurado el error grosero que comporta el invocado vicio de absurdo. En tal sentido, corresponde destacar que, aun cuando el análisis efectuado por el tribunal -sobre cuestiones de hecho y de prueba- pueda resultar opinable o discutible, esa circunstancia no es suficiente para tener por demostrada aquella anomalía, habida cuenta que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento (causas L. 119.380, "Servian", sent. de 8-XI-2017; L. 120.669, "Fruto", sent. de 24-IV-2019; e.o.), sino que, antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, desvío que no aprecio en el caso.
De allí que, en virtud del específico cometido que asiste a este Tribunal, las discrepancias que subjetivamente postula el recurrente no pueden sustentar la procedencia del agravio.
III.2.c. En ese contexto, tampoco encuentro resquicio alguno para juzgar transgredida la profusa doctrina que el compareciente cita en sustento de la impugnación.
III.2.d. Asimismo, no abastece los recaudos insoslayables del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial el planteo estructurado bajo la premisa "Por último y por lo demás, se vulnera el artículo 1.113 del Código Civil (por entonces vigente), el que fue reemplazado por el artículo 1.757 del CCC, al deferirse la indemnización sin estar probado el nexo causal entre las tareas y el daño sufrido" (rec., fs. 1.147 vta.), pues el mismo no sup
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.