Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121919
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 12 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.919, "Cabrera Canto, David Osvaldo contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 149/158).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 162/166).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor David Osvaldo Cabrera Canto contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, y aquellas con sustento en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653. Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 149/158).
Para resolver esto último, el órgano de grado sostuvo que los informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Instituto Mandatarios de Recaudaciones daban cuenta de los aportes y contribuciones realizados al actor. Asimismo, que si bien de los recibos de haberes surgía que se le habían retenido aportes sindicales y de obra social, no se podía afirmar que efectivamente no se hubieran efectivamente ingresado, al no haber informe de las entidades a los que estaban destinados (v. vered., fs. 150).
Luego, ya en la sentencia, el juzgador declaró que el trabajador no cumplió con lo establecido en el decreto 146/01 para hacerse acreedor de la multa reclamada, en tanto en la intimación no especificó el importe que el demandado debía ingresar a los organismos de seguridad social, ni a cuál de ellos correspondía, por lo que la pretensión debía ser desestimada (v. sent., fs. 153 vta./154 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y concordantes de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita (v. fs. 162/166).
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende- transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira" (sent. de 5-VI-2013).
Afirma que el sentenciante interpretó erróneamente los alcances de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis citado al establecer que en la intimación efectuada debió precisarse el monto y el destino de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez que tales requisitos no se encuentran en el texto de la norma.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 8), los recibos de sueldo (v. fs. 9/48) y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 128/135)-; ello, en tanto, afirma, de su análisis surge con claridad que en los períodos noviembre 2014 a febrero 2015 y abril 2015 a enero 2016 la empleadora procedió a la retención y no ingreso de los aportes de la seguridad social.
Asimismo, manifiesta que en el caso de los trabajadores de la construcción (CCT 76/75), el encargado de comunicar y determinar el ingreso o no de los aportes sindicales no es el propio sindicato (UOCRA), sino el Instituto Mandatario de Recaudaciones de la UOCRA, cuyo informe de fs. 112/117 acredita que la empleadora omitió abonarlos.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Liminarmente cabe aclarar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acredite de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Corresponde rescindir aquella parcela del pronunciamiento en la que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma al no incluir con precisión el monto y destino de los aportes presuntamente retenidos.
La citada norma establece que para la procedencia de la sanción conminatoria aquí reclamada el trabajador "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y sin dejar de señalar que en la intimación cursada por el señor Cabrera Canto en el telegrama de fs. 8 se indicó el período referido a la infracción denunciada -que, adelanto, coincide con las constancias de la causa-, se observa que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la penalidad contemplada por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo juzgando incumplido un requisito -referido a la materialización económica del reclamo- que no reconoce sustento en la correcta exégesis del texto del mentado art. 1 del decreto 146/01; siendo que además, pueden allí identificarse los organismos destinatarios de los aportes.
III.3. Luego, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el sentenciante de grado incurrió en absurdo, y vulneró el citado precepto y la doctrina legal de este Tribunal.
III.3.a. Ha declarado este Tribunal que, para la procedencia de la mencionada sanción debe concurrir la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y la persistencia de dicha omisión al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, "Alarcón Valenzuela", sent. de 2-IX-2015).
III.3.b. En este marco, se verifica en el caso la configuración de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria contemplada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Contrariamente a lo sostenido por el sentenciante, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 9/48 y el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 128/135), se constata que durante los períodos transcurridos entre los meses de noviembre 2014 a febrero 2015 y abril 2015 a enero 2016, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y no cumplió con la carga de ingresarlos en su totalidad.
Por otro lado, no habiendo sido controvertida en autos la recepción de las comunicaciones postales, surge claramente del telegrama glosado a fs. 8, que el actor David Osvaldo Cabrera Canto intimó a su empleadora (12 de septiembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
Resulta de lo expuesto que el tribunal de grado, sobre la base de un análisis equivocado de la prueba, ha delineado conclusiones genéricas desconectadas de las circunstancias particulares del caso, incurriendo en el absurdo denunciado (causas L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
III.3.c. En definitiva, demostrado el vicio imputado al a quo y encontrándose acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia sin que resulte necesario ingresar a analizar otros argumentos.
III.4. Ante ese resultado y teniendo en consideración la regla de la adhesión a la apelación (causas L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2006; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; e.o.), cabe señalar que las escuetas defensas esgrimidas en la instancia por la patronal respecto del tópico -afincadas en la simple afirmación de su cumplimiento en lo tocante al depósito de las deducciones efectuadas, y, por ende en la falta de justificación del reclamo (v. contestación de demanda, fs. 78 y vta.)-, fueron abastecidas con la argumentación desplegada en los apartados que preceden, con virtualidad adversa a sus pretensiones.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia