Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120242
En la ciudad de La Plata, a 12 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani , Genoud , Soria , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.242, "Cantoni, Carlos Alberto y otro contra Mapfre Argentina ART S.A. Incidente".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Zárate-Campana, con asiento en la ciudad de Zárate, ordenó llevar adelante la ejecución del crédito devengado a favor de los actores en concepto de prestación dineraria de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557 contra Mapfre Argentina ART S.A., con costas al ejecutado (v. fs. 227/229 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 231/246).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 354/356 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte a fs. 210/211 vta., y en el incidente tramitado en el marco del art. 50 de la ley 11.653, el tribunal interviniente resolvió ordenar la ejecución del crédito de los reclamantes hasta el íntegro pago del importe ($120.000) correspondiente a la prestación dineraria de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557 (dec. 1.694/09), con más los intereses devengados desde la fecha del hecho (20 de agosto de 2011) hasta su efectivo pago a la tasa pasiva que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días (conf. arts. 1, 9, 22, 43, 168 y 171, Const. prov. y 14, 14 bis, 17, 18, 19 y 33, Const. nac.; v. fs. 227/229 vta.).
En cambio, rechazó la aplicación al caso de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, por considerar que la pretensión de la actora para que se fijen los intereses conforme lo allí dispuesto, es decir, a la "tasa activa" que percibe el Banco de la Nación, resultaba ajena al marco del acotado trámite del presente incidente de ejecución (v. fs. 227 vta.).
Luego, con apoyo en doctrina de este Tribunal y en lo prescripto en el art. 3 del Código Civil, sostuvo que conforme lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del art. 17 de la ley 26.773 surgía que dicha normativa debía aplicarse a las contingencias acaecidas a partir de la fecha de su entrada en vigencia (26 de octubre de 2012) y no a las ocurridas con anterioridad. Agregó que tal interpretación se veía corroborada por el fallo "Lucca de Hoz" de la Corte nacional y por el decreto 472/14, que complementaba la aludida ley, al solucionar algunos problemas suscitados respecto del alcance (criterios de aplicación del RIPTE) de los apartados 5 y 6 del aludido precepto, ratificando la aplicación temporal de la norma en cuestión (v. sent., fs. 227 vta./229).
Por todo ello, sostuvo que habida cuenta que a la fecha del siniestro de autos (20 de agosto de 2011) regía la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.694/09, no resultaba aplicable al caso la ley 26.773 (v. sent., fs. 229).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia violación del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de doctrina legal que cita (v. fs. 234 vta. y 235).
Aduce que la decisión de grado en cuanto fijó los intereses a la tasa pasiva y rechazó la aplicación al caso de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, carece de fundamento legal y sólo se apoya en la opinión personal de los magistrados de grado, quienes siquiera citan doctrina legal en este aspecto.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (v. fs. 354/356 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
Ha dicho esta Corte que la violación del art. 171 de la Constitución local se configura cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aparezca como dictado sin otro fundamento visible que el mero arbitrio del juzgador. De ello se colige que la presentación en examen resulta improcedente por cuanto de la lectura del fallo surge que el mismo ha sido fundado en expresas disposiciones legales.
En este sentido, se ha declarado que el quebrantamiento de las garantías consagradas en el art. 171 de la Constitución provincial sólo se configura cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, sin que corresponda examinar la incorrección, desacierto o deficiencia en su fundamentación, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación propio del conducto extraordinario en tratamiento (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011; L. 97.648, "Sánchez", sent. de 9-XII-2015 y L. 118.979, "Marquez", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
IV. Por dichos motivos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad. Con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia la violación de los arts. 44 inc. "d", 48, 50 y 52 de la ley 11.653; 11 apartado 4 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 7 y 768 del Código Civil y Comercial; 14 bis, 17, 18, 19, 28 y 99 de la Constitución nacional; 15 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; de los decretos 1.278/00, 1.694/09 y 472/14; las resoluciones 34/13, 3/14, 22/14, 6/15, 26/15, 1/16 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 231/246).
Se agravia por considerar que la determinación de los intereses a la tasa pasiva proviene de la errónea aplicación al caso de la doctrina elaborada por esta Corte a la luz del art. 622 del Código Civil en la causa "Ginossi", la que -aduce- ha perdido vigencia en virtud de lo dispuesto en el art. 768 del Código Civil y Comercial.
Con apoyo en el último precepto citado, postula que existe un interés legal específicamente previsto para el supuesto de autos regulado en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 que ordena el pago de los accesorios a la "tasa activa" del Banco de la Nación Argentina. Plantea que aun cuando la parte actora no haya transitado el trámite administrativo que impone la ley 24.557, debió aplicarse al caso la referida resolución 414/99.
Alega que a todo evento los intereses debieron establecerse de acuerdo a la tasa pasiva digital según la doctrina de esta Corte a partir de la causa L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2005).
Cuestiona también que el a quo rechazara la pretensión sustentada en la ley 26.773. Sostiene que la inmediata aplicación de una ley a una relación jurídica existente no implica retroactividad si -como sucede en autos- el crédito aún no ha sido satisfecho. Argumenta que en autos se trata de ajustar a la realidad el pago de la compensación por el siniestro ocurrido en agosto de 2011 que a la fecha no ha sido abonado, pese a que la deuda se encuentra reconocida.
Refiere que el tribunal interpretó erróneamente el fallo "Lucca de Hoz" de la Corte nacional. Sostiene que de la correcta exegesis de distintos precedentes del Máximo Tribunal (entre otras, "Calderón", "Arcuri Rojas" y "Camusso Vda. de Marino") surge reconocida la posibilidad de aplicar en forma inmediata la nueva ley a casos anteriores a su entrada en vigencia. Argumenta sobre la correcta interpretación que debe realizarse de la ley 26.733, en una hermenéutica que -aduce- está amparada por el principio protectorio.
Señala además que la aplicación del índice RIPTE a las prestaciones en dinero (no saldadas, se entiende) amparadas por el decreto 1.694/09 a partir del 1 de enero de 2010 se encuentra aprehendida en la propia ley 26.773 (arts. 8 y 17 apartado 6), con lo cual -indica- no puede hablarse de aplicación retroactiva (art. 7, Cód. Civ. y Com.), ya que la misma norma lo impone.
Agrega que la interpretación del sentenciante del decreto 472/14 y del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, en el sentido de que las mejoras introducidas por dichos preceptos rigen para el futuro (a los siniestros acaecidos con posterioridad al día 26 de octubre de 2012) resulta inconstitucional, "estando vedado a los jueces efectuar una interpretación de la norma que torne inconstitucional a la misma, ya que viola todo principio de lógica jurídica y el art. 31 de la C.N.". Reitera que en el pronunciamiento atacado se efectúa una forzada interpretación de los arts. 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773 y del decreto 472/14, que hace que dichos preceptos surjan a todas luces inconstitucionales "atento la manifiesta irrazonabilidad de la conclusión a la que arriba la cual no hace más que poner en evidencia -de sostenerse la misma- la violación de los arts. 28 y 99 de la CN, ante un exceso en la reglamentación de la ley 26.773 que desnaturaliza el alcance de la misma" (fs. 240 y vta. y 244 vta.).
II. El recurso prospera parcialmente.
II.1.a. El agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró improcedente el pedido de aplicación del índice RIPTE establecido en la ley 26.773, debe ser rechazado.
El tema en debate ha sido resuelto en casos sustancialmente análogos al sub lite (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
En efecto, en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), por mayoría, esta Corte estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio.
Tal criterio -concordante además con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RHl "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016)- fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 118.317, "Hernández", sent. de 29-VIII-2017; L. 119.416, "P., L.D.", sent. de 4-X-2017 y L. 119.197, "Aloise", sent. de 15-XI-2017; e.o.).
II.1.b. Se advierte entonces que la decisión de grado se ajusta a las directrices sentadas por este Tribunal en las causas citadas, sin que los argumentos que esgrime el recurrente a fin de justificar la pretendida aplicación al caso de la ley 26.773, resulten eficaces para propiciar la revisión de la doctrina legal vigente.
No obsta a lo expuesto el cuestionamiento que formula la interesada en relación a que la interpretación efectuada por el a quo sobre la aplicabilidad al caso del decreto 472/14 y de la ley 26.773 torna a dichas normas inconstitucionales.
Con sustento en los arts. 28, 31 y 99 de la Constitución nacional y apoyado en la transcripción parcial de precedentes de la Corte nacional y de este Tribunal, el accionante postula que aun cuando en autos el infortunio por el que se reclama hubiera ocurrido antes de la entrada en vigencia de la ley 26.773, habida cuenta que sus consecuencias no han sido reparadas, debe aplicarse dicha normativa por ser más favorable al trabajador.
Luego, y más allá de lo que pudiera opinarse sobre la oportunidad procesal en que es introducido, dicho planteo en modo alguno resulta suficiente ni eficaz para jaquear la validez constitucional de la normativa impugnada, en tanto no alcanza a demostrar una falta de razonabilidad en el criterio escogido por la norma para determinar su fecha de entrada en vigencia.
Corresponde recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia, acto de suma gravedad considerado como la ultima ratio del orden jurídico (causas I. 2.340, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 5-III-2008 y B. 66.500, "Baldini", sent. de 30-III-2008; e.o.). En este marco, la carga impugnativa que pesa sobre el recurrente (art. 279, CPCC) debe exacerbarse para arribar a una conclusión tan relevante como aquella que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.318, "Reineche", sent. de 28-IX-2016).
Por lo demás, cabe agregar que este Tribunal en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) se ha pronunciado al respecto, dejando sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
II.1.c. A tenor de lo antes señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha en que se produjo el accidente laboral de autos (20 de agosto de 2011) la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, no le asiste razón al recurrente en cuanto postula que resulta aplicable al caso, por lo que cabe desestimar el planteo deducido y confirmar el pronunciamiento de grado.
II.2. En cambio, ha de prosperar el cuestionamiento relativo a la tasa de interés, pero con el siguiente alcance.
En el pronunciamiento de grado se dispuso que el monto de condena devengará intereses "...con arreglo a la tasa pasiva que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo a treinta días" (sent., fs. 227 y vta.).
III.2.a. El recurrente controvierte dicha definición argumentando que corresponde liquidar tales accesorios a la tasa activa prevista por la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, por ser ésta la disposición legal aplicable al caso (v. rec., fs. 235/236).
II.2.b. En ese contexto no puede soslayarse que el tema ha sido resuelto por esta Corte al fallar la causa L. 113.328, "M., O.E." (sent. de 23-IV-2014) , donde se señaló que la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 (así como la resol. 287/01), cuya aplicación pretende el recurrente, ha sido concebida y reservada para regir en el contexto del procedimiento administrativo que contempla la ley 24.557 -reglamentado por el decreto 717/96 (B.O., 12-VII-1996) y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 1.601/07 y 1.604/07, entre otras-, circunstancia que la exhibe ajena al presente proceso judicial e importa un obstáculo para su actuación por los jueces en este ámbito litigioso. Tales directrices, que también se han proyectado sobre la resolución 287/01 dictada por aquel organismo, han sido reiteradas en numerosas oportunidades por este Tribunal, así -entre otras- en las causas L. 117.080, "Espíndola" y L. 116.923, "Ortega" (sents. de 4-VI-2014); L. 117.545, "Bottaia" (sent. de 18-X-2017) y L. 117.464, "Ruggeri" (sent. de 20-XII-2017); entre muchas otras.
Entonces, la doctrina actual del Tribunal indica que la resolución a la que se alude en el recurso no resulta aplicable.
II.2.c. Ahora bien, habiéndose determinado que la mentada resolución no puede operar en el sub examine , corresponde establecer la tasa sobre la que -en definitiva- habrán de calcularse los intereses sobre el capital de condena.
Esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la "tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días", tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059, "Giani" (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sents. de 21-X-2009).
Asimismo, ante la sanción de la ley 14.399 (B.O., 12-XII-2012), este Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 102.210, "Campana" y L. 108.142, "Díaz" (sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.
Luego, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (conf. leyes 26.994, B.O., 8-X-2014 y 27.077, B.O., 16-XII-2014), en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), sostuve que por el período comprendido desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de julio de 2015, los intereses moratorios están regulados por el art. 622 del Código Civil, por lo que deviene aplicable, en consecuencia, la doctrina legal de esta Suprema Corte conformada en torno a dicha norma en la que se ha sostenido que, a partir del 1 de abril de 1991, los importes adeudados deberán ser abonados con intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561 y 622, cit.). Y, por el período que va del 1 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago, ante el cambio normativo que importó el art. 768 inc. "c" del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, deberá aplicarse la tasa pasiva de interés "plazo fijo digital a 30 días" a través del sistema "Banca Internet Provincia" (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Esta postura, en las causas mencionadas, resultó minoritaria.
En cambio, la posición que conformó allí la mayoría de opiniones, sostuvo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, impone precisar la doctrina que el Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal. En ese marco, se declaró que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia, la cual deberá ser aplicada en el presente caso.
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en co
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