Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121754
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 12 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud , Soria , Kogan , Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.754, "C., V. P. contra Asociart S.A. ART. Accidente in itinere ".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 201/209 vta.).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 216/230), habiéndose concedido en la instancia de grado únicamente el primero de ellos (v. fs. 234 y vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda que la señora V. P. C. promovió contra Asociart S.A. ART, en cuanto le había reclamado el pago del resarcimiento tarifado previsto en la ley 24.557 por las secuelas incapacitantes provocadas por el accidente de trabajo que sufrió el día 27 de febrero de 2012 (v. fs. 201/209 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la legitimada pasiva denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14 apartado 2 inc. "a" y 26 de la ley 24.557; 2 y 17 de la ley 26.773; 63 de la ley 11.653; del decreto 472/14 y de la doctrina legal que identifica.
Cuestiona inicialmente la decisión del sentenciante que tuvo por acreditado un porcentaje de incapacidad (61,77% del índice de la total obrera, derivada del síndrome de hombro doloroso y de un desorden mental postraumático) superior al establecido por la Comisión Médica n° 11 de La Plata (38,24% de igual índice).
En tal sentido, alega que el razonamiento plasmado en el fallo es absurdo porque el juzgador no hizo lugar al planteo de Asociart S.A. ART de dar traslado del dictamen emitido por dicha entidad al galeno desinsaculado en autos en virtud de la evidente diferencia entre los guarismos establecidos en ambos informes.
Señala que el tribunal hizo mención al dictamen de la Comisión Médica únicamente a los efectos de tener por acreditada la existencia del accidente y su vinculación causal con las patologías de la actora, pero nada dijo respecto de la incapacidad allí determinada, ni del monto depositado en sede administrativa.
Refiere que el mentado vicio extremo también se verifica en el caso porque, sin un fundamento científico serio, ni prueba testimonial alguna (en tanto su producción fue considerada innecesaria), se declaró como cierto el derecho de la promotora del pleito al cobro del resarcimiento tarifado sobre la base de sus propios dichos.
Por otra parte, plantea la necesidad de adecuar la doctrina de este Tribunal a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y solicita que la decisión se ajuste a la jurisprudencia que dicho órgano jurisdiccional ha plasmado sobre la materia.
Denuncia que la condena impuesta es arbitraria porque transgrede sus derechos de defensa en juicio, debido proceso legal y propiedad, en tanto -explica- no se encuentran acreditadas en la especie las notas tipificantes requeridas por la norma del art. 6 de la ley 24.557 para caracterizar como accidente in itinere a la contingencia sufrida por la trabajadora. Ello, afirma, porque el tribunal interviniente efectuó una irrazonable imposición de la carga de la prueba a su parte, teniendo así por cierta la versión de la contraria.
Objeta, por considerarlo excesivo, el monto indemnizatorio establecido en la sentencia.
Aduce que más allá de la fecha en que ocurrió el infortunio, resultan de aplicación al caso las disposiciones de la ley 26.773 y su decreto reglamentario 472/14. En tales condiciones, continúa, según el modo que dicha normativa prevé para los supuestos en los que, como en la especie, las incapacidades resultan ser superiores al 50% e inferiores al 66%, corresponde el pago de las prestaciones de pago único del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (la cual no puede ser inferior al piso establecido por el decreto 1.694/09, con el ajuste por RIPTE) y la contemplada por el art. 11 apartado 4 inc. "a" del mismo régimen legal.
Luego, insiste en censurar el fallo de grado en cuanto tuvo por probada una minusvalía del 61,47% del índice de la total obrera.
Alega que el a quo hizo caso omiso a las impugnaciones que su parte hubo de formular en relación a la pericia médica por resultar ésta infundada, ya que, respecto del daño cerebral orgánico, el experto no efectuó una evaluación actual de la situación en forma completa. Añade que, en relación al hombro doloroso, la limitación funcional que sufre la actora "es producto de la concepción 'álgica' del examen geniométrico y no de una verdadera y objetiva restricción funcional articular, producto de un hecho súbito y violento (accidente)".
Asimismo, refiere que las enfermedades psicopatológicas no son motivo de resarcimiento económico, debiéndose acreditar la existencia del "daño psíquico" utilizando la misma metodología que se diagnostica para cualquier otra patología.
Manifiesta que el perito no cumplió con la normativa prevista en el régimen especial de reparación de infortunios laborales al no recurrir a la fórmula de la capacidad restante para determinar el grado de minusvalía que padece C., aplicando baremos diferentes a los que estipula el art. 9 de la ley 26.773.
En sustento de esta postura cita distintos fallos emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para finalmente peticionar (en subsidio, y para en caso de juzgarse procedente el pago de la indemnización reclamada) que se deslinde el porcentaje de incapacidad causalmente vinculado al trabajo, de aquel que resulte inherente a la trabajadora, no pudiendo el primero superar -teniendo en consideración a las dos patologías que porta- el 40% del índice de la total obrera, tal como surge del dictamen elaborado por la Comisión Médica y del cual el a quo se apartó sin ningún tipo de fundamento.
Por último, se agravia de la tasa de interés (pasiva digital) aplicada sobre el capital de condena. En tal sentido denuncia transgredida la doctrina legal proveniente de las causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi", sents. de 21-X-2009 y L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013.
III. El recurso no prospera.
III.1. Censura la recurrente que se tuviera por acreditado el accidente de trabajo in itinere y el grado de incapacidad que aqueja a la actora (v. rec., fs. 223).
Sobre el primer aspecto la interesada esgrime la existencia de una irrazonable imposición de la carga probatoria, no obstante, en ese quehacer crítico no se ocupa de atacar el fundamento dado por el tribunal de origen para resolver este aspecto de la controversia. En efecto, pese a resultar contrapuesta la postura de Asociart S.A. ART al brindar las prestaciones médicas en virtud de la contingencia denunciada, su acaecimiento y carácter laboral debían entenderse cabalmente acreditados a partir del momento en que dicha entidad denunció a fs. 168 como hecho nuevo que la Comisión Médica n° 11 de La Plata había dictaminado que la actora posee (en virtud del accidente in itinere denunciado) una minusvalía del 38,24%, ocasión en la que asumió el compromiso de acreditar el depósito correspondiente y dar en pago los fondos para que la siniestrada cobre lo que por derecho le correspondía (v. vered. segunda cuestión, fs. 201 vta.).
En tales condiciones resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite exhibir una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado (causas L. 104.557, "Fernández", sent. de 13-VI-2012; L. 114.540, "Calendano", sent. de 12-VI-2013; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014; e.o.).
III.2. Tampoco son conducentes las objeciones que esgrime en torno a la determinación del grado de minusvalía establecido en la sentencia pues, los argumentos desplegados en el recurso devienen por completo inhábiles para modificar la decisión que causa agravio.
III.2.a. En lo esencial la recurrente aduce que los magistrados de origen valoraron absurdamente la prueba colectada en la causa, ya que se apartaron del porcentaje de minusvalía establecido en sede administrativa. En ese marco sostiene: "el Tribunal A quo condena a esta parte manifestando que la parte actora padece un 61,77% de la T.O. por presentar síndrome de hombro doloroso derecho y desorden mental postraumático; a pesar de que obra en el expediente un dictamen que emana de la Comisión Médica nº 11 y que dictamina que con motivo del siniestro que se reclama el actor presenta un 38,24% de incapacidad; habiéndose depositado en el expediente la suma de $68.832 en cumplimiento del mismo, V. E. nada dice al respecto". A ello agregó que "...debido a la manifiesta diferencia entre uno y otro dictamen, oportunamente solicitó que se dé traslado al perito médico de oficio para que pueda aclarar por qué otorgaba el doble de incapacidad, pero finalmente V. E. no hizo lugar sin dar ningún tipo de fundamento" (rec., fs. 222).
III.2.b. En primer lugar, y concerniente al reproche sobre la burda valoración de los elementos de juicio, cabe recordar que analizar el material probatorio y establecer el grado o porcentaje de minusvalía que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente laboral constituyen potestades privativas de los jueces de grado, sólo revisables en casación mediante la eficaz demostración del absurdo (causas L. 105.288, "Barbuto", sent. de 6-VI-2012; L. 112.692, "B., N.", sent. de 25-IX-2013; L. 97.343, "Z., D. A.", sent. de 20-XI-2014; L. 117.101, "Herrero", sent. de 9-IX-2015; e.o.).
El tribunal de grado resolvió, inicialmente, que no correspondía ponderar lo mensurado en la experticia como cervicobraquialgia, porque tal dolencia no había sido reclamada por la promotora del juicio en la demanda. Luego, juzgó que sí debía valorarse la lesión de hombro derecho y el daño psíquico, afecciones que habían sido confirmadas en cuanto a su existencia y vínculo causal, no sólo por el peritaje médico, sino también por el dictamen de la Comisión Médica n° 11 de La Plata obrante a fs. 184/185 ( rectius 142/143).
Así, con estricto apego a lo indicado por el perito médico en su informe (v. fs. 96/97), del cual, indicó, no encontraba motivos (en este aspecto) para apartarse, estableció que tales patologías provocan en la trabajadora una incapacidad parcial y permanente del 45,75% del índice de la total obrera, que sumados los factores de ponderación (alta dificultad para realizar tareas: 20% de 45,75% = 9,15%; recalificación que amerita: 10% de 45,75% = 4,57% y edad = 2%) alcanza el 61,47% de ese mismo índice (v. fs. 202).
III.2.b.i. El diseño argumental en el que se sitúa la postulación recursiva se encuentra lejos de evidenciar el excepcional y grave yerro que autorizaría a esta Corte a ingresar a revisar lo juzgado en la instancia de origen.
La crítica que ensaya el recurrente, se limita a cuestionar la valoración del peritaje médico, a destacar la relevancia que -a su juicio- tendrían las impugnaciones formuladas a dicho medio probatorio (por no llevar a cabo, respecto del daño cerebral orgánico, una evaluación completa, y realizar una apreciación incorrecta del rango articular del hombro afectado) y las conclusiones volcadas en el dictamen de la Comisión Médica; así como a poner de manifiesto que en la determinación del porcentaje de incapacidad que afecta a la trabajadora debió aplicarse la fórmula de la capacidad restante. Tales alegaciones no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de los jueces de grado, apoyándose en su particular versión sobre los hechos y las pruebas de la causa, y a exponer su propio análisis acerca del modo como debió haber sido resuelta la controversia, sin que ello demuestre la absurdidad que imputa al fallo.
En suma, los cuestionamientos permanecen en el plano de la mera disconformidad personal, y no satisfacen una réplica susceptible de modificar lo resuelto, en tanto ello importaría la sustitución del criterio del sentenciante de grado.
III.2.b.ii. Ante ello, la circunstancia de haberse efectuado en el expediente administrativo el depósito de $68.832 en cumplimiento del dictamen emitido por la Comisión Médica n° 11 de La Plata, carece de virtualidad a los fines pretendidos, dado que, conforme constancias obrantes en estas actuaciones, Asociart S.A. ART transfirió ese importe a la cuenta de autos manifestando expresamente que no lo daba en pago, ni prestaba conformidad al libramiento de los giros (v. fs. 153).
III.2.b.iii. Asimismo, lo argumentado en relación al rechazo del traslado al perito médico del dictamen emitido por la Comisión Médica, remite a una cuestión procesal previa a la sentencia definitiva, que se encuentra preclusa y, por tanto, ajena al ámbito del recurso en tratamiento (causas L. 82.721, "Gabrielli", sent. de 24-V-2006; L. 93.985, "Valente", sent. de 18-XI-2008 y L. 108.796, "F., M. A.", sent. de 6-IV-2011).
III.2.b.iv. Resta indicar que el planteo subsidiario que formula el compareciente a fs. 227 vta., solicitando "se deslinde el porcentaje de incapacidad que le corresponde por razones laborales y aquellos que son preponderantemente inherentes al actor", no fue sometido a conocimiento del tribunal de trabajo, resultando -por ende- extemporáneo. Y es sabido que no es eficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que en su desarrollo exhibe un discurso novedoso (causas L. 117.041, "Gorosito", sent. de 27-XI-2013 y L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016).
III.3. Por otra parte, la arbitrariedad que se le adjudica al pronunciamiento de grado en la determinación del monto de condena deviene manifiestamente improcedente.
III.3.a. El razonamiento del juzgador no logra ser desvirtuado por el quejoso, quien exhibe su discrepancia con lo decidido valiéndose de criterios jurisprudenciales que, además de provenir de precedentes de otros tribunales de justicia que no conforman la doctrina legal a que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 106.272, "Stromber", sent. de 9-XI-2011; L. 119.402, "L., M. E.", sent. de 20-XII-2017; e.o.), han sido elaborados en torno a disposiciones inaplicables al caso, como lo son, la ley 26.773 y su decreto reglamentario 472/14 (v. rec., fs. 223 vta./225).
III.3.b. Me permito efectuar una consideración más que revela la manifiesta improcedencia de esta parcela del alzamiento recursivo, en tanto no ha reparado siquiera el agraviado que su postura -me refiero a la pretensión de que se tenga en cuenta a dicha normativa en tanto "establece el modo de realización del cálculo" (v. rec., fs. 224)- se contradice palmariamente con las afirmaciones expuestas al contestar la demanda (v. fs. 74 vta.) y el traslado dispuesto por el a quo a fs. 118, donde expresamente consignó que: "...la norma (ley 26.773) establece que se aplicará a casos en los que la primera manifestación invalidante se produzca a partir de la fecha de publicación de dicha ley en el Boletín Oficial, esto es, contingencias ocurridas a partir del día 26 de octubre de 2010. Motivo por el cual queda claro que al momento del siniestro reclamado (17 de febrero de 2010) en autos, no se encontraban vigentes las normas solicitadas, por ende las mismas no deben ser aplicables al caso, por haber entrado en vigencia varios meses después" (fs. 119 in fine y vta.; el destacado me pertenece).
III.4. Por último, la misma suerte adversa habrá de correr el embate por el cual se pretende la aplicación de la tasa de interés pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires al capital de condena establecido.
Ello así, toda vez que esta Suprema Corte ha sentado criterio, por mayoría que conformé, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), estableciendo que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, la parcela de la decisión cuestionada, encuentra debido sustento en doctrina legal de esta Corte.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su sufragio.
I.2. También comparto lo señalado por el ponente en lo tocante a los intereses aplicados en el pronunciamiento en crisis, ello en tanto encuentra fundamento en la opinión que brindé en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y -concuerda con el criterio que adopté en adhesión a la de la doctora Kogan- en el precedente L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016).
II. En virtud de lo expuesto, cabe desestimar el medio extraordinario de impugnación como se resuelve en el punto IV del voto que inaugura este acuerdo.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. En lo que refiere al agravio vinculado a la tasa de interés aplicada, también suscribo la propuesta decisoria del citado colega, conforme los fundamentos que tuve oportunidad de efectuar al emitir mi opinión en las causas C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), a las que remito por razones de brevedad.
II. Por tales razones, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1. a III.3. de su voto.
II. En lo que atañe a la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, ante la consolidación de la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria del citado colega.
III. Por lo tanto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia