Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121425
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado a fin de que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo indicado en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 12 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.425, "Espinosa, Jonatan Omar contra Provincia ART S.A. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 177/190 vta.).
Se interpuso, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 201/209).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por el señor Jonatan Omar Espinosa y condenó a Provincia ART S.A. al pago de las diferencias en la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 177/190 vta.).
Resolvió de esa manera pues juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido por el actor el día 18 de enero de 2010, éste padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 20% del índice de la total obrera.
Puesto a determinar el importe de dicha prestación dineraria, el a quo la cuantificó inicialmente en la suma de $72.496,84, a la que luego procedió a descontarle $53.647,71 ya abonados por la aseguradora, alcanzando un saldo de $18.849,13.
Sobre dicho monto entendió que, por aplicación del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, correspondía aplicarle el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en tanto, a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley se encontraba aún pendiente de cancelación la prestación dineraria adeudada.
Para arribar a esa decisión -con apoyo jurisprudencial de otros tribunales- consideró que la ley 26.773 otorga una reparación justa, equitativa y razonable al perjuicio sufrido por el trabajador (arts. 16, 18 y 19, Const. nac.), sin que su utilización importe una violación del principio de irretroactividad de la ley, puesto que se trata de una aplicación inmediata (art. 3, Cód. Civ.); a su vez, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, pues entendió que la norma excede el marco de la reglamentación (v. fs. 183/184 vta.).
En tales condiciones, empleando el referido índice publicado entre el mes de febrero de 2010 y diciembre de 2015, procedió a recomponer la prestación, arribando al resultado de $95.565,08 ($18.849,13 x 5,07; v. sent., fs. 184 vta.).
Finalmente, el sentenciante resolvió aplicar desde la fecha en que aconteció el infortunio, una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual, con fundamento en que, al utilizarse en autos el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, la aplicación de una tasa de interés distinta provocaría una doble actualización (v. sent., fs. 184 vta./185 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Provincia ART S.A. denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 3 del Código Civil (ley 340); 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; 9, 15, 27 y 43 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; la ley 24.557; el decreto 472/14 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 201/209).
II.1. En sustancia, con sustento en los arts. 3 del Código Civil de Vélez Sarsfield y 17 apartado 5 de la ley 26.773, se agravia de la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado aplicó en el caso las disposiciones de esta última ley, pues su entrada en vigencia -alega- es posterior al acaecimiento del infortunio que motiva el reclamo de autos.
Sobre el tópico, argumenta que aplicar el mecanismo de ajuste contemplado en una normativa que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por el trabajador (art. 17 apdo. 6, ley 26.773), no solo transgrede el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil, sino además su derecho constitucional de propiedad.
Con todo, alega que lo resuelto en autos se aparta de la doctrina establecida por esta Suprema Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
II.2. Por otro lado, objeta la decisión del tribunal que fijó intereses a partir de la fecha del accidente. Sostiene que, al haberse declarado aplicable al caso la ley 26.773 y actualizarse las prestaciones dinerarias, el capital queda exento de deterioro a causa de la depreciación monetaria.
Así -afirma- la indemnización a la que resulta acreedor el trabajador es una deuda valor, por lo que los intereses deben liquidarse a partir del momento del dictado de la sentencia.
II.3. Finalmente, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14 efectuada por el juzgador de grado.
Argumenta que el mecanismo de ajuste basado en el índice RIPTE solo puede ser aplicado a las compensaciones de pago único y a los "pisos" establecidos en los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, pero no respecto de aquellas prestaciones liquidadas según las fórmulas de las citadas normas.
III. El recurso prospera con las consideraciones que seguidamente habré de exponer.
III.1. Por empezar, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales términos, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2. Siendo ello así, ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, merece favorable recepción la crítica que, con fundamento en la doctrina legal de esta Corte, trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la prestación que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de dicha norma, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que -dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión- entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 solo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09 -y no así la ley 26.773-, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso, y revocar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto allí se determinó el importe de las prestaciones dinerarias con apoyo en las pautas indemnizatorias contempladas en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
III.3. En atención a lo resuelto precedentemente, no cabe abordar el planteo dirigido a rebatir el modo en que hubo de aplicarse el índice RIPTE en la sentencia impugnada mediante la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14 (v. rec., fs. 207 vta./208 vta.), pues no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
III.4. Toca finalmente referirse al tópico que gira en torno a los intereses moratorios.
III.4.a. El tribunal de trabajo señaló que "En tanto el capital sobre el cual se calcularán los intereses ya ha sido actualizado tras haber sido sometido al mecanismo indexatorio de los arts. 8 y 17 inc. 6 de la ley 26.773..." esos accesorios debían ser calculados a la tasa pura de interés del 6% anual, desde el día 18 de enero del 2010 (v. fs. 184 vta./186 vta.).
III.4.b. Ahora bien: proponiendo la revocación de lo decidido por el a quo , en cuanto cuantificó la prestación con sustento en la citada ley 26.773, también deberá dejarse sin efecto lo referido a los intereses, puesto que lo resuelto en el punto -y ello resultó explícito- obedeció al empleo del índice RIPTE que realizó el tribunal, lo que ahora es declarado inaplicable.
Devueltas las actuaciones al tribunal de grado, éste deberá expedirse nuevamente sobre los intereses aplicables al capital que integra la condena.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de la prestación dineraria con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, norma cuya inaplicabilidad en el caso se declara.
Vuelvan los autos al tribunal de la instancia ordinaria para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo resuelto en los puntos III.2. y III.4. de la presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. En lo tocante a lo resuelto por el tribunal de grado en orden a la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, comparto la solución a la que arriba el colega ponente en el punto III.2. de su opinión.
Arribo a tal conclusión, a tenor de los fundamentos brindados por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), al que por razones de brevedad me remito y en el que -cabe agregar- se adoptó un criterio semejante al empleado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
I.3. Luego, comparto lo manifestado en el punto III.3. del sufragio inaugural.
I.4. En lo referido a los intereses moratorios aplicados por el tribunal de grado, coincido en sustancia con la solución del colega ponente, toda vez que habiéndose revocado lo decidido por el a quo en cuanto justipreció la prestación dineraria empleando el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, lógicamente -a tenor del fundamento plasmado en esta parcela del pronunciamiento- debe dejarse sin efecto lo juzgado en el punto, correspondiendo señalarle al tribunal de grado que al resolver la cuestión deberá tener presente la doctrina de esta Corte que emana -entre otras- de la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
II. Por todo ello, cabe acoger el recurso conforme se indica en el apartado final del voto que inaugura este acuerdo.
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Coincido con el doctor de Lázzari en que el valor de lo cuestionado en la especie no supera el mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
I.1. Luego, en el marco que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, estimo que el recurso satisface los recaudos de una adecuada fundamentación, por lo que debe rescindirse la aplicación al caso de la ley 26.773, dado los lineamientos que emanan del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), cuya infracción esgrime el interesado y al que remito por motivos de celeridad.
I.2. Con relación a los restantes agravios, adhiero a lo señalado por el colega ponente en los puntos III.3. y III.4. de su sufragio.
II. En tales condiciones, corresponde declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con los alcances establecidos en el punto IV del sufragio que inicia el acuerdo.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. En primer lugar, adhiero a lo manifestado por el doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, con relación al agravio dirigido a controvertir la aplicación al caso de la ley 26.773, comparto la solución brindada por el citado colega en su propuesta, en tanto se condice con la postura que asumí en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), donde adherí a la opinión del doctor Genoud, y a la que remito por razones de brevedad.
I.3. Finalmente comparto lo manifestado por el ponente en los puntos III.3. y III.4. de su opinión.
II. Por todo ello, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme lo expuesto en el apartado final del voto que abre el acuerdo.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado a fin de que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo indicado en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia