Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121547
En la ciudad de La Plata, a 12 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.547, "Ferreyra, Javier Orlando contra Supermercados Toledo S.A. Amparo sindical".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la revocatoria interpuesta contra la decisión de fs. 88/91 vta. (v. fs. 534/542).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 544/560 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, en el marco de la acción de amparo sindical promovida por el señor Javier Orlando Ferreyra contra Supermercados Toledo S.A., mediante la cual perseguía la nulidad del despido dispuesto por la accionada y la reinstalación en su puesto de trabajo, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata -por mayoría- revocó la decisión de fs. 88/91 vta., mediante la cual se había ordenado la reincorporación del actor en su posición laboral, como consecuencia de la medida cautelar peticionada por éste (v. fs. 534/542).
II. A los fines de dar respuesta al interrogante planteado, entiendo oportuno reseñar los antecedentes más relevantes del caso.
El señor Javier Orlando Ferreyra interpuso demanda contra Supermercados Toledo S.A. persiguiendo -con sustento en las leyes 23.551 y 23.592- la nulidad del despido dispuesto por la accionada, la reinstalación en su puesto de trabajo y el cobro de salarios caídos. Lo hizo por entender que, a la fecha en la cual la demandada despidió al actor, éste se encontraba amparado por la garantía de estabilidad sindical prevista en el art. 50 de la ley 23.551, pues -alegó- el Sindicato de Trabajadores de Plantas Faenadoras y Procesadoras de Aves y Afines comunicó a la empresa demandada que el día 28 de enero de 2016 se llevaría a cabo la elección de delegado de personal y que el actor era candidato, postulación que había sido comunicada en forma previa a la decisión rescisoria.
Asimismo, solicitó que se habilitara la feria judicial, petición que fundó en los derechos constitucionales y legales presuntamente violentados por la demandada y en el entendimiento de que esperar su finalización, atento la elección de delegado convocada para el mes de enero, tornaba abstracta la acción (v. fs. 49/86; cargo de fecha 26 de enero de 2016).
El Tribunal de Trabajo de Olavarría -que se encontraba en turno para entender durante la feria de enero de 2016-, integrado por los doctores López Arévalo y Morbiducci, el día 26 de enero de 2016 hizo lugar a la medida cautelar solicitada y dispuso la reinstalación provisoria del señor Ferreyra, bajo apercibimiento de imponer astreintes hasta tanto el empleador cumpliera con la medida ordenada (v. fs. 88/91 vta.).
La demandada Supermercados Toledo S.A. se presentó ante el tribunal actuante solicitando, entre otras medidas, la suspensión de plazos procesales (v. fs. 106/109 vta.; cargo de fecha 29 de enero 2016), requerimiento que fue denegado (v. fs. 110 y vta.).
Contra la resolución de fs. 88/91 vta., la demandada interpuso revocatoria (v. fs. 151/159 vta.; cargo de fecha 1 de febrero de 2016). El tribunal interviniente, habiendo cesado la feria judicial, envió la causa a la Receptoría General de Expedientes de Mar del Plata a los fines que se sorteara el tribunal que continuaría entendiendo en la causa (v. fs. 160).
Asignada la causa al Tribunal de Trabajo n° 2 de Mar del Plata, dicho órgano tuvo por interpuesta la revocatoria y, en uso de las facultades ordenatorias e instructorias conferidas por los arts. 36 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 12 de la ley 11.653, pasó los autos al acuerdo para resolver sobre "la validez de la resolución de fs. 88/91" (fs. 163).
En ese cometido, el órgano integrado por los doctores Noel, Mastrogiacomo y Slavin declaró la nulidad de la resolución dictada por el Tribunal de Olavarría, suscripta por solo dos de sus miembros en razón de carecer de los requisitos formales y de carácter imperativo para su validez y, en consecuencia, declaró abstracto el tratamiento del recurso de revocatoria deducido por la demandada a fs. 151/159 (v. fs. 164/165 vta.).
El accionante amplió la demanda e informó que había resultado electo como delegado de personal por el período del 28 de enero de 2016 al 28 de enero de 2018. También denunció el incumplimiento de la medida cautelar ordenada en autos y solicitó que la doctora Slavin se excusase y se dejase sin efecto el auto de fs. 163, suscripto por aquella magistrada hasta tanto se resolviera este punto (v. fs. 166/167; 171/173 vta. y 174).
A fs. 175/176, el accionante renueva el pedido de nulidad del auto de fs. 163 en el que intervino la doctora Slavin y, a la par, cuestiona lo allí resuelto pues alega que el recurso de revocatoria de fs. 151/159 fue interpuesto en forma extemporánea y ante un tribunal incompetente, señalando además que el Tribunal de Mar del Plata carece de facultades para resolver sobre la validez de una resolución dictada en otra sede. Asimismo, postula la validez de la resolución de fs. 88/91.
La doctora Slavin se excusó. El tribunal quedó integrado con el juez Lerena para resolverla (v. fs. 178 y 181).
A continuación, el Tribunal de Trabajo (con la firma de solo dos de sus integrantes: doctores Noel y Mastrogiacomo) declaró la nulidad del auto de fs. 163, por carecer de lugar y fecha, y de las actuaciones posteriores. En consecuencia, saneando lo actuado, tuvo por presentada la revocatoria deducida a fs. 151/159, por ampliada la demanda y ordenó el pase a resolución de la excusación de la doctora Slavin (v. fs. 188 y vta.). Esta finalmente fue aceptada a fs. 189, resultando integrado el tribunal con el doctor Lerena.
Luego, se ordenó, como medida para mejor proveer, el libramiento de un oficio al correo a fin de que informara fecha y hora de entrega del telegrama n° 52437426 e identifique su receptor (v. fs. 190). La parte actora solicitó la ampliación de tal medida e informó, además, que el acta notarial mediante la cual se había notificado el despido al actor fue redargüida de falsedad en el expediente que identificó y que tramitaba ante el Juzgado Civil y Comercial n° 11 de Mar del Plata (v. fs. 210/211).
El juzgador amplió la referida medida para mejor proveer y ordenó librar oficios al correo y al Sindicato de Trabajadores de Plantas Faenadoras y Procesadoras de Aves y Afines, tal como había sido peticionado (v. fs. 212), cuya contestación obra a fs. 218/222.
A fs. 224 se ordenó el traslado a la parte demandada del escrito de inicio y su ampliación. La accionada contestó la demanda (v. fs. 255/305 vta.) y se ordenó la apertura a prueba (v. fs. 322/323).
Más adelante, en atención a lo peticionado por la parte demandada, se fijó audiencia de vista de la causa para el día 14 de diciembre de 2016 (v. fs. 383). Contra dicha resolución la actora dedujo revocatoria y solicitó su suspensión, explicando que se encontraba pendiente de tratamiento el recurso de revocatoria deducido contra la resolución de fs. 88/91 dictada por el Tribunal de Trabajo de Olavarría y solicitó la remisión de las actuaciones a dicho órgano para que la resolviera. También denunció el incumplimiento de la medida cautelar ordenada y solicitó la intimación al pago de astreintes (v. fs. 386/387 vta.).
El tribunal desestimó la revocatoria contra el auto de fs. 383, con fundamento en que "la resolución que ordenó la medida cautelar dictada por el juzgado de Olavarría, independientemente de su firmeza, reviste carácter de provisoria y no resulta vinculante para el dictado de la sentencia definitiva.- Que, por otra parte el Juzgado que previno ha perdido su jurisdicción desde el momento mismo de la remisión de las actuaciones a este Tribunal de Trabajo" (fs. 388; resolución suscripta sólo por los doctores Noel y Mastrogiacomo).
Contra dicha decisión, el accionante dedujo revocatoria in extremis (v. fs. 394/397). Solicita nuevamente la suspensión de la audiencia de vista de la causa, pues insiste en poner de resalto que se encuentra pendiente de resolución la revocatoria de fs. 151/159 contra la resolución de fs. 88/91 vta. que -sostiene- debería resolver el mismo órgano que la dictó, previo traslado a su parte. Añade, en apoyo de su postura, que también se encuentra pendiente de resolución la causa iniciada en sede civil redarguyendo de falsedad el acta notarial mediante la cual se comunicó el despido.
Reitera el incumplimiento de la medida cautelar que -dice- se encuentra vigente y solicita se reincorpore al trabajador y el pago de astreintes hasta que ello ocurra, tal como lo ordenó el Tribunal de Olavarría. En atención a lo argumentado en la resolución de fs. 388, sostiene que para evaluar el carácter vinculante que pudieran tener los hechos que aquel tribunal consideró acreditados para disponer la medida, el a quo tuvo que emitir un juicio de valor y ello -señala- constituiría un prejuzgamiento que lo condujo a recusar a los doctores Noel y Mastrogiacomo (v. fs. 396 vta. y 397).
El sentenciante de grado hizo lugar a la revocatoria y, en consecuencia, suspendió la audiencia de vista de la causa "convirtiéndola" en una de conciliación para el mismo día y horario que la anterior. Fundó su decisión en que la existencia de un juicio de nulidad de escritura pendiente de resolución imposibilitaba dictaminar en forma definitiva en las actuaciones. Dicha resolución lleva la firma únicamente de los doctores Noel y Mastrogiacomo (v. fs. 411 y vta.).
Por otro lado, el tribunal, integrado ahora por los doctores Bartoli, Riva y Lerena, desestimó la recusación de los doctores Noel y Mastrogiacomo planteada por la parte actora (v. fs. 396 vta. y 397) y la excusación formulada por estos magistrados (v. fs. 437/441 y 475/477).
Luego, el accionante solicitó que se decretara la "caducidad de instancia" del recurso de revocatoria interpuesto por la demandada a fs. 151/159 en tanto alega que, desde la fecha de su interposición, demostrando un claro desinterés, no realizó actividad procesal útil tendiente a impulsar su tratamiento (v. fs. 509/510). En consecuencia, solicitó el cumplimiento a la medida cautelar ordenada (v. fs. 511 y vta.).
El a quo , a fs. 512, dispuso que "siendo que las medidas cautelares como la ordenada en autos a fs. 88/91 vta. son esencialmente provisorias y teniendo en cuenta el avance de este procedimiento para llegar al dictado de sentencia definitiva, circunstancia procesal diferente a la del momento de la resolución referida, se la deja sin efecto en todas sus partes hasta el pronunciamiento de fondo" y fijó nueva audiencia de vista de la causa para el día 17 de noviembre de 2017 (resolución suscripta nuevamente sólo por los doctores Noel y Mastrogiacomo). A fs. 513, se reprogramó la audiencia para el día 27 de noviembre de 2017.
Contra la resolución de fs. 512 la parte actora interpuso revocatoria (v. fs. 514/520 vta.). Entiende que las circunstancias fácticas que justificaron la adopción de la medida no variaron y que la decisión que oficiosamente tomó el tribunal no tiene fundamento jurídico. Solicita la suspensión de la audiencia de vista de la causa y la celebración de una audiencia de conciliación.
A la vez, plantea la nulidad de la resolución toda vez que está suscripta sólo por dos de los magistrados integrantes del tribunal y solicita se resuelva el planteo de "caducidad de instancia del recurso de revocatoria" interpuesto por la demandada a fs. 151/159 que alega omitido por el juzgador.
A fs. 528/529 vta. y 533, la parte actora solicitó la resolución de lo peticionado a fs. 514/520 vta. La demandada ofreció un nuevo pago para llegar a un acuerdo y pidió la suspensión del trámite de estas actuaciones hasta tanto se resolviera el proceso por redargución de falsedad del acta notarial (v. fs. 530/532 vta.).
Seguidamente, el tribunal, integrado por los doctores Noel, Mastrogiacomo y Lerena, se abocó al tratamiento del recurso de revocatoria interpuesto por la parte demandada a fs. 151/159 vta. y del planteo de nulidad de fs. 519 (v. fs. 534/542).
Respecto a la primera de las cuestiones planteadas, entiende que la demandada interpuso el remedio de fs. 151/159 vta. en término. Señaló que si bien fue deducido ante un juzgador que horas antes había perdido su jurisditio "ello fue un error de hecho inculpable en los términos del art 268 CCyC o del art 929 del Código Civil derogado". Expresa también que el accionante no acierta al afirmar que el Tribunal de Trabajo n° 2 de Mar del Plata funcionaría como Tribunal de Alzada del de Olavarría, ello porque como el propio actor lo afirma a fs. 175 vta., quien dictó la medida cautelar sólo tuvo jurisdicción durante la feria judicial, cesando su potestad al finalizar la misma.
Por tales razones, el a quo señaló que el tribunal interviniente en la feria resultó ser un juez de excepción y no el natural al que se refiere el art. 238 del Código Procesal Civil y Comercial, siendo éste quien debía resolver la revocatoria planteada.
En consecuencia, por mayoría, concluyó que, en el caso, la pretensión cautelar guarda una íntima relación con la cuestión de fondo a resolver, por lo que inevitablemente se caería en un prejuzgamiento, lo que lo llevó a resolver que debía merituar la cuestión en la sentencia definitiva a dictarse. En ese marco, juzgó que debía revocarse la resolución dictada a fs. 88/91 vta.
Por otro lado, se dispuso a resolver el planteo de nulidad deducido por la demandada a fs. 519 que -precisó- se encontraba dirigido a impugnar la resolución de fs. 513 que fijó la audiencia de vista de la causa, fundando su petición en que la misma debió ser suscripta por los tres jueces integrantes del tribunal y en que se encontraba pendiente de resolución en la justicia civil el planteo de redargución de falsedad de un documento de esencial importancia para la dilucidación de las presentes actuaciones (v. fs. 540).
Concluyó que, en atención a lo expuesto, debía dejarse sin efecto la referida audiencia y, en consecuencia, declaró abstracto el planteo de nulidad formulado a fs. 519 punto VI (v. fs. 540 y vta.).
III. Contra este último pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 inc. 2, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 38 del Código Procesal Civil y Comercial; 17, 54 y 63 de la ley 11.653 (v. fs. 544/560 vta.).
En sustancia, alega que el tribunal, transgrediendo las reglas de la lógica y la congruencia, omite resolver sobre el tema sometido a tratamiento por las partes y se pronuncia sobre extremos no solicitados. Sostiene que excediéndose en sus facultades y en violación al principio de preclusión, se arroga la facultad de revocar una decisión que arbitrariamente ya había dejado sin efecto.
Por otro lado, señala que no se confirió traslado de la revocatoria interpuesta por la parte demandada contra el pronunciamiento de fs. 88/91 vta. y que el tribunal interviniente no es competente para resolver la revocatoria que, además, es extemporánea.
Desde otro punto de vista, solicita el restablecimiento de la medida cautelar, pues afirma que la decisión del tribunal de revocarla implica el cercenamiento del derecho de asociación y de libertad sindical reconocido en el art. 39 inc. 2 de la Constitución provincial y las garantías al fuero sindical de los representantes gremiales (art. 14 bis, Const. nac. y Convenio 87, OIT).
Finalmente, sostiene que los jueces al revocar la medida cautelar incurrieron en prejuzgamiento, adelantando su posición al rechazo de la acción.
IV. Ahora bien, sin perjuicio de las consideraciones que pudieran merecer el derrotero procesal y las irregularidades ocurridas en el trámite del juicio -punto sobre el cual luego volveré-, se advierte de la simple lectura de la reseña de antecedentes expuesta, que el recurso deducido por la parte actora ha sido mal concedido pues el pronunciamiento cuestionado no reúne la nota de definitividad imprescindible para habilitar la apertura de esta instancia extraordinaria de revisión.
IV.1. Huelga señalar que las vías extraordinarias sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiéndose por tales a aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizarlo, haciendo imposible su continuación (causas L. 113.988, "Avila", resol. de 17-VI-2015; L. 121.039, "Juncos", resol. de 27-IX-2017 y L. 121.282, "Maruenda", resol. de 8-XI-2017).
Efectivamente, para que se configure el requisito de "definitividad" es preciso que se resuelva de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo, concepto éste que -además- corresponde vincular con la posibilidad de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado y la imposibilidad de renovar la cuestión en otra oportunidad procesal o en otro juicio (causas L. 93.993, "Hidalgo", sent. de 6-V-2009; L. 110.019, "Frigorífico Sur S.C.", resol. de 23-III-2010; L. 113.342, "Orrego", resol. de 23-II-2011 y L. 120.481, "Testa", resol. de 31-V-2017).
IV.2. En tales condiciones, la cuestionada decisión de fs. 534/542, que revocó la medida cautelar decretada en autos y declaró abstracto el planteo de nulidad deducido por el actor, no reviste carácter definitivo de acuerdo a lo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, no observándose en el caso circunstancias de excepción que justifiquen apartarse de dicho criterio.
Resta agregar que el dictado de la providencia de autos para resolver no obsta a que se declare mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, desde que ese trámite no impide que la Suprema Corte examine si se han cumplido los requisitos de admisibilidad del medio extraordinario de impugnación sometido a su conocimiento (causas L. 108.342, "Pennacchiotti", sent. de 21-XII-2011; L. 108.448, "Herrera", sent. de 28-XII-2011 y L. 103.522, "L., M. M.", sent. de 8-VIII-2012).
IV.3. Finalmente, atento la desprolijidad impresa al trámite de las actuaciones -según detenidamente he reseñado en el punto II- que naturalmente conspira contra la celeridad, buen orden y la garantía de la tutela judicial continua y efectiva, estimo pertinente hacer notar a los jueces intervinientes en la presente causa como integrantes del órgano de grado, que en lo sucesivo deberán ajustar sus decisiones y la tramitación de las causas con estrictez y apego a las previsiones legales y constitucionales vigentes (arts. 39 y 168, Const. prov.; 44 inc. "f" y concs., ley 11.653).
V. Por lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
En atención a la solución propuesta al abordar la primera cuestión, no corresponde el tratamiento de la restante planteada.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de
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