Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120570
En la ciudad de La Plata, a 12 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.570, "G., M. L. -por sí y en representación de su hijo F. J.- contra La Caja ART S.A. Accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 252/266).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 273/294).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora M. L. G. -por sí y en representación de su hijo menor de edad F. J.- y condenó a La Caja ART S.A. -hoy Experta ART S.A.- al pago de las prestaciones dinerarias por fallecimiento previstas en los arts. 18 apartado 1, 15 apartado 2 y 11 apartado 4 de la ley 24.557, según decreto 1.278/00 (v. fs. 252/266).
En el veredicto, con apoyo en la prueba producida, el a quo juzgó acreditado que el señor P. A. J. -esposo y padre, respectivamente, de los accionantes- trabajó para Infa S.A. desde el día 24 de julio de 2006 hasta el 28 de septiembre del 2009, fecha esta última en la que se produjo su deceso a consecuencia de un accidente de trabajo (v. vered, fs. 252 y vta.).
En lo que reviste particular interés, entendió probado que, efectuada por la patronal asegurada la denuncia del siniestro e iniciado -ahora- por la demandada el trámite respectivo, el día 27 de octubre de 2009 la accionante intimó a la aseguradora "al pago único integral" de las prestaciones; que en respuesta a ello esta última notificó con fecha 4 de noviembre del mismo año a la señora G. para que procediera a elegir una compañía de seguros de retiro a fin de contratar la póliza de renta vitalicia y acompañara cierta documentación junto con la solicitud o formulario de seguro, aclarando que cumplido ello estaría en condiciones de proceder al depósito del capital a la compañía de retiro elegida y poner a disposición el pago de la prestación adicional prevista en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557; que no obstante no haber procedido la actora a tal designación, consta que la aseguradora le abonó desde el día 30 de octubre de 2009 hasta el día 28 de mayo de 2012 distintos montos (anticipos) en concepto de prestación dineraria por fallecimiento (v. fs. 252 vta. y 253).
Al analizar, en la sentencia, la pretensión resarcitoria fundada en el régimen especial de infortunios laborales, declaró la inconstitucionalidad de su art. 15 apartado 2 en cuanto dispone -bajo la vigencia del precepto analizado- que la prestación allí contemplada debe ser abonada de modo fraccionado y mensualmente. En consecuencia, condenó a la demandada a abonar en un único pago el monto resultante de restarle a la suma de $180.000 lo ya percibido por los accionantes de parte de aquélla (v. fs. 257/258).
En ese orden, juzgó inoficioso expedirse precisamente sobre el límite resarcitorio de $180.000 que la referida norma contempla, pues explicó que los topes indemnizatorios forman parte de la discreción de los cuerpos legislativos en el diseño del régimen, pudiendo reclamar el trabajador contra su empleador en caso de insuficiencia del resarcimiento; se trata -indicó- de situaciones no cubiertas por la ley que las aseguradoras no se han comprometido a sustituir ex contractus , siendo que el sistema legal no las obliga a reparar daños por fuera de la relación de aseguramiento. En cuanto a la cita efectuada por los accionantes en su planteo del precedente "Ascua" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aclarando que en él se declaró la inconstitucionalidad del art. 8 de la ley 23.643, expresó que no resultaba aplicable pues la situación ventilada en las presentes actuaciones encuadra en el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, y los topes indemnizatorios que contempla no agotan -reiteró- la reparación de los daños, pudiendo el trabajador damnificado reclamar a su empleador en caso de insuficiencia (v. fs. 258/259).
Luego, y toda vez que el siniestro de autos aconteció el día 28 de septiembre de 2009 y que por ello quedó bajo las prescripciones de la ley 24.557 conforme el decreto 1.278/00, rechazó el reclamo formulado con el objeto de que se aplicaran las disposiciones que contienen el decreto 1.694/09 y la ley 26.773. Además, por no encontrar configuradas las transgresiones constitucionales alegadas, desestimó allí el planteo de inconstitucionalidad efectuado sustancialmente en torno al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (v. fs. 259 y sigs.).
Destacó también, que a la fecha en que entró en vigencia el mentado decreto 1.694/09 la aseguradora no se desobligó respecto del depósito del capital que debía integrar debido a la omisión en que incurrieron los derechohabientes, en ese entendimiento, valoró que no estaba en mora pues había instado el debido procedimiento, pagado los anticipos y notificado a los beneficiarios. Sostuvo que se produjo lo que la doctrina denomina "la interpelación-oferta" para constituir debidamente en mora a los acreedores y que en consecuencia no resultaba necesario que el deudor hubiere consignado lo debido pues el silencio guardado por los beneficiarios se interponía a la posibilidad de cumplir con la obligación; indicó que sin perjuicio de ello, la demandada cumplió con lo regulado en la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación 28.928, que previó el carácter obligatorio de anticipos de la renta periódica. Entendió que tampoco era viable la consignación judicial de los montos, en tanto el contenido de su obligación era depositarlo a la orden de un tercero (v. fs. 262).
Con todo, condenó a La Caja ART S.A. a abonar -en un único pago- a la señora M. L. G. y a su hijo menor F. J. el importe de $160.023 en concepto de prestación dineraria por fallecimiento prevista en los arts. 18 apartado 1 y 15 apartado 2 de la ley 24.557. En el punto, impuso las costas en el orden causado puesto que -explicó- la obligación del modo en que fuera impuesta se generó en la sentencia, no pudiendo imputarse incumplimiento alguno de la aseguradora (v. fs. 263).
Por otro lado, resolvió que la demandada debía pagar a aquéllos la suma de $50.000 correspondientes a la compensación adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557, con más intereses moratorios devengados desde el fallecimiento del trabajador a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días. Aquí, juzgó que las costas debían ser soportadas por la accionada vencida (v. fs. 263 in fine y vta.).
A su vez, valorando que desplegó una conducta temeraria y maliciosa, sancionó a la accionada con fundamento en el art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. cit.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia que el a quo apreció incorrectamente la normativa vigente y la doctrina de esta Suprema Corte y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, violando a su vez el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653, al apartarse de la normativa constitucional, de los convenios, convenciones y pactos internacionales a los que alude el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional y de los principios del derecho del trabajo y la seguridad social (v. fs. 273/294).
II.1. Cuestiona que el a quo no haya aplicado intereses sobre la prestación dineraria por fallecimiento prevista en los arts. 18 apartado 1 y 15 apartado 2 de la ley 24.557.
Argumenta que los accionantes intimaron a La Caja ART S.A. para que efectuara el pago íntegro de la indemnización. Dice que desde el día 26 de octubre de 2004 la accionada conocía el contenido de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Milone" -cuya doctrina, agrega, fue reiterada en otros pronunciamientos- por lo que su negativa a cumplir con aquel reclamo responde a un mero capricho, arbitrariedad y ejercicio del poder.
Sostiene que la demora de cuatro años en que incurrió la accionada para cumplir con su obligación impuesta por sentencia judicial, no puede quedar exenta de la aplicación de intereses al capital respectivo, ya que durante todo ese tiempo "manejó a su antojo" el monto indemnizatorio.
Objeta el razonamiento empleado por el juzgador para resolver sobre el punto; en este sentido, debatiendo acerca de la existencia del silencio que observa atribuido en el fallo, explica que surge de la comunicación agregada a fs. 151 que el día 27 de octubre de 2009 la señora G. intimó "al pago único integral de las prestaciones por accidente de trabajo", quedando en claro con esa notificación que fijó su posición rechazando la implementación del sistema de renta periódica. Agrega que lo "esperable" era que la aseguradora consignara judicialmente los montos respectivos.
Alega que el equívoco en el que incurrió el juzgador quizás pueda obedecer a que solo tuvo en consideración que los únicos intereses a aplicar son los moratorios, sin advertir que también existen otros de distinta naturaleza, como los compensatorios y punitorios.
II.2. Se opone a la decisión del sentenciante que impuso las costas en el orden causado respecto de la mentada pretensión de pago único de la prestación dineraria, ya que afirma que debieron recaer exclusivamente en la demandada en su condición de vencida por así disponerlo el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial. En apoyo de su postura, resalta que la accionada fue sancionada en la sentencia por desplegar una conducta temeraria y maliciosa.
II.3. Censura lo resuelto en el fallo de grado en cuanto se declaró inoficioso el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 15 apartado 2 segundo párrafo de la ley 24.557 (texto según dec. 1.278/00).
Señala que el tribunal de trabajo se apartó erróneamente de la jurisprudencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentara en las causas "Ascua, Luis R. c/ Somisa" (sent. de 10-VIII-2010) y "Vizzoti, Carlos c/ Amsa S.A." (sent. de 14-IX-2004), así como de las directrices plasmadas por esta Suprema Corte -entre otros- en el precedente L. 103.467, "E., R. G." (sent. de 26-X-2011), pues luce evidente que en autos la reparación sufrió -por aplicación del aludido tope- una quita del 265%, tornándola irrazonable.
Con ese basamento, esgrime que debe ser analizada la inconstitucionalidad de la limitación reparatoria, por configurar una clara vulneración de los principios protectorio y de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución nacional.
II.4. Controvierte que en la sentencia atacada se desestimara la aplicación de las disposiciones del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773.
Argumenta que a la fecha de entrada en vigencia de ambas normativas la aseguradora de riesgos del trabajo no había abonado la prestación adicional del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557, ni entregado en un único pago el resarcimiento contemplado en el art. 15 apartado 2 de dicha legislación. Aduce entonces, que si el fallecimiento del trabajador acaeció durante la vigencia de un régimen legal (ley 24.557, con las modif. introducidas por el dec. 1.278/00), existían "efectos pendientes de cumplimiento" que justifican la aplicación de la nueva legislación.
En sustento de su postura, acude a algunos pasajes del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Arcuri Rojas" (sent. de 3-XI-2009) y de lo resuelto por este Tribunal en las causas L. 82.285, "Massone" (sent. de 24-V-2006) y L. 89.058, "Farachi" (sent. de 26-X-2011).
II.5. Finalmente, critica que sobre el capital correspondiente a la segunda de las prestaciones que integran la condena se hayan aplicado intereses a la tasa pasiva que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Argumenta que en el pronunciamiento se ignoró la vigencia de la ley 14.399, cuya inconstitucionalidad no fuera planteada en autos, ni declarada de oficio por el tribunal de trabajo, lo cual evidencia que se ha fallado ultra petita .
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No es de recibo el agravio traído contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto condenó a la accionada a abonar la prestación dineraria por fallecimiento contemplada en los arts. 18 apartado 1 y 15 apartado 2 de la ley 24.557 sin adicionarle intereses.
III.1.a. Del modo en que ha sido elaborada, la crítica traída supone la revisión de la valoración que efectuó el tribunal de grado de las comunicaciones cursadas por las partes y, en fin, de la conducta por ellas exteriorizadas con anterioridad al inicio de las actuaciones. En tanto constituyen típicas cuestiones de índole fáctica, en el ámbito del recurso extraordinario deducido el agravio requiere la denuncia de absurdo (causas L. 104.557, "Fernández", sent. de 13-VI-2012 y L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017).
A pesar de las incorrecciones que el interesado le endilga al a quo , la ausencia en este tramo de la impugnación de la concreta invocación de aquel grave yerro refleja su insuficiencia.
III.1.b. Sin perjuicio de lo anterior, en una hipótesis más favorable al recurrente, sus manifestaciones tampoco lucirían aptas para desbaratar la definición que contiene el pronunciamiento.
En sustancia, insiste en destacar la trascendencia que tendría aquella liminar comunicación por medio de la cual la accionante se dirigió a la aseguradora "a fin de solicitar el pago único integral por el accidente de trabajo" (fs. 151).
Dicha misiva -lejos de ser ignorada- formó parte del análisis que desplegó el sentenciante, quien sin embargo, destacando la respuesta que brindó La Caja ART S.A. al notificarle a la señora G. que conforme la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación 28.928, debía seleccionar una compañía de seguros de retiro a fin de contratar la póliza de renta vitalicia y acompañar cierta documentación (v. fs. 155/156 y 167), sostuvo que el silencio guardado por la demandante frente a esta última comunicación impidió que la aseguradora cumpliera con su obligación conforme la normativa aplicable (v. vered., fs. 252 vta. y 253 y sent., fs. 262). Y, precisamente, contra este central aspecto de la motivación el interesado solo opone su subjetiva interpretación, de suyo ineficaz para demostrar que el escenario fáctico plasmado en el fallo y las conclusiones que de él derivaron sean producto del mero arbitrio del juzgador.
El absurdo es un instituto excepcional para casos extremos, que exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, y no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, ni puede la Suprema Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (causas L. 116.354, "Primitivo", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.616, "Mansilla", sent. de 22-XII-2015 y L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017).
Finalmente, omitida en el escrito inicial, debe recalcarse lo novedosa -y por ello extemporánea- que resulta la distinción que se practica en el recurso entre intereses moratorios, compensatorios y punitorios, cuyo soslayo por el tribunal -desde luego: solo según el personal criterio del quejoso- habría sido la causa del supuesto equívoco que infructuosamente se pretende evidenciar.
III.2. Tampoco prospera la objeción referida al modo en que fueron impuestas las costas en lo tocante a la pretensión de pago único de la prestación por fallecimiento a la que se aludió en el punto anterior.
III.2.a. La imposición y distribución de las costas, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas de los tribunales de trabajo y, por tanto, no son revisables en casación, salvo absurdo, que se configura cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe inequidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018).
Nuevamente, no se verifica cumplida por el recurrente la carga de denunciar la eventual presencia de aquel vicio en la sentencia cuestionada.
III.2.b. Para más, y reiterando a grandes rasgos los argumentos vertidos en su inicial agravio, lo expuesto en el recurso tampoco lograría acreditar la presencia de tan grave y excepcional yerro en esta parcela del pronunciamiento, que -vale aclarar- se encuentra dotado de fundamentos enlazados a las concretas particularidades del caso y que en la lógica del a quo lo justifican.
Puede agregarse, ya que a ello hace alusión el impugnante para reforzar su reproche, que la sanción por temeridad y malicia fue aplicada por el tribunal de la instancia bajo un análisis centrado en el incumplimiento referido al pago de la prestación adicional regulada en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557 (v. sent., fs. 263 vta.) de conformidad con lo peticionado en el escrito de demanda (v. fs. 43 vta.). Queda patentizada, así, la ajenidad de lo expresado por el interesado respecto de la temática en revisión.
III.3. En cambio, merece favorable recepción el planteo relativo al tope indemnizatorio previsto en el art. 15 apartado 2 segundo párrafo de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III.3.a. En la causa L. 117.074, "D., J. C." (sent. de 3-VI-2015) esta Suprema Corte confirmó -sin mi intervención- lo resuelto en la sentencia de grado del caso en cuanto se había declarado la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 (texto según dec. 1.278/00).
El criterio allí adoptado fue nuevamente empleado en el precedente L. 117.318, "Reineche" (sent. de 28-IX-2016), cuando -por mayoría, de la cual no participé en razón de considerar que el recurso deducido lucía insuficiente- acogiendo la impugnación efectuada por la trabajadora accionante, se juzgó que la limitación indemnizatoria contemplada -ahora- en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo (conforme el citado dec. 1.278/00) resultaba en el caso inconstitucional.
Ya en la causa L. 117.545, "Bottaia" (sent. de 18-X-2017) -y aquí mi sufragio contribuyó a conformar la opinión mayoritaria- este Tribunal reiteró esta línea de razonamiento y arribó a idéntica solución descalificando el tope previsto en la misma norma cotejada en el citado caso L. 117.318.
En los casos citados, frente a prestaciones reguladas en la ley 24.557, se afirmó que correspondía declarar la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios establecidos en las leyes especiales de accidentes de trabajo cuando su aplicación se traduce en un despojo del resarcimiento, de modo que el resultado económico de la indemnización desvirtúa la naturaleza reparatoria que procura la disposición legal, vulnerándose derechos de raigambre constitucional como los que surgen de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución de la Nación. Debe añadirse, que aún bajo un disímil régimen legal, la línea argumental esgrimida se nutrió de las directrices sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente A.374.XLIII "Ascua, Luis Ricardo c/ SOMISA s/ cob
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