Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120898
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 12 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.898, "Albarracín, Noelia Mabel contra Transfarmaco S.A. y otro. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 558/575).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 594/614).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Noelia Mabel Albarracín y condenó solidariamente a Transfarmaco S.A. y SEA Servicios Empresarios Argentinos S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diversos créditos salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo.
En lo que resulta de interés, dispuso que a los importes de condena se le adicionaran intereses calculados desde que cada obligación se hizo exigible y hasta su efectivo pago, aplicándose la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días (v. fs. 574/575).
II. Contra este último aspecto del pronunciamiento se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 594/614).
II.1. Inicialmente, esgrime ciertas consideraciones respecto de la limitación establecida en la norma del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la concesión del recurso y, en tal sentido, sostiene que cuando se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, el Tribunal Superior de la Provincia debe intervenir para agotar la instancia local sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales.
En esa línea, afirma que los fallos y precedentes del máximo Tribunal "deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el Tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires" (fs. 595/596).
Expresa, también, que este Tribunal ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal, a tales fines, invoca lo que a su criterio constituyen las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno", sentencia de 10-VI-1996 (v. fs. 596 y vta.).
II.2. Luego, en lo medular de su crítica, se agravia de la tasa de interés que el tribunal de origen aplicó al capital de condena.
Sostiene que al fallar en las causas S.722.XXIV "Simonet, Mario A. c/ La Primera de Ciudadela S.A. s/ Despido" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine, Gerardo M. c/ ODE S.A. s/ Despido" (sent. de 13-X-1994), la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales, por lo que el juzgador de grado no sólo ha violado esa "doctrina", sino también la de esta Suprema Corte en orden a los citados efectos vinculantes de los fallos emitidos por el máximo Tribunal.
Agrega que esta tasa afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, en tanto no se reparó en la depreciación monetaria que, como consecuencia del proceso inflacionario, ha sufrido el crédito de naturaleza alimentaria que le fuera reconocido en la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de origen, violándose de tal modo su derecho de propiedad, consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 605/606 vta.).
Con el objeto de acreditar el perjuicio sufrido como consecuencia de la aplicación de una tasa de interés -a la que califica de "fuertemente negativa"-, el recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561); la segunda, utilizando un porcentaje del 1.015,65% para el cálculo de los intereses; la tercera, por último, mediante la aplicación de la tasa activa con capitalización mensual de intereses (v. fs. 607/610 vta.).
Finalmente, denuncia que la sentencia vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil y ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 610/611 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar cabe señalar que, en la especie, el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia que resultaría entre la aplicación de intereses que fijó el a quo y lo que habría de obtenerse por alguno de los modos propuestos en el recurso- en ningún caso supera el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (según ley 14.141). Las operaciones del propio recurrente (v. fs. 604 vta.) dan cuenta de ello.
Siendo así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.1.b. No obsta a lo señalado que, a juicio del recurrente, las limitaciones contenidas en las mentadas normas adjetivas no resulten aquí aplicables, pues las razones que esgrime para justificar tal postura a las que en esta sede extraordinaria he de circunscribirme resultan desacertadas.
En efecto, aun cuando no se encuentra referido a la exégesis de norma alguna que haya regido la relación sustancial debatida en la especie conforme lo expuesto en párrafos anteriores, lo cierto es que lo transcripto por el interesado correspondiente al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996) para justificar la "obligatoriedad" o "carácter vinculante" que les atribuye a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 596 y vta.), corresponde a la opinión personal de uno de los ministros votantes en la mencionada causa, no constituyendo entonces "doctrina legal" que permita subsumir el caso en la hipótesis de excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.653.
Para más, y ello demuestra nuevamente la inhabilidad del entramado diseñado en el recurso en examen, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en estos pronunciamientos en modo alguno el alto Tribunal determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales; lo dicho por el quejoso, siguiendo un desenfocado trazo de razonamiento, parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia que no conformaron la postura mayoritaria, formulados en ambos casos por el entonces ministro doctor Fayt.
III.2. Con todo, y en tanto situados en la hipótesis de arbitraria violación de la jurisprudencia de la Corte Suprema, lucen inatendibles los argumentos que esgrime el interesado para evidenciar la configuración de una "cuestión federal", como otro de los caminos para sortear las restricciones procesales que en función de la summa gravaminis imperan en el caso.
Adicionalmente ha de recordarse, en tanto el planteo indirectamente pretenda orientarse en ese sentido, que los fallos de la Corte nacional (como los de otros tribunales) no constituyen la doctrina legal que hace viable al recurso en examen (causas L. 51.517, "Evangelista", sent. de 28-IX-1993; L. 94.448, "Tunstall", sent. de 10-XII-2008 y L. 92.935, "P., A.", sent. de 25-III-2009; e.o.).
III.3. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo fue traído por la recurrente como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012), sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación a la doctrina citada.
III.4. Finalmente, considero que no le asiste razón al recurrente en cuanto postula que se modifique la sentencia de grado en relación con la tasa de interés (pasiva digital) allí aplicada.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, como en la causa C. 119.176, "Cabrera", con sentencia de igual fecha (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
III.5. No obstante lo expuesto, y en atención a los agravios traídos, he de formular algunas consideraciones adicionales.
En el caso, el recurrente alude a la tasa de interés fijada por el tribunal de origen con los dicterios de "despojo", "violatoria del derecho de propiedad", "confiscatoria", "expoliación", etcétera. Prefiere (v. fs. 607 y sigs.) que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y sus modificatorias, o bien que se fije discrecionalmente una tasa que otorgue un rendimiento positivo puro, o -tercera posibilidad- usar los intereses a la tasa activa, sin definirse abiertamente por ninguna de las tres propuestas, o presentar alguna como principal, reservando a las otras el carácter de subsidiarias.
Sin perjuicio de la respuesta adversa que debe darse a tales planteamientos, en mi caso debido al sometimiento que he expresado a la doctrina de esta Corte y con reserva de mi opinión personal, no puedo dejar de anotar algunas observaciones que me provoca el enjundioso discurso del recurrente. En primer lugar, y tal cual se desprende de mis votos en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), y tal como lo reafirmé en la causa L. 118.587, citada, es evidente que soy de la idea de que debe autorizarse al juez a fijar, con prudente atención de las circunstancias de la causa, la tasa a la que deberán estimarse los intereses, postura que no ha variado (en todo caso, se ha fortalecido) con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial.
Por otra parte, y así como podría estar de acuerdo con el recurrente en lo anterior, hay al menos otras dos cuestiones en que discrepamos claramente: ni hay un deber de los tribunales inferiores de ajustar sus fallos a la doctrina de la Corte nacional, ni hay -no puede haberlo- un silogismo sólido (sin importar que sea válido) cuando se parte de premisas falsas (mucho menos un silogismo puede ser justo, que es un calificativo absolutamente inapropiado para un proceso inferencial).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. En lo que hace a la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, concuerdo con la propuesta decisoria del mencionado colega, a tenor de las consideraciones que expuse al sufragar en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 117.969, "Vallejo" (sent. de 10-V-2017).
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Suscribo el voto del doctor de Lázzari en los puntos III.1., III.2. y III.3.
I.2. Luego, respecto de la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, también concuerdo con la propuesta decisoria del mencionado colega, a tenor de las consideraciones que expuse al emitir mi opinión en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016).
II. Por ello, considero que debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. En cuanto a los intereses aplicados por el tribunal de grado, comparto la solución a la que arriba el colega doctor de Lázzari en su sufragio, si bien ello, a tenor de los fundamentos que brindé en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia