Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120344
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.344, "Calcagno, Arnoldo Mario contra Autoaseguradora Gobernación Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo. Acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción instaurada imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 133/140).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 156/165 vta.), el que fue concedido por el citado tribunal a fs. 167/168.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por el señor Arnoldo Mario Calcagno contra la Provincia de Buenos Aires en cuanto le había reclamado el pago de la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 133/140).
Para así decidir, señaló que no resultaban hechos controvertidos que el actor padece queratoconjuntivitis crónica, que contrajo el día 12 de diciembre de 2011 mientras desempeñaba sus tareas como enfermero en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín, y que por esa dolencia posee una incapacidad del 36% del índice de la total obrera (v. fs. 134).
Luego, con el objeto de establecer el marco normativo aplicable para la solución de la controversia, y en atención al planteo actoral, evaluó la validez constitucional de la ley 26.773.
Con apoyo en lo decidido por el tribunal en otras causas y en la opinión de doctrina autoral especializada, y a la luz del principio de aplicación inmediata de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil, expresó -con cita de doctrina- que la aplicación de las mejoras introducidas por el decreto 1.694/09 -haciendo una analogía con la normativa cuya constitucionalidad fue cuestionada- a aquellos "...infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de la vigencia de la norma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 y 17 de la C.N.), sino que protege a los trabajadores que no han visto cancelados sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (art. 75 inc. 22 y 23 CN y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22)..." (fs. 135/136).
Concluyó que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas aún con anterioridad a su entrada en vigencia y que a la fecha del dictado del pronunciamiento de mérito todavía se encontraran incumplidas. Destacó que esta conclusión no importaba aplicarla en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada. Agregó que no se podía castigar al trabajador con el pago histórico reparatorio del infortunio sufrido al amparo de la ley anterior, y que a la fecha de vigencia de la ley 26.773 no se le hubiera efectuado o se le hubiera efectuado en forma mermada, siendo ello concordante con el principio de progresividad (v. fs. 136).
En esos términos, decretó la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3, Cód. Civ.) en la inteligencia de que esta solución era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case "Aquino" (entre otros) y recepcionado en la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 26.
A continuación, efectuó el cálculo de la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 que le correspondía percibir al trabajador ($339.522,84) -conforme resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16- a la que agregó el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 ($67.904,56). El importe resultante fue ajustado según el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), ascendiendo el total a la cifra de $1.218.207,92, a la cual ordenó adicionar intereses conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 137).
II. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 156/165 vta.).
II.1. Se agravia de la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, aplicó en el caso tal normativa, cuya entrada en vigencia es posterior al acaecimiento del accidente sufrido por el actor.
En definitiva, alega que la interpretación formulada por el a quo importa la aplicación retroactiva de la norma.
II.2. Subsidiariamente, cuestiona el modo de aplicación del índice RIPTE en el caso. Señala que el tribunal de grado lo empleó como coeficiente multiplicador del capital obtenido, cuando -sostiene- de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley citada se desprende que el índice se aplica únicamente a las prestaciones adicionales de pago único y a los pisos mínimos indemnizables.
En ese sentido se agravia, porque al resolver como lo hizo, el a quo se apartó de las pautas establecidas en el decreto 472/14 sin siquiera declarar su invalidez constitucional.
Agrega que, además, utiliza erróneamente el piso indemnizatorio de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16 para el cálculo de la prestación establecida en el art. 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo, pues -expresa- es la vigente al tiempo del dictado de la sentencia y no al momento del hecho.
II.3. Finalmente, cuestiona la tasa (pasiva digital) a la que fueron calculados los intereses adeudados sobre el capital de condena, toda vez que -afirma- el tribunal de grado liquidó tales accesorios apartándose de la doctrina de esta Corte vigente sobre el punto y alega que tal decisión conduce a la imposición de intereses a una tasa que se equipara, en rigor, a la tasa activa establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014).
III.2. En ese contexto, ajustada la revisión al entramado normativo examinado en la sentencia, merece favorable recepción la crítica dirigida a cuestionar lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto determinó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. Al respecto, las razones que desplegué al emitir mi opinión en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), análoga en sustancia a la presente y a la que por celeridad remito, conducen a dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de aquella ley efectuada por el a quo.
III.2.b. Luego, en lo tocante al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) esta Corte ha reiterado -como principio- el criterio adoptado en torno a las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decretos 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
III.2.c. A tenor de lo hasta aquí señalado y teniendo en cuenta que, a la fecha en que el tribunal estableció -en conclusión firme- como determinante para definir el régimen jurídico aplicable, esto es el día 12 de diciembre de 2011 (v. sent., fs. 134 y 137) la ley 26.773 no se encontraba vigente, asiste razón al recurrente en cuanto postula que dicho texto legal no resulta aplicable y así debe ser declarado en el caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en sus prescripciones, el importe de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y la condena al pago de la indemnización adicional establecida en el art. 3 de aquella ley.
III.3. A partir de lo resuelto, no corresponde abordar la crítica que versa sobre el modo de aplicación del índice RIPTE, de las pautas indemnizatorias establecidas en el decreto 472/14 y en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16.
III.4. Por último, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
Al respecto, y en tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite , remito a los fundamentos expuestos en el voto que emitiera la doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), al que presté mi adhesión, por resultar sus consideraciones concordantes con las que expuse al sufragar en primer término en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto apartado III.2. de la presente.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Comparto lo expresado por el doctor Soria en el apartado III.1. de su sufragio, y coincido también con su propuesta de dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, ello, conforme el criterio que hube de sostener al sufragar la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), análoga a la presente.
I.2. En lo demás, he de recordar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) dejé plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la citada ley, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto de mi colega doctor Soria en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 solo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
I.3. Resuelta de este modo la controversia, coincido con lo expresado por el colega en el apartado III.3. de su voto.
I.4. Finalmente, no es de recibo el reproche a la tasa de interés (pasiva en su modalidad "digital") establecida por el tribunal de grado.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, como en la causa C. 119.176, "Cabrera", con sentencia de igual fecha (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, propongo el consecuente rechazo de este aspecto del remedio deducido.
II. Antes de terminar este voto, me veo en la necesidad de exhortar, una vez más, a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante, esta vez para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo. En el caso, la señora secretaria no ha suscripto el acta de la sentencia ni la del auto por el que el recurso extraordinario fuera concedido. Igualmente, no ha registrado -tal como le fuera ordenado, sin importar para el caso que esto fuera o no necesario- las resoluciones de fs. 117/119, 125 y vta., 166 y vta. y 167/168. Es verdad que estas falencias no afectan la validez de la sentencia dictada, pero tampoco pueden pasar inadvertidas en el marco de la adecuada administración de justicia.
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Costas por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Comparto lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto y adhiero a su propuesta de rescindir la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y declarar inaplicable esa normativa al caso examinado; conforme el criterio que hube de sostener al sufragar las causas L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) y L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a cuyos términos remito por motivo de celeridad.
II.2. Lo resuelto torna innecesario examinar el cuestionamiento que gira en torno al modo en que el a quo aplicó el índice RIPTE y las pautas indemnizatorias establecidas en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16.
II.3. En lo que hace a la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, coincido con la solución brindada por el colega ponente, a tenor de las consideraciones que expuse al sufragar las causas L. 118.587, "Trofe"; C. 119.175, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016) y L. 119.397, "Santillán" (sent. de 25-X-2017), entre otras.
II.4. Finalmente, comparto lo expresado por el doctor de Lázzari en el punto II de su voto.
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Costas por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. Asimismo, y por aplicación de la doctrina actualmente vigente, comparto la decisión de revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, ello a tenor de los argumentos que desarrollé al votar en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a los que remito por razones de brevedad.
I.3. Luego, en cuanto desestima el agravio tendiente a obtener la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773, suscribo la propuesta del ponente, expresada en los puntos III.2.b. y III.2.c. de su voto.
Asimismo, y como lógica derivación de ello, también acompaño la opinión expuesta en el punto III.3. de su opinión.
I.4. En lo vinculado a la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado, adhiero a la propuesta decisoria de mi distinguido colega, conforme los fundamentos brindados al emitir mi opinión en las causas C. 119.176, "Cabrera"; L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), a los que también envío.
I.5. Finalmente, suscribo lo expresado por el doctor de Lázzari en el punto II de su propuesta.
II. En consecuencia, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera en forma parcial.
II.1. Coincido con lo expresado por el doctor Soria en cuanto destaca que el recurso ha sido bien concedido.
II.2. Sentado ello, entiendo que debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia de origen.
Sobre el particular, he de insistir en que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 -como ya lo dijo esta Corte- ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
II.3. Luego, en lo concerniente a la aplicación del mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, comparto la solución propuesta por el doctor Soria, toda vez que
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.