Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120708
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.708, "García, Luciano José contra Prevención ART S.A. Materia a categorizar".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 211/217 vta.).
Se interpuso, por Prevención ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 223/237 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por Luciano José García, y condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma de $59.165,65 en concepto de diferencias por prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, aplicó el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) previsto en esta última normativa y dispuso que los intereses debían ser calculados conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 211/217 vta.).
En lo que resulta relevante, entendió que las sumas abonadas por la aseguradora de riesgos con anterioridad al inicio del juicio en el marco de las normas citadas ($137.430,87 y $27.486,17) resultaban insuficientes, en tanto al monto indemnizatorio "debía aditarse" el mencionado índice RIPTE "vigente entre la fecha del accidente" (enero de 2014) y "el correspondiente a la fecha de pago" (diciembre de 2014) más los intereses computados desde el evento dañoso hasta el efectivo pago con arreglo a la tasa antes indicada.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo, arbitrariedad, violación del principio de congruencia y errónea aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 17 del decreto 472/14 y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Señala que el a quo interpretó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, así como el art. 17 del decreto 472/14, que establecen que el índice RIPTE se utiliza para incrementar únicamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos fijados por el decreto 1.694/09, pero de ningún modo debe aplicarse -como lo hizo el tribunal de origen- sobre las fórmulas indemnizatorias.
Resalta que las reglas en juego no suponen, en modo alguno, un mecanismo de actualización de deudas ni de indexación de las indemnizaciones pendientes de pago, como resultaría de la modalidad empleada por el tribunal.
II.2. Por otro lado, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la liquidación de intereses.
Plantea que resulta improcedente la aplicación de dichos accesorios, en tanto, en el caso, la prestación fue "actualizada" conforme el índice RIPTE.
En ese orden, concluye que la decisión atacada provoca un enriquecimiento sin causa del actor.
II.3. Finalmente, y de modo subsidiario, impugna la tasa de interés según la cual el juzgador ordenó se liquiden los accesorios sobre el capital de condena.
Aduce que aquella (la pasiva "digital") vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otras que cita.
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1.a. Liminarmente debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1.b. Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.2. Siendo ello así, siguiendo el criterio adoptado por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), entiendo que le asiste razón a la recurrente en cuanto se agravia del modo en que el tribunal a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En dicha oportunidad se señaló que el referido índice debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; decreto 472/14).
Por ello, corresponde revocar la sentencia, en tanto el tribunal aplicó erróneamente el mentado índice sobre el importe de las prestaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773.
III.3. En el marco en que transita el recurso, no puede ser atendido el agravio mediante el que se cuestiona la aplicación de intereses por cuanto la recurrente no acredita la configuración del supuesto de excepción (art. 55, ley 11.653), toda vez que omite citar e individualizar doctrina legal de este Tribunal en apoyo de su postura (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 101.390, "Gómez", sent. de 16-III-2011 y L. 118.013, "Osorio", sent. de 15-VII-2015).
Además, es dable aclarar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 114.699, "Fleba", sent. de 17-VIII-2011 y L. 117.480, "Chaparro", sent. de 11-III-2015).
III.4. En lo que respecta al agravio relativo a la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado considero que debe desestimarse.
Para así decidir, y en tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite , habré de reproducir la parte pertinente del voto que emitiera la doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), al que presté mi adhesión, por resultar sus consideraciones concordantes con las que expuse al sufragar en primer término en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
III.4.a. Conforme se desprende de lo reseñado, en el pronunciamiento atacado se dispuso la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia", esto es, la tasa pasiva en la variante denominada "digital" (v. fs. 214).
III.4.b. En la citada causa L. 118.587 esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por otro lado, por los fundamentos vertidos en el voto mayoritario, a los que me remito en honor a la brevedad, estableció las razones por las cuales no es dable afirmar que los créditos laborales constituyen alimentos stricto sensu , en consideración de posturas asentadas en la naturaleza alimentaria de dichas acreencias (v. voto del colega doctor de Lázzari en los precedentes citados, y éste contrapuesto a su vez a la opinión del doctor Pettigiani en las mismas causas), descartando la aplicación del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Por lo demás, no se suscita en la especie el presupuesto fáctico que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera", sentencia de 18-III-2018 y C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-V-2018, en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito. Ello así, toda vez que -en el caso- la fijación del quantum indemnizatorio no habrá de traducir la estimación de los valores actuales de los mismos, ni importará la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos.
III.4.c. Se sigue de ello, que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.2. del presente.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden, en razón del progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. Respecto de la impugnación referida a la aplicación de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena, habré de realizar las siguientes consideraciones.
I.2.a. Inicialmente, considero necesario subrayar que la doctrina de esta Suprema Corte (sostenida en pronunciamientos como el de las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011) ha sido usar la tasa pura siempre y cuando el monto de la condena hubiera sido reajustado por el juzgador, aplicando para ello alguno de los índices de actualización publicado por organismos especializados. En estos casos, a fin de evitar el doble cómputo de la depreciación, los intereses se establecían por dicho período a la tasa del 6% anual.
Sin embargo, en el presente caso el importe indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, alcanza la suma de $137.430,87 ($8.750,69 x 53 x 15,5% x 1,91) superando el piso de $96.164,17 ($620.414 x 15,5%), al que se llega aplicando la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13, vigente al momento del accidente. En virtud de ello, en la especie no corresponde ninguna actualización del capital de condena, por lo que no resulta aplicable la referida solución.
I.2.b. En dicho contexto, el agravio bajo análisis debe ser desestimado a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-. Ello, a pesar de que, a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal, sentada en las citadas causas y propongo el rechazo de este aspecto del recurso deducido.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en el apartado final del voto que inaugura este acuerdo.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera conforme lo que sigue.
I.1. Teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad que aqueja al trabajador (15,5% del índice de la total obrera) y el ingreso mensual base computado por la aseguradora demandada (que estimó ajustado a derecho; v. fs. 213 vta.), el tribunal de origen calculó la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Dado el mayor valor obtenido respecto del mínimo de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14 (que resolvió de aplicación al supuesto de autos), calculó sobre aquel importe el 20% previsto en el art. 3 de la ley 26.773. Ajustó el resultado ($164.766,69) mediante el índice RIPTE vigente desde la fecha del accidente (enero de 2014) hasta el momento en que el actor percibió de la aseguradora la suma de $164.917,04, en diciembre de 2014.
Obtuvo así una diferencia indemnizatoria de $59.165,65, a la que adicionó intereses desde el accidente hasta su efectivo pago, estimados con la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia (tasa BIP).
I.2. Como señala el distinguido doctor Soria, el valor de lo cuestionado en esta instancia no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tales condiciones, la revisión del pronunciamiento debe efectuarse en el marco que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
I.3. Bajo tales lineamientos considero que la impugnación satisface los recaudos de una adecuada fundamentación, y en ese marco, cobran virtualidad las directrices que sobre la temática examinada ha fijado este Tribunal a partir del precedente L. 118.695, "Staroni", (v. sent. de 24-V-2016 y, en particular, el punto III.2.d[v]), con derivación en la causa L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), cuyos fundamentos doy por reproducidos merced a motivos de brevedad.
En tales términos, adhiero la propuesta efectuada en el apartado III.2. de su exposición de rescindir la aplicación al caso del ajuste por el índice RIPTE del modo ya referido, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de las normas aplicables al caso.
En consecuencia, corresponde devolver la causa al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta las constancias objetivas e la causa y lo alegado por la demandada a fs. 155, en orden a la cancelación de la obligación a su cargo.
I.4. Ante la rescisión del pronunciamiento con los alcances ya explicados, no corresponde pronunciarse sobre el agravio por la interposición de intereses sobre sumas previamente reajustadas.
Luego, ante la argumentación que en subsidio trae la interesada, respecto de la alícuota que -a todo evento- correspondería aplicar a créditos como el aquí debatido, hágase saber lo resulto por esta Corte en el presente L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, con motivo de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial.
Por lo demás, comparto con el colega ponente que en el presente caso no aparece configurado un supuesto excepcional que amerite un posible apartamiento de la doctrina legal allí establecida.
II. Con el alcance aquí indicado, corresponde admitir parcialmente el recurso de inaplicabilidad de ley traído. Costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.3., de su voto.
I.2. Luego, en lo que atañe a la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, ante la consolidación de la doctrina legal al respecto debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria del colega ponente.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi colega doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. En lo concerniente al embate por el que se objeta el tipo de tasa de interés aplicada en el fallo de grado sobre el capital de condena, suscribo la propuesta formulada en el punto III.4. del voto inaugural a excepción de lo expuesto en el último párrafo del punto III.4.b., por considerar que los restantes argumentos desarrollados resultan suficientes para abastecer la solución del agravio en el estrecho marco en el que la impugnación fue concedida.
En efecto, los precedentes cuya transgresión denuncia la recurrente no resultan idóneos para hacer lugar al planteo en el citado marco excepcional, desde que la decisión de aplicar -desde la fecha del evento dañoso- la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires se ajusta a la doctrina legal vigente de esta Suprema Corte respect
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