Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120384
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud , Soria , Pettigiani , Kogan , Torres , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.384, "Rocha, Luis Fabián contra Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 302/317 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 321/334).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 363/364 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado consideró no controvertido que el día 29 de enero de 2011 el señor Luis Fabián Rocha sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba sus tareas habituales para su empleadora, asegurada por Galeno ART S.A. -ex Consolidar ART S.A.-, quien aceptó dar cobertura a la contingencia. Tampoco, que a raíz de ello, la Comisión Médica correspondiente le diagnosticó su dolencia y le fijó una incapacidad del 28,84% del índice de la total obrera, percibiendo en sede administrativa, con fecha 2 de junio de 2011, la suma de $160.315,72 (v. vered., primera cuestión, fs. 302 vta. y 303).
Con apoyo en el peritaje médico realizado en autos fijó la incapacidad parcial y permanente en el orden del 39,5% del índice de la total obrera, teniendo en mira la minusvalía inicial estimada por el experto (34%), el método de la capacidad restante, la prexistencia del 9,39% y los factores de ponderación.
Ponderó asimismo que de la pericia psicológica producida, surgía que el señor Rocha presenta un cuadro reactivo moderado como consecuencia del accidente que no genera incapacidad permanente sino transitoria, remediable con tratamiento psicoterapéutico. En tales condiciones, juzgó no probada entonces "la existencia de daño psíquico incapacitante de carácter permanente derivado del hecho accidental" (vered., segunda cuestión, fs. 304).
Ya en sentencia, rechazó la pretensión del actor de aplicar al caso las prescripciones de la ley 26.773 y con ello, el pedido de inconstitucionalidad de su art. 17 apartados 5 y 6 y el ajuste de la prestación mediante el índice RIPTE (v. sent., fs. 309/316).
II. Contra la decisión de grado, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 321/334).
En sustento del primero de ellos, refiere que el a quo trasgredió los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; así como también los arts. 1, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 35, 36, 44 y 47 de la ley 11.653; 34 incs. 4 y 5 apartado "c", 36 incs. 2 y 3; 163 incs. 3, 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y ley 24.557.
En lo sustancial, manifiesta que el pronunciamiento adolece de fundamentación legal y jurídica.
En ese orden, afirma que el tribunal de trabajo: 1) refirió para aplicar el método de la capacidad restante (al porcentaje de incapacidad otorgado por el perito médico) un "supuesto" accidente de trabajo anterior al denunciado, que no fue invocado por ninguna de las partes, ni reconocido y probado en auto; 2) omitió lo establecido por la propia ley 24.557 en lo referente a que las incapacidades (tanto físicas como psicológicas) se transforman en definitiva con el solo transcurso del año desde la primera manifestación invalidante; 3) condenó a la demandada sobre cuestiones no peticionadas en autos (pluspetición), al ordenar brindarle tratamiento psicológico y 4) soslayó establecer en qué oportunidad se determinaría la incapacidad psicológica definitiva, en el caso de que su parte acceda a someterse al tratamiento que ordenó cubrir a la demandada.
Añade, que el juzgador de grado omitió valorar en forma completa las pericias médica y psicológica, lo cual torna viable "la anulación de oficio del pronunciamiento" (v. fs. 327 y vta.)
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen, fs. 363/364 vta.), entiendo que la impugnación no debe prosperar.
III.1. Inicialmente, es menester recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 116.830, "Baigorria", sent. de 13-V-2015 y L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016; e.o.).
III.2. En el caso, no advierto la configuración de ninguna de las causales nulificantes alegadas.
III.2.a. De un lado, se observa nítidamente que el desarrollo formulado por el propio interesado en su crítica no se corresponde con los presupuestos formales a los que el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires le atribuye virtualidad para anular un fallo judicial. Por el contrario, y aun cuando denuncia la transgresión del citado precepto, el derrotero argumental ensayado se disipa en la propia valoración del interesado respecto del contenido de la sentencia impugnada y del presunto desacierto de la decisión.
En tal sentido, esta Corte ha declarado que los agravios que se dirigen a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, la determinación del porcentaje de incapacidad indemnizable, el acierto jurídico de la decisión, el modo en que las cuestiones fueron resueltas por los magistrados de grado, se hallan vinculados a la imputación de eventuales errores in iudicando , resultando, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011 y L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014), siendo materia propia del de inaplicabilidad de ley.
También, y sobre las consideraciones efectuadas en torno a la valoración de la prueba, tiene resuelto esta Corte que resultan extraños al recurso extraordinario de nulidad los argumentos vinculados a la apreciación del material probatorio, así como a la eventual ausencia de tratamiento o su deficiente ponderación (causas L. 116.922, "Lavandera", sent. de 5-III-2014 y L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014).
III.2.b. Por otro lado -y aun cuando se soslayara que el recurrente no se ocupa, como es menester, de brindar argumentos que avalen la falta de fundamentación que atribuye al pronunciamiento- no logra demostrar el interesado la pretendida violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 115.513, "Salinas", resol. de 30-XI-2011; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.337, "Cabrera", resol. de 31-VII-2013), hipótesis que no concurre en la sentencia atacada, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
III.2.c. Finalmente, recuerdo que la anulación de oficio no es una propuesta que pueda ser articulada, como en el caso, por el recurrente (v. rec., fs. 327/328). No sólo porque si la invalidación de la sentencia es impulsada por la parte, su definición deja de ser oficiosa sino porque, como tantas veces lo ha expresado esta Corte, se trata de una facultad exclusiva y excluyente de este Tribunal y no asiste a las partes la potestad de efectuar un planteo de esa naturaleza (causas L. 102.173, "Dickson", sent. de 30-XI-2011; L. 106.706, "Abaurrea", sent. de 22-VIII-2012 y L. 117.701, "Titos", sent. de 20-V-2015; e.o.).
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el legitimado activo denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 28 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 39, 161 inc. 3 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 incs. 4 y 5 apartado "c" y 165 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que identifica.
En lo esencial, aduce que el sentenciante incurrió en absurdo en la valoración de la prueba y se apartó arbitrariamente del principio de congruencia.
En concreto -reeditando los argumentos expuestos en su recurso extraordinario de nulidad- ensaya los siguientes agravios:
Inicialmente, cuestiona el método de la capacidad restante utilizado por el tribunal de grado al momento de fijar la incapacidad del trabajador, en tanto -entiende- versa sobre una cuestión no traída ni reconocida en autos (un supuesto accidente de trabajo anterior al denunciado en estas actuaciones, no invocado por ninguna de las partes).
Luego, objeta el rechazo de la indemnización reclamada por daño psicológico. Alega que la ley 24.557 determina que las incapacidades (tanto físicas como psicológicas) se transforman en definitivas con el sólo transcurso del año desde la primera manifestación invalidante y por ello el juzgador debió sumar la incapacidad psicológica al monto de condena. Añade que dicha forma de resolver no permite establecer en qué oportunidad se determinará su carácter de definitivo.
En otro orden, manifiesta que -en el caso- se ordenó otorgar tratamiento psicológico a su parte, cuando el mismo no fue solicitado; condenando así a la demandada más allá de lo peticionado en autos.
Por último, se agravia de que el cálculo indemnizatorio fuera realizado conforme las prescripciones de la ley 24.557, rechazando su pedido de aplicar al caso la ley 26.773, ajustar la prestación dineraria a través del índice RIPTE y declarar la inconstitucionalidad del art. 17 apartados 5 y 6 y art. 3.
II. El recurso no prospera.
II.1. Peticiona el recurrente el reconocimiento de un porcentaje mayor de incapacidad parcial y permanente.
II.1.a. Esta Corte ha declarado que la valoración del material probatorio -incluido el informe pericial médico- a fin de determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente o enfermedad del trabajo, constituye una potestad privativa de los tribunales de trabajo, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causa L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015).
Es preciso recordar que la acreditación de aquel vicio invalidante exige la verificación de un error grave y grosero, que se configura cuando la decisión desatiende el orden lógico formal de un razonamiento válido, por lo que conduce a postulados insostenibles, o exhibe conclusiones palmariamente inconciliables con el elenco circunstancial de la causa (causas L. 95.397, "Otaviani", sent. de 15-VI-2011; L. 117.058, "Spadafora", sent. de 16-VII-2014 y L. 118.933, "Saenz", sent. de 5-X-2016).
Y si bien el recurrente ha señalado que el pronunciamiento adolece de tal anomalía, sus afirmaciones son insuficientes -en mi opinión- para demostrar su configuración.
II.1.b. Como fuera anunciado en el relato de antecedentes, el tribunal de origen estableció que el grado de minusvalía resarcible que aqueja al trabajador asciende al 39,5%.
Ponderó la prueba colectada en el proceso, en particular, la pericia médica no impugnada por las partes y el dictamen de la Comisión interviniente agregado por ambos litigantes (v. fs. 10/14 y 74/78; analizado por el experto), daban cuenta que las secuelas incapacitantes del trabajador ascendían al 34% del índice de la total obrera. A su vez, teniendo en cuenta el método de la capacidad restante, la comprobación de una minusvalía existente del 9,39% (100 - 9,39 x 34%) y los factores de ponderación que surgen de la experticia, el a quo fijó la incapacidad parcial y definitiva en el orden del 39,5%.
II.1.c. En tales condiciones, la forma en la que el a quo estableció el porcentaje de incapacidad, constituye el resultado de la valoración de la prueba (pericial médica y documental) aportadas a la causa, conclusión que -reitero- en principio no puede ser revisada en casación. Desde esta perspectiva, el quejoso no logra demostrar que se hubiere plasmado una solución notoriamente absurda o irrazonable y que sus conclusiones no sean fruto del análisis de las constancias de autos.
En este sentido, las distintas manifestaciones que al respecto contiene el recurso, no han aportado ningún elemento convincente para descalificar el contenido del fallo. Recuérdese que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011 y L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014), lo que -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
II.1.d. Asimismo, carece de fundamento la crítica vinculada a la supuesta transgresión al principio de congruencia expuesta, por cuanto no se ha manifestado argumento alguno que permita visualizar el apartamiento del órgano de grado del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose el pronunciamiento atento a la pretensión jurídica que forma el contenido del incidente (causas L. 120.861, "Napolitano", resol. de 15-XI-2017 y L. 120.775, "Rodríguez", resol. de 6-XII-2017
II.2. Tampoco el interesado logra conmover la conclusión del sentenciante relativa al rechazo del reclamo indemnizatorio referido al daño psicológico y el otorgamiento de tratamiento psicoterapéutico.
II.2.a. Al respecto, esta Corte ha declarado que la evaluación de la prueba pericial y la eficacia que se adjudique a las conclusiones del experto, constituyen cuestiones propias de los jueces de grado, no susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 88.679, "Astudillo", sent. de 7-IX-2005; L. 90.384, "N., P.A.", sent. de 9-V-2007; L. 99.486, "Nuñez", sent. de 13-IV-2011 y L. 114.540, "Celendaro", sent. de 12-VI-2013; e.o.).
II.2.b. En el caso, el a quo determinó que la pericia psicológica obrante en la causa estableció que, como consecuencia del accidente laboral padecido, el actor padece un cuadro reactivo de grado moderado, que le genera una incapacidad parcial de carácter transitoria del 15%, ello en caso de mediar un tratamiento psicoterapéutico que le permita superar las dificultades que presenta y evitar el agravamiento de los presentes en la actualidad (v. vered., segunda cuestión, fs. 303 vta. y 304).
Con sustento en tales conclusiones, juzgó que aquella disminución tenía carácter temporal y era redimible a través de un tratamiento adecuado, con lo cual no se encontraba acreditada la existencia de daño psíquico incapacitante fuera de tipo permanente (v. vered., segunda cuestión, fs. 304).
En la etapa de sentencia, el órgano judicial de grado consideró que la aseguradora demandada debía dar cobertura a la mencionada patología que afectaba al señor Rocha y otorgar las prestaciones conforme lo establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 20) -ante petición del trabajador- y dentro de los diez días de requerido -por medio fehaciente- bajo apercibimiento de astreintes y lo dispuesto en aquella ley. Aclaró que dicha prestación consistiría "en el tratamiento psicológico necesario para remediar la incapacidad transitoria que porta, el que se extenderá por el tiempo adecuado para la patología" (v. sent., fs. 308 vta.).
II.2.c. Sobre el particular, se revela nítidamente que la crítica formulada por el interesado no se hace cargo de controvertir estas esenciales conclusiones que nutren al fallo de grado, desenfocándose así del esquema delineado por el juzgador para resolver la controversia.
Al respecto, el a quo hubo de considerar específicamente lo peticionado en demanda en cuanto al daño psicológico alegado, mas no tuvo por acreditado que el mismo fuera permanente y con ello que ameritara otorgarle porcentaje de incapacidad. Sino que por el contrario, su carácter transitorio permitía que dicha situación pudiera ser revertida a través de un tratamiento psicoterapéutico, el cual consideró prudente sea solicitado por el actor y, en ese caso, abonado por la demandada.
Resulta de aplicación -entonces- la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente la conclusión medular del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 94.850, "Vargas", sent. de 3-III-2010; L. 103.086, "Vidal", sent. de 18-V-2011; L. 117.348, "Jiménez", sent. de 11-II-2015 y L. 118.310, "Moreyra", sent. de 24-II-2016).
II.3. Luego, entiendo que la objeción al rechazo de la aplicación al caso de la ley 26.773 y la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5, tampoco pueden prosperar.
Si bien se advierte que la pieza recursiva no contiene un desarrollo argumental al respecto, pues sólo se limita a enunciar el agravio (v. fs. 323), he de formular las siguientes consideraciones para satisfacción del interesado.
II.3.a. En primer lugar, la crítica dirigida a cuestionar la desestimación del planteo de la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, no es de recibo a tenor de lo resuelto por esta Corte en el precedente L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), al cual remito por razones de brevedad.
II.3.b. Luego, cabe mencionar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) este Tribunal ha establecido que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2000 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B.T., E. y otros", sent. de 8-II-2017).
A tenor de lo manifestado, y teniendo en cuenta que a la fecha en que se produjo el i
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