Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120973
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.973, "Frontera, Diego Alejandro c/ Provincia ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la accionada (v. fs. 199/214 vta.).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires -en representación de Provincia ART S.A.-, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 222/235).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda deducida por el señor Diego Alejandro Frontera contra Provincia ART S.A. y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, ello, con más el índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
En el fallo de los hechos, determinó que el actor trabajó como Policía para el Estado provincial y que el día 25 de mayo de 2007 sufrió un accidente de trabajo.
Añadió que el 16 de septiembre de 2009 la Comisión Médica estableció que el señor Frontera sufre una lumbalgia postraumática, curada sin secuelas resarcibles y que el 2 de octubre de 2009 impugnó dicho dictamen (v. vered., fs. 199 vta.).
Consideró asimismo, que como consecuencia del siniestro laboral indicado el trabajador padece lumbalgia y hernia lumbar con sintomatología dolorosa, encuadrable dentro del sistema de la ley 24.557 como lumbalgia post-traumática con severas alteraciones clínicas y radiográficas, que lo incapacitan en forma definitiva en el orden del 10,5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 200).
Ya en sentencia, con apoyo en distintas opiniones doctrinarias y jurisprudenciales, el tribunal de grado estableció que era aplicable al caso la normativa que emana de la ley 26.773 y declaró la inconstitucionalidad del decreto 472/14 por haber reglamentado de modo irrazonable a los arts. 8 y 17 apartado 6 de dicha ley (v. fs. 206 vta. y 207 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3 y 8 de la ley 26.773; las leyes 23.928 y 25.561; el decreto 472/14 y los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; así como la doctrina legal que identifica.
II.1. Alega absurda apreciación de la pericia médica. Sostiene que a partir de lo expuesto por el galeno, el a quo vinculó causalmente el daño sufrido por el demandante y el siniestro objeto de reclamo, soslayando que al responder las impugnaciones, aquél no sólo había señalado la ausencia de secuelas incapacitantes para cumplir labores habituales, salvo dolor (subjetivo), sino también la existencia de otro evento dañoso no denunciado como accidente de trabajo.
II.2. Por otro lado, cuestiona la aplicación retroactiva de la ley 26.773. En este sentido afirma que el art. 17 apartados 5 y 6 de dicha ley estableció que el índice RIPTE se aplicaría a los accidentes de trabajo cuya primera manifestación invalidante sea posterior a su entrada en vigencia, por lo que el caso de autos debió resolverse con la ley 24.557 y las modificaciones del decreto 1.278/00. En apoyo de su postura cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales (v. rec., fs. 228/229).
II.3. Expone, además, que en el caso el tribunal actuante aplicó una actualización doble del capital de condena, en tanto tomó las bases indemnizatorias de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, para luego multiplicar dicha cifra por el índice RIPTE que fijó como coeficiente.
Sostiene que de la correcta interpretación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 se desprende que el RIPTE se aplica únicamente a las prestaciones adicionales de pago único y a los pisos mínimos indemnizables, y no como lo hace el tribunal de grado. Señala que las resoluciones 3/14, 22/14, 6/15 y 28/15, así como el decreto 472/14 al reglamentar los arts. 8 y 17 de la ley citada, confirman el criterio expuesto.
II.4. Finalmente, aduce que la regulación de honorarios practicada por el a quo excede el tope legal que establece el art. 505 del Código Civil (art. 730, Cód. Civ. y Com. de la Nación), en tanto los emolumentos y aportes del doctor Perot y del perito médico Fraraccio, fueron fijados en una escala del 27%. En apoyo de su postura, cita el precedente de esta Corte L. 77.859, "Acosta", sentencia de 27-VII-2005.
III. El recurso prospera en forma parcial.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que el remedio ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2. Por otro lado, surge del auto de concesión que la vía recursiva ha sido admitida en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, desde que el a quo consideró que el valor del litigio no supera el límite previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según ley 14.141, sin que la impugnante formulara objeción alguna (v. fs. 239 y vta.).
Desde esta perspectiva, el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado sólo puede abordarse en ese acotado marco de examen.
III.3. Sentado ello, y ceñido a los términos de la presentación advierto que -con relación a los tres primeros agravios esbozados- la recurrente no ha denunciado la violación de doctrina legal alguna que habilite la revisión del pronunciamiento de origen por conducto de la excepción contemplada en la mencionada norma adjetiva.
No obstante lo expuesto habré de agregar, ya que a ello se hace mención en el recurso (v. fs. 228/229), que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (así como de otros tribunales de justicia) y la opinión de los autores no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 119.737, "Pavón", resol. de 9-III-2016 y L. 119.887, "Graff", resol. de 22-VI-2016).
III.4. En otro orden de cosas, le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el órgano judicial de grado transgredió la doctrina legal elaborada en torno al art. 505 del Código Civil (según ley 24.432).
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en la citada norma legal ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por mayoría (causas L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L 112.832, "G., D.H.", sent. de 2-V-2013 y L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.). Además, como bien lo destaca la impugnante, fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo (causas L. 118.380, "Arce" y L. 115.743, "Avalos", sents. de 11-IV-2018).
En el caso, del relato de los antecedentes y de los cálculos aportados por la interesada, es dable advertir que el órgano judicial de grado, en la última estimación de los conceptos integrantes de la condena en costas, excedió el límite (25% del monto de la sentencia concerniente a ésta) establecido en la ley 24.432 (v. fs. 213).
En atención a lo señalado, corresponde revocar el pronunciamiento de grado en esta parcela y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida, así como también lo normado por el art. 330 de la ley 10.397, dicte nuevo pronunciamiento observando los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la codemandada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a su parte.
IV. Por todo lo dicho, propongo hacer lugar parcialmente al recurso traído y revocar la resolución atacada con el alcance indicado en el punto III.4. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Con costas por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por el doctor Genoud en el punto III.1. y en el primer párrafo del punto III.2., de su voto.
I.2. El despliegue argumental que contiene el recurso respecto de la valoración de la pericia médica resulta inadmisible, porque la interesada además de no vincular la crítica que esgrime con la cita de doctrina legal, pretende la revisión de una cuestión de hecho y de prueba que, como es sabido, resulta ajena a la hipótesis habilitante prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 103.530, "Franchica", sent. de 7-IX-2011 y L. 119.787, "Bianchi", sent. de 25-X-2017).
I.3. En otro orden, juzgo que debe prosperar la crítica mediante la que se cuestiona la aplicación al caso del índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
I.3.a. La respuesta sobre el particular no puede soslayar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta no se encontraba vigente a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C.G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
I.3.b. Definido lo anterior, en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) esta Corte estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia; ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en numerosos precedentes (causas L. 118.738, "Noguera", sent. de 17-V-2017; L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017 y L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
A tenor de lo señalado, y teniendo en consideración que a la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante (el día 25 de mayo de 2007; v. vered., fs. 199 vta.), la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que no resulta aplicable al caso el índice RIPTE regulado en dicha ley, debiéndose liquidar la prestación dineraria reconocida al actor en los términos de la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
I.4. En función de lo resuelto precedentemente, no corresponde analizar los cuestionamientos que porta el medio de impugnación relacionados con la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14 y la responsabilidad por el pago de las costas.
En este último aspecto, señalo que la decisión de revocar el fallo de grado en cuanto juzgó aplicable la ley 26.773 indudablemente habrá de gravitar, modificando sus cuantías, tanto en orden al monto de condena, como al de los honorarios profesionales. Tales circunstancias, a su vez, tendrán incidencia en el escenario en el que habrá de operar, llegado el caso, la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en el art. 505 del Código Civil (art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24.432), que -vale destacar- ha sido aplicable en el ámbito provincial por esta Corte -por mayoría- en distintos pronunciamientos (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 81.838, "Macalusi", sent. de 10-X-2003 y L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005; e.o.).
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y casar el pronunciamiento de grado en cuanto aplicó el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas de esta instancia por su orden, atento al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos I.1. y I.2., de su voto.
I.2. Asimismo, acompaño la decisión que propone el colega respecto a la inaplicabilidad al caso de la ley 26.773; ello, en función de la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causa L 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016; e.o.).
I.3. Finalmente, coincido con su propuesta decisoria contenida en el punto I.4.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo dispuesto en el punto II del sufragio del doctor Soria.
Con el alcance indicado , así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia