Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121253
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan , Genoud , Soria , Pettigiani , Torres , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.253, "Portillo, Pablo Edgardo contra Bazar Avenida S.A. y otro/a. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas solidariamente a las codemandadas vencidas (v. fs. 481/500 vta.).
Se interpuso, por la codemandada Prevención ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 516/525).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado -previa declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557- admitió la demanda promovida por el señor Pablo Edgardo Portillo y condenó solidariamente a Bazar Avenida S.A. y a Prevención ART S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización integral por los daños y perjuicios vinculados a la incapacidad que alegó padecer a consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 19 de diciembre de 2009, mientras prestaba tareas bajo la dependencia de la empleadora (v. fs. 481/500 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditada la existencia del infortunio, ocurrido -señaló- cuando al levantar una caja que contenía un equipo de aire acondicionado para cargarla en un camión, el actor sintió un fuerte dolor en la región lumbar que lo dejó inmóvil; y las consecuencias que derivaron del evento: lumbalgia por hernia de disco con alteraciones clínicas, radiográficas y limitación de la movilidad, y un proceso psicopatológico instalado de reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva grado I/II; que lo incapacitan en un 20% del índice de la total obrera, elevándose la minusvalía al 27% al adicionar los factores de ponderación (v. fs. 482 vta. y 483).
Tuvo por probado además que durante la relación laboral el accionante estuvo expuesto a la realización de múltiples tareas, entre ellas, las de carga y descarga de los diversos electrodomésticos que comercializaba Bazar Avenida S.A. y que esta última no adoptó las medidas necesarias para preservar la indemnidad psicofísica de su dependiente, toda vez que sólo había realizado los exámenes preocupacionales, pero no le brindó capacitación alguna en materia de seguridad en el trabajo, ni le entregó elementos de protección para la realización de sus labores. Asimismo, que Prevención ART S.A. inobservó sus deberes de control y vigilancia impuestos por la ley 24.557 y su reglamentación, hallándose causalmente vinculados los incumplimientos de ambas demandadas con el accidente de trabajo sufrido por el trabajador (v. fs. 483 vta./485 vta.; 491 vta./492 y 496/497).
Determinó que se hallaban configurados en autos los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetiva y objetiva de la empleadora (arts. 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil de Vélez Sarsfield), y comparó el importe garantizado por la ley 24.557 ($69.447,34), con aquel otro al que la víctima accedería con sustento en el régimen común ($603.896,36), pronunciándose por la invalidez constitucional del art. 39 de la citada ley por resultar violatorio de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 43, 75 incs. 12 y 23 y 121 de la Constitución nacional; 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. sent., fs. 490/496).
Luego, hallándose comprobada la existencia del nexo de causalidad adecuado entre el daño sufrido por el actor y el obrar omisivo de Prevención ART S.A. -al no cumplir con sus obligaciones que la ley pone a su cargo (arts. 4 y 31, LRT y 18 y 19, dec. 170/96)-, el tribunal de origen concluyó que resultaba solidariamente responsable con el principal por el pago del monto establecido en concepto de reparación integral, conforme el art. 1.074 del Código Civil -ley 340-, vigente en la fecha en que sucedieron los hechos ventilados en la causa (v. sent., fs. 496/497 vta.).
II. Contra este último aspecto de la decisión, la aseguradora de riesgos del trabajo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la violación de los arts. 1, 5, 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 4 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 15, 39 inc. 1, 45, 56, 103 inc. 13, 115, 116 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 902, 1.074, 1.075, 1.076, 1.078 y 1.109 del Código Civil (ley 340); 14, 22 y 29 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1, 2, 4, 6, 8, 14, 21, 22, 46 y 49 de la ley 24.557 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 516/525).
II.1. En primer término, cuestiona el quantum de la indemnización reconocida al actor.
Refiere que al determinar dicho importe el tribunal de grado cometió un error aritmético o de cálculo, ya que tomó en consideración un valor mensual del ingreso base distinto al establecido por el perito contador en su informe.
En ese sentido, explica que tal como hubo de consignarlo el propio órgano jurisdiccional en la sexta cuestión del veredicto, dicho guarismo fue fijado por el experto contable en la suma $2.322,04, mientras que en la sentencia se estipuló -absurdamente- que aquél ascendía a $3.943, incrementándose de tal manera sustancialmente el monto del resarcimiento.
Aduce que -para más- el juzgador tomó en consideración un valor erróneo del salario diario.
Agrega que también causa agravio el hecho de no haber modificado el a quo la liquidación respectiva al haber sido anoticiado de dicho error material mediante presentación electrónica de fecha 16 de junio de 2017 (v. fs. 518/519 vta.).
II.2. Por otra parte, denuncia que al aplicar los magistrados de origen intereses sobre el capital de condena, incurrieron en una doble actualización del crédito reconocido al actor por el progreso de la demanda.
En este aspecto, alega que al practicar la liquidación de la indemnización integral de los daños y perjuicios el sentenciante utilizó la denominada "fórmula Méndez", la cual prevé que la víctima del infortunio o de la enfermedad del trabajo perciba su crédito actualizado en función de la depreciación monetaria, por lo que -afirma- no corresponde, sin incurrir en una clara transgresión del derecho constitucional de propiedad, anexar a dicho capital tales accesorios a la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 519 vta./520 vta.).
II.3. Por último, controvierte la definición de grado por la cual se condenó solidariamente a Prevención ART S.A. en los términos del art. 1.074 del Código Civil.
Refiere que sólo una absurda valoración de la prueba y una errónea interpretación de las normas vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo pudo llevar al tribunal de origen a concluir que dicha entidad inobservó las obligaciones previstas por los arts. 4 y 31 de la ley 24.557.
Aduce que con la prueba pericial técnica producida en autos quedó probado que la aseguradora cumplió con las disposiciones contenidas en tales preceptos, así como las previstas por la ley 19.587, el decreto 170/96 y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 463/09 y 529/09.
Asegura que el juzgador interpretó erróneamente las obligaciones asumidas por la aquí impugnante.
Asevera que luce evidente el absurdo en el que incurrió el sentenciante al atribuirle responsabilidad civil con sustento en meras consideraciones genéricas respecto del incumplimiento de los deberes de prevención, control y vigilancia impuestos por la ley 24.557.
Alega que -conforme puede extraerse del análisis de la pericia técnica y de las declaraciones testimoniales- las tareas de carga y descarga de electrodomésticos fueron ordenadas por la empleadora de Portillo, para quien se había contratado una póliza por su trabajo de "vendedor de salón".
Expresa que tampoco correspondía responsabilizar a Prevención ART S.A. por la ausencia de elaboración de los Planes de Mejoramiento, ya que éstos dejaron de ser exigibles a partir del 31 de diciembre de 1998, fecha tope que fuera impuesta por el decreto 170/96.
Indica que para el desarrollo de tales labores no resulta necesaria la entrega de elementos de protección personal, la realización de exámenes médicos periódicos o brindar capacitación en materia de seguridad e higiene relativa a la carga y descarga, por no estar expuesto el trabajador al agente de riesgo "posiciones forzadas".
Destaca que el tribunal de trabajo no apreció que la elección de los elementos de seguridad debe basarse en el estudio y la evaluación de los riesgos complejos presentes en el lugar de trabajo, lo que comprende la duración de la exposición de los trabajadores a los mismos, su frecuencia y gravedad, las condiciones existentes en el ambiente laboral y su entorno, información esta que Prevención ART S.A. hubiese obtenido de haber denunciado la empleadora que el actor prestaba tareas de carga y descarga de electrodomésticos, tal como fuera invocado en el escrito de demanda.
Argumenta que el incumplimiento de tal obligación por parte de Bazar Avenida S.A. sólo a ella le resulta imputable, por lo que cabe eximir de toda responsabilidad civil a Prevención ART S.A. al encontrarse interrumpido el nexo de causalidad adecuado entre la supuesta omisión que le fuera endilgada y el daño ocasionado en la salud del trabajador.
Manifiesta que el tribunal de origen alteró las reglas del onus probandi , habida cuenta que le impuso a su parte la obligación de demostrar un hecho que incuestionablemente se encontraba acreditado con la producción del peritaje técnico, transgrediendo de tal modo dicho órgano jurisdiccional las disposiciones del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Cita en apoyo de su postura a jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para finalmente invocar que los jueces de grado no se ciñeron a la regla de la sana crítica, de apreciación insoslayable en el proceso laboral local al momento de emitir el fallo (v. fs. 520 vta./522 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Por razones metodológicas, considero que debe alterarse el orden de los agravios reseñados para su tratamiento y, en consecuencia, abordaré, en primer término, el reproche dirigido a desvirtuar la sentencia en cuanto juzgó configurada la responsabilidad civil de Prevención ART S.A. y la condenó a pagar -solidariamente con la empleadora- la suma que específicamente determinó en concepto de indemnización por daños y perjuicios con sustento en el derecho común.
III.1.a. Al respecto, cabe destacar que determinar si la aseguradora ha cumplido -o no- con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como igualmente, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el daño ocasionado en la salud de los trabajadores, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo (causas L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011; L. 110.773, "Asensio", sent. de 13-XI-2012; L. 105.679, "Lazarte", sent. de 12-XII-2012; L. 115.585, "Valdés", sent. de 5-XI-2014; L. 118.512, "Romano", sent. de 6-IV-2016; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017 y L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017).
III.1.b. La crítica ensayada por la recurrente no evidencia la apuntada anomalía.
III.1.b.i. En el veredicto, el tribunal de trabajo tuvo por acreditado que las afecciones por las cuales reclamó el actor fueron causadas por las tareas realizadas para su empleadora, en atención a que debía manipular, cargar y descargar mercadería de gran tamaño y peso (electrodomésticos tales como heladeras, lavarropas, aires acondicionados, entre otros) sin la debida capacitación ni provisión de elementos básicos de seguridad, como por ejemplo, faja lumbar; todo lo cual desencadenó el accidente que motivó el inicio de la presente litis (v. fs. 483 vta./485).
Puntualizó que ninguna prueba produjo la aseguradora tendiente a acreditar el cumplimiento de las obligaciones que la ley 24.557 pone a su cargo, quedando por el contrario demostrado que de haber efectuado los pertinentes controles podría haberse capacitado al personal de ventas para la manipulación de los productos. En esa inteligencia, continuó, debió haber fiscalizado que efectivamente se proveyera al trabajador de elementos de seguridad correspondientes para la realización de la tarea indicada. Finalmente, afirmó, para completar la lista de incumplimientos incurridos, una vez acaecido el accidente, si bien en una primera instancia Prevención ART S.A. le brindó asistencia al señor Portillo, luego consideró como "enfermedad inculpable" a las patologías que lo aquejaban, dejándole de otorgar las prestaciones (v. fs. 485 y vta.).
Juzgó que a partir del momento en que suscribió el contrato de seguro con la empleadora, dicha entidad tuvo a su cargo, por imposición de la ley 24.557, una labor esencial y anterior a la reparación económica de los daños en la salud de los trabajadores allí ocupados: la prevención. En tal carácter, debía efectuar visitas al lugar de trabajo, realizar estudios de factores de riesgo, aconsejar y exigir la adopción de medidas de seguridad y planes de mejoras, verificar que se realizaran exámenes médicos periódicos y controlar la asignación de tareas de acuerdo a la capacidad del dependiente, como así también denunciar todo incumplimiento ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. fs. 496).
Así, y de conformidad a lo determinado en el veredicto, indicó que había quedado demostrado que la aseguradora había incumplido todas las obligaciones que el sistema especial de reparación de infortunios laborales puso a su cargo. No realizó inspecciones en el establecimiento de la empleadora, lo que le impidió tomar cabal conocimiento de cuáles eran las labores que debían prestar los vendedores (las que incluían la carga y descarga de electrodomésticos), habiendo podido -en su caso- diseñado algún plan de mejoramiento. Tampoco instruyó a la empresa a fin de evitar o morigerar los daños en la salud de los trabajadores en atención a las tareas llevadas a cabo y el modo de hacerlo (v. fs. 496 vta.).
Concluyó que las circunstancias descriptas, conducían a sostener que al incumplir Prevención ART S.A. con las obligaciones que impone el sistema de la ley 24.557, y contribuir tal omisión a la causación del daño, ésta resultaba civilmente responsable en los términos del art. 1.074 del Código velezano, debiendo responder solidariamente con el empleador por la reparación integral que le corresponde percibir al trabajador (v. fs. 496 vta. y 497).
III.1.b.ii. En lo sustancial, la agraviada sostiene que el juzgador interpretó incorrectamente las obligaciones que se encuentran a su cargo en virtud del contrato que la uniera con Bazar Avenida S.A. en los términos de la ley 24.557, y que de la totalidad de la prueba agregada a la causa no puede extraerse como conclusión que hubiera incumplido las normas vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo, ni que se encuentre configurada su supuesta responsabilidad civil en la producción del infortunio. Ello, en tanto -aseguró- fue la empleadora quien ordenó al trabajador la realización de tareas de carga y descarga de electrodomésticos, desvirtuando así las labores que Portillo tenía a su cargo y por las cuales tenía contratada una póliza como "vendedor de salón". De allí que, continuó, tampoco se le pudo endilgar a su parte la falta de entrega de elementos de protección personal, ya que el actor no se encontraba expuesto a ningún agente de riesgo, lo cual trajo aparejado también que no resultaba necesario efectuarle exámenes médicos periódicos ni brindarle capacitación en materia de seguridad e higiene (v. rec., fs. 521 vta. y 522).
III.1.b.iii. De lo expuesto puede nítidamente advertirse que las argumentaciones que definen el contenido del agravio, son fruto de una reflexión tardía, resultando absolutamente novedosas y por ende ineficaces para habilitar la vía recursiva intentada.
En efecto, en la debida y oportuna etapa procesal, esto es al contestar demanda (v. fs. 113/137), la recurrente omitió toda referencia respecto de la presunta imposibilidad de cumplir con los deberes de prevención respecto de las tareas (las de carga y descarga de mercaderías) que no formaban parte de los términos del aseguramiento contratado con la empleadora; limitándose -en lo esencial- a introducir excepción de falta de legitimación pasiva por considerarse exenta de responder más allá de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas en el régimen especial para enfermedades listadas, desconociendo asimismo el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sólo ante el resultado del fallo, adverso a sus intereses, pretende la interesada introducir en casación motivaciones que no fueron puestas a consideración del sentenciante, constituyendo por ello -como anticipé- cuestiones no susceptibles de ser evaluadas en esta instancia (causas L. 94.978, "Oliva", sent. de 29-XII-2009; L. 116.515, "Melgar", sent. de 2-VII-2014 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017).
A mayor abundamiento, y en lo que concierne específicamente a la suficiencia del planteo, las críticas que propone la compareciente no se ocupan -como es menester- de impugnar concreta, frontal y eficazmente lo decidido, pues éstas transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, resultando de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 88.158, "Bejarano", sent. de 17-XII-2008 y L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012).
Cabe recordar que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia en el fallo recurrido de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba. No cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo, es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema (causas L. 88.229, "García", sent. de 24-II-2010; L. 117.783, "Vázquez", sent. de 26-III-2015 y L. 118.299, "L., J.A.", sent. de 31-V-2017), supuestos no evidenciados aquí por la impugnante.
III.1.b.iv. Tampoco lucen alteradas en el caso las reglas de la distribución de la carga de la prueba que la compareciente invocó transgredidas (v. rec., fs. 522 in fine ).
Ante la expresa denuncia formulada por la parte actora en su escrito de demanda en torno a que la aseguradora nunca inspeccionó el lugar de trabajo, ni se interiorizó en las modalidades de prestación de tareas a fin de dar instrucciones al respecto y menos aún que hubiera dictado cursos de capacitación; el sentenciante explicitó en el fallo que aquella debió efectuar visitas, realizar estudios de factores de riesgos, aconsejar y exigir la
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.