Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119868
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.868, "Tulli, María Edelma contra Provincia A.R.T. Administradora del Autoseguro del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo, etc.".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 811/825 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 839/850).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen juzgó acreditado que el día 3 de mayo de 2010, la señora María Edelma Tulli -Inspectora Titular dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- sufrió un accidente de trabajo al producirse el vuelco del automóvil en el cual se trasladaba desde la ciudad de Azul hasta la Jefatura de Región de la localidad de 25 de Mayo, que le provocó una fractura de vértebra lumbar y un porcentaje de incapacidad -otorgado por la Comisión Médica- del 32% del índice de la total obrera. Tuvo por probado, además, que la actora percibió, en fecha 5 y 28 de abril de 2011, las sumas de $57.600 y $126.374,94, respectivamente, en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva (v. vered., primera cuestión, fs. 811 vta. y 812 y quinta cuestión, fs. 813).
En lo que resulta relevante, el juzgador de grado definió en el fallo de los hechos el importe del ingreso base mensual previsto en el art. 12 de la ley 24.557, computando la totalidad de los rubros -remunerativos y no remunerativos- que componían el salario mensual percibido por la trabajadora durante el año anterior a la primera manifestación invalidante (v. vered., segunda cuestión, fs. 812 y vta.).
En la sentencia declaró la inconstitucionalidad del citado precepto en tanto, al establecer que corresponde tomar únicamente el haber previsional, esto es, el sujeto a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, colisiona con los principios contenidos en los distintos preceptos de nuestra Constitución nacional, así como de los tratados y pactos internacionales de igual jerarquía (v. fs. 816/817).
Sobre la base de tales premisas efectuó el nuevo cálculo de la prestación dineraria conforme la fórmula matemática del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, y determinó el importe de la diferencia adeudada en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva derivada del accidente de trabajo (v. sent., fs. 819).
Luego, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y 17 del decreto 472/14 e incrementó el resarcimiento con arreglo al mecanismo de ajuste (índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE-) contemplado en el art. 17 apartado 6 de la citada ley, que juzgó aplicable al caso (v. fs. 819 vta./823 vta.).
Declaró procedente, además, la pretensión vinculada a la indemnización adicional de pago único prevista por el art. 3 de ese mismo régimen legal (v. sent., fs. 823 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. Cuestiona, en primer lugar, que el tribunal de trabajo haya descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 e incluyera a todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integraban el haber mensual de la actora.
Manifiesta que el carácter remuneratorio está determinado por la habitualidad, regularidad, permanencia, estar sujeto a aportes y no estar otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo, lo que torna improcedente el obrar del a quo.
Afirma que el salario se calcula incluyendo los rubros que determinan la prima que se abona, y es en función de la relación laboral que el siniestrado puede demandar las prestaciones de ley, para cuya habilitación se exigen determinados requisitos.
Alega que los conceptos no remunerativos que integran el sueldo de la trabajadora no debieron ser incluidos para el cálculo del ingreso base mensual, toda vez que tales sumas fueron instituidas como medidas internas necesarias en el marco de una política económico-social dada en una coyuntura determinada.
Argumenta que no resulta inconstitucional la regulación de las consecuencias derivadas de los riesgos del trabajo a través de una ley especial en la medida que dicho régimen sea razonable. Aduce que la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.
Sostiene que la sentencia incurre en absurdo, toda vez que la norma deviene válida, vigente y aplicable al caso.
II.2. En otro orden, controvierte la definición de grado que incrementó el importe de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida a la actora en la sentencia.
En este aspecto, señala que al descalificar la validez constitucional del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y declarar aplicable al caso un régimen legal que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por la trabajadora, el tribunal de origen transgredió los principios de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y de irretroactividad de la ley -este último consagrado en los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial- así como su derecho constitucional de propiedad.
Afirma que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 establece el ámbito temporal de aplicación de dicha normativa, prescribiendo que regirá para los infortunios laborales ocurridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26 de octubre de 2012), por lo que la decisión del juzgador afectó un "derecho adquirido".
Transcribe algunos de los pasajes del dictamen emitido por el señor Procurador General en la causa "Lucca de Hoz" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 17-VIII-2010), así como doctrina de esta Suprema Corte para sustentar su postura de que todas las mejoras introducidas al régimen especial de reparación de infortunios laborales rigen para el futuro, esto es, respecto de contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzcan con posterioridad a su entrada en vigencia.
Se opone también al tramo del pronunciamiento que declaró la invalidez constitucional del decreto 472/14, el cual prevé expresamente que solo los pisos mínimos, y eventualmente las prestaciones adicionales, constituyen los montos que deben actualizarse conforme el índice RIPTE.
Explica que la lectura lineal del texto normativo se encuentra en armonía con las leyes 23.928 y 25.561 que prohíben expresamente la indexación de los créditos, siendo la finalidad de la ley 26.773 evitar el ajuste periódico mediante el dictado de sucesivos decretos (v.gr. 1.278/00 y 1.694/09).
Arguye que la norma declarada inconstitucional no hizo más que cumplir con el mandato contenido en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la citada ley 26.773, no correspondiendo por ende actualizar a través del índice RIPTE el capital resultante de la fórmula prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Por último, censura el progreso de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, indicando que el juzgador arribó a esa definición transgrediendo el principio de congruencia al establecer que el accidente de tránsito protagonizado por la señora Tulli no había sido considerado in itinere , cuando dicha circunstancia no se encontraba discutida en autos al haber sido reconocida por la propia actora en su escrito de promoción de la demanda.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera liminar se impone destacar que el presente medio de impugnación ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014).
III.2. Luego, ha de rechazarse el primer agravio que contiene la impugnación en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017 y L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para determinar el ingreso base mensual correspondía computar la totalidad de los rubros -remunerativos y no remunerativos- que componían los haberes mensuales percibidos por la trabajadora durante el año anterior a la primera manifestación invalidante.
III.3. En cambio, debe prosperar la crítica mediante la cual se cuestiona la aplicación al caso del índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
III.3.a. En primer término, cabe señalar que deberá revocarse el indicado pronunciamiento en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de dicho régimen legal.
Sobre el particular, he de insistir en que las mejoras que dicha normativa introdujo a la ley 24.557 solo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
Este es el criterio interpretativo que esta Suprema Corte plasmó al expedirse tanto con relación al decreto 1.278/00 (causas L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013), como respecto del decreto 1.694/09 (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015), arribando a idéntica solución en oportunidad de dirimir la vigencia temporal de la ley 26.773 (v. causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016).
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.3.b. Definido lo anterior, en la citada causa L. 118.695, esta Corte estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 118.738, "Noguera", sent. de 17-V-2017; L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017 y L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
A tenor de lo expuesto y teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el día 3 de mayo de 2010, la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe casar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en el art. 17 apartado 6, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.3.c. Por los mismos motivos, tampoco procede la prestación establecida en el art. 3 de la citada ley 26.773.
III.3.d. En función de lo resuelto precedentemente, no cabe abordar el restante agravio que contiene la queja, dirigido a poner en tela de juicio la definición de grado que decretó la invalidez constitucional del decreto 472/14, reglamentario de dicha ley (v. rec., fs. 847 vta. y 848). Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas Ac. 33.256, "Bottaro", sent. de 25-II-1986; Ac. 62.281, "Macchi", sent. de 4-VI-1996 y C. 98.851, "Macari", sent. de 13-VIII-2014).
IV. Por las razones dadas, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto juzgó aplicable el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 y declaró procedente la indemnización adicional prevista en el art. 3 de ese mismo régimen legal, normas cuya inaplicabilidad en el caso se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por el doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. En lo referido a lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto estableció la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773, comparto la solución a la que arriba el colega ponente en los puntos III.3.a. y III.3.b. de su sufragio, ello, a tenor de los fundamentos expuestos en oportunidad de emitir mi voto en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), análoga a la presente y a la que por razones de celeridad remito.
I.3. Lo anterior me conduce también a suscribir lo señalado por el doctor Pettigiani en los puntos III.3.c. y III.3.d. de su voto.
II. En virtud de lo dicho, cabe acoger parcialmente el medio extraordinario de impugnación como se resuelve en el punto IV del voto que inaugura el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
I.2. Asimismo, tal como lo anticipa el ponente, esta Suprema Corte, en casos sustancialmente análogos, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial ha censurado aquella parte del art. 12 de la ley 24.577 que establece que, para computar el ingreso base mensual, deben tomarse en cuenta "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 119.497, "Victoriano", sent. de 17-V-2017; L. 120.292, "Leguizamón", sent. de 5-XII-2018 y L. 121.127, "Galarze", sent. de 13-III-2019; e.o.), disponiendo en su lugar que fueran incluidos todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del trabajador. Ello lleva a desestimar esta parcela (art. 31 bis, ley 5.878 y modif.).
I.3. Luego, comparto la propuesta del colega que inicia el acuerdo de revocar el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Para así decidir, remito a los argumentos expuestos por el doctor Soria en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a los que adherí, y que resultan concordantes con los que tuve oportunidad de manifestar al emitir mi opinión en la causa L. 120.062, "Guzmán" (sent. de 30-V-2018).
I.4. Sentado lo anterior, y en lo concerniente a la vigencia temporal de la ley 26.773, habré de señalar que en el precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 solo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
I.5. En razón de lo expuesto también suscribo lo dicho por el doctor Pettigiani en los puntos III.3.c. y III.3.d de su sufragio.
II. En virtud de lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Comparto también su propuesta de declarar inaplicable al caso las disposiciones de la ley 26.773, de conformidad con los fundamentos que expuse al emitir opinión en las causas L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 y L. 119.371, "Bustamante", sentencia de 14-II-2018, que doy aquí por reproducidos en razón de brevedad.
I.3. Lo anterior me lleva a suscribir lo sostenido por el colega ponente en los puntos III.3.c. y III.3.d. de su opinión.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, conforme lo indicado en el punto IV del voto que abre el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. En primer lugar, adhiero a lo manifestado por el doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Respecto de la revocación de la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.