Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120911
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.911, "Ramallo Paz, Flavio Daniel contra QBE Argentina ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 281/291).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 299/308 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por el señor Flavio Daniel Ramallo Paz contra QBE ARGENTINA ART S.A., y condenó a ésta a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 - con más la indemnización de pago único del art. 3 de la ley 26.773 y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la última de las leyes citadas (v. fs. 284/291).
Para así resolver, detalló que como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el día 18 de marzo de 2015 mientras se encontraba prestando tareas para su empleador Los Tucos S.A., el promotor del juicio padece una incapacidad del 12,1% de la total obrera de carácter parcial, permanente y definitiva (v. vered., fs. 281/282 vta.).
Puntualizó que, en tanto a la fecha del pronunciamiento la demandada aún no había abonado nada en concepto de prestaciones dinerarias previstas en la ley especial, las mismas debían cuantificarse conforme lo prescripto por la ley 26.773, su decreto reglamentario y el art. 2 de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 387/16 (v. sent., fs. 286/287).
En este contexto, puesto a determinar el importe indemnizatorio previsto en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 que le correspondería al trabajador con arreglo al sistema asistencial especial, lo cuantificó inicialmente en la suma de $107.779,12 (v. sent., fs. 287).
Empero, tras declarar aplicable al caso las pautas indemnizatorias fijadas en el decreto 472/14 y la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $132.004,34 ($1.090.945 x 12,1%). A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $26.400,86), arribando a un total de $158.405,20 (v. sent., fs. 287 vta.).
A continuación, a la suma resultante dispuso agregarle el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (marzo 2015) y el último publicado (agosto 2016), arribando a un coeficiente de 1,49 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $236.023,74 por el que declaró procedente la demanda (v. sent., fs. cit.).
Sobre dicho importe adicionó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (digital), en concordancia con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.615, "Zócaro", resolución de 11-III-2015 (v. sent., fs. cit.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8, 14, 21, 22, 26 y 46 de la ley 24.557; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; los decretos 717/96 y 472/14 y de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 6/15; así como de la doctrina legal que cita (v. rec., fs. 299/308 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, denuncia que el pronunciamiento de grado se aparta arbitrariamente de lo establecido por la ley vigente para la solución del litigio, vulnerando los derechos de defensa en juicio, debido proceso y propiedad.
En esencia, alega que no resulta aplicable al presente caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación 387/16, vigente al momento de la sentencia y establecida para contingencias con ocurrencia desde el día 1 de septiembre de 2016 al día 28 de febrero de 2017, ya que -indica- a la fecha del acaecimiento del infortunio de autos, se encontraba vigente la resolución 6/15 del mentado organismo. Afirma que tal forma de decidir vulnera el decreto 472/14 y transgrede -además- el principio de irretroactividad de las normas previsto en el art. 3 del Código Civil (ley 340; art. 7, Cód. Civ. y Com.). En apoyo de su argumentación transcribe diferentes precedentes jurisprudenciales.
II.2. Desde otroángulo, cuestiona la forma en la que el tribunal de grado aplicó el índice RIPTE establecido en la ley 26.773.
Señala que los arts. 8 y 17 apartado 6 de la citada ley establecieron una modalidad de ajuste semestral de los importes del art. 11 apartado 4 de la ley 24.557, así como también los valores de referencia de los arts. 14 y 15. Alega que se trata de un método sencillo y mecánico basado exclusivamente en la variación del índice RIPTE publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, agilizando el mantenimiento de valores constantes. Aduna que, en ese mismo sentido, el art. 17 del decreto 472/14 determina que solamente se incrementarán por el índice RIPTE las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos del decreto 1.694/09, desde el día 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, considerando la última variación semestral del índice RIPTE; ello, en sentido concordante con lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito" (sent. de 7-VI-2016).
Prosigue señalando que resulta absolutamente arbitraria la decisión del juzgador de grado que actualizó dos veces el piso prestacional a través del índice RIPTE -al aplicar primero la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 y después multiplicar el valor resultante por el índice 1,49- en tanto genera un enriquecimiento sin causa y vulnera su derecho constitucional de propiedad.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Se impone destacar que el veredicto de fs. 281/282 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 282 vta.) ni la sentencia (v. fs. 291), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 291 vta.).
Si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2.a. Luego, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -tal como lo estableció el sentenciante de mérito en la resolución mediante la que concedió el presente medio de impugnación (v. fs. 312 y vta.)- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010; Ac. 3.803/16), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. Siendo ello así, la función revisora de la Suprema Corte se limita a constatar si lo resuelto por el tribunal de trabajo contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen una relación sustancial y el fallo impugnado transgrede esa hermenéutica, precisamente, en un caso similar (causas L. 107.183, "Labrin", sent. de 17-X-2012; L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013 y L. 117.156, "Zyromski", sent. de 1-IV-2015).
III.2.b. Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.3. Siendo ello así -e invirtiendo el orden de tratamiento de los agravios propuestos por razones metodológicas- cabe señalar que a tenor de lo resuelto por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, le asiste razón al recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En dicha oportunidad se señaló que el referido índice debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley, y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 (aplicable a partir del día 26 de octubre de 2012) y 3/14 (que establece los valores para el período comprendido entre los días 1 de marzo de 2014 y 31 de agosto de 2014) -en una línea que continúa con la resoluciones 22/14 para el período entre el 1 de septiembre de 2014 y el 28 de febrero de 2015; 6/15 entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2015; 28/15 entre el 1 de septiembre de 2015 y el 29 de febrero de 2016; 387/16- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773 en su texto original) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
Adicionalmente, el criterio expuesto se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s /accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párr.).
Entonces, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso traído y revocar la sentencia de grado en cuanto en ella se aplicó erróneamente el índice RIPTE previsto en la ley 26.773, el que deberá calcularse en la instancia conforme lo expuesto.
III.4. Luego, corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y reiterado en las causas L. 117.417, "Maidana" (sent. de 31-X-2016) y L. 119.011, "Tarducci" (sent. de 14-XII-2016), en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de ello -y de lo expuesto en el punto anterior-, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, es decir, el día 18 de marzo de 2015 (en tanto ello fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal), el caso de marras no cae bajo la órbita de aplicación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 387/16, sino de la resolución 6/15 del mismo organismo, tal como acertadamente señala el recurrente.
En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que -con otra integración- dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí resuelto.
III.5. Finalmente, en virtud de lo resuelto en los puntos III.3. y III.4., y debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("...atento al particular modo de concluir [...] se le aditen los intereses a partir de la presente sentencia hasta su total y efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia (digital)..."; sent. fs. 287 vta. y 291), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente al trabajador aplicando el piso mínimo previsto en la resolución 387/16 de la Secretaría de Seguridad Social y -además- "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente y el último publicado (1,49) y, por otro, la determinación de los intereses moratorios desde la fecha de la sentencia.
Por lo cual, siendo que -conforme se propuso precedentemente- debe revocarse tanto el método de aplicación del índice RIPTE como así también la utilización de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 387/16, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que no se ajusta a la normativa vigente.
Sin perjuicio de lo cual resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
IV. En virtud de lo expuesto y con exhortación a los señores jueces para que extremen los recaudos necesarios a los fines de evitar en lo sucesivo las irregularidades que se advierten en el dictado del veredicto y sentencia de la presente causa, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en los puntos III.3., III.4. y III.5. del presente.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que -debidamente integrado- dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se ha resuelto. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero al voto del doctor Pettigiani en los puntos III.1., III.2., III.3. y III.4.
I.2. Coincido con la solución que dicho colega propone en los dos primeros párrafos del punto III.5. de su sufragio.
I.3. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.1. del voto inaugural, me veo compelido a exhortar nuevamente a los señores jueces sobre las irregularidades -algunas graves- que se advierten en el dictado de las sentencias que esta Corte ha debido revisar. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la omisión del actuario de rubricar veredicto y sentencia, así como la falta de fecha y de indicación del lugar en que se dictó el veredicto, se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
II. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos I.1., I.2. y I.3.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, así lo voto .
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Comparto los fundamentos dados por el doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2.a. de su exposición.
II. Luego, bajo los lineamientos del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, considero que la impugnación deducida satisface los recaudos de una adecuada fundamentación, y en ese marco, cobran virtualidad las directrices que sobre la temática examinada ha fijado este Tribunal a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" -sentencia de 24-V-2016 y, en particular, el punto III.2.d.(v)-, con derivación en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), cuyos fundamentos doy por reproducidos merced a motivos de brevedad.
En tales términos, adhiero a la propuesta efectuada en el punto III.4. de su exposición de rescindir la aplicación al caso del ajuste por el índice RIPTE del modo ya referido, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de las normas aplicables al caso.
La solución antedicha conduce a dejar sin efecto la definición alcanzada en torno a los acrecidos, cuya justificación se afinca en la impropia estimación de la prestación sistémica.
III. Con el alcance indicado, adhiero a la solución propuesta por el colega ponente en el punto IV de su voto.
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1. Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2.a. de su voto.
I.2. Las directrices que emanan de la doctrina legal de este Tribunal, en concreto, de lo resuelto -entre otras- en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) -que, aunque sobreviniente a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, corresponde aplicar- me conducen a compartir las definiciones que el colega doctor Pettigiani plasma en los puntos III.2.b. y III.3. de su sufragio.
I.3. Luego, suscribo a lo expuesto en el punto III.4. de su voto.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.