Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122422
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 26 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 122.422, "Aceros Borroni S.A. contra Lucero, Miguel Ángel. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, declaró abstracta la acción entablada imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 248/249).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (presentado electrónicamente el 25-IX-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró abstracta la acción de exclusión de tutela sindical que Aceros Borroni S.A. inició contra Miguel Ángel Lucero, en cuanto procuraba sustraerlo del fuero gremial que por entonces detentaba a fin de despedirlo con motivo de los hechos relatados en la demanda.
Para así decidir, tuvo por acreditado que el trabajador ya no se encontraba amparado por dicha garantía, toda vez que había fenecido tanto el período de tutela sindical posterior al mandato (noviembre de 2016), como la de postulante al cargo de delegado de la U.O.M.R.A. (abril de 2018); por lo que concluyó que la causal que había motivado la intervención judicial había desaparecido.
II. Contra el pronunciamiento de origen, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de doctrina legal.
Afirma que a partir de la causa L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I." (sent. de 20-XII-2017), toda sentencia que recae en un juicio de exclusión de tutela hace cosa juzgada material, siendo irrevisable en un juicio posterior la causal de despido. En tal sentido, alega que, en el caso, al declarar abstracto el "desafuero", el tribunal de origen le está otorgando a la empresa una "autorización" para despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo del propio dirigente gremial, en tanto los hechos denunciados por aquella no podrían ser analizados nuevamente.
En suma, sostiene que el pronunciamiento de grado dictado en un proceso de exclusión de tutela gremial debe proveer, con base en las circunstancias fácticas acreditadas en la causa, la definición concerniente a la sanción que la patronal procura adoptar.
III. El recurso no prospera.
III.1. El día 20 de septiembre de 2016, la empresa Aceros Borroni S.A. promovió demanda solicitando la exclusión de tutela sindical del señor Lucero (v. fs. 114/127).
Adujo la accionante que el trabajador, a pesar de que ya no era delegado al momento en que se inició la acción, todavía se encontraba dentro del año de estabilidad posterior al mandato, el que -afirmó- vencía el 1 de noviembre de 2016 (v. fs. 114 vta.).
Luego de contestada la demanda (v. fs. 141/148 vta.) y de disponer la apertura a prueba de la causa (v. fs. 159/160), el día 27 de abril de 2018 el tribunal de grado le requirió a la accionante que acreditara el mandato del trabajador, su duración y -en caso de corresponder- su renovación; ello atento a que no existían en autos constancias documentales que sustentaran las manifestaciones vertidas en el escrito inicial (v. fs. 229).
A tal efecto, el día 10 de mayo de 2018 la empresa adjuntó copia de las cartas documento enviadas por la Unión Obrera Metalúrgica donde se comunicaba que el señor Lucero había participado de los comicios llevados a cabo el día 17 de octubre de 2017, sin resultar electo. A partir de ello, teniendo en cuenta que el día 17 de abril de 2018 había finalizado la tutela de seis meses que establece el art. 50 de la ley 23.551, y no existiendo ninguna otra norma que amparara al trabajador demandado, solicitó que se declare la causa abstracta (v. fs. 229 bis/231).
Por su parte, al contestar el traslado, el trabajador rechazó el pedido de la empleadora. Al efecto, argumentó que -a pesar de no contar en la actualidad con tutela sindical-, la empresa atribuyó al trabajador el incumplimiento de ciertos deberes a su cargo que fueron desconocidos y rechazados por su parte, por lo que existía una controversia que debía ser resuelta, ya que, en caso de hacerse lugar al pedido de la actora, el pronunciamiento de grado haría cosa juzgada material sobre los mismos. Citó en apoyo de su postura la doctrina de la Suprema Corte establecida en la causa L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I." (sent. de 20-XII-2017). Asimismo, también se opuso al ofrecimiento de prueba, por considerarla extemporánea (v. fs. 244/245).
Finalmente, el tribunal de origen, luego de considerar que tanto la tutela post mandato como la de postulante a elecciones habían finalizado, declaró abstracta la petición contenida en la demanda, sin pronunciarse respecto de la legitimidad de la pretensión del desafuero y de las injurias que determinaron la demanda (v. fs. 248/249).
III.2. Ante todo, es menester recordar que el reconocimiento de la suficiencia de la postulación que estructura el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dependerá de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida, cuya demostración incumbe -de modo excluyente- a quien acude a la vía recursiva (causas L. 101.212, "López", sent. de 6-VI-2011; L. 110.285, "Roa", sent. de 30-V-2012; L. 107.350, "Velazco", sent. de 21-XI-2012; L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013; L. 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015).
Dicha carga ha quedado insatisfecha en la especie toda vez que el recurrente no rebate la conclusión esencial esgrimida por el tribunal de grado para declarar abstracta la cuestión, cual es, el agotamiento del período de protección sindical a partir del vencimiento de los plazos correspondientes desde la finalización del respectivo mandato y también del acto eleccionario en el que resultó perdidoso.
Por el contrario, la tesis del impugnante se sustenta -en lo esencial- en la transgresión de la doctrina proveniente de la causa L. 114.451, citada, cuyos lineamientos no han sido debidamente individualizados por el interesado, quien se limita a transcribir una "supuesta" parcela de lo resuelto por este Tribunal en el citado precedente, pero sin advertir que tales definiciones no se corresponden con aquellas que determinaron la decisión del juzgador en la presente causa.
III.3. Por lo demás, el relato de los antecedentes del caso permite evidenciar con claridad que el recurrente tergiversó los alcances de la doctrina sentada por esta Corte en la citada causa "Fate".
III.3.a. En efecto, en dicho precedente el tribunal interviniente tuvo por acreditado que el trabajador era delegado de personal por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en la empresa demandante por un período de dos años. Asimismo, luego de analizar la prueba colectada, juzgó probadas las circunstancias fácticas invocadas para sustentar la demanda y declaró procedente la acción de exclusión de tutela sindical promovida por Fate S.A.I.C.I. contra Víctor Octavio Ottoboni.
Luego, en esta instancia extraordinaria el planteo a debatir fue -precisamente- que el sentenciante de grado resolvió la contienda ponderando "la verosimilitud del planteo" sometido a decisión por la parte actora, sin emitir juicio respecto a la validez de la medida que pretendía aplicar la patronal, siguiendo la doctrina legal vigente hasta ese momento y cuyo replanteo propuso esta Corte. A partir de ese momento se estableció -entonces- que será en el mismo y único proceso sumarísimo a sustanciarse ante el tribunal de trabajo competente "...donde se dará el debate en que el órgano de grado deberá valorar -en uso de las privativas facultades que le asisten (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- los hechos invocados por el principal y pronunciarse sobre su demostración -o no- y, por ende, respecto de la legitimidad de la petición de desafuero como de la medida cuya adopción se pretende, debiendo la promotora del juicio -a esos fines- individualizarla con precisión" (v. segunda cuestión, punto III.7. del voto del doctor de Lázzari).
III.3.b. A partir de la breve reseña formulada en los párrafos que preceden, puede advertirse que la situación fáctica ventilada en autos difiere de la comprobada en el precedente que se reputa violado, en tanto en las presentes actuaciones el órgano de grado, sin abrir juicio acerca de los argumentos y pretensiones de los litigantes en los escritos de demanda y contestación, declaró abstracta la cuestión llevada a su conocimiento por considerar -y aquí lo relevante- agotado el período de protección sindical correspondiente, conclusión que -además de no estar presente en la citada causa L. 114.451- arriba firme a esta instancia por no haber sido materia de agravio.
III.3.c. En tales condiciones, cobra virtualidad conocida doctrina de este Tribunal por la que se ha declarado que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 119.987, "Espínola", sent. de 4-VII-2018; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 106.529, "Rojo", sent. de 8-X-2014 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
La lectura del recurso frente a los términos de la decisión de origen deja en evidencia la insuficiencia del intento revisor. Lejos de abastecer las exigencias del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, el interesado plantea su disconformidad con lo resuelto insinuando -tan sólo- la posible vulneración del precedente que invoca, sin desvirtuar las motivaciones esenciales del pronunciamiento, ni evidenciar la existencia de errónea aplicación de la ley.
Con el alcance indicado, me sumo a la propuesta de rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley traído.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia