Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122116
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la decisión impugnada en cuanto a la pauta utilizada para calcular la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, cuyo importe deberá cuantificarse conforme lo establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que proceda de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 26 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 122.116, "Ochoa, Mario Alberto contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 383/401 vta. y aclaratoria, fs. 430/431).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 410/428).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Mario Alberto Ochoa y condenó a la Provincia de Buenos Aires en su calidad de autoasegurada, a abonarle en un único pago la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557.
Para así resolver, declaró la inconstitucionalidad de la norma mencionada en cuanto establece "el pago del capital en forma de renta periódica", concluyendo que dicha modalidad desvirtúa la finalidad perseguida por la ley y los preceptos de jerarquía constitucional contenidos en los arts. 14 bis, 17 y 28 de la Constitución nacional (v. fs. 391 vta./392 vta.).
Luego, al haber "mutado" la modalidad de la forma de renta periódica a pago único, decidió fijar -por mayoría- una fórmula actuarial, para cuantificar la prestación debida al trabajador.
Sostuvo que la ley 26.773 si bien derogó la forma de pago en renta y ratificó el principio de pago único, continuó manteniendo un diferente trato indemnizatorio según el grado de incapacidad. Agregó que el decreto 472/14 intentó modificar dichas circunstancias, pero excediendo la facultad reglamentaria.
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 410/428).
Se agravia de la cuantificación de la prestación por incapacidad parcial, permanente y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 que efectuó el a quo.
Señala que las pautas empleadas por el tribunal para fijar el monto de condena por ese concepto no se ajustan a las establecidas en la ley, en ese sentido, cuestiona que haya utilizado una fórmula actuarial "intermedia" entre la aplicación de los arts. 14 apartado 2 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" del régimen citado, y que de este modo se haya fijado una indemnización inferior a la que por ley corresponde.
Denuncia que el fallo de grado transgrede la doctrina de esta Suprema Corte que emana de la causa L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012).
Por último, plantea también que el sentenciante, para justificar su razonamiento, tomó en consideración la ley 26.773 y su decreto reglamentario que -destaca- no se encontraban vigentes al momento del acaecimiento del siniestro.
III. El recurso ha de prosperar.
III.1. Inicialmente, cabe señalar que en el caso el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia entre la indemnización establecida por el tribunal por aplicación del mecanismo por el cual el actor se agravia ($186.850,52; v. fs. 430 y vta.) y el que habría de obtenerse según la liquidación practicada por el recurrente ($330.349,26; v. fs. 424 vta. y 425)- no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3.890/18).
A tenor de lo señalado y resultando que el recurrente ha denunciado que el fallo atacado vulnera la doctrina legal, el medio de impugnación debió haber sido concedido en el estrecho marco delimitado por la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Luego, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016 y L. 118.682, "Palacios", sent. de 15-XI-2017).
III.2. Desplegado el examen conforme los lineamientos antes enunciados, cabe reconocer la procedencia de la impugnación, toda vez que, al establecer el monto de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, el tribunal de origen contrarió la doctrina legal de esta Corte.
Como lo pone de resalto el recurrente, en la causa L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012) y en otras posteriores (así, causa L. 119.772, "De la Cuadra", sent. de 28-IX-2016), este Tribunal estableció que declarada la inconstitucionalidad del régimen de renta periódica previsto en la citada norma de la Ley de Riesgos del Trabajo, el importe total de las prestaciones por incapacidad allí establecidas deben cuantificarse conforme las estrictas pautas de cálculo que proporciona el sistema legal y luego abonarlo en un pago único.
Esas directrices no fueron seguidas por el sentenciante de grado, quien para determinar el monto de la prestación reconocida al trabajador empleó -como fue reseñado- una fórmula actuarial.
La sentencia debe ser revocada en este aspecto, ordenándose que el importe de la prestación dineraria debida al actor se cuantifique con ajuste a los parámetros que proporciona el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 y ello, en el marco de la norma aplicable conforme la fecha de la primera manifestación invalidante.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance indicado.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que proceda de conformidad con lo que aquí se ha resuelto. Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
En efecto, como hube de indicar al emitir mi opinión -en primer término- en la causa L. 118.130, "Paz" (sent. de 12-IV-2017), de contenido análogo al presente, coincido con mi colega respecto de la procedencia del recurso deducido en orden a la transgresión de la doctrina legal que en él se denuncia.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la decisión impugnada en cuanto a la pauta utilizada para calcular la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, cuyo importe deberá cuantificarse conforme lo establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que proceda de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia