Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120637
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 4 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.637, "Flores, Carlos Gastón contra Vial Agro S.A. y otro. Accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 893/914).
Se interpuso, por La Segunda ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 935/948 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por el señor Carlos Gastón Flores contra Vial Agro S.A. y La Segunda ART S.A., por la que pretendía el cobro de una indemnización de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que sufrió el día 25 de marzo de 2004 (v. fs. 769/779).
Esta Suprema Corte, en oportunidad de resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor (v. fs. 809/822), revocó la sentencia de grado en cuanto omitió el tratamiento del reclamo deducido contra la aseguradora codemandada, por el otorgamiento de las prestaciones de la ley 24.557 y el relativo a la responsabilidad a ella endilgada en los términos del art. 1.074 del Código Civil (v. fs. 859/865).
En consecuencia, se remitieron los autos al a quo a fin de que, debidamente integrado, renovase los actos procesales necesarios y dictase nuevo pronunciamiento que subsane la omisión señalada.
El órgano judicial -ante dicho requerimiento- dictó un nuevo fallo, declarando procedente la pretensión indemnizatoria respecto a la responsabilidad contractual sistémica que le corresponde asumir a la aseguradora de riesgos del trabajo, en virtud de las obligaciones contraídas en el contrato de afiliación acreditado en autos, más no con relación a la responsabilidad civil extracontractual referida (v. fs. 901/902 vta.).
En ese orden, calculó la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, en la suma de $48.856,94, y a dicho resultado le descontó la suma de $2.708 ya abonada por la aseguradora (v. fs. 903 vta. y 904).
Luego, declaró aplicable al caso los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y, en consecuencia, ordenó ajustar esta indemnización conforme al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), desde el día 1 de enero de 2010, "con más la tasa del 6% anual por el mismo lapso" (fs. 906 vta.). En ese sentido, explicó que, si bien el apartado 5 de esta norma establece que las disposiciones del mismo cuerpo legal sean aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de su entrada en vigencia, el apartado 6 consagra una regla especial que se aparta de aquella regla general. Ello así, no solo porque este último hace referencia a las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y su actualización mediante el decreto 1.694/09 (y no "a las prestaciones establecidas por la propia ley 26.773" referidas en el art. 17 apdo. 5), sino también, porque, de haber querido el legislador declarar aplicable el mecanismo de ajuste solo a las contingencias futuras, no hubiese redactado el apartado 6, máxime cuando dicha interpretación resulta coherente con los considerandos del mensaje de elevación del proyecto de ley, en los cuales se alude a la imperfección estructural del sistema como instrumento de protección social.
Sin perjuicio de ello, a fs. 907 trató el tema de los intereses moratorios aplicables al capital de condena, declarando de oficio la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 11.653 (texto según ley 14.399), y disponiendo que dichos accesorios se liquiden desde la fecha de exigibilidad del crédito (25 de marzo de 2004) hasta el día 18 de agosto de 2008 con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el día 19 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009 a la tasa pasiva digital de esa entidad y, a partir del día 1 de noviembre de 2015 hasta el efectivo pago a igual tasa (v. fs. 910 vta. y 912 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento La Segunda ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19, 31 y 75 inc. 2 de la Constitución nacional; 10, 11 y 15 de la Constitución provincial; 3 del Código Civil; 7 del Código Civil y Comercial; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 39, 44 inc. "e" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc. 3, 4 y 6 y 165 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, señala que el tribunal de grado, al aplicar al caso la ley 26.773, sin que lo haya peticionado el actor, vulneró el principio de congruencia y el derecho de defensa de la demandada (v. fs. 937/938). Añade que, asimismo, transgredió el principio de irretroactividad consagrado en el art. 3 del Código Civil, toda vez dicha normativa no estaba vigente cuando aconteció el infortunio del accionante (v. fs. 939 vta. y 940).
Destaca que esta Suprema Corte -en diversas causas que cita- ha declarado que la norma indicada no consagra la aplicación retroactiva de la nueva ley sino la aplicación inmediata aún a las consecuencias de las relaciones o situaciones existentes; o sea que la nueva ley rige para los hechos que están in fieri en curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedan sujetos a la ley anterior (v. fs. 941/943 vta.). También, que "en materia de infortunios del trabajo resulta de aplicación la ley vigente al tiempo en que el titular de la acción adquiere noción de la disminución de su capacidad laborativa" (fs. cit.).
Añade que, si se postula la aplicación retroactiva de la ley 26.773, debe declarase la inconstitucionalidad de los arts. 8 y 17 apartados 5 y 6 (v. fs. 945).
II.2. A su vez, aduce que el juzgador aplicó erróneamente el índice RIPTE porque sumó al capital, ya actualizado mediante dicho índice, "el importe originario" (fs. 946 vta. y 947). Añade que, de acuerdo a lo dispuesto por el "art. 17 del decreto reglamentario 472/14, el RIPTE se debe aplicar sobre el piso mínimo establecido por el decreto 1.694/09 y no sobre el monto que arroja la fórmula de la ley 24.557" (fs. 947)
II.3. Por otro lado, impugna la liquidación de intereses realizada en autos por considerar que el a quo permitió la capitalización de dichos accesorios (v. fs. cit.).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1.a. Ante todo, es menester aclarar que el órgano judicial de grado -contrariamente a lo que afirma la recurrente- en la sentencia declaró que debía "rechazarse el planteo -formulado por el actor- respecto al decreto 1.694/09, dado que corresponde aplicar la legislación vigente al momento en que se determina la incapacidad" (fs. 903).
Por lo tanto, deviene inoficioso el abordaje de la crítica ensayada en torno a dicha normativa, pues no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibañez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
III.1.b. Sentado ello, es dable señalar que el cuestionamiento inicial que exhibe el recurso, referido a la supuesta violación del principio de congruencia, es improcedente.
Reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que los agravios relativos a la transgresión de dicho postulado, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben estar acompañados de la denuncia y consecuente demostración de la configuración del absurdo (causas L. 117.226, "Guajardo", sent. de 25-II-2015 y L. 117.987, "Elía", sent. de 2-IX-2015).
En el caso, el desarrollo que nutre este aspecto de la impugnación carece de la eficaz alegación del mencionado vicio lógico, y sabido es que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cumple con esa inexcusable carga (causa L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013).
Sin perjuicio de lo expuesto, y en lo tocante a la sustancia de la cuestión que pretende debatir la interesada, cabe destacar que el tribunal -ejerciendo facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- analizó los pedimentos formulados por las partes durante el trámite del proceso y concluyó que "el actor a fs. 799/808 solicita la aplicación del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773, habiéndose opuesto la parte demandada a su progreso" (fs. 902 vta.).
Tal señalamiento del a quo , al no ser objeto de réplica alguna por la agraviada, revela también la insuficiencia que porta el recurso en este aspecto y, en definitiva, sella su suerte adversa.
III.1.c. En cambio, la crítica destinada a censurar la aplicación retroactiva de la ley 26.773 es procedente.
En efecto, el referido cuestionamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte -si bien, como habré de señalar luego, no contribuí a su conformación- aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De este modo, la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente:
III.1.c.i. En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.1.c.ii. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 solo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
III.1.c.iii. En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar la sentencia en cuanto dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin que practique una nueva liquidación, de conformidad con lo que aquí se decide.
III.2. En virtud de lo resuelto en los apartados anteriores de este voto, donde propongo revocar la actualización del importe de condena dispuesta por el tribunal a quo con sustento en la ley 26.773, deviene inoficioso el abordaje del agravio concerniente a la errónea aplicación al caso del índice RIPTE y del decreto 472/14. Ello así toda vez que, como ya fuera señalado, no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas cits. en el punto III.1.a.).
III.3. Por las mismas consideraciones, también es inoficioso el análisis del lacónico cuestionamiento de la liquidación de los intereses moratorios, fundado precisamente en la supuesta capitalización de dichos accesorios derivada de la utilización del mentado índice. Ello, sin dejar de advertir la inconsistencia que se presenta en la sentencia, ni la manifiesta insuficiencia de la crítica en su formulación, que no está fundada en ninguna norma o doctrina legal que permita satisfacer el recaudo insoslayable del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 947).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto ordenó aplicar la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Vuelvan los autos al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en los puntos III.1.a. y III.1.b. de su voto.
I.2. En lo referido a lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto estableció la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773, comparto la solución a la que arriba el ponente, a tenor de los fundamentos expuestos en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, concordantes con los brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
I.3. También concuerdo con lo manifestado por el colega en los puntos III.2. y III.3. de su sufragio.
II. El recurso progresa parcialmente conforme se resuelve en el apartado final de la opinión inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor de Lázzari en los puntos III.1.a. y III.1.b. de su voto.
I.2. También acompaño su propuesta de declarar inaplicable al caso las disposiciones de ley 26.773, de conformidad con los fundamentos que expuse al sufragar la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) que doy aquí por reproducidos en razón de brevedad.
I.3. Asimismo, comparto la decisión plasmada en los puntos III.2. y III.3. del sufragio inaugural.
II. El recurso prospera parcialmente conforme se resuelve en el apartado final del voto del colega que abre el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor de Lázzari en los puntos III.1.a. y III.1.b. de su voto.
I.2. También suscribo el tratamiento y la solución brindada por el ponente en torno a la aplicación retroactiva de la ley 26.773, en tanto se condice con la postura que asumí en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en donde adherí al voto del doctor Genoud, a la que me remito por razones de celeridad.
I.3. Finalmente, concuerdo con la decisión que propone el ponente en los puntos III.2. y III.3. de su opinión.
II. Por todo ello corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance expuesto en el punto IV del voto inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia