Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122013
En la ciudad de La Plata, a 4 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Pettigiani, Soria, Genoud, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 122.013, "Vitale, Roberto Carlos y otros contra Junarsa S.A.C.I.F.A. Despido".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar -en lo sustancial- a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 517/531 vta.).
Se dedujeron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 552/576 vta.), habiendo sido concedidos por el citado tribunal los dos primeros y rechazado el último a fs. 577/578 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 590/591 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar -en lo sustancial- a la acción promovida por los señores Roberto Oscar Vitale, Diego Alberto Guilbert, Federico Petrini y Luis Alberto Figgini y condenó a Junarsa S.A.C.I.F.A. -hoy su quiebra-, al pago de las sumas que especificó para cada uno de ellos, en concepto de indemnizaciones por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y sueldo anual complementario proporcional; así como también en razón de salarios adeudados, diferencias salariales y las sanciones previstas en los arts. 2 de la ley 25.323; 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y 53 ter de la ley 11.653 (v. fs. 517/531 vta.).
Para así resolver, juzgó que los accionantes se colocaron justificadamente en situación de despido indirecto, toda vez que la mora salarial y el silencio que guardó la accionada frente a las intimaciones cursadas por aquellos bajo tal apercibimiento constituyeron -a su criterio- injurias de una entidad tal que impidieron la prosecución del vínculo habido entre las partes (v. vered. segunda cuestión, fs. 517 vta. y 518 y sent., fs. 521 vta./522 vta.).
II. La parte demandada -conformada hoy por los síndicos designados en la quiebra- dedujo recurso extraordinario de nulidad, con fundamento en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 554 vta./561).
Afirma que el fallo de grado omitió valorar correctamente la prueba que considera esencial para la resolución de la litis, transgrediendo -asimismo- la distribución de la carga de la prueba para determinar las connotaciones que definen las remuneraciones de los reclamantes.
En ese orden, reprocha al sentenciante que prescindió de ponderar la prueba en su conjunto y basó la decisión -respecto de los señores Figgini y Vitale- únicamente en lo manifestado en la demanda y en la documental aportada por los accionantes, la que -señala- fue oportunamente desconocida por su parte (v. fs. 554 vta./556).
Sostiene que al admitir la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el juzgador se apartó arbitrariamente y sin fundamento alguno del informe del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín y del dictamen pericial contable.
Agrega que el informe del sindicato da cuenta que, si bien se deben aportes, los mismos estaban siendo abonados mediante un plan de pagos (v. fs. 556/558 vta.).
Concluye que la decisión de grado fue fundada en conceptos puramente dogmáticos y que carece de un razonamiento lógico-jurídico idóneo que encuentre apoyo en las constancias de la causa, por lo que el pronunciamiento resulta absurdo y arbitrario, correspondiendo su anulación de oficio (v. fs. 558 vta./561).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 590/591 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. De inicio, corresponde señalar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 116.830, "Baigorria", sent. de 13-V-2015; L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016; L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; e.o.).
III.2.a. Sentado lo anterior, advierto que los agravios estructurados bajo la denunciada transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, resultan ajenos al indicado ámbito de actuación del remedio procesal bajo análisis, toda vez que -como lo señaló el señor Procurador General; ver dictamen, fs. 590/591 vta.- los argumentos en los que se sustenta el recurso, lejos de evidenciar la preterición de cuestiones esenciales, versan sobre típicas definiciones circunstanciales y probatorias cuya eventual falta de consideración por los sentenciantes de grado podrá, en todo caso, importar la consumación de un error de juzgamiento, mas de ningún modo podría generar su nulidad como se solicita en el escrito de protesta.
En efecto, la impugnante circunscribe su crítica a exhibir su particular opinión respecto del modo en que -a su criterio- el judicante debió ponderar ciertas y determinadas cuestiones (como lo son las vinculadas a la acreditación de la relación laboral de los actores Vitale y Figgini y sus condiciones -antigüedad y categoría laboral- y a la procedencia de la sanción conminatoria mensual prevista por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo) a partir del esquema en que quedó conformada la traba de la litis y de los elementos probatorios que menciona, método este que -como adelanté- no revela la configuración de alguno de los presupuestos a que el dispositivo reseñado subordina la procedencia del recurso extraordinario de nulidad.
En tal sentido, esta Corte ha señalado que los agravios vinculados a la consideración de cuestiones de hecho y prueba resultan ajenos al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, toda vez que su equivocado o infundado análisis es materia propia del de inaplicabilidad de ley (causas L. 96.238, "M., B.", sent. de 9-XI-2011; L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016).
Asimismo, cabe destacar que también resultan impropios del remedio de nulidad intentado los cuestionamientos referidos a la configuración del vicio de absurdo y arbitrariedad, siendo su análisis materia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.430, "Raymundo", resol. de 30-V-2012; L. 102.700, "Santander", sent. de 8-VI-2011; L. 102.759, "García Puente", sent. de 10-XI-2010; e.o.).
III.2.b. Por otro lado, y aun cuando la recurrente no se ocupa de brindar argumentos que avalen tal denuncia, tampoco se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 115.513, "Salinas", resol. de 30-XI-2011; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.337, "Cabrera", resol. de 31-VII-2013), hipótesis que no concurre en la sentencia atacada, en la cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
III.2.c. Finalmente, en atención a la cita de doctrina vinculada con la potestad de anular de oficio las decisiones judiciales, debe señalarse que ésta constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, razón por la cual no es dable que su actuación sea propiciada por las partes (causas L. 102.173, "Dickson", sent. de 30-XI-2011; L. 106.706, "Abaurrea", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.701, "Titos", sent. de 20-V-2015; e.o.).
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Soria, Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia absurdo y la violación y errónea aplicación del art. 44 inc. "d" de la ley 11.653 y la doctrina legal que cita (v. fs. 561/567).
I.1. En lo sustancial, reedita los cuestionamientos ensayados en el remedio extraordinario de nulidad.
I.1.a. Por un lado, aquel concerniente a que el órgano de grado omitió ponderar prueba -a su entender- esencial para determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y resolver los reclamos por diferencias de antigüedad y categorización de los actores Vitale y Figgini (v. fs. 562/563 vta.).
I.1.b. Por el otro, en cuanto entiende que el juzgador soslayó que el dictamen pericial contable y el informe del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín indicaban que Junarsa S.A.C.I.F.A. se encontraba abonando mediante planes de pagos los aportes sindicales y previsionales debidos a los accionantes, por lo cual, no debió hacer lugar el pago de la multa prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 563 vta./565).
I.2. Por último, manifiesta que los defectos apuntados anteriormente tachan de absurdo y arbitrario el fallo en crisis, por lo cual solicita su anulación de oficio (v. fs. 565/567).
II. El recurso no prospera.
II.1. Corresponde efectuar, en primer lugar, una consideración respecto de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad.
II.1.a. Al respecto, es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por el agraviado versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la aplicación de la sanción conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (conf. causas L. 107.378, "Santoro", sent. de 13-VI-2012; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.148, "Ferreira de Jesús", sent. de 20-XII-2017; e.o.).
En cambio, en la restante -vinculada a la determinación de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, para resolver los reclamos por diferencias de antigüedad y categorización de los actores Vitale y Figgini-, verificándose en el caso la existencia de un litisconsorcio activo, el valor de lo cuestionado estaría representado por la diferencia entre el importe de condena individualmente determinado para cada actor, liquidado en base a la mejor remuneración mensual, normal y habitual, teniendo en cuenta la antigüedad y categorización que fijó el a quo para cada uno de ellos , y aquella que resultaría de utilizar las pautas pretendidas por el interesado. Sin embargo, cierto es que, en su escueta impugnación, este último prescindió de toda iniciativa conducente a mesurar el agravio que invoca, incumpliendo entonces con la carga que tiene de acreditar que el monto del litigio supere la suma establecida como umbral en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015 y L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016).
II.1.b. Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, "Centurión" (sent. de 4-XII-2013) -y, más recientemente, al emitir mi voto en primer término en la causa L. 119.148, "Ferreira de Jesús" (sent. de 20-XII-2017), de connotaciones similares a la presente-, a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos.
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación referida en el punto I.1.a. del presente -ante la ya indicada insuficiencia de la cuantía- en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
II.1.c. En consecuencia, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
II.2. Bajo esas directrices, el agravio inicial que exhibe el recurso debe declararse inadmisible, en tanto el cuestionamiento deducido se vincula a típicas cuestiones de hecho y prueba y al absurdo en su valoración, las cuales se hallan excluidas de la acotada vía de revisión por la que transita este aspecto del recurso (conf. causas L. 95.117, "Lissarrague", sent. de 15-IV-2009; L. 95.338, "De Nardis", sent. de 20-V-2009; L. 98.131, "Izaguirre", sent. de 25-IV-2012; L. 97.349, "Juárez", sent. de 27-VI-2012; entre muchas más).
Tal es el caso de los planteos que formula la quejosa en torno a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la valoración de la prueba, a fin de establecer la mejor remuneración percibida por los señores Figgini y Vitale, su antigüedad y categorización, para calcular la respectiva indemnización por despido.
Y no obsta a lo expuesto la circunstancia de que la recurrente haya denunciado la violación de la doctrina legal, habida cuenta que no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto por el art. 55 de la ley 11.653, en el sentido y con el alcance establecido por esta Suprema Corte, toda vez que los precedentes invocados aluden a presupuestos distintos a los de la causa bajo juzgamiento (causas L. 105.176, "Bravo", sent. de 29-II-2012; L. 111.345, "D., S.", sent. de 19-IX-2012; L. 107.474, "González", sent. de 5-VI-2013; L. 110.363, "Moreira", sent. de 31-VII-2013; entre muchas otras).
Tampoco luce eficaz la mención de doctrina relativa al concepto de absurdo que contiene el recurso (causas L. 100.986, "Bozzano", sent. de 1-IX-2010; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; e.o.); así como tampoco aquella vinculada a la distribución de la carga de la prueba (v. fs. 562) pues -aun cuando participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la mencionada hipótesis de excepción resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas, tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007; e.o.)- la cita de doctrina legal deviene ineficaz si en el precedente invocado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediaron presupuestos de hecho y derecho diferentes a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 106.020, "A., V. N.", sent. de 12-XII-2012; L. 108.601, "Paradiso", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013; e.o.).
A todo evento, cabe recordar que la hipotética omisión de tratamiento de planteos oportunamente introducidos por las partes, es ajena a la vía intentada y constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), que la impugnante se abstuvo de deducir (causas L. 116.765, "Policheni", sent. de 18-IX-2013; L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; e.o.).
II.3. En cambio, y conforme lo señalé en el inicio, en relación al agravio referido a la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) es dable habilitar la instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), pues -si bien el tribunal de trabajo cuantificó el monto del rubro; v. fs. 527 vta. y 528 vta.- esta Corte tiene dicho que el importe de la penalidad prevista en el citado artículo sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna el litigio, a los fines del recurso, de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.251, "Díaz", sent. de 8-IX-2010; L. 102.460, "Garcés", sent. de 7-III-2012 y L. 122.319, "Serenal", resol. de 27-II-2019).
Sentado ello, la crítica no puede tener favorable acogida.
II.3.a. Como se anticipó, el juzgador hizo lugar al reclamo de los actores en cuanto pretendían el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en la normativa mencionada (v. sent., fs. 525 y vta.).
En tal sentido, con el informe elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP; v. fs. 363 y 367) y el emitido por la entidad sindical (v. fs. 427/429), juzgó acreditado que la empresa demandada no había ingresado la totalidad de los aportes de obra social y sindicales retenidos oportunamente a los accionantes.
Seguidamente, entendió que intimada fehacientemente la empleadora al cumplimiento de la referida obligación (v. fs. 12, 20, 43 y 67), conforme lo dispuesto por el decreto 146/01, se configuraban en el caso los presupuestos establecidos en el citado art. 132 bis, por lo que correspondía admitir la sanción indicada desde el mes de febrero de 2016 (mes siguiente a la fecha del distracto) hasta la fecha de la sentencia y hasta tanto la empleadora acredite en forma fehaciente haber ingresado los fondos retenidos oportunamente a los trabajadores actores (v. fs. 525 vta.).
II.3.b. Es sabido que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y sus conclusiones no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012 y L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013).
Bajo tales premisas, el planteo formulado luce insuficiente para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe la disconformidad de la recurrente con la solución allí alcanzada, sin aportar argumento alguno que permita acreditar la existencia de una absurda valoración de las constancias objetivas de la
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