Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122493
En la ciudad de La Plata, a 4 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 122.493, "Aguirre, Roberto Pablo contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la demanda deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 704/718).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 27-VIII-2018).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por el señor Roberto Pablo Aguirre y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a abonarle las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente y total previstas en la ley 24.557 (con las modificaciones introducidas por el dec. 1.278/00), reajustadas por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto por la ley 26.773 y el adicional contemplado en el art. 3 de esta última ley, con más los intereses calculados a la tasa que estableció (v. fs. 704/718).
Para así decidir -en lo que interesa destacar- juzgó acreditado que el día 12 de mayo de 2014, el actor sufrió un accidente de trabajo mientras realizaba sus tareas habituales como operario, oportunidad en la cual, al encontrarse limpiando una máquina extrusora, sufrió el atrapamiento de su mano derecha en los rodillos de la misma (v. vered., fs. 704 vta. y 705).
Con sustento en la prueba pericial médica y psiquiátrica, consideró que, a consecuencia de dicho infortunio, el accionante padece un trastorno por estrés postraumático y gravísimas lesiones en su mano y muñeca derechas, con secuelas permanentes -anatómicas, funcionales y estéticas- que, con los factores de ponderación y la afectación de su miembro superior hábil, lo incapacitan en un 97,5% del índice de la total obrera (20% psíquica y 77,5% física; v. vered., fs. 705 y vta.).
Asimismo, tuvo por probado que la aseguradora demandada brindó al trabajador las prestaciones en especie por incapacidad laboral temporaria y le abonó -mediante cheque a su orden- la suma de $1.109.269,30 (el día 24 de agosto de 2016; v. recibo, fs. 161 y vered., fs. 705 vta./706 vta.).
Ya en sentencia, puesto a determinar el importe de la prestación dineraria que le correspondía percibir al señor Aguirre, el a quo la cuantificó inicialmente en $618.576,57 -a partir del ingreso base mensual que estimó a la fecha del accidente en $6.630,03-, aplicando la fórmula prevista en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 (conf. dec. 1.278/00; v. sent., fs. 711).
A dicho importe le adicionó el 20% que establece el art. 3 de la ley 26.773 ($123.715,31) y la indemnización de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo, la que actualizó conforme el índice RIPTE previsto en la anterior ley citada (conf. resol. de la Secretaría de Seguridad Social 3/14), arribando a un total de $1.032.226,80 (v. sent., fs. 711 vta.).
Por otro lado, si bien evaluó que el aludido pago efectuado por la demandada en agosto de 2016 resultaba válido, juzgó que correspondía declarar la nulidad del desistimiento de la acción y del derecho suscripto por el actor en el recibo glosado a fs. 161, por no encontrarse reunidos los recaudos de validez dispuestos por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 712/713).
Finalmente, valoró la conducta asumida por las partes a lo largo del proceso y aplicó a la accionada la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, por entender que había actuado temeraria y maliciosamente "...por haber negado expresamente al contestar la demanda la ocurrencia del accidente sufrido por el actor, cuando previamente había aceptado el siniestro brindándole todas las prestaciones en especie..." y al "...haber efectuado pagos al actor sin la intervención del Tribunal, y sin requerir su asistencia letrada, cuando ya tenía pleno conocimiento de la existencia del juicio y la identidad de su apoderado, por haberlo hecho con posterioridad a la contestación de la demanda..." (sent., fs. 713 y vta.).
II. Contra el pronunciamiento de grado, la apoderada de Federación Patronal Seguros S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de las normas y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, alega que el tribunal de trabajo incurrió en absurdo en la valoración de la prueba.
Aduce que en oportunidad de fijar el valor mensual del ingreso base, el a quo lo estableció en la suma de $6.630,03, con el único argumento de que dicho monto resultó ser el tomado por la aseguradora al momento de efectivizar el pago al actor, apartándose arbitrariamente del establecido por el perito contador en su informe, que ascendía a $6.513,81, así como también de la normativa vigente y de lo dispuesto en el art. 12 de la ley 24.557, sin haber declarado previamente -en su caso- su invalidez constitucional.
Por otro lado, cuestiona la apreciación formulada por el sentenciante de la pericia psiquiátrica, pues afirma que -en el caso- el experto no aportó los "protocolos de prueba" efectuados al trabajador, los cuales -denuncia- siquiera han sido mencionados por el profesional.
Indica que las mencionadas ausencias empíricas impiden determinar cómo el perito ha podido arribar a las conclusiones que se desprenden de su análisis, por lo cual -dice- dicha pericia carece de validez como elemento probatorio.
Explica que la evaluación del daño psíquico debe realizarse en términos de conductas de carácter postraumático, de tal manera que sea posible determinar la magnitud y la especificidad de dicho daño. Añade que la sintomatología debiera permitir hacer evidente la relación causal entre el accidente y la perturbación patológica, por ello, debe indefectiblemente verse acompañado con los test correspondientes.
Sostiene que la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas posibilita el análisis de la fuerza probatoria de la pericia a la luz de las reglas de la sana crítica, en concordancia con las demás pruebas y elementos de convicción obrantes en la causa.
En otro orden, alega que el porcentaje de incapacidad total determinado en el fallo resulta erróneo pues, al tratarse de minusvalías múltiples -físicas y psíquicas- no correspondía sumarlas, sino computar a cada una de ellas con arreglo a la capacidad residual restante que ostenta el trabajador.
Afirma que el sentenciante debió haber aplicado el método "Balthazar", deduciendo del 100% de la incapacidad del actor aquella otorgada por el perito médico (77,5%), y sobre el 22,5% de la capacidad que le restaba, aplicar el 20% de incapacidad psicológica estimada, arrojando, en definitiva, un 4,51%.
II.2. Posteriormente, censura el pronunciamiento en cuanto aplicó la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Afirma que el sentenciante calificó la conducta de su parte como temeraria y maliciosa fundada en débiles argumentos.
Señala que, si bien el referido artículo regula de manera conjunta ambos institutos, responden a conductas disímiles. Sostiene que la imposición de la temeridad debe hacerse con criterio restrictivo para no afectar el derecho de defensa de las partes.
Manifiesta que el órgano de grado incurrió en arbitrariedad al interpretar que actuó con intención de causar un daño o entorpecer el proceso, cuando -afirma- únicamente contestó la demanda utilizando todas las herramientas de defensa de las que disponía. De esta forma, alega que la negación del accidente del actor no ha sido más que una defensa en contraposición a los hechos y circunstancias narradas por aquel en su libelo inicial.
En ese orden, sostiene que tampoco puede interpretarse que haya actuado con mala fe. En este sentido, expone que la aseguradora procedió conforme lo establecido en la ley 26.773 y -en cumplimiento con las obligaciones a su cargo- brindó las prestaciones al trabajador desde el momento mismo del hecho, continuando la asistencia y curaciones de manera ininterrumpida, sin perjuicio de que el señor Aguirre decidiera iniciar la demanda. Refiere que el proceso administrativo continuó su curso y que, al haberse anoticiado del dictamen efectuado por la Comisión Médica correspondiente, notificó fehacientemente al actor comunicándole el importe que le correspondía percibir de acuerdo a la incapacidad allí determinada.
Aduce que el trabajador concurrió a retirar el cheque correspondiente en las oficinas de su mandante prestando su absoluta conformidad, no solo con la incapacidad otorgada en aquel dictamen, sino también con la suma percibida. Explica que, sin intención de entorpecer el proceso y con la finalidad de perseguir la verdad, denunció este hecho nuevo ante el tribunal y solicitó la suspensión del plazo a prueba, pero su petición fue desoída.
Añade que, de conformidad con la incapacidad confirmada por el perito médico en la causa, el pago efectuado al trabajador resultó justo y equitativo.
Concluye solicitando se revoque lo decidido en el fallo de grado al respecto.
II.3. Por último, sostiene que el importe de las costas a su cargo excede el tope legal del 25% del monto de la sentencia, vulnerando así lo establecido en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil (según la modificación introducida por la ley 24.432, que se mantiene incólume en el art. 730 del Cód. Civ. y Com. de la Nac.); así como la doctrina legal que individualiza, proveniente de este Tribunal (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002 y L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015; e.o.).
Postula que el importe de las costas asciende a $821.705, que representan casi un 40% del monto de la condena, quedando evidenciado el quebrantamiento del aludido tope.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, cabe precisar que el medio de impugnación en tratamiento fue concedido por el tribunal a quo en los términos de la excepcional hipótesis receptada en la última parte del primer párrafo del art. 56 de la ley 11.653 (sic, debió decir art. 55; v. fs. 725 y vta.), decisión que ha sido consentida por la parte interesada.
Siendo ello así, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015 y L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, cabe advertir que resultan inadmisibles las críticas dirigidas a impugnar las conclusiones del fallo vinculadas a la valoración de la prueba efectuada por el órgano de grado.
Corresponde destacar que, al cabo, los cuestionamientos deducidos en este tramo del embate -estructurados bajo la denuncia de absurdo-, orientados a cuestionar la determinación del haber remuneratorio que debe tomarse como base para el cálculo de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, así como la ponderación de las pericias psiquiátrica y médica para establecer el grado de incapacidad del actor, constituyen cuestiones típicas de hecho y prueba que, como tales, se encuentran privativamente reservadas al tribunal de trabajo y detraídas del ámbito de la excepcional vía de la casación (causa L. 116.533, "Fernández", resol. de 4-VII-2012 y L. 117.910, "Frías", sent. de 3-V-2018).
Para más, corresponde recordar que reiteradamente ha dicho esta Corte que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 114.788, "Fernández", resol. de 7-IX-2011; L. 117.465, "Aloe", resol. de 25-IX-2013 y L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017).
III.3. Tampoco habilita la excepcional vía extraordinaria que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, el embate tendiente a revertir la penalidad que fija el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo impuesta en la instancia ordinaria.
Sabido es que la determinación de la existencia o inexistencia de un comportamiento por parte del empleador para aplicar la sanción por temeridad y malicia -en los términos del mencionado art. 275 de la ley 20.744- remite claramente -también en este aspecto- a cuestiones fácticas y probatorias, detraídas de revisión en el acotado ámbito cognoscitivo al que se circunscribe el referido supuesto excepcional (causas L. 92.086, "Abendaño", sent. de 28-IX-2011 y L. 96.008, "Orellana", sent. de 10-VI-2009; e.o.).
III.4. En cambio, asiste razón al compareciente al denunciar que el judicante se apartó de la doctrina legal elaborada por este Tribunal en torno al art. 505 del Código Civil (modif. por ley 24.432), la que ha de mantenerse vigente aún bajo el régimen normativo del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto último, toda vez que la reforma introducida por la ley 24.432 al art. 505 del antiguo código (ley 340) fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo.
Esta Corte -por mayoría- ya se ha expedido en distintos pronunciamientos en el sentido de que la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432), es aplicable en el ámbito provincial (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 81.838, "Macalusi", sent. de 10-IX-2003; L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; e.o.).
Luego, tal como se desprende de los cálculos aportados por el recurrente, el tribunal de grado ha excedido el porcentual (25%) establecido como límite a la responsabilidad de la parte vencida por las costas procesales, ciñéndose a la legislación arancelaria local para fijar el monto de los honorarios profesionales (en el caso el dec. ley 8.904/77 vigente al momento de practicarse la regulación), e inaplicado las citadas normas legales (v. sent., fs. 714 vta. y liquidación, fs. 719 vta.).
Corresponde, entonces, revocar el pronunciamiento de grado y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo en esta parcela, ajustándose en tal tarea a los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a su parte.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia de grado conforme lo expresado precedentemente, debiendo regresar las actuaciones al tribunal de origen para que dé cumplimiento con lo dispuesto en el punto III.4. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
I.2. También suscribo la solución propuesta por el ponente en los puntos III.2. y III.3. de su opinión.
Solo he de agregar que ninguna denuncia formula el interesado a fin de demostrar el quebrantamiento de doctrina legal relacionada con los tópicos que censura.
Luego, resulta claro que no se configura la excepción prevista en la ley adjetiva local cuando se constata que el despliegue argumental del impugnante carece de la necesaria denuncia de violación de doctrina legal de esta Suprema Corte (causas L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.398, "Amor", sent. de 24-V-2016; e.o.).
I.3. Con relación al agravio por el que se denuncia que el juzgador excedió el límite en la responsabilidad por el pago de las costas (con cita de los arts. 505, Cód. Civ. -art. 730, Cód. Civ. y Com. de la Nación- y 277, LCT; t.o. ley 24.432), también considero que se verifica en el caso la violación de la doctrina legal de esta Corte y, a los efectos de abordar el tratamiento del presente recurso, habré de remitir -como indiqué al emitir mi voto en la causa L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016)- a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010).
Lo expresado en dicho precedente, entre otros, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (CSJN Fallos: 332:921) y "Villalba" (CSJN Fallos: 332:1276), ratificados en recientes fallos dictados por el alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido"; "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIII-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente - acción civil", sentencia de 15-X-2015.
Así las cosas, la responsabilidad de la condenada en costas ha de tener como límite el establecido por la normativa (25%). Por ende -y como lo pone de manifiesto el doctor Pettigiani en el punto III.4. de su opinión-, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, obrar de conformidad con lo allí dispuesto (art. 277, LCT, texto según ley 24.432).
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el punto IV del voto inaugural.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Suscribo lo expuesto por el doctor Pettigiani en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su sufragio.
I.1. Luego, considero que merece respuesta favorable el agravio que versa sobre la denuncia de violación de la doctrina legal sentada -entre otros- en el precedente L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002) y vinculada con lo normado por los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 24.432).
Cabe reseñar cierta jurisprudencia relacionada con las disposiciones contempladas en la ley 24.432.
Al fallar la causa "Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I." (F.420.XXXVII, sent. de 28-VII-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la naturaleza común de la legislación mencionada.
Sobre tal base, puede concluirse que los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, que incorporaron un nuevo párrafo a los arts. 505 del Código Civil (reiterado en análogos términos en el art. 730, Cód. Civ. y Com.) y 277 de la ley 20.744, estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas -por la sustancia que regulan- no requieren adhesión alguna. Son entonces aplicables en el ámbito de las provincias (art. 75 inc. 12, Const. nac.), sin que ello implique alterar en modo alguno la autonomía local (causas L. 77.914, cit.; L. 73.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.