Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120709
En la ciudad de La Plata, a de
de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.709, "Colaneri, Sebastián Daniel contra Provincia ART S.A. Materia a categorizar".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 78/84 vta.).
Se interpuso, por la aseguradora de riesgos del trabajo, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 96/105 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por Sebastián Daniel Colaneri contra Provincia ART S.A. y condenó a ésta a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de diferencias vinculadas con la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16-, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773 (v. sent., fs. 78/84 vta.).
Para así resolver, valoró lo actuado en la causa "Colaneri, Sebastián Daniel c/ Provincia ART S.A. s/ Apelación de resolución administrativa", donde -dijo- resolvió que como consecuencia del accidente ocurrido el día 22 de enero de 2013, el promotor del juicio padeció una incapacidad del 5,2% del índice de la total obrera (v. sent., fs. 79 vta.).
Puntualizó que a la fecha del infortunio se encontraba vigente la ley 26.773 y que, por aplicación del "piso" indemnizatorio establecido por la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, la prestación dineraria pertinente no podía ser inferior a $56.729,14; a ese valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la citada ley ($11.345,82). A continuación, a la suma resultante dispuso "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente y el último publicado (agosto 2016); arribando a un coeficiente de 2,72 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $185.163,89 (v. sent., fs. 80 vta. y 81).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas con la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando a Provincia ART S.A. a abonar al actor el importe de $164.816,29, resultante de deducir la suma ya percibida de parte de la aseguradora (v. sent., fs. 81).
Finalmente, adicionó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., últ. fs. cit.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 16 del decreto 1.694/09; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 14 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 2 de la resolución 414/99; 17 y 18 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 96/105 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1.a. Denuncia que el pronunciamiento de grado vulnera la doctrina legal de este Tribunal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), señalando que el a quo interpretó inadecuadamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 al utilizar el índice RIPTE sobre el mínimo determinado según la resolución 387/16 (v. rec., fs. 98/102).
En este camino, por un lado, apunta que el mentado índice RIPTE actualiza los mínimos indemnizatorios del art. 14 de la ley 24.557, así como también la prestación adicional prevista en su art. 11, pero -de ningún modo- puede utilizarse para actualizar el resultado de la aplicación de fórmulas que ya contienen mínimos actualizados pues, en tal caso, se estaría aplicando dos veces el referido índice, duplicando la indemnización sin razón alguna.
II.1.b. Por otro lado, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16. Sostiene, en lo esencial, que el infortunio que originó la incapacidad del actor acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia del referido dispositivo.
II.2. Seguidamente, critica la aplicación de intereses sobre el monto por el que prosperó la demanda -a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires-, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal elaborada en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009); entre otras (v. rec., fs. 102 in fine /105).
II.3. Por último, controvierte que le hayan impuesto las costas, en tanto -sostiene- su parte cumplió con el pago de la indemnización correspondiente conforme la normativa aplicable al momento del infortunio laboral.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. En primer lugar corresponde señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.2.a. Siendo ello así, a tenor de lo resuelto por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) y ceñido al abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, le asiste razón a la recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el a quo aplicó el índice RIPTE.
En dicha oportunidad se señaló que el referido índice debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773,y -entre otras- en la resolución 34/13 dictada por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773 en su texto original) y, finalmente, -y aun posterior- en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
Adicionalmente, el criterio expuesto se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/Provincia ART S.A. s/accidente - ley especial", sent. de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párrafo).
III.2.b. Entonces, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso traído, y revocar la sentencia de grado en cuanto en ella se aplicó erróneamente el índice RIPTE previsto en la ley 26.773, el que deberá calcularse en la instancia conforme lo expuesto.
III.3. Señalado lo anterior cabe precisar que el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones deberá ser empleado conforme el índice publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; citado por la recurrente) y reiterado en las causas L. 117.417, "Maidana" (sent. de 31-X-2016) y L. 119.011, "Tarducci" (sent. de 14-XII-2016), en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de ello, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral (es la que surge del pronunciamiento de grado) éste no cae bajo la órbita de aplicación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 387/16, sino de la resolución 34/13 del mismo organismo. En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.4. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.4.a. El tribunal de trabajo dispuso que "atento a la particular forma de concluir" tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 81).
La impugnante controvierte tal definición, denunciando violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y solicitando la aplicación de la "tasa pasiva" del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 102 in fine /105).
III.4.b. Ahora bien, debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("...atento a la particular forma de concluir [...] deben aditarse los intereses [...] desde el presente decisorio...", sent., fs. 81), resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente al trabajador aplicando el piso mínimo previsto en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 387/16 y -además- "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente y el último publicado (agosto 2016) y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha de la sentencia.
Por lo cual, siendo que -conforme se propuso precedentemente- debe revocarse tanto el método de aplicación del índice RIPTE como así también la utilización de la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación 387/16, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el a quo en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que no se ajusta a la normativa vigente.
Por lo demás, no se suscita en la especie el presupuesto fáctico que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera", sentencia de 18-III-2018 y C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-V-2018, en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito. Ello así, toda vez que -en el caso- la fijación del quantum indemnizatorio no habrá de traducir la estimación de los valores actuales de los mismos, ni importará la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos.
III.5. Respecto de la crítica vinculada con la imposición de costas del proceso, cabe señalar que no se observa el excepcional supuesto habilitante, en tanto se prescinde de la denuncia de doctrina legal (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013 y L. 118.292, "Nieva", resol. de 20-XI-2014).
III.6. Finalmente, resulta inatendible lo expuesto por la recurrente a fs. 97 vta. en cuanto se le atribuye al tribunal no haber abordado "la oponibilidad a la aplicación del art. 3 de la ley 26773", desde que sin perjuicio de carecer de un desarrollo argumental serio, pretende evidenciar un supuesto error que debió ser canalizado por el recurso extraordinario de nulidad.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en los puntos III.2., III.3. y III.4. del presente.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, con nueva integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Con costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto. De modo tal que la cuestión, debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
I.2. Desde la perspectiva apuntada, y atento a que el infortunio ocurrió durante la vigencia de la ley 26.773 (22 de enero de 2013), suscribo las consideraciones formuladas en el punto III.2. del sufragio que abre el acuerdo, con sustento en la doctrina legal emergente de la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
I.3. Sentado ello, también debe prosperar la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, en tanto el tribunal ha vulnerado la doctrina citada por la recurrente.
Al respecto, comparto lo manifestado por el colega ponente en el punto III.3. de su voto.
I.4. Por otro lado, entiendo que debe prosperar el embate contra la tasa de interés que hubo de fijar el tribunal de grado al capital de condena.
I.4.a. Como se dijo, el a quo dispuso que dichos accesorios debían liquidarse, desde la fecha de la sentencia, conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia".
I.4.b. En su recurso, la impugnante denuncia vulnerada la doctrina sentada por esta Corte en las causas C. 101.744, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
I.4.c. Al respecto, importando la aplicación de la ley 26.773 una actualización de los montos de condena, se advierte la necesidad de fijar una doctrina legal en materia de intereses aplicable que, conforme la función que tiene por manda constitucional, dibuje la línea interpretativa a que deberán atenerse los demás tribunales (en los términos del recurso de inaplicabilidad de ley consagrado en los arts. 278 y sigs., CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.4.c.i. En el caso bajo análisis se ha aplicado la tasa pasiva "digital" para calcular los intereses a devengar por un monto de condena cuya cuantía ha sido calculada por aplicación de las disposiciones del decreto 1.694/09 y la ley 26.773, por lo que, entiendo, ese aspecto del fallo debe modificarse. Para justificar tal propuesta debo hacer un poco de historia.
I.4.c.ii. Hace más de cuarenta años, distintos tribunales de nuestro país empezaron a hacer lugar a los reclamos por el reajuste de créditos por sumas de dinero por aplicación de diferentes índices y siempre que hubiera mora del deudor (CSJN "Fernández (s/Suc) c/ Prov. Bs. As. s/ cobro de alquileres"; "Camusso de Marino c/ Perkins S.A." y "Valdez, J.R. s/ Gobierno Nacional", sents. de 23-IX-1976; SCBA causa Ac. 23.038, "Más", sent. de 21-VI-1977; la Cámara Nacional Civil, en acuerdo plenario dictado el 9-IX-1977 en la causa "La Amistad S.R.L. c/ Iriarte, Roberto", por citar las más conspicuas). Se aclaró, sin embargo, que una vez reajustado el capital en virtud de la depreciación del signo monetario, la tasa a la que debían calcularse los intereses que tales deudas producirían debía ser una tasa pura, que oscilaba entre el 6% y el 8% anual.
Tal tendencia se mantuvo a partir del año 1984, reiterando tanto la Corte federal ("E.N.Tel. c/Prov. de Neuquén", sent. de 13-XII-1984) como este Tribunal (causa B. 49.062, "Nardini", sent. de 30-X-1984), la procedencia del reajuste en caso de mora del deudor, y la fijación de un interés puro que se generalizó en el 6% anual.
La ley 23.928 (la llamada Ley de Convertibilidad), en su art. 8, prohibió toda forma de reajuste, indexación o repotenciación de deudas, hubiera o no mora del deudor, a partir del 1 de abril de 1991. Ello no impidió que sentencias posteriores a esa época, donde se resolvían casos antiguos, reconocieran la actualización monetaria hasta tal fecha, y adicionaran un interés calculado a la tasa del 6% anual (pueden verse mis votos en las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011, en los que tuve la compañía de mis distinguidos colegas).
I.4.c.iii. Esta reseña no ha tenido otro fin que demostrar que los precedentes más reconocidos (algunos de los cuales aún conforman la doctrina legal de este Cuerpo) establecen que, en caso de autorizarse la actualización de una deuda por aplicación de cualquiera sea el índice corrector, los intereses a devengarse no pueden ser ya calculados a las tasas bancarias oficiales, sino que deben serlo a una tasa pura. Esta tasa pura es la que resarce exclusivamente la indisponibilidad del capital y no contiene ningún otro componente o prima compensatoria por variables tales como la inflación, el riesgo crediticio, los gastos operativos, etcétera.
Pues bien: si -como queda establecido en el capítulo anterior- hemos de reconocer la posibilidad de aplicar a casos como el de autos las previsiones de la ley 26.773 en tanto ésta autoriza a "ajustar" (término usado en el art. 8 de la misma) o "actualizar" (en los distintos apartados de su art. 17) las sumas adeudadas -aunque sea por un lapso que no llegue a la fecha de la sentencia-, no podemos ahora apartarnos de la línea jurisprudencial anotada, y ello no sólo por la regla de sujeción al precedente sino por la ínsita equidad que ella entraña. Esto porque "actualizar", para la Real Academia Española, quiere decir (segunda acepción) "poner al día datos, normas, precios rentas, salarios, etc.", siendo sinónimo contextuado de "ajustar" o "reajustar", mientras que "indexar" se usa para significar la relación ordenada de datos o informes con la finalidad de elaborar un índice (y tiene su origen en el oprobioso Index Librorum Prohibitorum de la Inquisición española).
De allí que, debiend
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.