Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119593
En la ciudad de La Plata, a de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.593, "Gaveglio, Luciano David contra Provincia ART S.A. Enfermedad accidente".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 179/186).
Se interpone, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 192/204 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente sufrido mientras se encontraba cumpliendo su jornada laboral habitual -como empleado (categoría Obrero III), dependiente de la Municipalidad de Junín-, el señor Luciano David Gaveglio padece una incapacidad laboral permanente parcial que, incluidos los factores de ponderación, lo invalida en un 7,75% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 179/180 vta.).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado condenó a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15 (27-II-2015)- con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE- (art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773.
Puesto a determinar el importe indemnizatorio previsto en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante lo cuantificó inicialmente en la suma de $22.235,29 (v. sent., fs. 184).
Empero, tras declarar aplicable al caso las pautas indemnizatorias previstas en la resolución 6/15 -por considerar que, aun cuando la contingencia fuese anterior a la fecha de entrada en vigencia de la citada normativa, al momento de dictarse el fallo la deuda se encontraba impaga-, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $55.294,39 ($713.476 x 7,75%).
Luego, consideró que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de diciembre de 2012 (798.50) y febrero de 2015 (1.418,58) arrojaba un coeficiente de 1,77, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $97.871,07 ($55.294,39 x 1,77).
A dicho importe, adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a la suma de $19.574,21; arribando a un total de $117.445,28 (v. sent., fs. 184 in fine y vta.).
Finalmente, dispuso que al monto de condena resultante se le aplicarán intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha del evento dañoso (13 de diciembre de 2012) hasta su efectivo pago (v. fs. 184 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, señala que el a quo interpretó inadecuadamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 al utilizar el índice RIPTE sobre el mínimo determinado según la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15, pues esta última define -con arreglo a lo dispuesto por el art. 8 de la referida ley- el importe de la prestación actualizada.
Alega que si bien, atento la fecha del infortunio, resulta indiscutible la inaplicabilidad al caso de la resolución 6/15, constituye un verdadero despropósito que las prestaciones determinadas con arreglo a ella sean indexadas -por conducto del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773- mediante la implementación del mencionado índice.
La irrazonabilidad de la mecánica -a su criterio- radica en que el RIPTE se utiliza para actualizar el "piso" indemnizatorio del art. 14 de la ley 24.557, así como también la prestación adicional prevista en su art. 11, pero de ningún modo se aplica a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados, pues, caso contrario, dicho coeficiente se utilizaría dos veces sobre el mismo monto (v. fs. 193 vta./196).
II.2. Por otro lado, la interesada cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15.
Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio que originó la incapacidad del actor acaeció (13 de diciembre de 2012) con anterioridad a la entrada en vigencia del referido dispositivo, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las normas previsto en el art. 3 del Código Civil, y afecta los derechos de defensa y propiedad consagrados en la Constitución nacional.
Advierte que el criterio según el cual el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales se define por el momento en que ocurre la contingencia, no sólo se apoya en los precedentes que cita, sino también en los propios términos del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (v. fs. 196 in fine /200).
II.3. Seguidamente, impugna la tasa de interés según la cual el juzgador ordenó se liquiden los accesorios de carácter moratorio.
II.3.a. Aduce que la tasa de interés propuesta por el juzgador (pasiva "digital") vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009); ratificada luego en L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), en la que se declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399.
II.3.b. Por otro lado, objeta que la fecha de inicio del cómputo de los acrecidos sea la del evento dañoso, pues -argumenta- el capital recompuesto (por aplicación del índice RIPTE) sólo es exigible desde la fecha en que la sentencia de grado adquiere firmeza.
En definitiva, sostiene que la decisión de grado viola el derecho de propiedad, el principio de legalidad y el art. 2 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 414/99.
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. De manera preliminar, debe destacarse que el veredicto de fs. 179/180 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653. Asimismo, se observa que la actuaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 180 vta.), ni la sentencia (v. fs. 185 vta. y 186), limitándose a suscribir solamente la constancia de registro respectiva (v. fs. 180 vta. y 186). No se sabe, entonces, quien redactó el acta de Acuerdo, ni hay quien dé fe de los votos que allí se volcaron.
Los defectos apuntados constituyen una falencia de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Ingresando al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, cabe destacar que, en la especie, el valor de lo cuestionado ante esta instancia -tal como lo estableció el sentenciante de mérito en la resolución mediante la que concedió el presente medio de impugnación (v. fs. 215 y vta.)- no supera el monto mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010) ni aun cuando también fueran incluidos los intereses que devengaría la condena, según lo peticionado por el actor al promover su demanda (v. fs. 11), de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de la Suprema Corte se limita a constatar si lo resuelto por el tribunal de trabajo contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013; L. 117.283, "Guzmán", sent. de 24-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015; e.o.).
III.3. Aclarado lo que antecede, la crítica focalizada en el modo en que el sentenciante aplicó el índice RIPTE debe prosperar.
El pronunciamiento sobre el agravio que gira en torno al empleo del índice RIPTE allí previsto, no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308: 1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.3.a. En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
En este marco, le asiste razón a la impugnante -cuyo desarrollo argumental está en línea con lo decidido por este Tribunal en el citado precedente- en tanto el tribunal aplicó erróneamente el mentado índice sobre un "piso" que ya se encontraba ajustado.
III.3.b. Sentado ello, corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en las causas L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; e.o.) en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 (y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación) para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el 13 de diciembre de 2012, lo cierto es que el mismo no cae bajo la órbita de aplicación de la citada resolución 6/15 sino de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13.
En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.3.c. Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda, de conformidad con lo aquí resuelto.
III.4. Por otro lado, entiendo que debe prosperar la crítica que gira en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
III.4.a. Como se dijo supra , el a quo dispuso que dichos accesorios debían liquidarse, desde la fecha del evento dañoso, conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 184 vta.).
III.4.b. En su recurso, la impugnante denuncia vulnerada la doctrina sentada por esta Corte en la causa "Abraham", entre otras, y solicita la aplicación de la tasa pasiva "común".
III.4.c. Ahora bien, importando la aplicación de la ley 26.773 una actualización de los montos de condena, se advierte la necesidad de fijar una doctrina legal en materia de interés aplicable que, conforme su función que tiene por manda constitucional, dibuje la línea interpretativa a que deberán atenerse los demás tribunales (en los términos del recurso de inaplicabilidad de ley consagrado en los arts. 278 y sigs., CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.4.c.i. En el caso bajo análisis se ha aplicado la tasa pasiva "digital" para calcular los intereses a devengar por un monto de condena cuya cuantía ha sido calculada por aplicación de las disposiciones del decreto 1.694/09 y la ley 26.773, por lo que entiendo ese aspecto del fallo debe modificarse. Para justificar tal propuesta debo hacer un poco de historia.
III.4.c.ii. Hace más de cuarenta años, distintos tribunales de nuestro país empezaron a hacer lugar a los reclamos por el reajuste de créditos por sumas de dinero por aplicación de diferentes índices y siempre que hubiera mora del deudor (CSJN "Fernández (s/Suc) c/Prov. Bs. As. s/cobro de alquileres"; "Camusso de Marino c/Perkins S.A." y "Valdez, J.R. s/Gobierno Nacional", sents. de 23-IX-1976; SCBA causa Ac. 23.038, "Más", sent. de 21-VI-1977; la Cámara Nacional Civil, en acuerdo plenario dictado el 9-IX-1977 en la causa "La Amistad S.R.L. c/Iriarte, Roberto", por citar las más conspicuas). Se aclaró, sin embargo, que una vez reajustado el capital en virtud de la depreciación del signo monetario, la tasa a la que debían calcularse los intereses que tales deudas producirían debía ser una tasa pura, que oscilaba entre el 6% y el 8% anual.
Tal tendencia se mantuvo a partir del año 1984, reiterando tanto la Corte federal ("E.N.Tel. c/Prov. de Neuquén", sent. de 13-XII-1984) como este Tribunal (causa B. 49.062, "Nardini", sent. de 30-X-1984), la procedencia del reajuste en caso de mora del deudor, y la fijación de un interés puro que se generalizó en el 6% anual.
La ley 23.928 (la llamada Ley de Convertibilidad), en su art. 8, prohibió toda forma de reajuste, indexación o repotenciación de deudas, hubiera o no mora del deudor, a partir del 1 de abril de 1991. Ello no impidió que sentencias posteriores a esa época, donde se resolvían casos antiguos, reconocieran la actualización monetaria hasta tal fecha, y adicionaran un interés calculado a la tasa del 6% anual (pueden verse mis votos en las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011, en los que tuve la compañía de mis distinguidos colegas).
III.4.c.iii. Esta reseña no ha tenido otro fin que demostrar que los precedentes más reconocidos (algunos de los cuales aún conforman la doctrina legal de este Cuerpo) establecen que, en caso de autorizarse la actualización de una deuda por aplicación de cualquiera sea el índice corrector, los intereses a devengarse no pueden ser ya calculados a las tasas bancarias oficiales, sino que deben serlo a una tasa pura. Esta tasa pura es la que resarce exclusivamente la indisponibilidad del capital y no contiene ningún otro componente o prima compensatoria por variables tales como la inflación, el riesgo crediticio, los gastos operativos, etcétera.
Pues bien: si -como queda establecido en el capítulo anterior- hemos de reconocer la posibilidad de aplicar a casos como el de autos las previsiones de la ley 26.773 en tanto ésta autoriza a "ajustar" (término usado en el art. 8 de la misma) o "actualizar" (en los distintos apartados de su art. 17) las sumas adeudadas -aunque sea por un lapso que no llegue a la fecha de la sentencia-, no podemos apartarnos de la línea jurisprudencial anotada, y ello no sólo por la regla de sujeción al precedente sino por la ínsita equidad que ella entraña. Esto porque "actualizar", para la Real Academia Española, quiere decir (segunda acepción) "poner al día datos, normas, precios rentas, salarios, etc.", siendo sinónimo contextuado de "ajustar" o "reajustar", mientras que "indexar" se usa para significar la relación ordenada de datos o informes con la finalidad de elaborar un índice (y tiene su origen en el oprobioso Index Librorum Prohibitorum de la Inquisición española).
De allí que, debiendo utilizarse las variaciones del índice RIPTE para ajustar -durante el lapso que va desde el accidente hasta el momento de determinación de la incapacidad- el monto de la base indemnizatoria, proponga que la tasa para el cálculo de los intereses devengados por el capital durante tal período sea del 6% anual.
III.5. Luego, el agravio dirigido a rebatir el momento a partir del cual el juzgador de grado dispuso la aplicación de intereses no resulta atendible.
Ello así, por cuanto la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción prevista en el art. 55 in fine del régimen procesal laboral se impone claramente, toda vez que la única doctrina de esta Corte que ha identificado la recurrente en este capítulo de la queja (v. fs. 203 vta.; vinculada al derecho de propiedad en el marco de una acción de inconstitucionalidad) no tiene relación alguna con la materia debatida en el sub lite (causa L. 101.509, "Johansen", sent. de 7-IX-2011).
Por otro lado, corresponde señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 117.861, "Ale", sent. de 10-VI-2015 y L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015).
III.6. Finalmente, y en atención a los señalamientos formulados en el punto III.1. de este voto, me veo compelido a exhortar nuevamente a los señores jueces sobre las irregularidades -algunas graves- que se advierten en el dictado de las sentencias que esta Corte ha debido revisar. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la omisión del actuario de rubricar el veredicto y la sentencia, y lo señalado ut supra , se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.3. y III.4.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin
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