Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119813
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.813, "Zamudio, Luciano Alejandro contra Liberty ART S.A. y ot. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial La Plata desestimó la demanda promovida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 444/453).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 457/470 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente homologó "el desistimiento de la acción y del derecho" formulado por Luciano Alejandro Zamudio contra Liberty ART S.A. por la reparación integral solidaria en los términos del art. 1.074 del Código Civil y rechazó la demanda promovida por el actor contra dicha codemandada en cuanto pretendía la indemnización especial establecida en la ley 24.557 por carecer de causa jurídica fundante (art. 726, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 444/453).
Para así decidir, señaló que no resultó controvertido que el accionante prestaba servicios para la firma Heil Trailer Internacional S.A. como soldador ni la contratación, vigencia y alcances del contrato de afiliación entre la empleadora y Liberty ART S.A. para el otorgamiento por parte de ésta de las prestaciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. vered., fs. 444 vta. y 445).
Indicó que tampoco fue un hecho discutido el acaecimiento del infortunio sufrido por Zamudio el día 29 de marzo de 2010 en momentos que estaba realizando tareas en su lugar de trabajo y explotó un tanque cisterna, sufriendo politraumatismo con pérdida de conocimiento momentáneo y quemaduras en su cuerpo, fractura de maxilar inferior y pérdida de piezas dentarias. Asimismo, puntualizó que la Comisión Médica dictaminó que el actor era portador de una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 5% del índice de la total obrera, y que se puso a su disposición el monto de $18.765, que fue percibido por aquél (v. fs. 445 y vta.).
Luego, tras evaluar los informes periciales médico y odontológico, determinó que la incapacidad ascendía a un total del 44% del índice de la total obrera y, a través del análisis de las constancias de haberes y cálculos establecidos por el perito contador, juzgó acreditado que el ingreso base mensual estaba representado por la suma $3.119,95 y que la edad del actor a la fecha en que ocurrió el infortunio era de veintisiete años, con lo cual el coeficiente etario era de 2,4 (v. fs. 446 vta.).
Establecidos estos extremos, señaló que, teniendo en cuenta el acuerdo conciliatorio al que arribaron el accionante y el empleador demandado (homologado por el juzgador a fs. 441/442), se tornaba abstracto el tratamiento del reclamo vinculado a la responsabilidad civil que pretendió endilgar al principal (v. fs. 450 vta.).
Señaló también que -como surge del acta de la audiencia obrante a fs. 440 y vta.- el actor desistió del reclamo solidario contra la aseguradora de riesgos del trabajo por la reparación integral en los términos del art. 1.074 del Código Civil y sostuvo que continuaba la pretensión con sustento en la ley 24.557 (v. fs. 450 vta.). En ese marco, juzgó cumplidos los recaudos exigidos y homologó el desistimiento de la acción (pese a que en la parte dispositiva del pronunciamiento también homologó el desistimiento del derecho).
Luego, se dispuso a evaluar si en autos resultaba procedente la pretendida reparación especial peticionada por el actor en oportunidad de labrarse aquella acta y expresó que de la lectura e interpretación de las piezas constitutivas del proceso se desprendía que la parte actora había fundado su pretensión exclusivamente en la reparación por daños y perjuicios sustentada en el derecho común (v. fs. 446).
Añadió que el principio de congruencia importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e impone que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa; y que aquél resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas al modo en que ha sido planteado el reclamo.
Además, indicó que la litis determina los límites de los poderes del juez, quien debe pronunciarse sólo sobre lo que se peticiona, y que la regla iura novit curia tiene como valladar el de no alterar la relación procesal, quebrantándose el principio de congruencia cuando no media conformidad entre la sentencia y el pedimento respecto de la persona, el objeto o la causa de la pretensión.
De lo expuesto, concluyó que el actor no podía pretender en esa instancia, alterar, modificar o ampliar los términos en que había quedado sellado el objeto de la controversia con los escritos constitutivos del proceso y rechazó el reclamo fundado en la ley 24.557 que -dijo- pretendió insertar en una etapa procesal preclusa (v. fs. 451 y vta.).
II. Contra dicha decisión, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 457/470 vta.).
En sustancia, cuestiona que el a quo al rechazar la demanda, eximiera a la aseguradora demandada de abonar las prestaciones establecidas en la ley 24.557 destinadas a resarcir, al menos de modo parcial, los daños cuya reparación integral se reclamó.
Señala que no hay razones para liberarla del deber de reparación en la extensión del débito que le resulta exigible cuando ocurre el evento asegurado -como en el caso-, pues, lo contrario implicaría relevarla de reparar los perjuicios emergentes de un infortunio laboral, aceptando su incumplimiento contractual y el de las prestaciones que le han sido impuestas legalmente por el régimen especial que la emplaza como responsable directa (v. rec., fs. 464 vta.).
Alega, además, que el empleador codemandado, al presentarse al litigio, sostuvo que, en virtud del régimen legal aplicable, tanto la prevención como la reparación de los riesgos derivados del trabajo resultaban a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo y que la aseguradora manifestó, al contestar la acción, que se encontraba vinculada con el empleador por un contrato de afiliación en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, y que en razón de dicho contrato se obligaba a otorgar las prestaciones previstas en la ley 24.557 (v. fs. 467).
Con estos argumentos intenta explicar que, en el caso, las codemandadas en ningún momento rechazaron la aplicación de la ley 24.557, por lo que -concluye- las partes sometieron a decisión judicial determinar la aplicación de la indemnización civil o la tarifada, desde el inicio mismo del reclamo, lo cual evidencia la inexistencia de transgresión del principio de congruencia para el caso de condena de la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos de la ley 24.557 (v. fs. 467 vta.).
Señala que aun cuando la pretensión resarcitoria por infortunio laboral pudiera estar basada primitivamente en la normativa común, esta situación no tiene como consecuencia lógica necesaria desligar a la aseguradora de sus obligaciones, debiendo determinarse en la sentencia de mérito el alcance de la condena a la luz de la cobertura pactada. Por ello -indica- la decisión a la que arriba el tribunal es contraria a la doctrina legal de esta Corte que cita (v. fs. 465 vta.).
En consecuencia, y a tenor de lo señalado, afirma que resulta desacertada la conclusión del tribunal de trabajo puesto que el actor no modificó, alteró ni amplió los términos de la controversia y añade que el a quo desinterpretó el escenario fáctico planteado en autos, incurriendo en absurdo.
Postula que el tribunal debió admitir la demanda respecto de las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, pues ello no implica transgresión de los principios de congruencia e iura novit curia , ni afectación del derecho de defensa del demandado.
III. El recurso prospera.
III.1. Inicialmente, habré de efectuar algunas consideraciones con relación al errático trámite dado por el tribunal al desistimiento del reclamo formulado por la parte actora en la audiencia de la que da cuenta el acta obrante a fs. 440 y vta. (pese a que el tribunal insiste equivocadamente en ubicarla a fs. 301), por considerar que, sin duda, ha contribuido a la particular situación configurada en autos.
En esa oportunidad la parte actora concilió con la empleadora demandada su reclamo de daños y perjuicios derivados de un accidente laboral y en ese mismo acto desistió del reclamo solidario de daños y perjuicios contra Liberty ART S.A. (ausente en la audiencia) a la vez que manifestó que continuaría contra esa aseguradora "...el reclamo indemnizatorio exclusivamente en los términos de la ley 24.557 y sus modificatorias por el accidente de autos...".
Acto seguido, el tribunal de origen homologó el acuerdo conciliatorio, dispuso formar incidente de pago a su respecto y ordenó sin más un nuevo pase al Acuerdo (v. fs. 441 vta. y 442).
A continuación, en el pronunciamiento recurrido se hace referencia -en la pregunta b) del veredicto- al desistimiento formal del reclamo solidario por reparación de derecho común y la intención de continuar el reclamo contra la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos de la ley 24.557. Luego, en el capítulo "Decisión" de la sentencia, sucesivamente se expone en relación al desistimiento de la acción y del derecho sobre la necesidad "...de efectuar una interpretación estricta acerca de los actos por los cuales se exterioriza la voluntad de desistir..." (fs. 450 vta.), se propicia "homologar el desistimiento de la acción" (fs. 451) para finalmente fallar homologando el desistimiento de la acción y del derecho (v. fs. 452 vta.).
Así las cosas, observo que, luego de notificada la demanda, la parte actora desistió del reclamo de daños y perjuicios contra la aseguradora (o sea de la acción), a la vez que requirió el pase a sentencia por la "acción" que proseguía y que dicha aseguradora no se encontraba presente en la audiencia en la que se expresó tal desistimiento; y que, pese a que se trató de un desistimiento de la acción, no se confirió traslado a la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del art. 304 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, detecto que, no obstante lo expresado por el tribunal en punto a la interpretación restrictiva que cabe realizar del desistimiento expresado por el actor y de propiciar la homologación del desistimiento de la acción, contradictoriamente confirió un efecto mucho más amplio a esa homologación al decidirla no sólo respecto de la acción sino también del derecho.
Sin perjuicio de la perplejidad que genera la serie de desaciertos señalada, también tengo en consideración que la propia parte actora dedujo la vía extraordinaria dirigiéndose a cuestionar tan sólo el aspecto del fallo que rechazó el reclamo fundado en el régimen especial de riesgos del trabajo.
En ese marco, entiendo que esta Corte puede ejercer su competencia revisora en la medida que no se encuentra impedida de conocer de la legalidad del fallo en orden a los agravios traídos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 100.658, "Ciotti", sent. de 7-VII-2010; L. 98.099, "Galván", sent. de 13-VII-2011 y L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012).
III.2. Ahora bien, aclarado ello, corresponde analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, más precisamente, en lo referente al valor del litigio.
En este sentido, y con relación a la pretensión deducida para que se reconozca la procedencia del reclamo con sustento en la ley 24.557, es posible advertir que el recurrente prescinde de toda iniciativa conducente a mensurar el agravio que invoca, incumpliendo entonces la carga que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 101.519, "R., L. F.", sent. de 21-IV-2010 y L. 95.744, "Toscano", sent. de 14-VII-2010).
En efecto, se advierte de la lectura del recurso en examen y de las constancias de la causa que ni siquiera cuantificó claramente el importe que pretendía de conformidad con las normas que entendía aplicables al caso.
Resultando, por lo tanto, que, en la especie, el recurrente no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, se impone concluir que el recurso extraordinario deducido no reúne los requisitos esenciales de admisibilidad que permitirían su estudio sin limitaciones derivadas de aquel extremo cuantitativo, y corresponde ingresar a su análisis en el más estrecho carril previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.3. Luego, en el caso se verifica este supuesto excepcional en el que la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013 y L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013).
En efecto, acierta el recurrente en señalar que el a quo ha vulnerado la doctrina legal establecida por este Tribunal en el precedente L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros" (sent. de 11-V-2005), entre muchos otros, en el cual se declaró que las aseguradoras de riesgos del trabajo no han de quedar relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la ley 24.557.
En consecuencia, el daño padecido por el trabajador deberá ser reparado por quien resulte -en definitiva- obligado a su pago, sea el empleador, la aseguradora de riesgos del trabajo o ambos, según como hayan quedado acreditadas sus respectivas responsabilidades (causas L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011; L. 107.944, "Maldonado", sent. de 5-XII-2012; L. 117.195, "Villaba", sent. de 9-IV-2014 y L. 116.678, "Mendilahatzu", sent. de 17-XII-2014).
En la especie, el pronunciamiento de grado se aparta de la evocada doctrina legal, toda vez que demostradas las condiciones reseñadas en el apartado I del presente, el a quo debería haber determinado la responsabilidad de Liberty ART S.A. en los términos del régimen prestacional establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo, a cuya satisfacción resultaba obligada.
De este modo, se impone revocar la sentencia de grado en cuanto se desentendió de todo análisis tendiente a establecer la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo en el referido contexto.
Por tales razones, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, tomando en consideración los extremos acreditados en el veredicto de fs. 444/447 -que permanecen firmes por ausencia de impugnación-, cumpla con dicho cometido y dicte un nuevo pronunciamiento conforme lo que aquí se decide.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar el pronunciamiento de grado con los señalados alcances.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Las razones expuestas por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el apartado III.2. de su sufragio -que comparto- conducen a analizar el recurso bajo el estrecho carril previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda limitada a constatar si lo resuelto en el caso contraría su doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015 y L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017).
I.2. En este contexto, los agravios traídos lucen inhábiles.
Con fundamental sustento en el principio de congruencia, el tribunal juzgó que efectuados los desistimientos de los que da cuenta el acta respectiva, no resultaba aceptable que el demandante pudiese "...continuar la acción..." dirigida a percibir las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 de parte de la firma aseguradora, toda vez que "...la pretensión actoral fue solamente la reparación de daños y perjuicios derivados del derecho común..." (fs. 451 y vta.).
Tal motivación debe permanecer firme, pues las críticas que trae el interesado vinculadas con el contenido de los escritos constitutivos de la litis, o bien, con el mentado postulado procesal de la congruencia, no pueden ser abordadas en el estrecho marco de revisión por el que transita el medio de impugnación (causas L. 99.949, "Avendaño", sent. de 13-X-2010; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015 y L. 120.938, "Ihitz", resol. de 6-XII-2017).
A partir de ello, no son de recibo las genéricas invocaciones que efectúa el recurrente con sustento en los resuelto por este Tribunal en los precedentes L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros" (sent. de 11-V-2005); L. 86.587, "Zaccardi" (sent. de 21-VI-2006); L. 84.402, "Barrientos" (sent. de 13-IX-2006) y L. 84.640, "Calderón de Loiza" (sent. de 18-VII-2007) afirmando que "...El daño sufrido por el trabajador o sus derechohabientes debe ser atendido por quien resulte obligado a su pago, sea la compañía aseguradora de riesgos del trabajo, el empleador o ambos según el modo en que hayan quedado acreditadas las bases de sus respectivas responsabilidades [...] ya que en su caso la patronal podrá encontrar protección en la medida del aseguramiento..." (fs. 465 vta. y 469 vta.), pues, frente a las concretas aristas que exhibe el caso -de las que ilustra el propio contenido de la decisión- no cumple el recurrente con la carga de evidenciar la infracción a la que alude el mentado art. 55 de la ley 11.653.
II. En virtud de lo expuesto, el recurso debe ser desestimado. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Suscribo lo expuesto por el doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, adhiero a la propuesta del doctor Soria, con excepción de lo indicado en el segundo párrafo del punto I.2. de su opinión.
Esto último pues, teniendo en cuenta la denunciada violación del postulado de la congruencia, estimo necesario aclarar que -en mi criterio- hallándonos ubicados en el acotado marco de excepción contemplado por el art. 55 de la ley 11.653, la doctrina legal aprehendida por la mencionada hipótesis habilitante resulta comprensiva de aquélla elaborada en orden a la hermenéutica de normas de carácter sustancial como también de las adjetivas o de forma.
En tal sentido y como he sostenido en la causa L. 87.212, "Antonucci" (sent. de 16-IV-2008), dicha definición no autoriza a distinguir entre las normas de carácter sustancial y adjetivo a los fines de la apertura de la instancia extraordinaria por el excepcional carril previsto en el citado art. 55, conducto por el cual se pretende declarar ajeno a la revisión por esa vía el supuesto de transgresión de una doctrina vinculada a una norma de naturaleza procesal (conf. mis votos en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007).
Sin perjuicio de lo expuesto,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.