Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122863
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Pettigiani, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 122.863, "Ojeda, Damián José contra Plimer S.A. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 312/334).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 339/356 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que aquí interesa, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Damián José Ojeda y condenó a Plimer S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por antigüedad y preaviso, integración del mes de despido, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales al año 2009, así como las indemnizaciones previstas en los arts. 53 ter de la ley 11.653; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1 y 2 de la ley 25.323; rechazó -en cambio- los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561.
Dispuso, luego, que al capital de condena se le adicionaran intereses desde que cada obligación se hizo exigible hasta el día 19 de septiembre de 2013 (fecha en la cual el actor percibió la suma de $10.696 en concepto de "pago a cuenta") conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en depósitos a treinta días en los distintos períodos de aplicación, debiéndose deducir lo abonado por la demandada, y a su resultante, continuar con la aplicación de intereses hasta su efectivo pago a la misma tasa señalada (v. fs. 312/334).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que objeta la tasa a la que el a quo dispuso sean calculados los intereses, por considerarla violatoria del derecho de propiedad de la accionante y de la doctrina federal emanada de la Corte Suprema de Justicia (v. fs. 339/356 vta.).
II.1. En primer lugar, sostiene que al estar en juego la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, se justifica la intervención del Tribunal Superior de la Provincia para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En este camino, afirma que los fallos y precedentes de la Corte Suprema deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario (v. fs. 340 y vta.). En esa misma línea, argumenta que surge de las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996), que esta Suprema Corte ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal (v. fs. 340 vta. y 341).
II.2. Luego, en lo medular de su crítica, se agravia por la alícuota empleada por el tribunal de origen para estimar los acrecidos.
Señala que las tasas mensuales nominales -sean activas o pasivas- son sensiblemente inferiores a las tasas mensuales de inflación, vulnerando el derecho de los acreedores a que se les respete el poder adquisitivo de sus créditos (v. fs. 341 vta./344).
Afirma que al fallar en las causas S.722.XXIV "Simonet, Mario A. c/ La primera de Ciudadela S.A. s/ Despido", sentencia de 4-X-1994 y C.161.XXV "Chaine, Gerardo M. c/ OLDE S.A. s/ Despido", sentencia de 13-X-1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales, por lo que el juzgador de grado no solo ha violado esa doctrina, sino también la de esta Suprema Corte en orden a los citados efectos vinculantes de los fallos emitidos por el Máximo Tribunal (v. fs. 344 y vta.).
Señala que la aplicación de las tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, en tanto no se reparó en la depreciación monetaria que, como consecuencia del proceso inflacionario, ha sufrido el crédito de naturaleza alimentaria que le fuera reconocido en la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de origen, violándose de tal modo su derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses, consagrados en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 350).
En ese camino, plantea diversos métodos para evitar la confiscación -a favor del deudor- de los créditos alimentarios del acreedor laboral y la vulneración del citado art. 17. Así enumera como modos de sortear ese desapoderamiento la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero (v. fs. 350/352 vta.); la fijación prudencial de los acrecidos teniendo en cuenta la inflación (v. fs. 352 vta.); y -por último- la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica de los intereses (art. 770, Cód. Civ. y Com. de la Nación; v. fs. 352 vta./354).
A continuación, manifiesta que la sentencia atacada vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil -ley 340-; 768, 769, 770 y 1.738 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 354 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. La cuestión planteada ha sido resuelta por esta Corte en casos afines y en sentido adverso a la pretensión del impugnante (causas L. 117.365, "Ramírez", sent. de 11-X-2017; L. 119.727, "Andrada", sent. de 16-V-2018 y L. 119.520, "Silva", sent. de 3-VII-2019; e.o.).
III.2. De inicio se impone señalar que la competencia revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia de grado y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Aclarado lo que antecede, no corresponde efectuar disquisición alguna respecto a las declaraciones formuladas por el impugnante a fs. 341 y vta.
III.3. Luego, dado que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
III.4. Ingresando al tratamiento del agravio que define el contenido de la crítica, y dejando a un lado los efectos "vinculantes" que se les atribuyan, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que, en ellos, en modo alguno el Alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma: lo dicho por el recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse en verdad, en los votos en disidencia -y que no conformaron la postura mayoritaria- formulados en ambos casos por el ministro Fayt.
III.5. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo traído por el quejoso como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, pretende sustentarse en una tesis que colisiona con el criterio adoptado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012) y ello sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la citada doctrina.
III.6. A su turno, el planteo afincado en que el tribunal de origen debió aplicar la capitalización de los intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial, también debe ser desestimado.
En reiteradas ocasiones ha declarado esta Suprema Corte que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria la pretensión que no fue llevada a conocimiento del tribunal de grado, deviniendo en una cuestión novedosa y, por ende, inatendible (causa L. 94.114, "Iturriaga", sent. de 29-XII-2008; e.o.).
III.7. Despejado lo anterior, la decisión impugnada debe permanecer firme en tanto se adecua al contenido de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la temática examinada.
En las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 118.786, "Dalfonso" (sent. de 27-IX-2017), entre muchas, se resolvió -por mayoría- que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, en forma diaria cuando no se alcance a cubrir dicho lapso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1. a III.6. de su voto.
I.2. En lo referido a la tasa en que deberán calcularse los intereses también acompaño su propuesta de rechazar el agravio, remitiéndome -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sentencias de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
II. En función de lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia