Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121300
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.300, "Valenzuela, Sergio Luis contra SATA Argentina S.A. Despido".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 324/335 vta.).
Asimismo, según constancias obrantes en las resoluciones glosadas a fs. 475/477 vta. y 478/479, dicho órgano jurisdiccional admitió el planteo formulado por SATA Argentina S.A. para que el Banco de la Provincia de Buenos Aires coloque los fondos existentes en la cuenta judicial de autos (depositados en concepto de capital, intereses y costas en cumplimiento del requisito de admisibilidad de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos a fs. 349/372 vta. –conf. arts. 280 del CPCC y 56 de la ley 11.653-) en la modalidad plazo fijo renovable automáticamente cada treinta días a la tasa pasiva "digital", y ordenó librar el oficio electrónico respectivo (v. fs. 475 vta. y 476).
Cumplido el diligenciamiento, y ante la respuesta brindada por la entidad bancaria sobre la renovación del plazo fijo a la tasa nominal anual del 11%, el tribunal de grado solicitó el estricto cumplimiento de lo requerido con efecto retroactivo al 27 de noviembre de 2016, fecha en la que había sido notificada de la tasa de interés a aplicar, bajo apercibimiento de la imposición de una multa de $500 por cada día de demora en el cumplimiento de la resolución (v. constancias agregadas a fs. 476/477 vta.).
Contra esta última decisión, el Banco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso de revocatoria (v. fs. 439/444 vta.) el que, rechazado por el tribunal de grado (v. fs. 478/479), motivó la interposición de sendos recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 451/468 vta.), habiendo sido concedido únicamente éste último (v. fs. 469 y vta. y 498 y vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, por constituir materia de agravio, el tribunal de grado rechazó el recurso de revocatoria articulado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y confirmó la decisión de fecha 22 de noviembre de 2016, mediante la cual había dispuesto que los fondos depositados en la cuenta de autos sean colocados a plazo fijo renovable automáticamente cada treinta días aplicando la tasa pasiva digital (v. fs. 475/477 vta.).
Para así resolver, juzgó que si se comparaba la tasa de interés que la citada entidad crediticia aplicó a dichas sumas (TNA 11%) con aquella otra que el tribunal había utilizado para calcular los accesorios sobre el capital de condena (pasiva "digital"), esta última había variado -desde el 27 de noviembre de 2016 hasta ese momento (5 de junio de 2017) entre un 18 y un 17,25% (v. fs. 476 vta.).
Señaló que una detenida lectura de los arts. 29 y 30 de la Acordada 2579/94 de la Suprema Corte de Justicia no impide la aplicación de la tasa pasiva digital a los depósitos judiciales. Ello así, explicó, porque el primero de los preceptos mencionados solo hace referencia al plazo y a la capitalización de los acrecidos; mientras que el restante, a la tasa de interés a plazo fijo intransferible no ajustable. Agregó que no obsta a lo expuesto la consideración de que la tasa pasiva digital solo se le reconoce a los plazos fijos constituidos por el sistema Home Banking , ya que las comunicaciones de los tribunales de trabajo también se formalizan mediante vía electrónica. Citó en sustento del pronunciamiento a las directrices plasmadas en la causa L. 94.543, "Díaz", sentencia de 4-XI-2009 (v. fs. 476 vta. y 477).
En tales condiciones, ordenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires que proceda a la emisión -con efecto retroactivo al 27 de noviembre de 2016- de un nuevo certificado de depósito en la modalidad de plazo fijo renovable automáticamente cada treinta días, a la orden del tribunal y como perteneciente a las actuaciones, con aplicación de la tasa pasiva digital, bajo apercibimiento de la imposición de una multa de $500 por cada día de demora en el cumplimiento de la resolución (v. fs. 477).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la entidad bancaria denuncia absurdo y la violación del art. 30 de la Acordada 2579/94; de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires (dec. ley 9.434) y de la doctrina legal que cita (v. fs. 451/468 vta.).
Sostiene que el sentenciante de grado se contradice con la postura que sostuviera en anteriores pronunciamientos, donde había manifestado que los fondos judiciales se encuentran ajenos al sistema financiero con respecto a la ley 25.561 y decretos 214/02, 320/02 y Comunicación "A" 3.496 del Banco Central de la República Argentina del 1 de marzo de 2002, donde se ordenó la reprogramación de todos los depósitos en moneda extranjera. De allí que, indica, si los fondos no se encuentran comprendidos por las normas del sistema financiero, tampoco le caben las disposiciones comunes ni los medios promocionales para el uso de canales electrónicos.
Explica que no puede asimilarse la aplicación del sistema "Augusta" de facilitación electrónica entre el Poder Judicial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el identificado como "Banca Internet Provincia", ya que este último se corresponde a una plataforma de servicios digitales que la entidad ofrece a sus clientes.
Transcribe algunos pasajes del fallo emitido por esta Corte en la causa I. 1.655, "Mosquera, Daniel Marcelo c/ Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad art. 39 dec. 7881/1984" (resol. de 2-VII-2003), para poner de manifiesto que la prestación del servicio por parte del Banco -auxiliar de la justicia- consiste fundamentalmente en una obligación de custodia y no responde a operaciones financieras de captación y colocación de fondos, resultando la disponibilidad o entrega de estos últimos (de la causa judicial de que se trate) condicionada al circunstanciado trámite del proceso al que se encuentran afectados, y siempre en satisfacción del fin de la justicia.
Aduce que a partir de lo decidido en dicho precedente y en otros posteriores (v. gr. Ac. 86.243, sent. de 4-VII-2003 y Ac. 95.873, sent. de 24-V-2006; e.o.) se expuso que resultaba indispensable efectuar un análisis de las disposiciones que regulan el régimen de los depósitos judiciales y la función que cumple el Banco de la Provincia de Buenos Aires en su relación con el Poder Judicial, indicándose en ese esquema que los fondos son confiados por razones de conveniencia práctica, de conformidad con lo prescripto por los arts. 280, 529, 563 y 581 del Código Procesal Civil y Comercial y 1 y 6 del texto ordenado del decreto ley 9.434/79.
Cita distintos preceptos de la Acordada 2579/94 que reglamenta la apertura y el funcionamiento de las denominadas "cuentas de depósitos judiciales", y señala que la tasa que paga dicha entidad a través del sistema "Banca Internet Provincia" fue fijada para incentivar el uso de medios digitales -ya sea cajero automático o Home Banking - por parte de una clientela especial y con carácter comercial, estando compuesta por el porcentaje de la tasa de interés pasiva (tasa de pizarra), con más una sobre tasa. Es por ello que, destaca, no puede ser extendida a un depósito judicial dada su particular naturaleza, finalidad y modo de operación.
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, habré de señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia entre el importe al que ascienden los intereses que el tribunal de grado ordenó calcular con efecto retroactivo al 27 de noviembre de 2016 sobre los fondos depositados en autos (con arreglo a la tasa pasiva "digital"), y el que resultaría de aplicarse la tasa que propugna el recurrente- no supera el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141 y Ac. SCBA 3867/17).
Desde esta perspectiva, el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado sólo puede abordarse en el acotado marco de examen que prevé el supuesto excepcional previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Corte se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado.
III.2.a. En ese marco, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que la doctrina que el recurrente invoca transgredida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los que se presentaron en autos.
Ha declarado reiteradamente este Tribunal que no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto por el art. 55 de la ley 11.653 en el sentido y con el alcance establecido por la Suprema Corte, cuando si bien se denuncia la violación de doctrina legal, los precedentes invocados aluden a presupuestos facticos y jurídicos distintos a los de la causa bajo juzgamiento (causas L. 117.205, "Barrios", sent. de 16-X-2013; L. 104.386, "Velasco", sent. de 17-XII-2014; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017 y L. 119.434, "C., L. M.", sent. de 16-V-2018; e.o.).
III.2.b. Cabe además recordar -para mayor satisfacción del recurrente- que la doctrina legal cuya transgresión habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la establecida por esta Corte a través de sus pronunciamientos, y no la que emana de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 117.944, "Florentín González", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; e.o.); resultando asimismo inatingente e ineficaz, aquella relativa al absurdo (causas L. 99.465, "Enrique", sent. de 13-VII-2011 y L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
II. Con denuncia de absurdo y violación de los arts. 30 del Acuerdo 2579/94 y 6 del decreto ley 9.434/79, el impugnante cuestiona que el tribunal de trabajo dispusiera modificar la tasa aplicada por la entidad bancaria por aquella correspondiente al segmento plazo fijo digital.
Discurre sobre la naturaleza de los fondos comprometidos en los litigios, valiéndose de precedentes de esta Corte en los que se examinó la aplicabilidad de la normativa financiera en el marco de actuación de la ley 25.561 y su reglamentación.
En tales términos cuestiona la decisión de origen.
Así estructurado, el remedio es inadmisible, en tanto llevaínsito un examen que claramente excede el marco de revisión que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III. Conforme ello y demás argumentos expuestos por la colega ponente, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia