Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 58112
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar la sentencia definitiva en la causa B. 58.112, "Benítez Centurión contra Municipalidad de la Costa sobre demanda contencioso administrativa".
Juana Elisa Benítez Centurión, por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de la Costa pretendiendo la nulidad del decreto 814/96 por el que se dispuso su cese como empleada de esa comuna y del decreto 158/97, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra el anterior.
Peticiona que se condene a la demandada a reincorporarla a la planta de personal permanente, a abonarle los haberes y demás emolumentos que dejó de percibir como consecuencia de la medida expulsiva hasta su retorno a las tareas o hasta la fecha de expiración de su mandato sindical.
Solicita el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos de los actos administrativos recurridos. Este Tribunal rechazó el pedido mediante resolución de 22-IX-1998 (v. fs. 67).
Corrido el traslado de ley, la Municipalidad de la Costa, por apoderado, contestó la demanda y solicitó su rechazo con costas.
Agregadas la prueba documental acompañada, las actuaciones administrativas, los cuadernos de pruebas de las partes -no habiendo ninguna de ellas hecho uso del derecho de alegar-, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Relata la actora que ingresó a trabajar en la Municipalidad de la Costa en junio de 1985, cumpliendo tareas de cocinera en el Hospital de San Clemente del Tuyú.
Indica que siete años después se dispuso su traslado para desempeñarse en la Delegación municipal como ordenanza (categoría 12).
Explica que el 3 de diciembre de 1996 fue intervenida quirúrgicamente y que debía guardar reposo por treinta días, en el curso de los cuales fue notificada de su cese. Refiere también que su estado de salud se agravó y debió permanecer sin actividad por quince días más. Incluso, indica que su situación determinó que fuera internada de urgencia como consecuencia de una hemorragia digestiva el día 5 de febrero de 1997.
Pone de resalto dichas circunstancias con el objeto de hacer notar que el 9 de diciembre de 1996, durante el reposo médico ordenado, recibió una carta documento -que acompaña- mediante la cual se le notificó el decreto 814/96 que dispuso su cese como agente de la municipalidad.
Aclara que en el acto anoticiado no figuraba su nombre, sino que, al día siguiente a través de otro agente en la misma situación, obtuvo el anexo del decreto 814/96 en el que estaba identificada.
Contra dicha decisión interpuso recurso de reposición el 18 de diciembre de 1996 que fue rechazado mediante el decreto 158/97.
Cuestiona ambos actos.
Respecto del primero indica que, en su caso, carece de motivación el cese dispuesto por aplicación de la ley 11.685 de emergencia administrativa en el ámbito municipal. Entiende que se han vulnerado derechos constitucionales.
En otro aspecto, cuestiona la ausencia de publicación de dicha decisión como también del decreto 702/96, tenido en consideración para disponer el cese, según el cual el Departamento Ejecutivo exteriorizó su voluntad de aplicar la ley 11.685 en el ámbito de la Municipalidad de la Costa.
Aduce que no pudo tener acceso a los estudios previos tenidos en consideración para decretarse su cesantía, resultando vulnerado su derecho de defensa.
Solicita también la nulidad del anexo del decreto 814/96 por falta de motivación, causa y forma, en tanto denuncia que fue confeccionado con posterioridad al decreto citado.
Considera que en realidad la demandada utilizó la ley 11.685 para despedir a determinados agentes, en forma arbitraria, por cuestiones personales o de afiliación política, quedando configurado el desvío de poder.
Niega la reorganización y racionalización municipal esgrimida por el Ejecutivo local como fundamento del acto, dado que, al mismo tiempo de disponer los ceses, entre otras medidas, designó personal temporario (en febrero de 1996), se registró un aumento de personal y sueldos en el área de guardavidas, dispuso el reingreso de trece de los cincuenta y cinco agentes despedidos, sin dar a conocer el criterio de selección. Refiere también que a través de decreto 195/96, se dispuso el aumento de los sueldos de los funcionarios de mayor nivel.
Con esos argumentos solicita se dejen sin efecto los actos impugnados, se la incorpore y se abonen los haberes devengados.
II. A su turno, la Municipalidad de la Costa contesta la demanda. Niega todo lo expuesto por la actora.
Preliminarmente alega que la accionante no ha cumplido con la carga procesal del art. 31 de la ley 2.961, vigente al momento del responde.
Explica que el decreto de cese impugnado, cuya copia íntegra acompaña, resulta legítimo dado que la decisión se enmarcó en la ley 11.685 de emergencia administrativa municipal, percibiendo la accionante, sin reservas, la indemnización legalmente prevista.
En cuanto a la falta de publicidad de los actos alegada por la actora, indica que la interesada fue notificada mediante carta documento, careciendo de fundamento dicho reclamo.
Respecto de la prueba ofrecida por la demandante, se opone a su producción, alega su improcedencia y solicita su rechazo a este Tribunal con cita del art. 55 del denominado Código Varela. De igual modo repele la medida cautelar solicitada.
En suma, pide el rechazo de la demanda por considerarla infundada.
III. De la documental acompañada, las actuaciones administrativas agregadas al expediente y la prueba producida, surgen los siguientes datos útiles para resolver el caso:
III.1. A fs. 1 y 2, obran las cartas documento recibidas por la actora en las que se notifica de los decretos 814/96 y 158/97, respectivamente.
III.2. A fs. 71/82 obra el decreto 814/96.
III.3. De fs. 83 a 95 lucen las constancias de las liquidaciones de las cuotas de la indemnización percibida por los agentes cesanteados, junto con la rúbrica de cada uno.
III.4. De fs. 9 a 19 la actora acompañó una copia del recurso de revocatoria interpuesto contra el decreto 814/96.
III.5. A fs. 20/21 obran recibos de sueldo de la señora Benítez.
III.6. A fs. 5, 6 y 7 constan certificados médicos; 8, copia de orden de internación y 22, la constancia de la intervención quirúrgica realizada el día 3 de diciembre de 1996 a la actora y la orden de reposo de treinta días.
IV. La accionada califica de indeterminado el objeto de la demanda y si bien no profundiza su objeción en un planteo formal, lo funda en el art. 39 de la ley 2.961, vigente al momento del responde.
Reiteradamente este Tribunal ha sostenido con relación a la excepción de defecto legal que la entidad de las deficiencias señaladas debe ser tal que dificulten o impidan la defensa de la accionada (conf. causas B. 53.027, "Ottaviani", sent. de 4-XII-2002; B. 66.550, "Shell", sent. de 11-IV-2007; B. 65.769, "Herrero", sent. de 10-IX-2008; B. 62.671, "López", sent. de 31-X-2016; e.o.).
En el caso, no se configuran las circunstancias que tornarían viable la mencionada oposición procesal toda vez que la propia argumentación de la demandada se halla dirigida a rebatir de modo concreto los planteos de la actora (v. fs. 100/103).
Es decir, pese a las alegaciones al respecto, las pretensiones y la impugnación de los decretos antes citados han sido formuladas de modo de posibilitar adecuadamente la contestación de la demanda.
V. Despejada la objeción inicial corresponde analizar si el cese decretado por el Intendente de la Municipalidad de la Costa a la agente Benítez, con fundamento en el art. 6 y concordantes de la ley 11.685, se ajusta a derecho.
Para ello, es necesario analizar la normativa aplicada al caso.
V.1. Cabe destacar que la citada ley -en lo que aquí resulta pertinente- declaró de interés provincial la reorganización de las estructuras y la racionalización y ordenamiento eficaz de los recursos humanos de las municipalidades de la Provincia (art. 1). Transitoriamente (art. 2), facultó a los titulares de los departamentos ejecutivos municipales a disponer la extinción, supresión, transformación, escisión o fusión de unidades o dependencias orgánicas cualquiera sea su denominación o ubicación estructural (art. 3). A su vez, autorizó a los intendentes a mantener en situación de disponibilidad con o sin obligación de prestar servicios al personal de sus dependencias, como también disponer el cese, por razones de buen servicio. También estableció que el personal que fuera dado de baja tendría derecho al cobro de una indemnización (arts. 4 a 11).
El art. 6 de la citada norma, confirió facultades a los departamentos ejecutivos municipales para disponer -dentro del plazo de emergencia- el cese por razones de buen servicio, del personal que exceda la dotación necesaria para el eficaz funcionamiento administrativo, agregando que: "...el acto administrativo pertinente deberá fundarse en la presente ley".
Es claro que se trata de disposiciones de emergencia y transitorias. Ellas, según los propios términos utilizados por el legislador, "...ponen en ejercicio el poder de policía en la emergencia, propendiendo al mejoramiento de la organización administrativa municipal y regirán hasta el 31 de diciembre de 1996" (art. 2).
Consisten en medidas de excepción cuyos alcances no pueden extenderse a ámbitos que no se encuentran expresamente previstos (doctr. causas B. 57.624, "Michard", sent. de 20-VI-2007; B. 58.302, "Guimarey", sent. de 21-XII-2011; e.o.).
Es un principio recibido mayoritariamente por el Tribunal que incumbe al Poder Administrador la facultad de disponer -con la debida habilitación legal, mediante norma transitoria y de emergencia- la baja de un empleado por razones de servicio con su consecuente indemnización, excepto cuando dicha declaración importe una cesantía encubierta, un juicio negativo respecto de la conducta del agente o una violación del principio de razonabilidad, supuesto cuya existencia debe ser acreditada por quien impugna la medida (conf. doctr. causas B. 50.602, "D’Onofrio", sent. de 15-X-1991, "Acuerdos y Sentencias", 1991-III-567; B. 54.824, "Vilker", sent. de 5-VII-1996; B. 55.656, "Mograbi", sent. de 8-VII-1997; B. 55.284, "Benegas", sent. de 23-VI-1998; B. 55.985, "Portela", sent. de 26-V-1999; B. 57.633, "Barrenechea", sent. de 15-III-2000; B. 57.984, "Pelaez", sent. de 9-V-2001; B. 58.914, "Berón", sent. de 18-V-2005; B. 59.389, "Fernández Cora", sent. de 20-II-2008; B. 60.970, "Simonetti", sent. de 22-XII-2008; B. 58.974, "Verona", sent. de 17-VIII-2011; entre muchas otras).
En idéntico sentido, esta Corte ha expresado que las decisiones que adopte la autoridad pública en el marco de las normas legales que la autorizan a prescindir de sus empleados por "razones de servicio" no pueden ser revisadas judicialmente, salvo que se demuestre que no ha mediado el motivo invocado (conf. doctr. causas B. 55.384, "Rivas", sent. de 10-V-2000; B. 58.914 y B. 60.970, cits.).
V.2. Teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por la citada normativa, el Intendente de la Municipalidad de la Costa mediante el decreto 814/96 -ver fs. 225/236-, con fundamento en el art. 6 y concordantes de la ley 11.685, declaró el cese de agentes municipales de la planta de personal permanente, siendo individualizados en los anexos que forman parte integrante del acto -entre ellos la señora Benítez Centurión- (art. 1).
Dispuso la extinción de la relación de empleo a partir del 6 de diciembre de 1996, a excepción de los agentes que se encontraban gozando de la licencia anual reglamentaria cuyo cese operaría al finalizar la misma (art. 2).
Asimismo, estableció el pago de las indemnizaciones resultantes de la aplicación de los arts. 7, 9 y concordantes de la citada ley, adoptando la modalidad de hacerlas efectivas en cuotas a razón de una de ellas por cada año de antigüedad o fracción a seis meses (art. 3).
En el caso de la actora, de las copias certificadas del decreto 814/96 y anexos (v. fs. 225/236, cuaderno demandada) -cuya autenticidad no fue cuestionada- surge el alcance de la medida dispuesta a su respecto (individualizada en el anexo 2 bajo el legajo 1446, según resulta concretamente de fs. 228).
A contrario de lo expresado por la demandante respecto a que había habido una confección posterior del anexo que la identifica, lo cierto es que en la notificación del acto que acompañó en original como documental con la demanda, se encuentra individualizada luego de la transcripción del acto como: "...ANEXO 2 -DECRETO 814/96- Leg. N°1446 - BENÍTEZ CENTURIÓN, Julia Elisa.- QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO". (v. fs. 1).
Sobre la falta de publicación del decreto 814/96 alegado en la demanda, tratándose de un acto de alcance particular fue debidamente notificado conforme lo requiere el art. 112 ordenanza general 267/80, posibilitando la defensa de la interesada.
Por otro lado, consta que la indemnización fue percibida por la ex agente en doce cuotas. Se observa la rúbrica de, entre otros, la señora Benítez Centurión en las distintas liquidaciones (v. fs. 213/224, cuaderno demandada).
V.3. Sentado lo anterior, la accionante denuncia en el escrito postulatorio la falta de motivación y desvío de poder del acto de cese.
V.3.a. No hay dudas que la motivación es uno de los requisitos esenciales del acto (art. 108, ord. gral. 267/80) y cumple principalmente dos finalidades: que la Administración, sometida al derecho de un régimen republicano, dé cuenta de sus decisiones y que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia, en caso de ser impugnadas, permitiendo así una suficiente defensa de los afectados, según lo tiene dicho esta Corte (doctr. causas B. 54.506, "Romero", sent. de 13-V-1997; B. 58.345, "Lara", sent. de 9-V-2001; e.o.). Asimismo, el recaudo de suficiente motivación debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo (CSJN, Fallos: 324:1860).
Analizado el acto que dispuso el cese de la actora a la luz de los principios expuestos, se aprecia que no es dable predicar a su respecto defectos de motivación que lo tornen inválido. Ello así, en tanto mediante el dictado del decreto impugnado, la autoridad ha hecho uso de las expresas atribuciones conferidas al efecto por la ley 11.685. Potestades éstas que, vale la pena remarcar, atento a los términos en que fueron delineadas en el citado régimen normativo, temporario y de excepción (conf. art. 2, cit.), no requerían mayores precisiones que las consignadas en los considerandos del acto censurado (causas B. 58.914, "Berón", sent. de 18-V-2015 y B. 57.349, "Fino", sent. de 10-VIII-2016).
En esa inteligencia, resulta inconsistente la alegación acerca de que el decreto de marras carece de motivos y resulta infundado toda vez que la exclusión de la actora de los cuadros de la administración que por el mismo se dispone, se inscribe como propia de la competencia del poder administrador para organizar la dotación de personal y, criterio mediante para apreciar su eficacia, seleccionar a sus agentes en tales circunstancias, incluso para prescindir de ellos por razones de servicio (conf. art. 6, ley cit. y doctr. causas antes mencionadas).
Por lo demás, tal como fuera anticipado en el apartado anterior, tampoco es de recibo el agravio que refiere a los vicios del anexo del decreto 814/96 por no haber sido simultáneamente dictado con el acto principal y carecer, por tanto, de sus elementos esenciales. Lo cierto es que tal circunstancia no se encuentra probada. Antes bien, dicha aseveración contrasta con la notificación, obrante a fs. 1, acompañada por la actora al presentar la demanda, de la cual resulta la transcripción completa del decreto y también lo siguiente: "...ANEXO 2 -DECRETO 814/96- Leg. N°1446 - BENÍTEZ CENTURIÓN, Julia Elisa.- QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO".
De modo que, de acuerdo a la especial naturaleza de las facultades ejercidas, con arreglo a la ley 11.685, la ausencia de motivación del acto de cese evaluada no se encuentra probada.
V.3.b. Descartado el primer agravio, cabe abordar la denuncia de desvío de poder.
La actora niega que en la Administración comunal haya habido un reacomodamiento o reorganización estructural en cuyo marco su labor aparezca como excedente o ineficaz. Concretamente afirma que su cese obedeció a "...cuestiones personales o de afiliación política..." (v. fs. 31 demanda, punto V.5).
También cuestiona distintas medidas tomadas por el Intendente en la misma fecha de disponerse los ceses, que, a su entender no se condicen con la racionalización y ordenamiento eficaz de los recursos; fundamento de aquel acto.
Sin embargo, la actora no acredita en autos que la autoridad demandada haya dispuesto su desvinculación con un propósito diferente al contemplado en la ley 11.685. La prueba producida no demuestra un desvío de las finalidades que esta norma ha perseguido al conferir las potestades de reorganización administrativa (arts. 1, 3, 6, y concs.; arg. art. 103, ord. gral. 267/80).
En definitiva, la demandante no ha logrado demostrar que su apartamiento haya obedecido a cuestiones partidarias como aduce, ni ha conseguido evidenciar que la autoridad municipal al decidir del modo en que lo hizo persiguiera un fin distinto al expresado en el acto impugnado, y que fuera extraño a las razones de buen servicio previstas en el art. 6 de la ley 11.685 (doctr. causas B. 55.656, "Mograbi", sent. de 8-VII-1997; B. 57.663, "Barrenechea", sent. de 15-III-2000; B. 56.994, "Bontempo", sent. de 1-X-2003; e.o.).
Cuando se reproche al actuar administrativo el desvío del fin, ha de demostrarse la existencia de un propósito distinto de tal obrar, mediante pruebas que evidencien la intencionalidad concreta de extinguir la relación laboral (conf. doctr. causa B. 55.656, "Mograbi", sent. de 8-VII-1997), carga probatoria que recae sobre quien invoca la existencia de una cesantía encubierta, de una reprochable estigmatización o de una violación al principio de razonabilidad en la adopción de la medida de baja (doctr. causa B. 57.253, "Rodríguez", sent. de 9-V-2001).
En el caso, la interesada no ha logrado probar que el Intendente hubiera llevado adelante las medidas que, según denuncia, no se condicen con la situación considerada para decretar su desvinculación. Mucho menos ha demostrado de qué manera tales decisiones -de haber existido- condicionaron la legitimidad de su cese.
V.3.c. Finalmente, la demandante denuncia en su escrito de inicio una serie de circunstancias relativas a su estado de salud durante la notificación del acto de cese que luego no relaciona con la incidencia que habría tenido en la pretensión deducida, lo mismo cabe decir del mandato sindical alegado que no pasa de ser meramente un enunciado que no encuentra respaldo en sus planteos ni en los elementos de juicio acompañados.
Como reiteradamente lo ha sostenido el Tribunal, teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en el que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y las amplias facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de su pretensión, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, CPCC), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (doctr. causas B. 49.793, "Bianco", sent. de 13-X-1987, "Acuerdos y Sentencias", 1987-IV-315; B. 49.170, "Carlos H.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.