Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120836
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.836, "Evans, Rolando Daniel contra Clínica Privada Libertad S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 256/265).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 279/290 vta. y 291/306).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Rolando Daniel Evans contra Clínica Privada Libertad S.A. en cuanto procuraba el cobro de salarios adeudados, vacaciones y sueldo anual complementario y de las indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323. En cambio, en lo que interesa, desestimó los reclamos sustentados en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013.
Para así decidir, con apoyo en los escritos constitutivos de la litis y la prueba que identificó juzgó acreditado que el actor laboró para la clínica demandada desde el día 1 de enero de 1990, cumpliendo tareas de "medio oficial", de lunes a viernes de 08:00 a 17.00 hs., percibiendo una "mejor" remuneración de $11.035,23, hasta el día 13 de febrero de 2015 en que se consideró despedido (v. vered., fs. 256/257 vta.).
Evaluó además, que según surgía del intercambio telegráfico habido entre las partes, el día 2 de febrero de 2015 el trabajador había intimado a la empleadora para que le aclarara su situación laboral ante la negativa de tareas; procediera dentro de los treinta días a registrar correctamente el vínculo conforme la real fecha de ingreso, mejor remuneración, categoría y horario de trabajo allí denunciados; abonara salarios adeudados y acreditara el pago de los aportes con destino a los organismos de la seguridad social y cuota sindical, todo bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido (v. vered., fs. 256 vta.).
Indicó el tribunal, que la accionada respondió el día 9 de febrero de 2015 rechazando la negativa de tareas invocada por el actor y alegando que este dejó de asistir a su trabajo sin justificación alguna ni previo aviso, por lo que lo intimó a retomar tareas bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo; que también rechazó la intimación cursada a los fines de regularizar el vínculo expresando que "tales extremos" constan en los recibos de haberes y que a su vez negó adeudar salarios, aportes previsionales y cuota sindical y de obra social (v. vered., fs. 257).
Continuó narrando que el día 13 de febrero de 2015 el dependiente contestó negando las alegaciones efectuadas por el empleador, entre ellas, que sus recibos de sueldo se correspondieran con las características y condiciones laborales, y ratificando la negativa de tareas del día 2 de febrero de 2015, y considerándose injuriado y despedido (v. vered., fs. cit.).
En ese marco, valorando los testimonios brindados en la audiencia de vista de la causa el a quo consideró probada la negativa de tareas denunciada por el dependiente, sin que, por el contrario, la accionada hubiera aportado alguna prueba para evidenciar el abandono de trabajo de tareas imputado; también entendió acreditado que se le adeudaban distintos montos salariales (v. vered., fs. 257 vta. y 258).
En la sentencia, juzgó que el demandante logró demostrar la negativa de tareas, la deuda salarial y la omisión por parte del empleador de consignar en sus recibos de haberes la correcta fecha de ingreso alegadas como injurias justificantes del despido. Señaló además que en ocasión de contestar la demanda, la accionada había reconocido la fecha de ingreso, categoría, salario y jornada, todo lo cual se compadecía con los registros laborales de la empleadora según lo expresado en la pericia contable obrante a fs. 140/144. Luego, concluyó que había resultado justificada la decisión del accionante de extinguir el vínculo y declaró el progreso de los rubros derivados del despido (v. sent., fs. 260/261 vta.).
Sin embargo -como se adelantó- desestimó la pretensión deducida con fundamento en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013. Señaló que el actor no había interpelado a su empleador en la primera cartular que le cursara bajo este apercibimiento y con expresa mención de las normas y la ley que ahora reclama, omitiendo constituirlo en mora en forma previa a disponer el distracto. Agregó que además surgía de las constancias de autos que copia de idéntico tenor del que cursara a su empleador había sido remitida por aquel dentro de las veinticuatro horas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por lo que de la lectura de ambos despachos cablegráficos (v. fs. 5 y 6) se advertía que no había hecho expresa mención en dichas misivas a la normativa aludida; por lo que recién interpeló -en forma extemporánea- en el telegrama rescisorio (v. fs. 7). Indicó además que dada la naturaleza sancionatoria del agravante indemnizatorio consagrado en los arts. 9 y 15 -los cuales no provienen del despido, sino del estado de mora del empleador- no correspondía ampliar su alcance a las presentes, prescindiendo de sus presupuestos fácticos (v. fs. 262 vta.).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 9, 11 y 15 de la ley 24.013; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 375 "y concordantes" del Código Procesal Civil y Comercial; 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que invoca (v. fs. 279/290 vta. y 291/306).
Se agravia del rechazo del reclamo en concepto de las indemnizaciones previstas en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013.
Sostiene que el art. 11 de la ley 24.013 no exige que en la intimación pertinente se consignen los preceptos que contienen las multas contempladas en la citada ley (v. fs. 282 vta.).
Afirma que de la simple lectura del telegrama cursado por el trabajador a la empleadora y de la correspondiente copia remitida a la AFIP, se constata el adecuado cumplimiento de los requisitos impuestos por la ley 24.013 y, a su vez, el flagrante equívoco en que ha incurrido el sentenciante.
Refiere luego, que la accionada pese a haber sostenido en el intercambio telegráfico que el contrato estaba debidamente registrado, al contestar demanda reconoció la fecha de ingreso denunciada por el actor, la que también surge de la pericia contable. Aduce entonces que la irregularidad registral se encuentra reconocida y probada en el caso (v. fs. 283 y vta.).
Señala que el a quo denegó arbitrariamente el reclamo interpretando erróneamente las disposiciones de la Ley Nacional de Empleo, incurriendo en un excesivo rigor formal y soslayando uno de sus principales objetivos: el de promover la regularización de las relaciones laborales (v. fs. 281 y 284). Postula además que la decisión transgrede la regla de la norma más favorable contemplada en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como los derechos garantizados en los arts. 10 y 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la doctrina legal que cita.
III. El recurso no prospera.
Aun cuando puedan resultar acertadas las observaciones formuladas por el recurrente sobre la equívoca valoración que desplegó el a quo al analizar las misivas enviadas por el trabajador en el marco del reclamo efectuado con fundamento en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013, ello no es motivo suficiente para acoger el medio de impugnación.
Cabe destacar que al juzgar acreditadas las modalidades de la relación laboral denunciadas por el actor, así, la fecha de ingreso del día 1 de enero de 1990, la remuneración de $11.035,23, la categoría de medio oficial y la jornada de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs., el tribunal de grado afirmó que tales datos habían sido reconocidos por la empleadora al contestar la demanda y -lo que es fundamental- que se compadecían con sus registros laborales, según lo informado en la pericia contable obrante a fs. 140/144 (v. sent., fs. 260 vta. y 261).
Luego, aunque esta ponderación no haya sido plasmada en el concreto pasaje de la sentencia en que el juzgador desestimó los resarcimientos que contempla la Ley Nacional de Empleo (v. fs. 262 vta. y 263), el razonamiento antes descripto luce apto para entender ajena al caso la configuración de la hipótesis de deficiencia registral.
Lo expuesto, sin perjuicio que el tribunal al evaluar la causa del despido hubiera atribuido carácter injurioso -junto a otros incumplimientos endilgados al principal- a la "omisión" del empleador de consignar correctamente la fecha de ingreso en dos de los recibos de haberes otorgados al dependiente (falta que, según dijo la accionada al presentarse al litigio -v. fs. 56-, habría sido fruto de un error administrativo), pues en el contexto probatorio de la causa -sumado a la ausencia de todo argumento del recurrente al respecto- ese juicio no conduce a verificar la existencia del yerro sancionado por el legislador (arts. 7, 9 y 15, ley 24.013 y 52, ley 20.744).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
La Plata, a los 29 días del mes de abril de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia