Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121906
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.906, "Benítez, Celia contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de Trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 374/381).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 384/392).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Celia Benítez y, en consecuencia, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 en relación con el accidente de trabajo que padeció el día 12 de agosto 2008 (v. fs. 327/336 vta.). En ese orden, impuso las costas a la parte demandada vencida y reguló los honorarios de los letrados -con fundamento en el decreto ley 8.904/77- y de los demás profesionales que actuaron en el proceso (v. fs. 338 y vta.).
Luego, ante la impugnación efectuada por la accionada con motivo de la liquidación realizada -pretendiendo la aplicación de la ley 24.432- (v. fs. 344/345), y previo traslado a la parte actora (quién planteó la inconstitucionalidad del dispositivo legal señalado; v. fs. 352/354) y peritos intervinientes, el tribunal de grado, por mayoría, declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432.
Para así decidir, juzgó que tales normas, al modificar los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo limitando la responsabilidad por el pago de las costas, contradicen los arts. 14, 14 bis, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En tal sentido, diseñando un escenario con diferentes hipótesis, señaló que, si por la aplicación de las normas impugnadas se sostuviera que el responsable por el pago de la diferencia de honorarios del letrado o de los peritos fuese el trabajador en su calidad de beneficiario de la labor, éste vería afectado su derecho de propiedad pese a su carácter de "vencedor", vulnerándose también el principio protectorio. Continuó diciendo que si, por el contrario, se interpretara que el actor no es responsable, ni tampoco lo es el demandado, no quedaría otra posibilidad que estimar que aquella diferencia habría de ser soportada por el propio abogado vencedor y los auxiliares de justicia, con la lógica mengua patrimonial que ello implicaría, lo cual también atentaría contra las normas constitucionales e internacionales que tutelen al trabajo (v. fs. 374/381).
II. Contra este pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 505 del Código Civil; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 384/392).
Señala que el importe total de las costas a su cargo supera ampliamente el límite del 25% que establecen los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil.
Sobre esa premisa, alega que el tribunal de grado, al rechazar la impugnación formulada a la regulación de los honorarios y declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, ha vulnerado la doctrina legal que esta Corte estableció en los precedentes L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005); L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015) y L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016).
Añade que, asimismo, se ha apartado del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Abdurraman" (sent. de 5-V-2009); "Villalba" (sent. de 27-V-2009); "Palacio" (sent. de 24-III-2013) y "Arriete" (sent. de 6-III-2014).
Destaca también que los preceptos objetados por el sentenciante, concernientes al límite de la responsabilidad por el pago de las costas, se han mantenido vigentes en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Liminarmente, cabe recordar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2.a. Aclarado ello, corresponde señalar que en el caso el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia que se verifica entre lo presupuestado en la instancia ordinaria en materia costas y la suma que resultaría de limitar ese importe al 25% de los guarismos de la condena impuesta a la recurrente- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3867/17)-; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine -de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
En consecuencia, este Superior Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.
III.2.b. Empero, no puede soslayarse que los agravios que animan la impugnación, destinados a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, involucran el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, el recurso examinado habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3.a. Sentado lo anterior e ingresando ahora a analizar el caso, corresponde aclarar que surge de la síntesis efectuada en el liminar apartado de la presente, que los argumentos que esgrimió el juzgador en la resolución recurrida para declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y juzgarlos además violatorios de diversos instrumentos internacionales, no tuvieron conexión con aquel cuestionamiento fundado en la supuesta alteración de la autonomía de las provincias por parte del legislador nacional (arts. 75 inc. 12 y 121, Const. nac.), tema -por cierto- resuelto por este Tribunal en reiteradas oportunidades (causa L. 117.286, "Rodriguez", sent. de 17-VII-2015; e.o.).
III.3.b. Luego, no sin antes poner de manifiesto que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es: el dec. ley 8.904/77), y ceñido a las concretas motivaciones expuestas por el juzgador habré de ingresar a analizar la resolución recurrida, donde la interesada cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432 y el límite impuesto por dicha norma en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil -actual art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación- a la responsabilidad en el pago de las costas. Para dar respuesta al embate, remito, en honor a la brevedad, a los términos de la adhesión que efectuara al votar en las causas L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010) y L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-2015); entre otras.
Solo me permito traer lo expresado por el Alto Tribunal en la causa A.151.XXXVII "Abdurraman", sentencia de 5-V-2009, cuyos términos comparto, donde juzgó, en base a las consideraciones planteadas por los recurrentes, que: "...la aducida violación del derecho de igualdad cabe concluir, sobre la base de doctrina de esta Corte, que la ley en examen no conculca ese derecho, desde que no evidencia un fin persecutorio o discriminatorio sino que, por el contrario, otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales..." (cons. 11°).
Especificó, además, que: "...el texto agregado por la ley 24.432 al art. 277 de la L.C.T. limita la responsabilidad del condenado en costas en los juicios laborales y no el quantum de los honorarios profesionales. Tal limitación de responsabilidad, como las expresiones legislativas de topes indemnizatorios por razones de interés público, constituye un régimen especial en principio válido, siempre que el criterio de distinción adoptado no sea arbitrario, es decir, si obedece a fines propios de la competencia del Congreso y la potestad legislativa ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido y de manera que no adolezca de inequidad manifiesta (Fallos: 250:410). En este sentido, atento a la finalidad tenida en vista por el legislador que se explicitara en los considerandos precedentes, la solución consagrada en el art. 277 de la L.C.T. se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando 'la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos' (cf. mensaje del Poder Ejecutivo, antes citado)..." (cons. 12°). Por último, el Superior Tribunal puntualizó que: "...la tacha de inconstitucionalidad [...] no resulta viable toda vez que los letrados de la parte vencedora no demostraron, mínimamente siquiera, en qué medida la aplicación al sub lite de la norma impugnada resultaría violatoria de la garantía constitucional a una retribución justa..." (cons. 13°).
A partir de lo hasta aquí analizado, la ley 24.432 -sin entrar a considerar la técnica legislativa utilizada-, obliga a los jueces a resolver considerando la totalidad del espectro jurídico.
El art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o., ley 24.432) en su parte pertinente expresa que: "...La responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados [...] no excederán del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios...".
Por ende, una lectura armónica de la normativa que analizo, de los precedentes de este Tribunal y la doctrina de la Corte nacional en las citadas causas "Abdurraman" (CSJN Fallos: 332:921) y "Villalba" (CSJN Fallos: 332:1276), la cual fuera ratificada en recientes fallos dictados por el Alto Tribunal, en "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido" y "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIII-2015 y "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otros s/ accidente-acción civil", sentencia de 15-X-2015, me llevan a hacer lugar al presente recurso. Asimismo, y en la medida que la regulación efectuada en la instancia de grado excedió el límite allí establecido -25%-, por ende, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, dar cumplimiento con lo allí dispuesto y obrar conforme lo establece dicha normativa.
IV. Por todo lo dicho, propongo hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley traído y revocar la resolución atacada en cuanto declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto la solución que mi distinguida colega doctora Kogan eleva a este acuerdo, ello, a tenor de los argumentos expuestos en oportunidad de emitir mi sufragio en los precedentes L. 119.955, "Duarte", sentencia de 14-VIII-2019 y L. 121.989, "Mosiejchuk", sentencia de 26-XII-2019, análogos al presente y a los que por celeridad remito.
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la propuesta de la colega ponente de rescindir la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, de conformidad con la postura que sostuve al sufragar las causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán" (sents. de 12-III-2003); L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015); L. 118.411, "Scartoccio" (sent. de 21-XI-2018) y L. 119.955, "Duarte" (sent. de 14-VIII-2019), a las que remito por motivos de brevedad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguida colega doctora Kogan (conf. voto en la causa L. 121.989, "Monsiejchuk", sent. de 26-XII-2019).
Considero que le asiste razón a la parte agraviada cuando denuncia que el órgano judicial de grado transgredió la doctrina legal elaborada en torno a los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil, según ley 24.432.
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en las citadas normas legales ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por la mayoría (así, causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002, citada por la recurrente; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015 y L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.). Además, como bien destaca la impugnante, fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo.
Así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
La Plata, a los 29 días del mes de abril de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia