Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120785
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia de grado en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo dispuesto en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.785, "Barrios, Rafael Enrique contra Galeno ART S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín -por mayoría- hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la aseguradora de riesgos del trabajo en su condición de vencida (v. fs. 91/99 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 117/127 vta.) el cual, denegado por el a quo (v. fs. 129/130), fue concedido por esta Suprema Corte a fs. 199/200 vta., previa deducción de la queja respectiva (v. fs. 191/194 vta.; art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen -por mayoría- hizo lugar a la demanda por diferencias indemnizatorias que el señor Rafael Enrique Barrios promovió contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., condenando a esta última al pago del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial que juzgó aplicable (art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557; ley 26.773 y resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 -v. fs. 91/99 vta.-).
Habiéndose decretado la cuestión como de puro derecho, señaló que no fue materia de controversia que el día 27 de agosto de 2009 Barrios sufrió un accidente laboral, respecto del cual la Comisión Médica se expidió declarando que padecía una incapacidad del 19% del índice de la total obrera y que la aseguradora de riesgos del trabajo le abonó la suma de $49.389,13. Destacó asimismo que el actor apeló dicho dictamen, estableciéndose en las actuaciones respectivas que el trabajador es portador de una incapacidad del 23% del índice de la total obrera imputable al siniestro indicado.
Con el objeto de justificar su decisión de aplicar al caso el régimen legal previsto en la ley 26.773, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5.
Para ello, remitiendo a lo ya expresado por el propio órgano juzgador en causas anteriores y -con cita de diversos autores-, señaló que los efectos no producidos de las relaciones jurídicas deben quedar regidos siempre por la nueva ley, por lo que no puede considerarse retroactiva ni violatoria del derecho de propiedad la aplicación de una normativa que gobierna los efectos futuros de una situación preexistente. Luego, puntualizó, en tanto la consecuencia no consumada del hecho dañoso es el pago de la indemnización, sólo éste puede quitar virtualidad a la norma que rige al momento de determinar la cuantía de aquélla (v. fs. 92/93).
Explicó que dicha solución encuentra respaldo tanto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos "Camusso" y "Gómez de Vélez"), donde se resolvió que el criterio para dilucidar la aplicación de la nueva legislación es discriminar según que el deudor haya cumplido o no con la obligación debida, cuanto por la doctrina legal de esta Corte (causa Ac. 50.610, "Quiroga Moss", sent. de 25-II-1997), por imperio de la cual no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata de la ley con el de su aplicación retroactiva (v. fs. 93).
Sostuvo que aplicar las sucesivas reformas introducidas a la ley 24.557 a infortunios acaecidos bajo la esfera temporal de la ley anterior, pero que a la actualidad no hayan sido resarcidos íntegramente, no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras de riesgos del trabajo, sino que protege a los trabajadores, que no han visto satisfechos sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas, reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original. Ante ello, no cabe castigar a los obreros otorgándoles una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que halla respaldo en el principio de progresividad consagrado en el art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional y los tratados internacionales, máxime cuando dichas aseguradoras cobran sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados, pagando prestaciones desvalorizadas.
Remarcó, entonces, que la nueva ley 26.773 debe aplicarse a las contingencias acaecidas aun con anterioridad que a la fecha del decisorio se encuentran, como ocurre en el caso, incumplidas (v. fs. 93 vta.).
En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la citada ley 26.773, toda vez que -adujo- esa decisión era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad, sin que se vean afectados los principios de congruencia y del debido proceso. Ello, en tanto la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa, articuló todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica, ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias (v. fs. 94 y vta.).
Juzgó que de acuerdo a la fórmula matemática establecida por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, el piso mínimo de cálculo 1.090.945 por 23%, ascendía a $250.917,35, al que le sumó el 20% adicional ($50.183,47; art. 3 de la ley 26.773) y le descontó $49.389,13, percibidos por el trabajador.
Dispuso, además, que a la suma resultante de $251.711,69 debía agregársele el índice RIPTE vigente entre el 1 de enero de 2010 (344,73) y el último publicado en agosto de 2016 (2.196,53), arribando así a un capital de $1.603.403,46 (v. fs. 95).
Seguidamente, aplicó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 95 vta.).
Por último, y toda vez que la solución adoptada resultaba contraria a la doctrina legal que esta Suprema Corte sentara en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), expuso las razones que entendió justificaban su apartamiento (v. fs. 95 vta./97 vta.).
II. La accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto 7.718/71; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; resolución del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil 7/89 y de doctrina legal que cita (v. fs. 117/127 vta.).
Expone los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona la decisión de origen de aplicar la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16. Resalta que el infortunio laboral padecido por el actor es de fecha 27 de agosto de 2009 y que la referida resolución se aplica únicamente a los siniestros comprendidos entre el día 1 de septiembre de 2016 y 28 de febrero de 2017 (v. rec., fs. 119 vta.).
II.2. Luego, afirma que el art. 3 de la ley 26.773 es constitucional, objetando la aplicación del 20% adicional al monto indemnizatorio toda vez que dicho adicional según su opinión, sólo debe ser aplicado en caso en que el trabajador escoja la vía administrativa (v. rec., fs. 119 vta. y 120).
II.3. Se agravia de la aplicación retroactiva de la ley 26.773, en tanto el infortunio ocurrió con anterioridad a la sanción de la referida ley. Plantea que -por el contrario- en el presente caso resulta plenamente aplicable la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09.
En este camino, señala que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 establece la entrada en vigor del mencionado cuerpo legal a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, aplicándose a las contingencias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de dicha fecha, es decir, el 26 de octubre de 2012. Manifiesta que, por su lado, el art. 17 apartado 6 complementa el apartado anterior, al establecer el mecanismo de ajuste para las prestaciones por incapacidad permanente que se deban abonar cuando las manifestaciones invalidantes surjan a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma.
Asimismo, resalta que el mentado índice RIPTE únicamente se aplica a las compensaciones de pago único previstas en el art. 11 de la ley 24.557 y a los "pisos" del decreto 1.694/09 que rigieron desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, y no sobre el resultado de "fórmulas" que ya contienen su propia actualización.
Por último, denuncia que el pronunciamiento de grado vulnera la doctrina emergente de los precedentes "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, de esta Suprema Corte de Justicia.
II.4. Postula también que el a quo descontó de manera errónea lo abonado por su parte, en tanto debió detraerlo del resultado del importe calculado conforme lo previsto por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo y no del capital actualizado por RIPTE más el adicional del art. 3 de la ley 26.773, importando ello un enriquecimiento sin causa del actor (v. rec., fs. 126 y vta.).
II.5. Finalmente, señala que la aplicación de una actualización sobre una suma ya actualizada por el índice RIPTE, a cuyo resultado total se adicionan intereses, importa una multiplicidad de actualizaciones que vulnera garantías constitucionales y su derecho de propiedad, solicitando que se revoque la aplicación del mentado índice (v. rec., fs. 126 vta. y 127).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Alterando el orden en el tratamiento de los agravios expuestos por cuestiones metodológicas, considero procedente la crítica dirigida a controvertir la tacha de inconstitucionalidad que del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 llevara a cabo el tribunal de grado en su pronunciamiento, ello, a tenor de los fundamentos que ya anticipara al sufragar en la causa L. 120.062, "Guzmán" (sent. de 30-V-2018), a la que remito en honor a la brevedad.
Una solución diferente sería incompatible tanto con la doctrina de esta Corte (v. causa "Staroni", a la que luego me referiré) como a la que surge de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Espósito", a la que también aludiré más adelante).
III.2.a. En relación a la aplicación al caso de la ley 26.773, cabe señalar que en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura en torno a su vigencia temporal, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que también remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
III.2.b. A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo, esto es, el día 27 de agosto de 2009 (v. fs. 21 y sent., fs. 91 vta.), se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00, corresponde hacer lugar a este tramo de la crítica, en cuanto el a quo aplicó el índice RIPTE previsto en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad -en el caso- se declara.
III.3.a. La solución que se propicia en el apartado que precede, torna inoficioso el tratamiento del planteo vinculado con la aplicación de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387 - E/2016. Lo propio ocurre con el agravio dirigido a poner en tela de juicio el modo en que el tribunal descontó la suma abonada por la accionada en sede administrativa. Todo ello porque es sabido que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009 y L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011).
III.3.b. Por otra parte, también ha perdido virtualidad el abordaje de la denuncia que formula el recurrente en relación con una presunta doble actualización del importe de condena.
Sin embargo, habiéndose revocado lo decidido por el a quo en cuanto empleó las pautas indemnizatorias previstas en la ley 26.773, y teniendo en consideración que tal modo de resolver fue gravitante en el razonamiento de aquél al expedirse sobre los intereses (v. sent., fs. 95 vta.), dicho tópico deberá ser juzgado nuevamente por el tribunal de origen, una vez devueltos los autos, debiendo tener presente la doctrina de esta Corte que indica que es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 108.784, "Marengo", sent. de 4-XII-2013 y L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y con el alcance indicado en los párrafos que anteceden, revocar la sentencia de grado en cuanto allí se aplicó la ley 26.773 para cuantificar las prestaciones sistémicas.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin que debidamente integrado obre de conformidad con lo dispuesto en los puntos III.2.b. y III.3.b segundo párrafo.
Costas por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero al voto del doctor de Lázzari y a su propuesta de declarar inaplicable al caso las disposiciones de la ley 26.773; esto último de conformidad con los fundamentos que expuse al emitir opinión en las causas L. 116.955, "Enríquez", sentencia de 29-III-2016; L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 y L. 119.371, "Bustamante", sentencia de 14-II-2018, que doy aquí por reproducidos en razón de brevedad.
Ello así, teniendo en vista que en el desarrollo seguido en la sentencia ha resultado determinante la fecha del evento dañoso (27 de agosto de 2009).
II. Por lo expuesto, el recurso debe prosperar con los alcances señalados por el colega ponente en el punto IV de su exposición.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Tal como expone el doctor de Lázzari en su voto, merece favorable recepción el agravio que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
Al respecto, las razones que desplegué al emitir mi opinión en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), análoga en sustancia a la presente y a la que por celeridad remito, me conducen a suscribir la solución que propone el ponente en los puntos III.1. y III.2. de su sufragio.
I.2. Conforme lo anterior, comparto lo señalado en los puntos III.3.a. y III.3.b. del voto que inicia el acuerdo.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con los alcances indicados por el citado colega en el punto IV de su voto.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor de Lázzari.
I.1. Respecto de la revocación de la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, lo hago en virtud de las consideraciones que expuse al emitir mi voto en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a la cual remito por razones de brevedad.
I.2. En relación al fondo del agravio traído, dirigido a controvertir la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773, comparto la solución brindada por el ponente, en tanto se condice con la postura que asumí en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en donde adherí al voto del doctor Genoud, a la que también envío.
I.3. En ese marco, adhiero al punto III.3.a. del voto que abre el acuerdo y a la propuesta contenida en el punto III.3.b.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso conforme se resuelve en el punto IV del voto que abre el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia de grado en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo dispuesto en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
La Plata, a los 29 días del mes de abril de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia