Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121508
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín intervinientes para que extremen el control de los funcionarios a su cargo, de modo tal que su desempeño resulte compatible con una buena administración de justicia.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.508, "Cáceres, Elisa Nicolasa contra Provincia ART S.A. Diferencia indemnización" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 357/364).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 370/381).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado, luego de declarar la cuestión de puro derecho, rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada e hizo lugar parcialmente a la acción deducida por la señora Elisa Nicolasa Cáceres contra Provincia ART S.A., mediante la cual le había reclamado el pago de la diferencia indemnizatoria respecto de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 y sus modificatorias establecidas en el decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
Para así resolver, por tenerlo acreditado en los autos "Cáceres, Elisa Nicolasa c/ Provincia ART S.A. s/ Recurso de apelación" expediente n° 64.768/08 y ad. 014-L. 195/05 -que tramitaran ante la Cámara Federal de la Seguridad Social-, juzgó que no mediaba controversia en torno al infortunio protagonizado por la trabajadora -ocurrido el día 30 de abril de 2004-, como tampoco a la determinación del grado de minusvalía -31,69% del índice de la total obrera- ni a la indemnización que hubo de percibir por tal concepto -$6.724,75 y $1.524,27-, abocándose a examinar si entre el monto reclamado y el oportunamente abonado por la aseguradora existía diferencia indemnizatoria alguna a favor de la actora.
A tal fin, consideró -dejando asentada su opinión respecto de la temática- que en virtud de los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), debía aplicarse la ley vigente a la fecha en que sucedieron las circunstancias fácticas (arts. 6 primer párr. y 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557). Por estas razones, concluyó que la diferencia de prestación dineraria a favor de la señora Cáceres era de $1.222,28.
Finalmente, ordenó que a dicho monto debían adicionarse intereses compensatorios desde la fecha del evento dañoso -30 de abril de 2004- hasta el 18 de agosto de 2008, a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en adelante a la tasa pasiva que paga aquella entidad bancaria en las operaciones de depósito a treinta días, a través del sistema "Banca Internet Provincia" (digital), hasta su efectivo pago. Ello, a tenor de lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.615, "Zócaro", resolución de 11-III-2015.
II. Contra la sentencia de grado, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia errónea aplicación de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 370/381).
II.1. En primer lugar, objeta que el órgano de origen no haya aplicado al caso el decreto 1.694/09 y la ley 26.773, en tanto las mismas proveen una sustancial mejora en las prestaciones indemnizatorias superando por mucho, comparativamente, a sus antecesores (ley 24.557 y dec. 1.278/00). Afirma que, si bien el accidente de trabajo ocurrió durante la vigencia del régimen anterior, la trabajadora debió transitar -durante varios años- por los distintos procesos administrativos previos y que, aun las consecuencias jurídicas derivadas de tal vínculo no fueron agotadas y, por lo tanto, ello no constituye un supuesto de aplicación retroactiva de la ley (v. fs. 373 vta. y 374).
Considera infringida la doctrina legal de esta Corte establecida en la causa L. 116.616, "Mansilla" (sent. de 22-XII-2015), en tanto la misma -aduce- se asemeja al sub lite , no siendo aplicable al caso la proveniente de la causa "Godon" por tratarse de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles (v. fs. 374 in fine /376 vta.).
Del mismo modo, denuncia transgredida la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto (v. fs. 377).
II.2. Por último, sostiene que el tribunal de grado omitió aplicar intereses moratorios desde el evento dañoso hasta el efectivo pago, cuando -agrega- lo abonado en sede administrativa por parte de Provincia ART S.A. no implicó un pago total del capital adeudado, sino que -por el contrario- resultaron parciales e incompletos. Así, sostiene que al haber aplicado intereses únicamente sobre el capital que juzgó adeudado, violó la doctrina legal de esta Corte establecida en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016) y el art. 777 del Código Civil (ley 340).
III. El recuso no prospera.
III.1. En primer lugar, se advierte que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia (v. fs. 363 y vta.), limitándose a suscribir la planilla Augusta de circulación de expedientes y la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 364).
No se sabe, entonces, quien redactó el acta de Acuerdo, ni hay quien dé fe de los votos que allí se volcaron. Lo propio ocurre con la resolución de fs. 334/336 vta.
Los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2.a. Sentado lo anterior, corresponde entonces ingresar en el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
III.2.b. Empiezo por advertir que el remedio procesal deducido fue concedido en el acotado ámbito del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol., fs. 384 y vta.), decisión que arriba firme a esta instancia (v. cédula, fs. 385), razón por la cual la admisibilidad del mismo únicamente podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en dicho precepto.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2.c. La impugnación examinada se afirma en la hipótesis de que el fallo en crisis vulnera la doctrina legal que cita.
III.2.c.i. En relación al primer agravio traído -luego de efectuar una detallada descripción del procedimiento cumplido hasta la sentencia de grado-, la recurrente desconoce la eficacia de la solución del precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) invocado por el juzgador para dirimir la controversia, postulando la aplicación al caso del criterio delineado en el antecedente L. 116.616, "Mansilla" (sent. de 22-XII-2015), del mismo tribunal que intervino en origen. Aduce que, pese a la divergencia de sus aristas, en aquel supuesto, como en el presente, se resolvió acerca de un infortunio acontecido en forma previa a la sanción del decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
En este contexto, interesa destacar que, contrariamente a las afirmaciones del interesado, en aquella causa esta Corte resolvió, por mayoría, que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debía ser desestimado por no abastecer los recaudos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. En consecuencia, confirmó la sentencia de mérito en razón de la insuficiencia del aludido medio de impugnación, sin mediar en dicha ocasión una definición sobre el fondo de la cuestión debatida.
En tales circunstancias, no resulta hábil el fundamento esgrimido por el interesado para enervar la decisión que causa agravio.
Finalmente, sin perjuicio de lo que podría afirmarse en torno al profuso despliegue argumental efectuado por el tribunal interviniente, la pretensión contenida en el recurso no puede tener cabida, puesto que el tópico bajo examen ha sido resuelto por este Tribunal en casos análogos y en sentido adverso al impugnante (causas L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2016; L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016; L. 120.764, "M. Viuda d. P., S. E.", sent. de 7-II-2018; L. 119.371, "Bustamante", sent. de 14-II-2018; L. 118.443, "González", sent. de 11-IV-2018 y L. 119.594, "Ferreyra", sent. de 10-X-2018; e.o.), resultando ello suficiente para dar respuesta al sub judice (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.c.ii. Para más, es dable recordar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código citado (causas L. 93.721, "Martín", sent. de 29-IV-2009; L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 114.699, "Fleba", resol. de 17-VIII-2011 y L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014).
III.3. Por otro lado, la crítica que realiza la interesada vinculada a los intereses moratorios tampoco puede prosperar.
La recurrente manifiesta que el tribunal de origen omitió liquidar tales accesorios sobre "los pagos parciales y demorados" que realizó la aseguradora en sede administrativa.
En sustento de tal postura, aduce que el juzgador de origen aplicó erróneamente la doctrina legal emanada de la causa L. 118.615, citada, dado que en dicho precedente se debatió el tipo de tasa de interés, mientras que en el presente se discute "el modo y fecha de devengamiento", y que el sentenciante no abordó la aplicación de los intereses moratorios y su plazo (omitiendo así, tratar una cuestión sin duda esencial).
Surge evidente que la impugnante ha equivocado el carril recursivo.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que resultan ajenas al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las cuestiones relativas a la omisión de tratamiento de planteos oportunamente introducidos por las partes (causas L. 96.124, "L., N. A.", sent. de 15-VII-2009; L. 110.861, "Roth", sent. de 19-XII-2012; L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014 y L. 117.025, "Q., J. A.", sent. de 4-III-2015).
IV. Por último -dadas las deficiencias apuntadas en el punto III.1. del presente-, entiendo que corresponde exhortar a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo interviniente para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo. Ello puesto que los jueces deben extremar los cuidados para que el desempeño de los agentes bajo su dirección resulte compatible con una buena administración de justicia.
V. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a las consideraciones expuestas por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III de su sufragio y en consecuencia comparto la solución a la que arriba en su apartado final.
Con el alcance indicado, así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín intervinientes para que extremen el control de los funcionarios a su cargo, de modo tal que su desempeño resulte compatible con una buena administración de justicia.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
La Plata, a los 29 días del mes de abril de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia