Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120195
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.195, "Da Silva, Miguel Ángel contra Provincia ART S.A. Accidente in itinere " con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 231/239 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 258/270 vta.). A fs. 272 el a quo concedió dicho remedio y otro de nulidad, declarando esta Suprema Corte mal concedido este último (v. fs. 292 y vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por Miguel Ángel Da Silva contra Provincia ART S.A. en concepto de diferencias de las prestaciones dinerarias contempladas en los arts. 11 apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15-, derivadas del mayor porcentaje de incapacidad establecido en autos.
Juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente sufrido el día 20 de julio de 2010, mientras se dirigía al trabajo, el actor padece una minusvalía permanente del 95% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 232 vta. y 233).
Resolvió que el trabajador había "tomado conocimiento" del carácter irreversible de sus dolencias incapacitantes con motivo del dictamen elaborado por la Comisión Médica el 11 de marzo de 2013.
Concluyó que la fecha precitada constituía la primera manifestación invalidante, que justificaba la aplicación de la ley 26.773 y la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación 28/15.
Finalmente, descontó del importe de condena lo ya abonado por la aseguradora ($161.616,25) y adicionó intereses desde la fecha de exigibilidad (11 de marzo de 2013) y hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 237 vta./238 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 258/270 vta.).
Plantea los siguientes cuestionamientos:
II.1. Se agravia de la aplicación de la ley 26.773 que se dispuso en el fallo de grado.
Afirma que el accidente de trabajo que motiva el reclamo de autos se ubica con anterioridad a la vigencia de la normativa citada, por lo que su aplicación retroactiva resulta improcedente y contraria al principio emergente del art. 3 del Código Civil y violatorio del debido proceso y del derecho de defensa.
Manifiesta que el a quo realizó un erróneo razonamiento al utilizar la fecha del dictamen de la Comisión Médica como "toma de conocimiento" de la incapacidad (11 de marzo de 2013) y así poder aplicar la mentada ley, en tanto en ese momento se encontraba vigente (v. fs. 263 vta.).
Cita el precedente "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010) de la Corte nacional, en el que, con referencia al decreto 1.278/00, se estableció -en lo sustancial- que el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral sólo declara la existencia del derecho que lo funda, debiendo determinarse la compensación económica conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta.
II.2. Por otro lado, sin abdicar de su anterior cuestionamiento, señala que el sentenciante aplicó erróneamente el decreto 472/14 al utilizar el piso que determina la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, cuando en realidad -siguiendo el criterio utilizado por el juzgador de grado- se hallaba vigente la 34/13.
II.3. Impugna el cálculo indemnizatorio, en tanto este no debió realizarse sobre una incapacidad del 95% para luego restarle la suma ya percibida por el 50% de aquella, sino que lo correcto era cuantificarla sobre el porcentaje que faltaba reparar -es decir, 45%-.
II.4. Finalmente, objeta la forma en que el tribunal calculó los intereses.
Señala que la liquidación de dichos accesorios sobre la base del monto de capital actualizado por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) importa una doble actualización de valores, violando lo dispuesto en el art. 1 de la ley 25.561.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. En primer lugar no puede adjudicarse entidad de agravio atendible por esta Suprema Corte al simple enunciado que formula la recurrente en orden a la fecha que toma el tribunal de grado como primera manifestación invalidante (v. rec., fs. 263 y vta.), en tanto dicho planteo carece de todo desarrollo o denuncia de las normas que considera erróneamente aplicadas (art. 279, CPCC; causas L. 95.038, "Carnero", sent. de 25-XI-2009 y L. 93.909, "Galusso", sent. de 22-VIII-2012).
Tal determinación, que arriba firme por ausencia de crítica, ha determinado el entramado normativo que rige el caso examinado. No obstante, no puedo dejar de observar que el juzgador ha introducido en su desarrollo locuciones propias de normativas ya derogadas, aspecto que tampoco ha sido puesto en tela de juicio.
III.1.b. Sentado ello, de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, donde se señaló que en lo que respecta a su ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773, ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, ha de concluirse que sus disposiciones son aplicables al caso.
A tenor de lo hasta aquí señalado, y -reitero- teniendo en cuenta que a la fecha que estableció el juzgador de grado como primera manifestación invalidante se encontraba vigente la ley 26.773, corresponde rechazar, en este aspecto, las críticas traídas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio.
III.2. Luego, acierta la impugnante en cuanto cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15. Ello a tenor de la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, ya citado (reiterada en L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016 y L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; e.o.) en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación.
En virtud de ello -y de lo expuesto en el punto III.1.b. del presente voto-, teniendo en cuenta la fecha utilizada por el a quo para determinar el ámbito temporal de aplicación normativa (esto es, el 11 de marzo de 2013), el mismo no cae bajo la órbita de aplicación de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, sino de la resolución 34/13. En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
III.3. En otro orden, resulta inatendible el planteo formulado por la peticionaria vinculado a la oportunidad en que el a quo realizó el descuento de la suma que su parte abonó al trabajador.
Reiteradamente ha sostenido el Tribunal que integro que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de la norma vinculada al agravio que expone, exigencia esta de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la parte interesada (causas L. 79.507, "Saravia", sent. de 1-III-2004; L. 92.220, "Dupleich Villegas", sent. de 19-X-2011 y L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011).
En efecto, la réplica traída no cumple con la carga impuesta por la norma procesal mencionada, en cuanto la recurrente omite mencionar el o los preceptos que considera quebrantados en el marco de la crítica ensayada (art. 279, CPCC).
III.4. Luego, entiendo que debe también desestimarse el agravio dirigido a cuestionar el modo en que el juzgador dispuso el cálculo de intereses moratorios.
Estimo que en el presente no aparece configurado un supuesto excepcional que amerite el apartamiento de la doctrina legal de la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, a cuyos fundamentos remito y doy por reproducidos merced a razones de brevedad (causa L. 120.709, "Colaneri", sent. de 11-III-2020).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en el punto III.2. del presente.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
La Plata, a los 6 días del mes de mayo de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia