Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121773
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.773, "Tacchetti, Carlos Martín contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 378/394).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 401/414).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Carlos Martín Tacchetti contra Provincia ART S.A., mediante la cual le había reclamado el pago de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente parcial previstas en la ley 24.557, con motivo de la minusvalía que contrajera a consecuencia del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas habituales a órdenes del Servicio Penitenciario Bonaerense (v. fs. 378/394).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia la violación de los arts. 11, 12 y 14 de la ley 24.557; 7, 8 y 9 de la ley 23.298 -modificados por la ley 25.561- y de la doctrina legal que cita (v. fs. 401/414).
Cuestiona únicamente la definición de grado que desestimó el planteo de actualización del monto de condena.
Alega que el juzgador arribó a dicha decisión dogmáticamente, esto es, sin analizar el verdadero daño ocasionado al trabajador, quien vio pulverizado su derecho a una reparación razonable por no haberse considerado en el cálculo indemnizatorio un salario mínimo actualizado.
Argumenta que el hecho de ajustar el a quo su decisión a la doctrina legal de la Suprema Corte, no impide que se puedan encontrar otros caminos para dar una solución más justa y equitativa a la problemática en cuestión.
En ese orden, cita distintos fallos emitidos por este Tribunal (v.gr. causas "Castro C/ Dycasa"), así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Gorosito"), que abonan su postura en el sentido que, en definitiva, cuando se produce un menoscabo a la indemnidad psicofísica del trabajador, ello obliga a otorgar una vía de reparación compatible con el deber constitucional de no dañar.
También sostiene que en el específico supuesto de autos la aseguradora de riesgos del trabajo demandada recibe un injusto privilegio, al cobrar las primas en moneda actualizada y abonar las prestaciones dinerarias con moneda depreciada. Todo lo cual -afirma- evidencia un indebido desvío de fondos de los más débiles hacia los más fuertes, que contradice todas las bases del derecho laboral.
Luego, reitera los términos de su escrito inicial argumentando acerca del perjuicio sufrido a partir del dictado de la ley 25.561, que no sólo derogó la paridad cambiaria -desapareciendo en consecuencia la convertibilidad del peso y con ello su inmediata devaluación- sino en cuanto, además, impidió la actualización monetaria de las deudas en dinero, afectándose así el derecho de propiedad del acreedor, quien percibirá su crédito cuyo poder adquisitivo resultará inferior al que tenía en la época en que se generó el mismo.
En consecuencia, ratifica su postura de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 7, 8 y 10 de la ley 23.928 (modificados por la ley 25.561) y se ordene -como consecuencia de ello- la actualización de los importes de condena según el índice de precios al consumidor.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Inicialmente cabe destacar que, a contrario de lo que erróneamente afirma el recurrente en el punto II.A de su presentación, donde sostiene respecto del monto del agravio que "...el perjuicio inferido al actor por falta de actualización del ingreso base mensual supera con creces el tope actual", el valor de lo cuestionado ante esta instancia no alcanza el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Explica el compareciente que "...la liquidación del capital de $ 50.809,39, de haber aceptado el pedido de actualización monetaria, habría sido de $ 457.284,5" (fs. 402). Esta última cifra, resulta inferior al piso recursivo aludido que, al momento de la interposición del carril de impugnación deducido (16 de febrero de 2018; v. fs. 414) ascendía a $515.000 (representativo de 500 jus arancelarios; conf. art. 278, cit. -texto según ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010 y Acordada 3.896/18 de esta Suprema Corte del 1 de enero de 2018-).
Por tal razón, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debió ser concedido por el tribunal de grado en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 -primer párrafo in fine - de la ley 11.653.
Resulta oportuno destacar, en consecuencia de lo reseñado, que aquella hipótesis habilitante se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen una relación sustancial y el fallo impugnado transgrede esa hermenéutica, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.011, "Neirotti", sent. de 19-X-2011; L. 107.183, "Labrin", sent. de 17-X-2012; L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013; e.o.).
III.1.b. Bajo tales directrices, esta Suprema Corte debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.
Sin embargo, corresponde habilitar esta instancia extraordinaria sin restricciones, ya que se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de preceptos que prohíben la indexación de las obligaciones de dar sumas de dinero, y el interesado expresamente vincula sus agravios a la afectación del derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Constitución nacional (Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Iglesias, Héctor José c/ Molinos Río de la Plata Sociedad Anónima", Fallos: 324:2456; esta Corte causa L. 92.095, "Moyano", sent. de 1-IX-2010).
III.1.c. Esto último, torna abstracto el planteo que a título de mera eventualidad introduce el compareciente a fs. 402 respecto de la inconstitucionalidad del valladar (monto) que impide el ingreso a la Suprema Corte de Justicia; no encontrándose habilitada la judicatura para emitir pronunciamientos de este tipo (causas L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015 y L. 120.339, "Figueredo", sent. de 21-VI-2018; e.o.).
III.2.a. Aclarado lo expuesto, e ingresando a analizar el agravio sobre el fondo de la cuestión, considero que debe permanecer firme la sentencia de la instancia de grado en cuanto resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -modificados por ley 25.561- y desestimó la pretensión de actualización de los importes de condena con arreglo al índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Ello así pues, en el precedente L. 85.591, "Fernández" (sent. de 18-VIII-2007), este Tribunal ha sostenido la constitucionalidad de las normas de emergencia económica que mantuvieron la prohibición de utilizar mecanismos indexatorios, también en otros precedentes posteriores (causas L. 84.999, "Rodríguez", sent. de 23-III-2008; L. 92.958, "Da Silva", sent. de 3-VI-2009; L. 92.297, "Ferreyra", sent. de 23-III-2010; L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 105.952, "Barrios", sent. de 7-VIII-2013; L. 116.518, "Grandelmeier", sent. de 16-VII-2014 y L. 102.736, "Boll", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
Se advierte entonces que la decisión de grado se ajusta a las directrices sentadas por este Tribunal en las causas citadas (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.b. Finalmente, debo decir que la somera alusión al rechazo del planteo de "inconstitucionalidad de los arts. 11 y 12 de la L.R.T." que porta el recurso (v. fs. 410) no se compadece con lo actuado en autos y no reviste entidad de agravio, en la medida que tal pedimento no integró el objeto de la demanda (v. fs. 22/39 vta.) y, por lógica consecuencia, tampoco formó parte de la estructura que definió el contenido del fallo dictado por el tribunal de trabajo.
En este último aspecto, debe recordarse que, circunscripta la facultad revisora de la Suprema Corte al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada, no corresponde que se avoque al tratamiento de un tema que no ha sido materia de análisis en la sentencia de grado (causas L. 115.788, "Díaz", sent. de 21-VIII-2013 y L. 119.623, "Pisarello", sent. de 22-II-2017; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Liminarmente habré de señalar que los argumentos desplegados por el recurrente en orden a la admisibilidad del medio de impugnación evidencian que en el caso se encuentra en juego una cuestión federal. Bajo esa consideración, comparto lo expuesto por el colega doctor Genoud en el punto III.1. de su sufragio.
I.2. Ya en lo relativo al agravio traído, coincido nuevamente con lo señalado por el ponente para juzgar su desestimación.
Lo resuelto por el tribunal de grado guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (muchos de ellos citados en el sufragio del ponente), sin que el impugnante aporte nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
I.3. Finalmente, suscribo lo dicho por el doctor Genoud en el punto III.2.b. de su opinión.
II. Con todo, corresponde rechazar el recurso conforme se resuelve en el apartado final del sufragio inaugural.
Con el alcance invocado, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
La Plata, a los 6 días del mes de mayo de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia