Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120808
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.808, "Juárez, Víctor Hugo contra Prevención ART S.A. Materia a categorizar" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Pettigiani, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 135/141 vta.).
Se dedujo, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 156/176).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen condenó a la aseguradora demandada al pago de diferencias en la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14- con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- (art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773 (v. sent., fs. 135/141 vta.).
Para determinar el importe indemnizatorio previsto en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante aplicó la fórmula allí prevista ($5.053,54 -IBM- x 53 x 6,5% x 2,03 -65/32-), arribando a la cifra de $35.341,17.
Empero, habiendo declarado aplicable al caso la resolución 22/14, en tanto era la vigente al momento del pago (v. sent., fs. 136 vta./137 vta.), fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $40.326,91 ($620.414 x 6,5%).
A dicho valor, adicionó el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a $8.065,38.
Luego, consideró que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de mayo de 2013 (92,57) y noviembre de 2014 (1.340,85) arrojaba un coeficiente de 1,48, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $71.620,58, a la que descontó lo ya abonado por la aseguradora ($42.435,53; v. fs. 136 vta.), arribando a una diferencia indemnizatoria de $29.185,05 (v. sent., fs. 137 vta.).
Finalmente, dispuso que al monto de condena resultante se le aplicarán intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha del evento dañoso (10 de mayo de 2013) hasta su efectivo pago (v. sent., fs. 138).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, objeta que el sentenciante de grado haya aplicado la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 22/14 (v. rec., fs. 161 vta./167).
Con cita de doctrina de esta Corte y del Supremo Tribunal nacional, entiende que de esa manera vulnera el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil (hoy, art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Alega que en tanto el accidente ocurrió el 10 de mayo de 2013, corresponde sea aplicada la resolución 34/13, vigente en ese momento.
Sostiene, en lo esencial, que el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales se define por el momento en que se produce el evento dañoso.
En ese sentido, denuncia vulnerada, entre otras, la doctrina de este Tribunal sentada en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (v. rec., fs. 163 vta. y 164).
II.2. Luego, señala que el a quo interpretó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, así como el art. 17 del decreto 472/14, que establecen que el RIPTE se utiliza para actualizar únicamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos del art. 14 de la ley 24.557, pero de ningún modo debe aplicarse -como lo hizo el tribunal de origen- a los pisos ya actualizados, pues, caso contrario, dicho coeficiente se utilizaría dos veces sobre el mismo monto.
II.3. Por otro lado, la interesada cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la liquidación de intereses.
Plantea que resulta improcedente la aplicación de dichos accesorios, en tanto, en el caso, la prestación fue "actualizada" conforme el índice RIPTE.
Asimismo, alega que ni la ley 24.557, ni sus normas complementarias o modificatorias, autorizan la liquidación de intereses desde el evento dañoso hasta el efectivo pago, sino sólo cuando determinada la incapacidad definitiva no se abonara la prestación en tiempo y forma.
II.4. Finalmente, y de manera subsidiaria, impugna la tasa de interés según la cual el juzgador ordenó se liquiden los accesorios sobre el capital de condena, solicitando la aplicación de la pasiva.
Aduce que la tasa propuesta por el juzgador (pasiva "digital") vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otras que cita, donde esta Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y ratificar la doctrina respecto de la aplicación de la tasa pasiva.
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. De manera preliminar, se impone destacar que la secretaria del tribunal de origen (quien se supone, es la encargada de la redacción del acuerdo y de dar fe de lo que en el mismo ocurrió), no rubricó la sentencia, limitándose a suscribir solamente la constancia de registro respectiva (v. fs. 141 vta.).
El defecto apuntado constituye una falencia de forma y no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Ingresando al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, cabe destacar que, en la especie, el valor de lo cuestionado (representado por el importe de la condena determinado en la sentencia incluidos los intereses, en tanto ha sido materia de agravio) no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para su admisibilidad.
Siendo ello así, la labor de esta Corte debe quedar limitada a verificar si se ha vulnerado o no la doctrina legal que en el embate se reputa transgredida.
III.3. Aclarado cuanto antecede, y alterando el orden de los agravios, acierta la recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el tribunal a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
El pronunciamiento sobre este agravio no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308: 1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2, las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4, y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
En este marco, le asiste razón a la impugnante -cuyo desarrollo argumental está en línea con lo decidido por este Tribunal en el citado precedente- en tanto el a quo aplicó erróneamente el mentado índice sobre un "piso" que ya se encontraba ajustado.
III.4. Sentado ello, también debe prosperar la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14, en tanto el tribunal ha vulnerado la doctrina citada por la recurrente.
Al respecto, corresponde hacer uso del mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (y reiterada en L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.) en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 (y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación) para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el 10 de mayo de 2013, lo cierto es que el mismo no cae bajo la órbita de aplicación de la citada resolución 22/14 sino de la resolución 34/13 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.5. En el marco en que transita el recurso, no puede ser atendido el agravio mediante el que se cuestiona la imposición de intereses por cuanto la recurrente no acredita la configuración del supuesto de excepción (art. 55, ley 11.653), toda vez que omite citar e individualizar doctrina legal de esta Corte en apoyo de su postura (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 101.390, "Gómez", sent. de 16-III-2011 y L. 118.013, "Osorio", sent. de 15-VII-2015).
III.6. Respecto de la impugnación referida a la aplicación de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena, habré de realizar las siguientes consideraciones.
III.6.a. Inicialmente, considero necesario subrayar que la doctrina de esta Suprema Corte (sostenida en pronunciamientos como el de las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011) ha sido usar la tasa pura siempre y cuando el monto de la condena hubiera sido reajustado por el juzgador, aplicando para ello alguno de los índices de actualización publicado por organismos especializados. En estos casos, a fin de evitar el doble cómputo de la depreciación, los intereses se establecían por dicho período a la tasa del 6% anual.
Sin embargo, en el presente caso el importe indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, alcanza la suma de $35.341,17 ($5.053,54 x 53 x 6,5% x 2,03; v. sent., fs. 137 vta.) superando el piso de $27.101,29 ($416.943 x 6,5%), al que se llega aplicando la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13, vigente al momento del accidente. En virtud de ello, al no haber "actualización" del capital de condena, no resulta aplicable la referida solución.
III.6.b. En dicho contexto, el agravio bajo análisis debe ser desestimado a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-. Ello, a pesar de que a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891; L. 90.644 y L. 104.124, cits.).
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif. y 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal, sentada en las citadas causas y propongo el rechazo de este aspecto del recurso deducido.
III.7. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.1. de este voto, me veo compelido a exhortar nuevamente a los señores jueces sobre las irregularidades -algunas graves- que se advierten en el dictado de la sentencia de la presente causa. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la omisión del actuario de rubricar la sentencia, así como la innecesaria declaración de inconstitucionalidad de una norma, se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en los apartados III.3. y III.4.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en razón de la forma cómo se resuelve la cuestión vinculada a la tasa de interés (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera conforme lo que sigue.
I.1. Como señala el distinguido doctor de Lázzari, el valor de lo cuestionado en esta instancia no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tales condiciones, la revisión del pronunciamiento debe efectuarse en el marco que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
I.2. Considero que en la especie los agravios concernientes a la aplicación de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14 empleada por el tribunal para estimar la prestación dineraria (aquella vigente al momento de formalizarse el pago; v. fs. 137 vta.) y su posterior reajuste por conducto del índice RIPTE, satisfacen los recaudos de una adecuada fundamentación, y en ese marco, cobran virtualidad las directrices que sobre la temática examinada ha fijado esta Corte a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" (ver sent. de 24-V-2016, y, en particular, el punto III.2.d[v]), con derivación en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), cuyos fundamentos doy por reproducidos merced a motivos de celeridad procesal.
En tales términos, comparto la propuesta decisoria formulada por el colega ponente en el punto III.4. in fine de su sufragio de rescindir la mensura de la prestación objeto de reclamo, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de las normas aplicables al caso.
En consecuencia, corresponde devolver la causa al tribunal de origen para que, con distinta integración, establezca los importes en pugna, analice la defensa de pago invocada por la aseguradora en sostén de su postura (v. fs. 87 y 94) y determine, en su caso, la existencia de eventuales diferencias a favor del reclamante.
I.3. En atención a la solución que se propone, no corresponde pronunciarse sobre el agravio por la imposición de intereses sobre sumas previamente reajustadas. Sin perjuicio de ello y dada la invocación subsidiaria de los antecedentes citados a fs. 172, resulta útil hacer saber al peticionante lo resuelto por esta Corte en los antecedentes L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), con motivo de la sanción del Código Civil y Comercial.
I.4. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión, estimo pertinente, una vez más, exhortar a los jueces integrantes del órgano de grado sobre las irregularidades que -con acierto- son relevadas por el colega ponente.
II. Con el alcance indicado, corresponde admitir parcialmente el recurso de inaplicabilidad de ley traído. Costas por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en los puntos III.1. a III.5. de su voto.
I.2. En cuanto a la tasa de interés aplicable a las sumas que habría de arrojar la nueva liquidación a practicarse en la instancia, he de señalar lo siguiente.
I.2.a. En el pronunciamiento impugnado, se estableció que al capital de condena debían adicionarse intereses "conforme a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia (tasa BIP)" desde la fecha del evento dañoso hasta su total y efectivo pago (v. sent., fs. 141).
En el estrecho margen abierto al conocimiento de este Tribunal (art. 55 primer párrafo in fine, ley 11.683), la recurrente esboza que tal modo de resolver infringe la doctrina legal sentada en el precedente L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013.
Sin embargo, tal argumento no resulta idóneo para revertir lo decidido en el fallo en crisis.
En la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, esta Suprema Corte -por mayoría- en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio reiterado en los precedentes L. 118.858,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.