Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72612
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.612, "Meder Diego N. Contra Municipalidad de Tornquist Sobre Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Pettigiani, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación entablado por la parte actora, cuya pretensión fuera rechazada por el Juzgado de Primera Instancia n° 1, del mismo fuero, del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
Disconforme con aquel pronunciamiento, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue concedido por el Tribunal actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Al hacer lugar al recurso de apelación promovido por la parte actora, la Cámara con asiento en la ciudad de Mar del Plata condenó a la accionada al pago de indemnizaciones a favor del demandante (la prevista en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 y la del art. 52 de la ley 23.551) y ordenó al juez de grado a que determinara el monto correspondiente al concepto de "remuneración", practicando el cálculo respectivo con más los intereses que por sus depósitos a treinta días pagase el Banco de la provincia de Buenos Aires, contados desde el 30 de junio de 2008 hasta el efectivo pago.
Al resolver de ese modo, el Tribunal de Alzada destacó que se encontraba fuera de discusión que el actor se había desempeñado como personal de planta no permanente mensualizado de la Municipalidad de Tornquist, cumpliendo funciones en el área de "Institutos - Atención de Menores" como obrero del Hogar "Saavedra Lamas" de dicha localidad.
Asimismo, que el vínculo se había verificado desde el 1 de enero de 2003 hasta el 30 de junio de 2008 y que desde esta fecha el actor había quedado automáticamente desvinculado de la comuna en virtud de no haberse renovado su designación.
Sostuvo que, cuando se trataba de empleo público era dable reconocer a la Administración, ante necesidades transitorias o eventuales que no pudieran cubrirse con personal de planta permanente, un margen de arbitrio para, en condiciones de objetividad y razonabilidad, incorporar agentes por fuera de los cuadros estables de la organización, ello como una excepción admisible a las reglas que emanan del art. 14 bis de la Constitución nacional.
Señaló que en razón de la amplitud de la protección que la carta magna reconocía al empleo en sus más diversas formas, la acreditación de los extremos que habilitaban la contratación de agentes sin permanencia debían examinarse con criterio restrictivo.
Destacó que, si bien no era posible modificar la naturaleza de un nombramiento sin estabilidad por uno con tal nota, no era menos cierto que la jurisprudencia, en especial la del Superior Tribunal federal, había reconocido -bajo ciertas condiciones- un derecho indemnizatorio frente a un obrar de la Administración que en su carácter de empleadora se apartara en forma notoria de las condiciones de excepcionalidad que rodeaba aquel tipo de designación.
Hizo referencia a la doctrina emanada del caso "Ramos" (Fallos 333:311), en el cual la Corte nacional otorgó protección contra el despido arbitrario a un agente transitorio de la Administración nacional, tras sopesar una serie de elementos que llevaron a considerar que ésta se había valido de figuras jurídicas previstas para casos excepcionales y que con una palmaria desviación de poder no hacía más que encubrir una designación permanente bajo una apariencia temporaria.
Entre dichos elementos destacó que la accionada había renovado en exceso el vínculo con el trabajador (i), que así había infringido la normativa que limitaba dicha posibilidad (ii), que las tareas desempeñadas por el agente no revestían carácter estacional o eventual (iii) y que éste había recibido trato equivalente al de un empleado estable (iv).
Agregó que de los lineamientos de aquella sentencia se desprendía que a los fines de una condena indenmizatoria -no así para modificar el estatus del agente- era posible considerar la realidad subyacente del caso, sin sujeción al nomen iuris que el legislador o los sujetos intervinientes le hubieran atribuido (con cita de CSJN C.1733.XLII, "Cerigliano", sent. de 19-IV-11).
Precisó que, llevando dichas premisas al caso de autos, resultaba claro que la demandada había incurrido en la ilegitimidad descripta.
En tal sentido, destacó que la Administración había renovado el vínculo temporario con el actor en forma ininterrumpida por el término de cinco años y medio. Que podía colegirse con claridad que las tareas llevadas a cabo por éste, como obrero de la institución municipal mencionada, carecían de la transitoriedad y eventualidad que suponía el régimen de excepción (cita doctr. art. 92, ley 11.757). Y que la tendencia de la accionada a obrar de esa manera no aparecía siquiera abastecida por un mínimo de razonabilidad (cita art. 28, Const. nac.).
Afirmó que los antecedentes relevados demostraban que la comuna se había valido impropiamente de una figura jurídica autorizada por la ley solamente para cubrir necesidades coyunturales (cita arg. doctr. causa B 51.113, "Picaro", sent. de 3-III-10), tergiversándola para generar un vínculo de empleo bajo la apariencia de un nombramiento por tiempo determinado (cita doctr. CSJN Fallos 333:311, cons. 5° del voto mayoritario).
Expresó que en tales condiciones podría válidamente decirse que el comportamiento de la demandada tuvo entidad para generar en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral que merecía el resguardo que la Constitución nacional le brindaba en su art. 14 bis, al consagrar la protección contra el despido arbitrario, lo que permitía colegir que aquella había actuado con antijuridicidad, comprometiendo su responsabilidad frente al impugnante y justificando la procedencia del reclamo resarcitorio.
Y agregó que, el hecho de que la comuna no hubiere formulado reserva alguna respecto del vínculo temporario del actor al tiempo de que se le notificara su candidatura para el cargo sindical en el que resultara electo, no hacía sino reforzar la expectativa del agente en relación a la continuidad en la prestación de las tareas para las que fuera designado.
I.2. Luego, en referencia a los rubros resarcitorios planteados, estimó que la indemnización derivada del ilegítimo obrar del municipio debía basarse en los lineamientos plasmados en los fallos de la Corte nacional, a efectos de arribar a una solución justa y razonable que garantizase debidamente el principio de suficiencia (cita doctr. CSJN "Cerigliano", cit. cons. 8°).
Así, el modo de reparar los daños irrogados al actor debía encontrarse en el ámbito del derecho público y administrativo local, lo que resultaba conteste con lo previsto en el art. 171 de la Constitución provincial.
Para establecer el importe, apeló a una solución por analogía dirigida a recomponer debidamente los detrimentos sufridos y que tal medida la encontraba en la aplicación del art. 24 inc. 2 de la ley 11.757.
En cuanto al segundo agravio, adelantó que correspondía hacer lugar al planteo actoral, así como responder a lo esgrimido por la demandada en virtud del instituto de la apelación adhesiva.
En esa dirección, destacó lo que es doctrina de esta Corte en punto al señalamiento de que si la relación de empleo público había adoptado la modalidad de planta temporaria, extendiéndose a través de sucesivos decretos de mensualización, no podía acogerse el reclamo de reinstalación en su puesto de trabajo sin estabilidad con sustento en la ley sindical, en razón de que la previsión de la ley no podía trasladar el "efecto" de transformar el vínculo jurídico, resultando en uno de planta permanente (con cita de numerosas causas, entre ellas: L. 67.396, "Faraci", sent. de 30-IX-97; L. 68.993, "Castro", sent. de 14-VII-98; L. 71.906, "Fernández", sent. de 24-XI-98; L. 72.759, "Martínez", sent. de 9-III-99 y L. 84.711, "Centurelli", sent. de 30-X-02).
No obstante, dejó en claro que este Tribunal había trazado lineamientos divergentes con los emanados de la doctrina citada, allí donde la pretensión -fundada en la norma sindical por quien exhibía la condición de representante- no se encaminaba a obtener la conversión del vínculo sino que buscaba la reinstalación en su puesto de labor por el tiempo que durase el amparo, de conformidad con lo establecido en el art. 48 de la ley 23.551 (con cita de autos L. 102.254, "Mansilla", sent. de 6-IV-11).
En ese marco, evaluó que la demandada no había controvertido el hecho de que el actor resultara oportunamente electo vocal titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tornquist, por lo cual no era atendible su planteo con vistas a negarle el derecho a percibir la indemnización de la ley 23.551, en base al carácter temporario del vínculo aduciendo que, en tal caso, no podía considerárselo despedido.
Recordó que dicha norma había sido dictada con el propósito de rodear a la libertad sindical de mayores garantías de desenvolvimiento, y si bien contenía disposiciones extrañas a la regulación estatutaria del empleo público, lo cierto era que coexistían en los supuestos en que los agentes públicos cumplían funciones en organizaciones sindicales.
Tal circunstancia resultaba habitual y no redundaba en una situación de incompatibilidad que forzara la exclusión de una norma por otra. Además, la ley 23.551 no establecía diferenciaciones entre agentes públicos y del sector privado.
Agregó que resultaba claro que no había existido cuestionamiento alguno al ejercicio de los derechos sindicales del accionante hasta la instancia judicial y que la finalidad tuitiva de la norma no podía confundirse con la estabilidad de la que gozan los empleados de planta permanente del municipio, del modo en que pretendía argumentar la demandada para sostener su oposición.
Continuó expresando que, en base a estas consideraciones, se imponía concluir que aun en el marco de la ausencia de estabilidad que caracterizaba a la relación de empleo en la que revistaba el actor, éste gozaba de la garantía de estabilidad de la ley 23.551, en atención a su incuestionada calidad de representante sindical.
Así, la empleadora debió, antes de declarar extinguido el vínculo, requerir ante el órgano judicial competente la exclusión de la tutela sindical mediante el trámite previsto en el ordenamiento vigente (art. 47, ley 23.551).
Que, al no haber obrado de ese modo, hubo de configurar una violación a la garantía sindical, de la que se deriva el derecho del actor a percibir la indemnización prescripta, opción que incluía a los empleados públicos amparados por dicha garantía (cita causas B. 57.330, "Bertolotti", sent. de 25-X-2000 y L. 90.779, "Alzaga", sent. de 11-II-09).
De esta manera, decidió que correspondía acoger el agravio planteado en esta parcela del remedio, revocando la sentencia de grado que había rechazado la indemnización reclamada (art. 52, ley 23.551), disponiendo hacer lugar a la misma.
Por último, se refirió al pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561, las que el recurrente consideró violatorias del art. 17 de la Constitución nacional.
Estimó que había que rechazar la solicitud, considerando que en el contexto en que se realizaba el planteo no existían circunstancias valederas que justificaran un razonado y motivado apartamiento de la doctrina legal (con cita de causas B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. de 2-X-02; Ac. 86.304, "Alba", sent. de 27-X-04; L. 100.704, "Zuñiga", sent. de 21-XII-11; L. 99.461, "Damiani", sent. de 4-VII-12; L. 98.502, "Cerdá", sent. de 11-VII-12; e.o.).
En síntesis, hizo lugar al recurso de apelación y condenó a la Municipalidad de Tornquist a abonarle al señor Meder, a raíz de la ruptura de su vínculo de empleo público (art. 14 bis, Const. nac.),la indemnización prevista en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757, más la fijada en el art. 52 cuarto párrafo de la ley 23.551, consistente en una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido percibir al actor durante el tiempo faltante del mandato sindical y el año de estabilidad posterior.
Asimismo, dispuso que, a los fines de la liquidación, el juez de grado determinase -previa sustanciación- el monto atribuido al concepto "remuneración" y realizare el cálculo correspondiente con inclusión de intereses acorde la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, t.o. ley 25.561), desde la fecha de su desvinculación hasta el efectivo pago (arg. doctr. causa C. 97.868, "González", sent. de 18-V-11).
Estableció que la suma resultante de la liquidación debía ser abonada dentro de los sesenta días de quedar firme la misma (art. 163, Const. prov.).
Aplicó las costas en el orden causado (art. 51, CCA).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 197/213), la demandada plantea la violación y errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 266 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 59 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo; 3, 4, 7, 24 inc. 2, 92 de la ley 11.757; 52 de la ley 23.551; 18 de la Constitución nacional; 15 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial.
Luego de una detallada reseña de los antecedentes de autos, expresa sus agravios.
Comienza señalando que la sentencia de Cámara resultó violatoria del principio de congruencia -arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 266 del Código Procesal Civil y Comercial y 59 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo- en razón que el accionante reclamó el reconocimiento de derechos basándose en un régimen legal (art. 245, LCT) y el a quo condenó con aplicación de otro (art. 24 inc. 2, ley 11.757).
Explica que, en un caso, el supuesto de hecho descripto por la norma es un acto ilícito (indemnización por despido sin causa), mientras que la Cámara enmarcó su decisión en torno a la valoración de un acto lícito (cese con justa causa).
Sostiene que al considerar análogos hechos que resultan diferentes la Cámara violentó el derecho de defensa e incurrió en la figura del absurdo.
Luego realiza una transcripción de los artículos del Código ritual que entiende violados, cita antecedentes y se explaya refutando la lógica de la decisión tomada, argumentando nuevamente alrededor de lo expresado sobre el encuadre legal de los hechos de autos.
Continúa planteando una errónea interpretación normativa y absurda valoración de la prueba en referencia a los arts. 3, 4, 7, 24 inc. 2 y 92 de la ley 11.757.
Cuestiona que pueda considerarse que el actor tuviera una legítima expectativa de continuidad laboral y que la no renovación del contrato fuera un acto voluntario del municipio.
Refuta la idea de que el cese por vencimiento del término de la relación de empleo hubiese vulnerado el resguardo que brinda la tutela sindical y que el municipio debió haber ocurrido a una acción de exclusión de dicha tutela.
Luego, expresa que el Tribunal de Alzada incurrió en arbitrariedad y absurdo al intentar trasladar al presente las premisas del caso "Ramos" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando a su criterio existían diferencias.
Así, menciona que en el caso referido el exceso en los plazos de contratación del agente resultaba irrazonable, cuestión que no podía sostenerse en los autos pues la relación se había extinguido por el paso del tiempo conforme lo establecido en el decreto municipal 88/08.
Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración de la garantía sindical, esgrime que debía tenerse en cuenta que al ser designado representante el actor conocía la temporalidad de su designación en las filas comunales.
Que, por otra parte, no correspondía aplicar la doctrina emanada del precedente "Mansilla" de esta Suprema Corte provincial, en razón que se trataba de supuestos con diferente tratamiento por parte de la Administración.
Alega finalmente que tampoco podía comprobarse que el actor hubiera notificado a la comuna su condición de vocal del sindicato de trabajadores municipales, como sí se comprobó en el antecedente citado.
Pide se haga lugar a su remedio y se revoque la sentencia de Cámara.
III.1. El recurso no prospera. La pieza articulada no logra conmover el razonamiento forjado por la Cámara en su sentencia.
En esencia, dos elementos estructuran el planteo impugnatorio de la demandada. Por un lado, el argumento acerca de que la sentencia de Cámara violó el principio de congruencia, lo cual implicó -a su entender- la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial y 59 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo. Por otro, que ha existido absurdo y errónea aplicación de la doctrina de la causa "Ramos" (CSJN, Fallos 330:331).
III.2. En lo primero, sostiene que el actor había demandado una indemnización por despido con fundamento en un régimen legal pero la Cámara decidió condenar a la Municipalidad por aplicación de otro. Que dicha anomalía es atribuible a que confundió el supuesto de hecho asimilable al caso.
Afirma que la pretensión original apuntaba a un reclamo basado en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una indemnización frente a un acto ilícito (despido sin causa), mientras que al concederlo lo hizo con sustento en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 que -en su opinión- refiere a un cese mediante un acto lícito (con justa causa).
Agrega que de esa manera se ha violentado su derecho de defensa. Se explaya ampliamente en la transcripción de los artículos que considera violados con cita de antecedentes del Tribunal.
Ahora bien, un detenido análisis de la sentencia recurrida me permite señalar que lo expresado por la accionada en este punto no se ajusta estrictamente a lo resuelto por el a quo .
Entiendo que lo que esgrime como una violación al principio de congruencia no es sino la expresión de su disconformidad con lo decidido por el Tribunal inferior (doctr. causas A. 72.442, sent. de 6-XI-2013; A 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, cit.; C. 116.844, sent. de 26-III-2014; C. 117.952, sent. de 7-V-2014; e.o.).
Ello es así, toda vez que en el fallo atacado la Cámara realizó un pormenorizado examen de los elementos que configuraban el caso, destacando el carácter de personal de planta temporaria que ostentaba el actor, cuyo estado de revista en modo alguno resultaba modificable en virtud de la decisión que se tomaba.
A su vez, ponderó diversas circunstancias tales como las sucesivas renovaciones del nombramiento temporario, que éstas se extendieron por un lapso considerable de tiempo, que las labores resultaban equivalentes a las habitualmente prestadas por personal permanente, y por último que la autoridad municipal no había realizado oportunamente ninguna impugnación a la condición de representante sindical (candidato y electo), ello teniendo en especial consideración la protección que nuestro sistema constitucional otorga a la garantía de la estabilidad del empleo en el ámbito de los poderes públicos -cuya excepción solo es admitida con carácter restrictivo-, las que constituyeron factores relevantes a los fines de reconocer razonablemente el derecho a una indemnización.
Entonces, a la hora de establecerla lo hizo, por un lado, apelando por analogía a las previsiones que el propio régimen de la ley 11.757 le proporcionaba, en tanto se
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