Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72766
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad ley interpuestos (arts. 289 y 303, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, 289 y 303, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.766, "Eguiguren, Daniel A. contra Poder Judicial. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia por la que se había rechazado la pretensión articulada en autos (v. fs. 190/198).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 202/226), los que fueron concedidos por la Cámara actuante a fs. 228/229.
Oída la señora Procuradora General (v. fs. 270/272), dictada la providencia de autos (v. fs. 285) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la nulidad de las resoluciones 5.207/04 y 2.853/04 dictadas por la Suprema Corte de Justicia, y el reconocimiento del derecho a percibir la bonificación por bloqueo parcial de título acordada por el art. 41 de la ley 10.475.
Relató que es ingeniero mecánico y desde el mes de octubre de 2003 se desempeña como perito de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia, comprendido en la ley 10.374.
Señaló que el bloqueo parcial de su título profesional proviene del art. 125 de la ley 5.827, en tanto prohíbe a los peritos de la Asesoría Pericial intervenir a propuesta de parte, en causas que se sustancien en cualquier fuero en el ámbito provincial, o inscribirse en las listas de profesionales auxiliares de la justicia para nombramientos de oficio.
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia por la que se había rechazado la pretensión articulada en autos.
Para así resolver consideró que el accionante no acreditó los presupuestos previstos en el art. 41 de la ley 10.475 para acceder a la percepción de la bonificación por bloqueo de título allí instituida.
Señaló que el pago del adicional pretendido constituía una compensación por la pérdida total o parcial de la labor profesional en razón de una inhabilidad de carácter legal, en tanto el interesado debía encontrarse expresamente inhabilitado por la normativa pertinente para ejercer libremente dicha actividad profesional.
Precisó que el actor alegaba como aplicable al sub lite el precedente "Pozzi" - o en su defecto, con modulaciones, el caso "Pomponio" (v. fs. 161 vta. y 162)-, cuando en realidad se trataba de supuestos -profesionales en ciencias económicas- que diferían del presente -perito ingeniero-. Agregó que, por ello, aun prescindiendo del Acuerdo 2172/87 como postulaba el recurrente, tampoco sería factible arribar a una solución acorde con sus peticiones.
Sostuvo que de la ley respectiva no podía colegirse cuáles serían las incumbencias inherentes a su título profesional que se hallaba privado de desplegar como consecuencia del puesto que ocupa en el Poder Judicial, y que no sean derivación propia del horario y dedicación a los que se hallaba afectado por dicha labor, que incluía las limitaciones tendientes a evitar la confluencia de intereses.
Agregó que tampoco acreditó el demandante que se encontrara imposibilitado de desempeñar su profesión o que tuviera bloqueado su título; incluso de autos surgía que se hallaba habilitada su respectiva matrícula profesional (informe del Colegio de Ingenieros de fs. 105), sin registrarse inhabilitación legal con motivo de los hechos de la causa (aclaró que la que figuraba se refería a un lapso anterior al ingreso al Poder Judicial; v. fs. 105, 134 vta. y 135).
Juzgó asimismo que los reparos en punto al Acuerdo 3427/09 de la Suprema Corte no podían tener acogida.
Afirmó que la postura del recurrente mediante la que cuestionó ambos acuerdos, esto es, el que se hallaba en vigor al dictarse los actos censurados (Ac. 2172), como el que vino a suplantarlo (Ac. 3427), emanado durante el transcurso del proceso, resultaba ineficaz a su propósito.
Consideró que tampoco resultaría decisivo pronunciarse en torno al contenido y alcance del primigenio Acuerdo (2172) puesto que, aún de considerárselo descalificable en su enunciado o en su interpretación, la solución resultaría infructuosa al propósito buscado por el apelante, dado que no permitiría obtener un distinto encuadre de la situación de marras.
Añadió a ello que el Acuerdo actual proporcionaba pautas exegéticas sobre la cuestión, frente a los matices diferenciales que la componen -bloqueo total y parcial; distintos profesionales del Poder Judicial; diferentes regímenes normativos- que, aun cuando no resultaran de directa aplicación, conformaban reglas hermenéuticas útiles acerca del alcance de la norma legal en cuanto al caso respecta.
Concluyó entonces que las distintas hipótesis que recoge el citado Acuerdo, que se condicen con los respectivos marcos legales aplicables a las profesiones, proporcionaban un dato objetivo y razonable que no permitía considerar afectado el principio de igualdad (art. 16, Const. nac.), armonizando con el espíritu y finalidad de la norma superior sin extralimitar, en todo caso, su enunciado (art. 28, Const. nac.).
I.3. Contra tal pronunciamiento, el actor interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad.
I.3.a. En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interesa, denunció que la Cámara aplicó de manera incorrecta el art. 41 de la ley 10.475, cuando afirmó que para acceder al beneficio de la bonificación por bloqueo de título allí prevista se requiere que la ley de ejercicio profesional de la ingeniería prevea un bloqueo de título. Consideró al respecto que dicho art. en ningún momento remite a las normas de actuación profesional, sino que se refiere únicamente a la "inhabilitación legal".
Sentado ello, insistió en que el actor posee un bloqueo parcial para ejercer la actividad profesional, que surge del art. 125 de la ley 5.827, el art. 67 de la Acordada 2300/88, las resoluciones 879/81 y 151/91 de la Suprema Corte de Justicia y de la ley 10.416.
Consideró por último que en el caso de los abogados, procuradores y escribanos también están inhibidos de actuar en sede judicial por el sólo hecho de ser empleados públicos, no siendo necesario acudir a las leyes profesionales del ejercicio de cada una de las profesiones.
I.3.b. Continuó el embate fundando el recurso extraordinario de inconstitucionalidad de las Acordadas de la Suprema Corte de Justicia 2172, 3427 y 3431.
Explicó que oportunamente se dictó el Acuerdo 2172/87 restringiendo de manera ilegítima e inconstitucional el pago de la bonificación motivo de reclamo a algunos profesionales que desempeñan tareas en el Poder Judicial.
Señaló que la inconstitucionalidad de la Acordada 2172 ya fue resuelta en la causa I. 1.298, "Pozzi" (sent. de 12-V-1998), cuya doctrina mantiene plena vigencia y es de aplicación al presente caso.
Planteó que la Acordada 3427/09 pretende reglamentar el art. 41 de la ley 10.475 con los mismos alcances y efectos de la anterior Acordada y que adolece de los mismos vicios de legalidad que su antecesora.
Sostuvo que la Suprema Corte de Justicia provincial se excedió en sus competencias constitucionales al pretender reglamentar los alcances del art. 41 de la ley 10.475 mediante las Acordadas antes citadas.
Planteó así que la competencia para crear la bonificación por bloqueo de título corresponde al Poder Legislativo (arts. 39 y 103 inc. 12, Const. prov.), mientras que la competencia para reglamentar las leyes corresponde al Poder Ejecutivo (art. 144 inc. 2, Const. prov.).
Citó, por último, en apoyo a su postura, la doctrina que surge de la causa B. 51.847, "Pomponio", sentencia de 17-III-2010.
II. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto no puede prosperar.
II.1. Como consideración preliminar debo dejar sentado que, si bien se han interpuesto conjuntamente los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley, no corresponde tener a esa particularidad como causal de rechazo en tanto resulta posible discernir los argumentos de uno y de otro (doctr. causas P. 70.428, sent. de 17-VII-2002 y P. 80.176, sent. de 6-VII-2005).
II.2. Sentado ello, cabe recordar que el objeto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el de corregir errores in iudicando cometidos al considerarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC). De allí que en esta primera cuestión analizaré la impugnación efectuada por el recurrente a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento al caso constitucional, posponiendo el tratamiento de aquellas otras, propias del recurso de inaplicabilidad de ley, que habrá de realizarse al tratar la segunda cuestión.
II.3. Como quedó expuesto, el actor solicita el reconocimiento del derecho a percibir la bonificación del 25% por bloqueo de título acordada por el art. 41 de la ley 10.475, y en ese marco plantea la inconstitucionalidad de las Acordadas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 2172, 3427 y 3431.
Al respecto, y en concordancia con lo dictaminado por la señora Procuradora General (v. fs. 270/272), considero que la impugnación deducida no puede prosperar, desde que, no obstante las imputaciones enunciadas, los argumentos desplegados en el recurso en tratamiento no pueden considerarse un cuestionamiento suficiente de los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de Alzada para decidir el rechazo de tales planteos.
Sabido es que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, la vía elegida sólo se abre en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1, Const. prov. y causas Q. 71.994, resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, resol. de 2-V-2013, e.o.).
El objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial.
Ahora bien, ha dicho también este Tribunal que, en su desarrollo expositivo, el recurso de inconstitucionalidad debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. causas Ac. 32.929, sent. de 30-XI-1984, "D.J.B.A.", t. 128, pág. 330; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005; A. 69.574, cit.; e.o.).
En especial, además de la referencia a las normas constitucionales que se reputan vulneradas, quien alega la inconstitucionalidad de una norma tiene el deber de demostrar con argumentos sólidos de qué manera aquella contraría preceptos constitucionales, evidenciando el error jurídico del fallo (conf. causas Ac. 41.159, sent. de 12-XII-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-IV-554; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003 y Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005).
Entiendo que esta pauta no puede tenerse por cumplida en la especie, toda vez que el recurrente se ha limitado a mencionar, sin mayor desarrollo argumental, la vulneración de determinadas normas de la carta local, sin explicar acabadamente la inconstitucionalidad que pregona.
En efecto, el recurrente ha efectuado una crítica genérica, manifestando su mera disconformidad con lo decidido, que no ha aportado argumentos que permitan dar por superados los fundamentos que surgen de la sentencia de la Cámara. Es que en la sentencia que aquí se cuestiona, más allá de alguna inicial referencia a la innecesaridad de su tratamiento, se concluye luego que en cuanto al contenido y alcance del primigenio Acuerdo (2172), aún de considerárselo descalificable en su enunciado, en la especie la solución resultaría infructuosa al propósito buscado por el apelante dado que no permitiría obtener un distinto encuadre de la situación de marras. A ello agregó que las distintas hipótesis que recoge el Acuerdo 3427 -que proporciona pautas exegéticas sobre la cuestión, frente a los matices diferenciales que la componen (bloqueo total o parcial; distintos profesionales del Poder Judicial; diferentes regímenes normativos)-, se condecían con los respectivos marcos legales aplicables a las profesiones, proporcionando un dato objetivo y razonable que no permitía considerar afectado el principio de igualdad (art. 16, Const. nac.), armonizando con el espíritu y finalidad de la norma superior sin extralimitar su enunciado. Se destacó asimismo que los agravios expuestos no lograban desvirtuar la razonabilidad de la solución adoptada, toda vez que tanto desde la mira del principio de igualdad como desde la que provee la índole del beneficio legal y sus presupuestos condicionantes, en modo alguno podía reputarse que aquella regla plasmada en el Acuerdo, deviniera desproporcionada o extraña y excesiva con relación al marco superior.
Cabe recordar por último que la inconstitucionalidad de leyes no sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico, sino que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (conf. doctr. causas B. 57.197, "Sánchez", sent. de 28-III-2012; A. 71.502, "Perilli", sent. de 27-VI-2012; entre muchas otras).
En función de lo expuesto, que estimo suficiente para rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad intentado, de conformidad con lo expuesto por la señora Procuradora General, voto por la negativa .
Las costas de esta instancia se imponen al recurrente vencido (arts. 68 y 303, CPCC).
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecta, el actor inicia su desarrollo planteando la errónea aplicación del art. 41 de la ley 10.475.
Específicamente sostiene que la Cámara se equivoca al afirmar que para acceder a la bonificación prevista en la norma se requiere que la ley de ejercicio profesional de los trabajadores sociales prevea un bloqueo de título.
I.2. El recurso no prospera.
Para resolver el rechazo de la pretensión, la Cámara sostuvo, como fundamento central, que la ley 10.416, regulatoria del ejercicio de la profesión del accionante, no establece ningún obstáculo al libre desempeño de aquella que reconozca su fuente en el desempeño en relación de dependencia en el Poder Judicial de la provincia.
En tal contexto, consideró que en autos se encontraba ausente el requisito a partir del cual nace el derecho al reconocimiento requerido en los términos del citado art. 41 de la ley 10.475, en tanto la condición del actor como Ingeniero Mecánico, no implicaba la incompatibilidad profesional que exige el sistema normativo.
I.3. Frente ello, el impugnante reproduce ante esta sede consideraciones que guardan identidad con las esgrimidas en la instancia de apelación ordinaria que, además de haber tenido una adecuada respuesta por parte del a quo, lejos están de patentizar los yerros que se le atribuyen al fallo recurrido.
En efecto, el recurrente insiste en exponer su propia interpretación de las normas actuadas, insistiendo en que se encuentra afectado por un bloqueo parcial en el ejercicio de su profesión (ingeniería mecánica) en función de dispuesto por los arts. 125 de la ley 5.827 y 67 incs. "c", "d" y "g" del Acuerdo 2300/88, argumento que fue descartado por el Tribunal de Alzada en cuanto sostuvo que no se encontraba configurada en el caso la inhabilitación legal mediante bloqueo parcial como la ley requiere para la procedencia del suplemento.
En tal sentido la Cámara agregó que según surgía del informe elaborado por el Colegio de Ingenieros de fs. 105, el actor mantenía su matrícula activa y sin registro alguno de bloqueo sobre la misma. Destacó asimismo que la directa relación entre la ley que establece el beneficio y el caso, no permite subsumirlo en la disposición, al advertirse que el actor, como ya fuera dicho, mantiene el libre desempeño de su profesión de ingeniero en lo jurídico (ley respectiva) y en los hechos (informe del Colegio donde se halla matriculado); pretendiendo no obstante obtener una compensación del 25% del sueldo en razón de no poder actuar dentro de la órbita jurisdiccional, por fuera del ámbito de sus funciones periciales, restricción que evidencia la natural consecuencia de su trabajo en relación de dependencia, tendiente a conjurar un eventual conflicto de situaciones encontradas, preservando la administración de justicia.
Al respecto la Suprema Corte ha sostenido que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el escrito pertinente, no hace más que reiterar argumentos vertidos en la expresión de agravios, que fueron debidamente examinados y desechados por el Tribunal de Alzada y cuyas motivaciones esenciales no resultan correctamente rebatidas (conf. doctr. causas C. 102.272, resol. de 13-V-2009; A. 69.036, "Sandoval", sent. de 15-VII-2009; C. 108.697, resol. de 15-VI-2011; C. 107.153, sent. de 4-IV-2012; e.o.).
I.4. A mayor abundamiento cabe destacar que los fundamentos dados por la Cámara para decidir el rechazo de la pretensión resultan coincidentes con la doctrina que sentara este Tribunal en casos donde se debatieron cuestiones análogas al presente (doctr. causas B. 63.629, "Garmendia"; B. 63.633, "Franzoni"; B. 63.634, "Albina"; B. 63.635, "Richard"; B. 63.636, "Donadío"; B. 63.630, "Reboredo"; B. 63.632, "Ruiz"; B. 63.639, "Cerdá" y B. 63.641, "Segura", todas sents. de 12-VIII-2015 y A. 72.841, "Servin", sent. de 18-X-2017).
II. Por las razones expuestas, suficientes a tenor de los agravios traídos a esta instancia, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General, se rechazan los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad ley interpuestos (arts. 289 y 303, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, 289 y 303, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
MARIO E. KOHAN
La Plata, a los 13 días del mes de mayo de 2020.
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia