Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74350
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.350, "San Andrés Golf Club S.A. contra Fiscalía de Estado - Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martin hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, y revocó la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires (TFA) que confirmara la resolución 181/11 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), por la que se denegó el pedido de exención del impuesto inmobiliario al "San Andrés Golf Club S.A.". Impuso las costas del proceso a la demandada en su calidad de vencida (art. 51, CCA, t.o. por ley 14.437; v. fs. 482/506).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 510/517), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 520/521.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 525), agregado el memorial de la actora a fs. 528/532 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelaciones que confirmara la resolución 181/11 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), por la cual se denegó el pedido de exención del impuesto inmobiliario al "San Andrés Golf Club S.A."; y dispuso la devolución de las actuaciones administrativas a la autoridad de aplicación a efectos de que dicte un nuevo pronunciamiento (conf. arts. 163, Const. prov. y 63 inc. 2, CCA).
Para así decidir, señaló que la cuestión a dilucidar versa sobre la interpretación que cabe asignarle a uno de los requisitos de admisibilidad del beneficio previsto en el art. 151 del Código Fiscal (t.o. 2004, ref. por ley 13.405), el cual dispone que estarán exentos del impuesto inmobiliario aquellas entidades que "...no distribuyan suma alguna de su producto entre asociados y socios...", frente al texto de las cláusulas 15 y 17 del estatuto del Club actor -las que preveían por un lado que las ganancias realizadas y liquidadas se destinarían, en parte, a capitalizarlas en obras, instalaciones y/o fomento del deporte del golf; y por el otro que al momento de la liquidación de la sociedad el destino de los bienes sería el que determinaría la Asamblea-. Ello, en tanto, la ARBA y el Tribunal Fiscal de Apelaciones consideraron que estas importaban el incumplimiento de la prohibición de distribución de ganancias, y por ende imposibilitaban la exención impositiva.
Consideró al respecto que la juridicidad inherente a la materia tributaria impide que se exija un gravamen en supuestos que no están contemplados por la ley, como también obsta a reconocer beneficios impositivos que no resulten de ella, de la indudable intención del legislador o de su necesaria implicancia. De modo que sostuvo que, para admitir la procedencia de una exención dado su carácter excepcional, era imprescindible que resulten de modo inequívoco de la expresión de voluntad legislativa.
Agregó que el enunciado legal del art. 151 del Código Fiscal (t.o. 2004, ref. por ley 13.405) describe con claridad el universo de supuestos que se encuentran exentos del pago del tributo y sus condiciones de procedencia, las que resultan: a) Que se trate de una asociación, sociedad civil o sociedad comercial constituida de conformidad al art. 3 de la ley nacional 19.550 (cfr. reforma introducida al Cód. Fiscal por ley 13.405), con personería jurídica; b) Que no distribuya suma alguna de su producto entre sus asociados; y c) Que los inmuebles en cuestión estén dedicados -entre otras- a las actividades deportivas.
Indicó que el Tribunal Fiscal interpretó el requisito atinente a la "no distribución de suma alguna del producto entre los socios" de un modo extensivo a otras circunstancias no contempladas por la ley, habiéndose desentendido del claro texto normativo al incorporar un recaudo no contemplado en el art. 151 del Código Fiscal.
Agregó que, si bien es cierto que dicha norma impide la distribución del producto entre sus socios, también lo es que no contempla en su regulación -como condicionamiento para el otorgamiento de la exención- el destino de los bienes de la sociedad al momento de su disolución y liquidación.
Recordó que este Tribunal ya ha señalado que: "una elemental regla de hermenéutica es aquella que dispone que cuando el texto de la norma es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta propio de su contenido". Y que "...en materia de exenciones tributarias, es constante el criterio conforme al cual ellas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan y su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan, ya que la primera regla es dar pleno efecto a la intención del legislador..." (cfr. esta Corte in re "Fiscal de Estado c. Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso administrativa", sent. de 21-III-2012).
Reseñó asimismo que, el propósito de evitar una posible elusión del tributo, no podía llevar por vía interpretativa a establecer restricciones a los alcances de una exención que no surjan de los términos de la ley, ni podía considerárselas implícitas en ella, pues tal pauta hermenéutica no se ajusta al principio de legalidad o reserva.
Agregó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la interpretación recién expuesta se corresponde de manera adecuada "con la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria" (cfr. CSJN, Fallos: 312:912).
Bajo tales parámetros concluyó que la decisión impugnada había efectuado una interpretación que excedía el texto normativo, en tanto aludía a un requisito no previsto en la ley.
Sostuvo que, a la luz de las pautas hermenéuticas referenciadas, el art. 151 del Código Fiscal, en cuanto establece como uno de los requisitos a efectos de otorgar la exención que las entidades previstas "...no distribuyan suma alguna de su producto entre asociados y socios...", debía ser interpretado en sus justos términos, en tanto la configuración del mentado recaudo se encontraba limitado -puntualmente- a las ganancias o dividendos generados mientras la persona jurídica este en actividad o funcionamiento, y no al momento de su disolución.
Puntualizó que el artículo reseñado nada dice respecto al destino que la entidad debía darle al patrimonio al momento de su liquidación, y consideró por ello carente de sustento suficiente la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación que deniega la exención, máxime cuando dicho recaudo conjetural e incierto -invocado en el pronunciamiento- no se concretó de modo alguno.
Señaló que, en efecto, resultaba relevante que la entidad actora no había sido liquidada, sino que -por el contrario- continuaba en funcionamiento e, incluso, había modificado su estatuto para zanjar cualquier tipo de interpretación contraria en relación a los requisitos de procedencia de la exención impositiva, estableciendo que en caso de liquidación los bienes deberán ser destinados a una institución de bien público sin fines de lucro con el cargo de conservar las instalaciones y la cancha de golf al fomento de la práctica de dicho deporte (v. art. 17 modificado el 6 de febrero de 2012 -cfr. fs. 52- y el 6 de mayo de 2013 -conf. fs. 232-).
Reseñó que, igualmente, del estatuto de la entidad actora previo a su modificación (es decir el vigente al momento de solicitar la exención denegada), no surgía tampoco duda alguna -a la luz de la realidad económica (cfr. art. 7, ley 10.397)- respecto a la ausencia de finalidad de lucro, ya sea actual o futura.
Afirmó que, aun cuando hipotéticamente se interpretara el art. 151 del Código Fiscal como propone la posición del Tribunal Fiscal, la resolución recaída resultaría igualmente disvaliosa en la medida en que el condicionamiento requerido no se verificó en el periodo respecto al cual se requería la exención; pues el supuesto conjetural -de la liquidación- no se había perfeccionado.
En ese entendimiento, recordó que esta Corte ya ha sostenido respecto de la mentada exención que "lo que tuvo en cuenta el legislador, es que el Estado por sí, por organizaciones no gubernamentales (O.N.G.) o por particulares, puede desarrollar alguna de aquellas actividades que calificamos de irrenunciables, utilizando la infraestructura física del inmueble sobre el que recae el tributo. Para determinarlo computó el desarrollo de una finalidad que excediera el mero interés de los miembros asociados, para ponderar aquellas de carácter universal y comunitario... (bomberos voluntarios, salud pública, beneficencia, bibliotecas y actividades culturales, enseñanza e investigación científica y actividades deportivas)".
Por lo expuesto concluyó que los actos administrativos denegatorios de la exención impositiva requerida oportunamente por la parte actora resultaban ilegítimos (cfr. arts. 103, 104 y 108, dec. ley 7.647/70).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el demandado denuncia errónea aplicación de los arts. 143 y 151 del Código Fiscal (t.o. 2004). También acusa violación de la doctrina legal de esta Corte.
II.1. En primer lugar, señala la errónea aplicación de los arts. 143 y 151 inc. "i" apartado 5 del Código Fiscal (t.o. 2004), en tanto establecen que las sociedades comerciales estarán exentas del impuesto inmobiliario respecto de aquellos inmuebles que se utilicen principalmente para los fines de su creación, coincidentes con los determinados por la ley, siempre que el producto de la misma se afecte exclusivamente a dichos fines y no se distribuya entre asociados y socios.
Indica que si bien "San Andrés Golf Club S.A." es una sociedad comercial cuyo objeto es la práctica del golf, su fomento, enseñanza y desarrollo (art. 3 de su estatuto), estando destinado el inmueble identificado bajo partida 047-031269-6 a dicha práctica deportiva; lo cierto es que tal como surge del propio estatuto social -art. 17- y ante la liquidación de la sociedad el destino de los bienes sería el que determine la Asamblea.
Sostiene que la circunstancia de dejar librado el destino de los bienes a la determinación de la Asamblea de socios resulta un rasgo que no se compadece con el requerimiento legal de la no distribución de suma alguna de lo producido entre sus socios, tal como lo entendiera el Tribunal Fiscal de Apelación.
Agrega también que del art. 15 del estatuto social surge que las ganancias realizadas y líquidas se destinaran en un 5%, hasta alcanzar el 20% del capital suscripto, a un fondo de reserva legal, y el resto de las utilidades quedarán a disposición de la Asamblea, quién deberá destinarlas a ser capitalizadas en obras, instalaciones y/o fomento de la práctica del Golf. Señala que ello evidencia la constante capitalización, que necesariamente tendrá incidencia en el valor de las acciones, lo que entiende se traduce como una forma indirecta de distribución de utilidades a los accionistas al tiempo de la disolución societaria.
Indica que el legislador al modificar el art. 151 inc. "i" del Código Fiscal por la ley 13.405, tuvo en miras incorporar, entre las exenciones, a las entidades sin fines de lucro que adoptaran la forma prevista en el art. 3 de la Ley de Sociedades Comerciales; y que, a la luz del art. 17 del estatuto de la actora, no podía tenérsela como una sociedad sin fines de lucro.
Alega que no resulta una interpretación extensiva del requisito normativo el destino final de los bienes en caso de disolución de la sociedad -como sostuviera el Tribunal a quo -, sino que resulta una consecuencia lógica y directa de la exigencia legal de que la firma no distribuya suma alguna de su producto entre asociados y socios.
Manifiesta que la sentencia de Cámara impugnada viola la legalidad, al ordenar otorgar un beneficio excepcional -exención impositiva- en contra de la letra y espíritu de la norma que la contempla; máxime cuando el estatuto social de la actora -mediante la cláusula 17- tiende a eludir la exigencia legal que dispone que la firma no distribuya suma alguna de su producto, sin distinguir el momento en que debe operar dicha distribución, resultando por tanto indistinto que ello ocurra durante la existencia de la sociedad, o bien al momento de su disolución.
Alega que el razonamiento del Tribunal interviniente llevaría al absurdo de conceder la exención del impuesto a aquellas sociedades que, aun cuando su estatuto las habilite a distribuir ganancias entre socios y asociados, no lo hicieran en el período reclamado por falta de fondos disponibles para ello, lo que califica como inadmisible.
Exhibe que la circunstancia de que la sociedad haya modificado su estatuto, denota el reconocimiento por parte de la sociedad del incumplimiento de uno de los recaudos previstos por la norma para la procedencia de la exención.
II.2. Por último, denuncia violación de la doctrina legal de esta Corte que consagra la interpretación restrictiva en materia de exenciones impositivas, emergente de las causas B. 48.926, "Compañía Casco S.A.I.C.", sentencia de 14-XII-1984 y B. 50.873, "Bemberg", sentencia de 3-XI-1992.
Acusa que este Tribunal reserva una interpretación restrictiva en la materia, en tanto el sistema de exenciones impositivas importa una limitación a los principios de generalidad y de igualdad en la tributación, razón por la cual las mismas resultan de interpretación estricta y debiendo surgir de la letra de la ley o de la indudable intención del legislador (cita causas B. 61.397, "Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos", sent. de 8-VII-2008; B. 62.587, "Martindale Sur Country Club S.A.", sent. de 10-XI-2010 y B. 66.262, "Centro Integral de Computador SRL", sent. de 9-V-2012).
Con ello denuncia que la sentencia de la Cámara vulnera los principios constitucionales de generalidad y de igualdad en la tributación, por cuanto en caso de duda debe estarse al criterio más restrictivo.
Señala que dicha conclusión es la que se ajusta a la juricidad de la materia tributaria, que obsta a reconocer un beneficio impositivo que no resulte de su letra, de la indudable intención del legislador, o de su necesaria implicancia; de modo que, para admitir la procedencia de una exención, dado su carácter excepcional, es imprescindible que resulten de modo inequívoco de la expresión de voluntad legislativa (cita causa B. 60.192, "Massuh S.A.", sent. de 5-IV-2006).
III. El recurso no prospera atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
III.I. El Tribunal a quo basó su decisión en que el Tribunal Fiscal de Apelaciones hizo una aplicación extensiva de los requisitos para el otorgamiento de la exención, a otras circunstancias no contempladas, incorporando de tal modo un nuevo recaudo -no legal- al art. 151 del Código Fiscal (t.o. 2004). Y agregó que aún en dicha interpretación, el supuesto conjetural no se había configurado (liquidación).
El recurrente, por su parte, centró su fundamentación recursiva en que la cláusula 17 del estatuto del "San Andrés Golf Club S.A." disponía -previo a su modificación- que ante la liquidación de la sociedad, el destino de los bienes sería el que determine la asamblea; y en que la cláusula 15, del mismo, preveía una capitalización que se vería reflejada en el valor de las acciones al momento de la disolución societaria, todo lo cual impide considerarla como una sociedad sin fines de lucro, siendo ese el fin considerado por la norma para eximir del impuesto.
En la especie se señala que la interpretación del sentido, alcance y consecuencias de las cláusulas de un estatuto social, constituyen facultades privativas de las instancias de grado, cuyo ejercicio por regla escapa al escrutinio en sede extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre acabadamente que se ha incurrido en absurdo.
Cuestionada la valoración efectuada por el Tribunal interviniente, resulta insuficiente el recurso en cuanto no logra poner de manifiesto que el razonamiento de los sentenciantes se vea afectado por un error grave y manifiesto, o que haya derivado en conclusiones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa, que es lo que configura el absurdo; de modo que no pueden juzgarse violados los arts. 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.2. Asimismo, el recurrente denuncia la errónea aplicación de los arts. 143 y 151 del Código Fiscal, insistiendo con argumentos que ya fueron atendidos por el Tribunal a quo .
Al respecto esta Corte tiene dicho que, si el recurrente se limita a repetir los agravios ya esgrimidos en la apelación y efectivamente tratados en la sentencia recurrida, sin aportar nuevos elementos y sin plantear el absurdo en la apreciación de las pruebas que habilite su revisión en esta instancia, el remedio extraordinario no satisface las cargas técnicas que impone el régimen procesal aplicable.
Asimismo, y en relación con las normas citadas, esta Corte ha establecido que quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-; conf. doctr. causas C. 121.242, "Correa, Miguel Ángel", sent. de 28-XII-2016; C. 110.303, "Font, Alberto Mario", sent. de 28-X-2015; entre muchas otras).
III.3. Por otra parte y en punto a la denunciada violación de la doctrina legal cabe recordar que este Tribunal tiene dicho que sólo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el Tribunal de Apelación (doctr. causas A. 73.480, "Rivarola", sent. de 6-IV-2016; A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.858, "Bernal", sent. de 8-XI-2017; e.o.) circunstancia que no se da en la especie, pues el recurrente omite indicar fallos relacionados a los agravios que invoca cuya doctrina considera vulnerada en autos.
Por último, el recurrente invoca también el apartamiento de la doctrina emanada de pronunciamientos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no individualiza (v fs. 516 y vta.). Es criterio pacífico de este Tribunal que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no constituyen la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas A. 72.901, "Ordosgoiti", sent. de 26-X-2016; A. 73.031, "Prieto", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas de esta instancia
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