Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74416
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827- texto según ley 13.812- y 279, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.416, "Amato Carlos Alberto y ot. contra Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Soria, Genoud, de Lázzari, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- rechazó la pretensión entablada. Impuso las costas del proceso por su orden (arts. 51 inc. 1 y 2, ley 12.008, texto según ley 14.437; 77, CCA y 71, CPCC; v. fs. 496/501).
Disconforme con dicho pronunciamiento, los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 504/520), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 522/523.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 528), agregado el memorial de la demandada a fs. 538/544 vta. y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- rechazó la pretensión entablada.
I.1. Para así decidir señaló que la ley 13.236 (B. O., 15-X-04) estableció un nuevo régimen previsional para el personal en actividad y pasividad tanto de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, como de la planta permanente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, y de sus respectivos pensionados; derogando el régimen anterior del decreto ley 9.538/80.
Indicó que, por el art. 27 de la ley 13.236, se estableció el régimen de movilidad de las prestaciones previsionales del siguiente modo: "Los importes de los beneficios establecidos en esta Ley son móviles en el marco del escalafón perteneciente al momento del cese y deben ser actualizados de oficio por el Directorio de la Caja dentro de los sesenta (60) días de sancionada la norma legal que haya dispuesto las modificaciones de los sueldos del personal en actividad de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Al sólo efecto de garantizar la movilidad del haber de los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones que hayan accedido al beneficio previsional revistando en cualquiera de los agrupamientos previstos en el Decreto-Ley 9.550/80 el Poder Ejecutivo deberá, por vía reglamentaria, establecer las equivalencias por correlación de niveles salariales, cargos entre el nuevo régimen normado previsto en la Ley 13.201 y el regulado por el Decreto-Ley 9.550/80".
Agregó que el Poder Ejecutivo dictó, en consecuencia, el decreto 1.766/05 (B. O., 23-VIII-2005, "Estatuto del Personal de Apoyo a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires") y el decreto 2.382/05 (B. O., 20-X-2005) por el que se estableció la correlación de cargos, normándose en su art. 21 que: "La garantía de movilidad del haber previsional de los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que hubieran accedido al beneficio revistando en el escalafón de Oficiales o Suboficiales del Decreto Ley 9550/80 resultará de la siguiente normativa aplicable: a) Para el agrupamiento Comando, del criterio de reconversión del personal policial expuesto en el Anexo I del Decreto Reglamentario 3326/04, modificado por Decreto 3436/04, de la Ley 13.201; b) Para el Agrupamiento Servicios, del criterio de reconversión del personal policial expuesto por el Anexo 1.d) y 1 e) del Decreto 1766/05, modificado por su similar Nº 2197/05, que aprueba el Estatuto del Personal de Apoyo a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires".
Advirtió que por la remisión efectuada por el art. 21 del mencionado decreto 2.382, la actora planteó la inconstitucionalidad de los decretos 3.436/04, 1.766/05 y 2.197/05, así como también del decreto 3.000/10.
Indicó que, tal como tuvo ocasión de sostenerlo en un precedente similar (CALP n° 8.745, "Alonso Paz", sent. de 24-XI-2009), no resultaban de recibo los argumentos recursivos exhibidos por la parte actora tendientes a obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1.766/05, sobre la base de que el definir el nuevo régimen del personal del Agrupamiento de Servicio resulta ser exclusivo resorte del legislador.
Agregó al respecto que ya se había pronunciado sobre ese aspecto en una causa anterior (CALP, n° 126 "Pellegrini", resol. de 9-XI-2004) donde manifestó que "... la observancia de este requisito esencial no puede desvincularse del alcance de las potestades atribuidas a la autoridad administrativa por el ordenamiento, y en tal supuesto su modo de concreción depende en cada caso del contenido de la atribución involucrada y, por ende, del objeto del acto que la ejercita o expresa. En otros términos, el recaudo de suficiente motivación debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo".
En este contexto estimó que la interpretación propuesta por los recurrentes del art. 27 de la ley 13.236, carecía de sustento suficiente como para tachar de inconstitucional la reglamentación establecida por el Poder Ejecutivo.
Consideró, en esa inteligencia, que la Administración hizo uso de las expresas atribuciones conferidas al efecto por el texto legal, sin que los extremos señalados por los actores luzcan acreditados en autos, con la necesaria notoriedad y evidencia que justifique la procedencia de una declaración de inconstitucionalidad, no advirtiéndose exceso en la reglamentación.
En esas condiciones, concluyó que no les asistía razón a los quejosos pues, no obstante los argumentos alegados aún respecto de la constitucionalidad del decreto 1.766/05, la ley 13.982 convalidó el nuevo régimen de personal.
Agregó que resultaban insuficientes también las meras afirmaciones por las que tachara de injusto el reescalafonamiento dispuesto, referentes a que se reubicaba al personal policial en escalas jerárquicas que no se compadecían con la trayectoria recorrida a lo largo de toda su carrera, ni con las tareas y funciones realizadas.
Estimó, por el contrario, que resultaba razonable que para los agentes que se hubieran desempeñado en el Agrupamiento Comando, los cargos hayan sido convertidos bajo un tratamiento diferente que para el caso del personal del Agrupamiento de Servicios, conforme Estatuto para el Personal de Apoyo en este último caso, diferenciando así situaciones que lo son en actividad, no encontrándose comprometida la movilidad previsional de los haberes conforme la equiparación descripta.
I.2. Del mismo modo, advirtió insuficientes los argumentos relativos a obtener un reconocimiento de la jerarquía con un alcance más amplio que el otorgado por el legislador conforme la ley 14.382, pues sostuvo que el derrotero recursivo delineado por la parte actora aparecía desprovisto de elementos de convicción que le otorguen anclaje suficiente.
Consideró asimismo que la decisión adoptada en la instancia de grado se encontraba debidamente fundada en las normas aplicables al sub iudice , sin que surjan en la especie elementos que otorguen sustento al planteo de los quejosos, el cual implicaría otorgar a la norma efectos retroactivos, contrariamente a lo previsto por el legislador en cuanto precisó que los efectos salariales serían aplicados a partir de los treinta días de su publicación (art. 3, ley 14.382 –B. O., 18-IX-2012-).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia errónea aplicación de los arts. 1, 2, 3 y 7 del Código Civil y Comercial; 34 inc. 4; 163 inc. 5 e inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 14, 14 bis, 17; 18; 28; 31; 33 y 43 de la Constitución nacional; 17, 22, 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; XVI, XVIII y XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8.1, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acusa también violación de la doctrina legal referente a los derechos adquiridos, al derecho de propiedad, al empleo público y el derecho a la carrera, y a la legitimidad del obrar administrativo.
II.1. En primer lugar, señala que el Tribunal de Alzada hace referencia a la coactora Alicia Vela y a la resolución 85.852 de 17 de febrero de 2012, cuando en rigor de verdad no resulta parte en autos, ni es ese el acto impugnado.
Denuncia asimismo que no surge de la demanda, de los alegatos o el recurso de apelación, la solicitud de inconstitucionalidad del art. 27 de la ley 13.236, del decreto 3.000/10 o del art. 21 del decreto 2.382.
Por ello se queja de que el Tribunal de Alzada citó precedentes que no guardan relación con los antecedentes de autos, en tanto en aquellos se desestima una acción contenciosa tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 21 del decreto 2.382/08 y el planteo de discriminación, lo que no se condice con el supuesto bajo examen.
Alega que la sentencia recurrida viola, de esta forma, lo dispuesto por el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece el principio de congruencia, a fin de evitar la demasía decisoria (cita doctrina de esta Suprema Corte).
II.2. Acusa que el Tribunal de Alzada justifica el actuar de la administración pública en base a la irretroactividad de la ley 14.382.
Alega que su agravio se centra en que con la entrada en vigencia de la ley 13.982, del decreto 3.000 y los Anexos de la ley, debieron ser reescalafonados -a los efectos previsionales- en la jerarquía de Capitán el señor Amato y de Mayor el señor Decilio y que, sin embargo, el organismo administrativo los reescalafonó en las jerarquías de Teniente y de Teniente Primero, respectivamente.
Aduce que la ley 14.382 les reconoció posteriormente el derecho que reclamaron, pero sufriendo de todos modos un perjuicio patrimonial sobre sus haberes de retiro, ya que la jerarquía que les correspondía se les abonó recién a partir de la entrada en vigencia de la ley 14.382 y no desde el momento que fueron reescalafonados incorrectamente con la entrada en vigencia de la ley 13.982.
Indica, para más, que por aplicación del art. 7 del Código Civil y Comercial, las leyes deben aplicarse a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Con ello denuncia que el fallo recurrido desconoce el derecho adquirido, el derecho a la propiedad, el derecho a la carrera, los derechos emanados del empleo público y los derechos en materia previsional.
Asimismo, sostiene que esta Suprema Corte sostuvo que el afiliado tiene derecho a que el reconocimiento y determinación del beneficio previsional se rija por la ley vigente al tiempo de ocurrir el hecho que lo genera, pero que este principio no es obstáculo para la aplicación inmediata de las leyes nuevas a las consecuencias posteriores de la concesión del beneficio, siempre que aquella no implique el desconocimiento o la alteración sustancial de éste.
II.3. Sostiene que la Caja adoptó una conducta omisiva cuando habiendo entrado en vigencia la ley 13.982, violentó el bloque de legalidad, no haciendo aquello que la norma imponía imperativamente, esto es respetar los derechos adquiridos y otorgarle las jerarquías reclamadas, que luego fueron otorgadas y reconocidas por la ley 14.382.
Alega que, frente a tales comportamientos del poder administrador, es deber del Poder Judicial preservar el sistema normativo vigente, a través de la función de control que le atribuye el mismo orden constitucional que se intenta resguardar.
Sostiene que el art. 14 bis de la Constitución nacional establece que el estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrán carácter de integrales e irrenunciables. De allí concluye que la adecuada proporción del haber en pasividad, en relación con los ingresos ganados por el trabajador en actividad y sobre los que debió aportar, no es más que una derivación directa e inmediata de esa garantía constitucional, que establece el deber de asegurar el derecho a las jubilaciones y pensiones móviles.
Agrega que la reforma constitucional del 1994 incorporó por el art. 75 inc. 22 diversos tratados internacionales a los que dio jerarquía constitucional; y que por el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se consagraron los principios de progresividad, justicia social e interpretación a favor del trabajador.
Indica que no están en discusión las facultades de la Administración pública de regular la relación entre la misma y el empleo público, sino que se cuestiona la forma en que actuó la administración, que particularmente en el caso de los suboficiales no los reescalafona correctamente en base a la ley 13.982 y el Anexo II, que es parte integrante de la misma.
Sostiene que el reconocimiento y reparación de los derechos afectados y reclamados con anterioridad por los actores, se logró con la sanción de las leyes 14.382 y 14.383, en cuyos mensajes de elevación a la legislatura se reconoció expresamente que las modificaciones sufridas con posterioridad a la derogación del decreto ley 9.550/80 perjudicaron a quienes habían realizado su carrera policial como Suboficiales, que habían llegado a la última y anteúltima jerarquía de su carrera.
Asimismo, manifiesta que la actividad discrecional de la Administración no puede implicar que los organismos estatales tengan un ámbito de actuación desligada del plexo normativo o que ella no resulte controlable (cita doctrina de esta Suprema Corte).
II.4. Aduce que yerra el Tribunal de Alzada cuando sostiene que resulta insuficiente el planteo de la parte actora referido a que se reubicó el personal policial en escalas jerárquicas que no se compadecen con la trayectoria recorrida a lo largo de su carrera y las funciones realizadas.
Sostiene que fueron mal reescalafonados y que ese fue el motivo de la sanción de la ley 14.382, que les reconoció los derechos reclamados. Insiste con que ello surge del mensaje de elevación del proyecto de ley, el que transcribe. Con ello señala que el Poder Ejecutivo reconoció expresamente el error cometido en el escalafonamiento aplicado durante la vigencia de la ley 13.982.
II.5. Por último, denuncia violación a lo normado por los arts. 3 del Código Civil y Comercial y 163 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial, los que establecen que los jueces deben fundar razonablemente sus sentencias, manifestando que en el caso, el Tribunal de Alzada realizó una defectuosa fundamentación, pues sólo remitió a un criterio que habría establecido ese mismo órgano en causas anteriores, el que considera no resulta aplicable al presente caso.
III. El recurso no prospera.
III.1. El tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite, circunstancia que resulta suficiente para dar respuesta al recurso bajo análisis (art. 31 bis, ley 5.827 modificada por ley 13.812).
En las causas A. 73.211, "Balbastro", sentencia de 25-IV-2018; A. 73.862, "Migliori", sentencia de 3-V-2018; A. 73.959, "Belloti", sentencia de 06-VI-2018 y A. 74.275, "Chiquini", sentencia de 29-VII-2018; esta Suprema Corte indicó que el Poder Ejecutivo estableció por vía reglamentaria las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9.550/80 y el de la ley 13.201, luego sustituida por ley 13.982, y decreto 1.766/05 (personal de apoyo), en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encontraban en actividad, circunstancia que disipa los reproches a la legitimidad de las normas analizadas, en la que no se advierte exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.
Considero pues que la impugnación aquí deducida no puede prosperar, atento que, sin perjuicio del planteo de inconstitucionalidad introducido en la especie, al igual que en las causas citadas, no se logró acreditar en autos la errónea aplicación de las normas ni la violación de derechos denunciada, insuficiencia que habilita a esta Corte la aplicación del art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según la ley 13.812-, disponiendo su rechazo atento su carente fundamentación (conf. art. 279, CPCC).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC).
Voto por la negativa . Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101, 68 y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827- texto según ley 13.812- y 279, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD
La Plata, a los 13 días del mes de mayo de 2020.
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia