Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63809
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.809, "Simone, Alejandro Sebastián c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
Alejandro Sebastián Simone, por su derecho, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Morón solicitando la anulación de los decretos 1.179/00 y 1.778/00, dictados el 25-VIII-2000 y el 23-XI-2000 respectivamente.
Por el primero de los actos impugnados, el Intendente decretó la reestructuración general de la Secretaría de Economía y Finanzas del Municipio de Morón, a cuyo efecto dispuso la disponibilidad absoluta de la totalidad de los agentes de planta permanente de esa dependencia, entre quienes se encontraba el aquí actor. Por el segundo, el señor Simone, entre otros, fue declarado prescindible en los términos del art. 9 inc. "b" de la ley 11.757.
Como consecuencia de la nulidad de los mencionados decretos, el demandante solicita su restitución a la planta municipal, un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos y el cobro de los haberes dejados de percibir.
Peticiona también el dictado de una medida cautelar que suspenda la ejecutoriedad de los actos atacados. Esta última fue desestimada por el Tribunal mediante resolución de fecha 21-V-2003 (v. fs. 111).
Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de Morón que, a través de su representante legal, se opone a la admisibilidad de la demanda y, subsidiariamente, la contesta solicitando su rechazo.
Agregadas las actuaciones administrativas, los cuadernos de prueba de ambas partes, no habiendo, ninguna de ellas, hecho uso del derecho de alegar, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Procede formalmente la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada la pretensión anulatoria?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La demandada opone distintas objeciones formales a la admisibilidad de la demanda con fundamento en los arts. 29 incs. 1 y 2, 31 inc. 4 y 39 inc. 3 del Código Varela.
Bajo el rótulo de "incompetencia" alega la limitación judicial para juzgar facultades discrecionales de la Administración -tal como se las califica en el caso- además de señalar que los daños reclamados, por su naturaleza, exceden la competencia contencioso administrativa.
Además, opone excepción de defecto legal y ausencia de reclamo administrativo previo.
I.1. Preliminarmente destaco que esta Suprema Corte ordenó el traslado de la demanda mediante resolución de 21-V-2003 bajo la vigencia del Código Varela y el apoderado de la Municipalidad de Morón contestó el 24-VI-2004 oponiendo distintas defensas formales conforme dicho código que, según su planteo, impedirían la admisibilidad de la demanda.
Este Tribunal ha declarado la aplicabilidad de las disposiciones de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- a las causas iniciadas antes del 15 de diciembre de 2003, en tanto resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte, de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (doctr. causas B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004; B. 59.618, "Suárez", resol. de 11-II-2004 y posteriores).
El actual ordenamiento ritual armonizó sus disposiciones con las del antecedente y estableció que en las causas regidas por el art. 215 citado serían de aplicación sus normas en cuanto resultaren compatibles con la jurisdicción atribuida por aquel precepto a esta Suprema Corte de Justicia (art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Empero, en la especie, el traslado de la demanda -21 de mayo de 2003 (v. fs. 111)- aconteció bajo la vigencia del anterior Código Contencioso Administrativo -ley 2.961- y frente a supuestos como éste, el Tribunal ha resuelto, a fin de no descolocar indebidamente a la demandada en cuanto a las posiciones esgrimidas en el pleito, que las excepciones así opuestas tramiten conforme la norma aplicable por entonces -ley 2.961 citada-, si bien la traba de la litis aconteció bajo la vigencia del nuevo ordenamiento (v. cargo de fs. 155 vta. y doctr. causa B. 63.451, "Bazzano Geovial S.R.L.", resol. de 29-IX-2004).
I.2. En primer lugar, el apoderado de la comuna plantea excepción calificada bajo el anterior régimen procesal administrativo de "incompetencia", alegando que el Intendente actuó en ejercicio de sus facultades discrecionales invocando para ello lo normado por el art. 29 inc. 1 del Código Varela. Además, indica que los daños reclamados, por su naturaleza jurídica, exceden la competencia contencioso administrativa conforme lo establecía el inc. 2 del mismo artículo y cuerpo legal citado (v. fs. 149 vta.).
Esta Corte ha dicho que es competencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, entender y resolver en las controversias suscitadas por la actuación o la omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial y en particular, las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los municipios y los entes públicos estatales previstos en el art. 1, regidas por el derecho público, aún si se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado (conf. arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 4, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 64.553, "Gaineddu", resol. de 23-IV-2003; B. 65.489, "Mazzei", resol. de 4-VI-2003; B. 67.408, "Mancuso", resol. de 19-V-2004; B. 68.001, "Mozcuzza" y B. 68.005, "Carrizo", resols. de 8-IX-2004 y B. 68.052, "Echaire", resol. de 20-X-2004).
Asimismo, ha de considerarse que el objeto de la acción se centra precisamente en decidir si el actor tiene derecho a que la comuna lo reincorpore a la planta permanente, previa declaración de la ilegitimidad de su prescindibilidad e indemnice los daños que aduce haber sufrido como consecuencia del cese dispuesto por la Administración municipal. De tal modo, la dilucidación de la naturaleza del derecho invocado excede el aspecto formal de la admisibilidad de la demanda, pues integra la cuestión de fondo a decidir en este juicio.
Este Tribunal ha expresado anteriormente que cuando la determinación de la existencia de un derecho de carácter administrativo -en el caso, nulidad del acto de cese y reincorporación- configura el fondo de la cuestión a decidir, no puede alegarse la inexistencia de dicha situación como sustento de la excepción de incompetencia (conf. doctr. causas B. 52.117, "Zingoni", resol. de 12-X-1989; B. 51.963, "Varela", resol. de 3-III-1992; B. 54.111, "Salinas", sent. de 1-IV-1997 y B. 56.450, "Covello", sent. de 2-IV-2003).
Con relación a la limitación en el juzgamiento del obrar administrativo por tratarse -según lo apuntara la demandada- de facultades discrecionales, debo decir que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aun de aquellos como los cuestionados en autos que traducen el ejercicio de las atribuciones de la autoridad pública en materia de organización administrativa, no exhibe como tal -en principio- elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, que acote las causales determinantes de una eventual invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que le sea aplicable, tales actos están comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; traducen un quehacer sujeto a control y eventual invalidación judicial, al comprobarse no sólo arbitrariedad, irrazonabilidad o lesión de derechos o intereses consagrados en la Constitución provincial, sino también la concurrencia de cualquier otra circunstancia determinante de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 15, Const. prov.; 103, 108 y conc. dec. ley 7.647/70; cfr. mi voto en las causas B. 61.065, "Segura", sent. de 29-X-2003 y B. 64.093, "Alsinet", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
I.3. En segundo lugar, opone "excepción de defecto legal" en la formulación de la pretensión por no haber el actor individualizado con exactitud el reclamo administrativo previo ni justificado debidamente el recaudo de agotamiento de la vía administrativa (v. fs. 149 vta.).
Reiteradamente este Tribunal ha sostenido que la "excepción de defecto legal" se refiere a deficiencias en la postulación inicial que dificulten la defensa de la accionada.
Se vincula directamente a la garantía de defensa de la parte demandada y tiene por finalidad evitar la imprecisión, oscuridad o ambigüedad en la que pueda incurrir el actor, que coloque a aquella en incertidumbre o duda, que le obstaculice a ejercer adecuadamente su defensa (conf. causas B. 53.027, "Ottaviani", sent. de 4-XII-2002; B. 66.550, "Shell", sent. de 11-IV-2007; B. 53.887, "Hotel Abra de la Ventana", sent. de 31-X-2007; B. 65.769, "Herrero", sent. de 10-IX-2008; B. 62.671, "López", sent. de 31-X-2016; e.o.).
En el caso, no se configuran las circunstancias que tornarían viable la mencionada defensa procesal pues, el actor promueve "...formal demanda de nulidad contra los decretos 1.179/00 y 1.778/00 por los cuales se declara la 'disponibilidad' del suscripto, como así también su posterior 'prescindibilidad'..." (fs. 39 y vta. de la demanda). Como consecuencia de ello, requiere el pago de los daños y perjuicios sufridos y de los haberes dejados de percibir desde su fecha de cese hasta la reincorporación, que también solicita, a la planta de personal municipal.
Las argumentaciones de la demanda ponen de resalto que, pese a sus manifestaciones, la demandada pudo conocer el objeto de impugnación y rebatirlo con argumentos y ofrecimiento de prueba tendiente a desbaratarlos.
I.4. Respecto a lo que denomina "ausencia de reclamo administrativo previo", el apoderado de la comuna al contestar la demanda el 24 de junio de 2004 manifiesta "...Atento al hecho de haberse elevado a la Corte el Expte 4.079-20930/00 y no tener copia del mismo, este apoderado se ha visto impedido de corroborar si ha existido reclamo administrativo previo, si el mismo había sido interpuesto en tiempo y forma, así como su resolución..." (fs. 152 vta. y 153).
Se constata en las actuaciones administrativas acompañadas el recurso de revocatoria presentado por el actor el 29 de noviembre de 2000, la intervención de la Dirección de Legal y Técnica, la notificación del decreto 1.778, la decisión del Intendente -previo dictamen del órgano consultivo- de archivar el caso con fecha 2 de noviembre de 2001 y la solicitud de pronto despacho presentada con fecha 31 de octubre de 2001 (v. fs. 61, 71, 74, 78 y 79, expte. 4.079-20930/00).
La demanda fue presentada el 14 de marzo de 2002 y el oficio de este Tribunal solicitando las actuaciones administrativas ingresaron a la comuna con fecha 25 de julio de 2002 (v. fs. 45 y 51).
En definitiva, la queja de la demandada sobre este punto se orienta a demostrar que por no contar con el expediente administrativo -al haber sido éste remitido oportunamente, ver fs. 51- y tampoco haber sido puntualizado por el actor en su escrito inicial, se le impidió corroborar el cumplimiento del tránsito administrativo previo y, eventualmente, la tempestividad de la demanda.
Sin embargo, de la reseña anterior surge que el actor no solo interpuso el recurso en sede administrativa, sino que dicha presentación fue tratada por la Dirección de Legal y Técnica, quien dictaminó sobre su carácter oportuno. Luego, al no ser resuelta la petición el exagente solicitó el pronto despacho reiterando su voluntad de impugnar aquellos actos. La presentación tampoco fue contestada, quedando habilitada la vía judicial luego de configurado el silencio administrativo, tal como se desprende de la resolución obrante a fs. 111.
Es decir, el posible interés del municipio de controlar la presentación en término de la demanda, en las condiciones en que fue habilitada la instancia y conferido el traslado, deviene insustancial (arts. 7, ley 2.961 y 16, ley 12.008; doctr. causa B. 63.055, "Dueñas", resol. de 30-IV-2004; e.o.).
De lo expuesto es claro que el planteo de la demandada -aun formulado de modo eventual- sobre la "ausencia de reclamo previo" tampoco es de recibo.
II. Por tales razones, a la presente cuestión voto por la afirmativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el actor que ingresó a trabajar a la Municipalidad de Morón con fecha 15 de enero de 1992 en el agrupamiento del personal administrativo clase IV.
Señala que luego de ocho años de trabajo, sin observarse en su legajo sanción alguna, fue puesto en disponibilidad junto con otros agentes de planta permanente mediante decreto del Poder Ejecutivo (1.179/00) motivado en lo que define como "presunta reestructuración" de la Secretaría de Economía y Finanzas (conf. art. 9, ley 11.757) en tanto alega que las causas invocadas resultan aparentes.
Indica que en realidad no se suprimieron cargos ni se expresó cuáles eran las funciones superpuestas para tomar aquella medida, sino que se trató de lo que denomina una "caza de brujas" y un acto preparatorio para el decreto 1.778/00, que también ataca, por el cual se dejó cesantes o prescindibles a cuarenta y cuatro agentes, todos afiliados y de militancia en el Partido Justicialista de Morón.
Denuncia el desvío de poder y la mala fe en la actuación de la autoridad interviniente. Acompaña, a modo de ejemplo, el decreto 1.067/00 mediante el cual se efectuaron designaciones de personal días previos a disponerse la reestructuración y la disponibilidad de los agentes de la Secretaría de Economía y Finanzas.
Reclama, tras la anulación de los actos impugnados, su reincorporación y el pago de una indemnización por el daño material, moral y psicológico, así como la totalidad de los salarios dejados de percibir.
II. La Municipalidad de Morón al contestar la demanda argumenta acerca de la legitimidad de los actos cuestionados en el proceso.
Niega todo lo expresado por el demandante y aduce que se trata de un caso de supresión de cargo por reestructuración, dispuesto conforme las atribuciones previstas en la ley Orgánica de las Municipalidades (art. 108 inc. 9, dec. ley 6.769/58) y el Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia (art. 9 inc. "b" apdo. 2, ley 11.757).
Indica que el poder ejecutivo municipal se encuentra facultado para decidir la supresión de cargos o funciones en el marco de una reestructuración general o sectorial de dependencias pertenecientes de la Administración central o descentralizada, pudiendo disponer la disponibilidad de los agentes por no más de noventa días y si al momento de finalizar ese períodoéstos no han sido reubicados, proceder a declarar su cese con derecho al cobro de una indemnización, que -en el caso- el señor Simone cobró sin formular reserva alguna (art. 24 inc. 2, ley 11.757).
Explica como realidad de los hechos que por decreto 677/92 se aprobó la estructura orgánica y funcional de la Municipalidad de Morón. Posteriormente por los decretos 1.427/99, 1.439/99 y 613/00 se estableció la estructura organizativa provisoria ante la necesidad de impulsar una reforma profunda tendiente a ordenar, reasignar y legitimar las misiones y funciones de las áreas que componen la Administración, en beneficio de una organización ágil, eficiente, eficaz y transparente.
A tal fin se creó el Programa de Modernización y Transparencia del Estado municipal, dependencia que tendría a su cargo la evaluación de la estructura del municipio y el funcionamiento de cada una de las áreas. En tales estudios se constató la superposición de funciones entre diversas áreas integrantes de la Secretaría de Economía.
En consecuencia, el Intendente dispuso la reestructuración de la Secretaría de Economía y Finanzas a través del decreto 1.179/00 y los posteriores actos, decretos 1.211/00, 1.333/00 y 1.664/00, ajustaron los cargos a las necesidades operativas de la Secretaría de Economía y Finanzas.
Indica que de esa manera se reubicaron algunos agentes en la nueva estructura municipal y se declaró la prescindibilidad de aquellos que no pudieron ser reubicados al finalizar los días establecidos normativamente para su disponibilidad. Todo ello de conformidad con las facultades otorgadas en el art. 9 inc. "b" de la ley 11.757.
Concluye que no ha existido arbitrariedad alguna en la actuación de la Administración municipal y por ello solicita el rechazo de la demanda.
III. De la documentación acompañada, la siguiente resulta útil para la resolución del caso:
III.1. Mediante decreto 1.179/00 de 25-VIII-2000 (v. fs. 381) el Intendente del Partido de Morón ordenó la reestructuración general de la Secretaría de Economía y Finanzas de la comuna, a cuyo efecto suprimió sus Direcciones, Departamentos y Divisiones previstos en los decretos 257/95, 1.286/95, 320/97, 223/98, 1.045/98, 1.427/99 anexo IV, 1.439/99 anexo IV, y toda otra norma relativa a estructura, misiones y funciones de la Secretaría hasta esa fecha. En consecuencia, quedaron disueltos todos los cargos pertenecientes a la Secretaría con excepción de los que se encontraban desempeñando cargos electivos o usufructuando licencia gremial conforme la ley 23.551 (arts. 1 y 2).
En virtud de la reestructuración decretó la disponibilidad absoluta de la totalidad de los agentes de planta permanente pertenecientes a dicha Secretaría, entre ellos el actor, por noventa días desde la notificación conforme el art. 9 inc. "b" apartado 2 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, ley 11.757.
Dispuso que el Departamento Ejecutivo podría reasignar el destino del personal o reubicarlo, incluso en agrupamientos distintos al que se encuentra. El personal que no se encontrare reubicado al finalizar la situación de disponibilidad absoluta sería declarado prescindible en los términos de la ley 11.757.
Al personal que fuera declarado prescindible y se encontrare sometido a sumario administrativo, se le diferiría el pago de la indemnización prevista en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 (art. 3).
Determinó también que la comisión de servicio que fuera desempeñada por agentes de la Secretaría, caducaba con el pase a disponibilidad (art. 5).
Creó en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos, la Unidad de Necesidades Operativas que tendría a su cargo la organización de registros de personal en disponibilidad, de personal en comisión de servicio y de necesidades de cada área. La Dirección de Recursos Humanos propondría al Departamento Ejecutivo la reubicación de personal de acuerdo a las necesidades operativas e información que surgieran de los registros a su cargo (art. 6).
El personal en disponibilidad y en comisión de servicios pasaría a depender de la Unidad de Necesidades Operativas (art. 8).
Aprobó la nueva estructura Orgánico Funcional de la Secretaría de Economía y Finanzas del Municipio (anexo "C"; art. 13).
Implementó en el área de la Secretaría la organización provisoria de cargos administrativos que regiría por noventa días y reubicó a determinados agentes de la planta permanente (arts. 15 y 16).
Ordenó efectuar una auditoría de los legajos del personal de planta permanente de la mencionada Secretaría, a cargo de la Dirección
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