Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120354
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.354, "Lazo, María Alcira contra Provincia ART S.A. Diferencia indemnización" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 85/92).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 100/110).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda deducida por María Alcira Lazo contra Provincia ART S.A. y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de diferencias por la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15- y de la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, ello, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la última de las leyes citadas. Asimismo, dispuso que al monto resultante se le apliquen intereses calculados -desde la fecha del pronunciamiento- con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia".
Por no mediar controversia en autos sobre la minusvalía parcial y permanente que aqueja a la actora con motivo del accidente de trabajo protagonizado el 27 de mayo de 2013 (estimada por la Comisión Médica interviniente en el orden del 17,5% del índice de la total obrera; 31 de agosto de 2015), el a quo declaró la cuestión debatida como de puro derecho (v. proveído de fs. 73 y vta.; y sent., fs. 86 vta.) y se abocó a resolver la pretensión de cobro incoada.
En ese orden, puntualizó que a la fecha del infortunio se encontraba vigente la reforma instituida por la ley 26.773, que contempla el derecho a la reparación dineraria desde el acaecimiento del evento dañoso o la determinación de la relación de causalidad adecuada de la enfermedad profesional, sin perjuicio del momento en que se establezca la procedencia del crédito respectivo.
Desde esta plataforma, cuantificó la prestación dineraria que correspondería a la trabajadora según parámetros de los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 ($37.730.47). Consideró luego que la indemnización debía quedar alcanzada por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 28/15 (art. 2; $841.856), vigente al momento "del pago" (fs. 87). De tal modo, elevó el resultado que arrojaba la suma polinómica (piso mínimo $841.856 x 17,5%) arribando a un importe de $147.324.80, al que adicionó el 20% previsto en el art. 3 de la ley 26.773 antes citada ($29.464.96).
Al valor así establecido ($176.789,76) le descontó lo abonado por la aseguradora el día 7 de septiembre de 2015 ($87.555,94), obteniendo un saldo de $89.233,82.
Consideró luego que correspondía revalorizar dicho importe por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773 antes citada. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de mayo de 2013 -fecha del infortunio- (952,57) y marzo de 2016 -último publicado- (1.940,55) arrojaba un coeficiente de 2,15, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $191.852,71 (v. sent., fs. 87 y vta.).
Finalmente ordenó el cálculo de intereses con los alcances más arriba expresados.
En tales términos rechazó "la oposición de pago" alegada en el responde (v. fs. 87 vta.)
El tribunal de origen justificó ese proceder señalando que "las sucesivas reformas introducidas al sistema de riesgos del trabajo, en cuanto al monto dinerario de pago de prestaciones, debe aplicarse, a las contingencias acaecidas -aún con anterioridad- que a la fecha del decisorio se encontraren incumplidas" (fs. 88). Añadió que "sólo el pago quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar que se encontraban antes del daño. No hay retroactividad, por la mera aplicación de la ley actual a un hecho reparativo no consumado" (fs. cit.).
Agregó, que no se podía castigar al trabajador "con el pago histórico reparatorio del infortunio por él sufrido al amparo de la ley anterior, y que a la fecha de vigencia de la ley 26.773, aún no se le había efectuado, o se le hubiera efectuado en forma mermada, siendo ello concordante con el principio de progresividad". Adunó que la decisión en modo alguno resultaba perjudicial para las aseguradoras, debido a la actualización permanente de las alícuotas que perciben en base al salario (v. sent., fs. cit.).
Con ello, propició la aplicación al caso de la citada resolución 28/15 vigente "al momento del pronunciamiento" (v. fs. 88), toda vez que -adujo- esa decisión era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad, sin que se vea alterado el principio de congruencia ni el derecho de defensa en juicio de la aseguradora. Ello, toda vez que la aseguradora de riesgos del trabajo demandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa, articuló todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica, ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias (v. sent., fs. 88 y vta.).
Expresó que dicho criterio debía mantenerse pues, si bien reconoció la posición adoptada por esta Corte en el precedente "Staroni", consideró que no se trata de una "doctrina uniforme y concordante" (v. sent., fs. 88 vta./90).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora denuncia arbitrariedad y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 21, 622, 656 -segunda parte-, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 16 del decreto 1.694/09; 14 de la ley 24.557; 3, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 100/110).
II.1. Alega que el pronunciamiento de grado vulnera la doctrina legal del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-IV-2016), señalando que el a quo interpretó inadecuadamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 al utilizar el índice RIPTE sobre el mínimo determinado según la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15 (v. rec., fs. 102/106 vta.).
En este camino, por un lado, apunta que el mentado índice RIPTE actualiza los mínimos indemnizatorios del art. 14 de la ley 24.557, así como también la prestación adicional prevista en su art. 11, pero -de ningún modo- puede utilizarse para actualizar el resultado de la aplicación de fórmulas que ya contienen mínimos actualizados pues, en tal caso, se estaría aplicando dos veces el referido índice, duplicando la indemnización sin razón alguna.
Por otro lado, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución 28/15, que no se encontraba vigente al momento del infortunio. Apunta que la regla que emana del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 no puede dejarse de lado -como lo hizo el a quo - mediante la dogmática invocación de supuestas razones de equidad y justicia.
II.2. Seguidamente, critica la aplicación de intereses sobre el monto por el que prosperó la demanda -a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires-, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina legal elaborada a partir de los precedentes C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009), posteriormente ratificada -previa declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.399- en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
Agrega que la aplicación de la tasa dispuesta por el a quo , además de alterar una consolidada doctrina legal, con afectación de la seguridad jurídica, lleva consigo un inocultable sentido indexatorio (v. rec., fs. 106 vta./109 vta.).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. De manera preliminar, debo precisar que el valor de lo cuestionado, en el caso, no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 (Acordada 3840/17).
Ello así, puesto que el importe del litigio se encuentra representado por la diferencia proveniente del cálculo de la prestación dineraria según las pautas que surgen de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15 respecto de aquel otro propugnado en el recurso; a la que debe adicionarse la suma que surge de la implementación del índice RIPTE (ley 26.773) sobre el resultado de la prestación reajustada, y la consecuente aplicación de intereses sobre tal guarismo con los alcances expresados en el apartado I.
Desde esta perspectiva, el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado sólo puede abordarse en el acotado marco de examen que prevé el supuesto excepcional contemplado en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. La denuncia de infracción de las disposiciones de la ley 26.773 y la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15 satisface los recaudos de una adecuada fundamentación, y, en ese marco, cobran virtualidad las directrices que sobre la temática examinada ha fijado esta Corte a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), con derivación en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
Así pues, en el contexto definido por la doctrina emergente de los antecedentes citados, esta Corte resolvió que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la mencionada ley 26.773 -como también, de la normativa dictada en su marco de actuación-, en cuanto establece un mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice publicado por la autoridad administrativa, es aplicable, por regla, a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
Asimismo, se estableció que el referido índice debe emplearse para ajustar los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09, para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 (aplicable a partir del 26 de octubre de 2012) y 3/14 (que establece los valores para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y 31 de julio de 2014) -en una línea que continúa con las resoluciones 22/14; 6/15; 28/15 y 387/16- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773 en su texto original) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
Cabe añadir que ese criterio se condice con el temperamento adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/Provincia ART S.A. s/accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párr.).
A tenor de lo precedentemente expuesto, se colige que el tribunal interviniente incurrió en un desacierto al estimar el índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
También, en cuanto juzgó de aplicación al caso la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, puesto que a la fecha del infortunio objeto de reclamo (27 de mayo de 2013) -que resultó determinante en el razonamiento volcado en la sentencia- se hallaba vigente la resolución 34/13 de la misma cartera.
En razón de todo lo expuesto corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar la mensura de la prestación objeto de reclamo, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de las normas aplicables al caso.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que -con distinta integración- practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
III.3. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.3.a. El tribunal de trabajo dispuso que "atento al particular modo de concluir" tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 87 vta. y 91 y vta.).
El impugnante controvierte tal definición, denunciando violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y solicitando la aplicación de la "tasa pasiva" del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 106 vta. y sigs.).
III.3.b. Ahora bien, debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("...atento al particular modo de concluir [...] se le aditen los intereses a partir de la presente sentencia...", sent. fs. 87 vta.), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente al trabajador aplicando el piso mínimo previsto en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 28/15 y -además- "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del siniestro y el último publicado (marzo 2016) y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha de la sentencia.
Por lo cual, siendo que -conforme se propuso precedentemente- debe revocarse tanto el método de aplicación del índice RIPTE como así también la utilización de la citada resolución 28/15, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que no se ajusta a la normativa vigente.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en los puntos III.2. y III.3. del presente.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, con distinta integración, establezca los importes en pugna, analice la defensa de pago invocada por la aseguradora en sostén de su postura (v. fs. 55 y 26) y determine, en su caso, la existencia de eventuales diferencias a favor de la reclamante. Con costas (art. 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1.a. Compartiendo lo afirmado por mi distinguido colega doctor Genoud en el punto III.1. de su voto en cuanto pone de relieve la insuficiencia del valor de lo cuestionado, he de señalar -no obstante- que la resolución del presente recurso no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013), y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
I.1.b. Bajo estos señalamientos, adhiero a las consideraciones que realiza el ponente con sustento en la doctrina que emana de las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) y a la conclusión a la que arriba en el punto III.2. de su sufragio.
I.2. En lo referido a los intereses aplicados por el tribunal de grado, suscribo lo expuesto en el punto III.3. del sufragio del ponente.
Sólo he de agregar aquí las siguientes consideraciones, en línea con la doctrina de este Tribunal en torno a los tópicos involucrados en la temática que ocupa esta parcela del pronunciamiento impugnado, a las que deberá ajustarse el nuevo pronunciamiento que deberá dictar el Tribunal de Alzada, debidamente integrado (art. 289 inc. 2, CPCC).
I.2.a. En lo que atañe al momento en que comenzó a devengarse el curso de los intereses, el tribunal del grado decidió fijar los intereses moratorios a partir del dictado de su sentencia, ello -dijo- "...atento el particular modo de concluir..." (sent., fs. 87 vta.). Así, no exento de ciertas imprecisiones, la lectura integral del fallo permite señalar que el fundamento de aquella solución radicó en la aplicación de pautas indemnizatorias previstas en la ley 26.773 que con anterioridad había resuelto el sentenciante en el mismo pronunciamiento.
Bien señala el ponente que habiéndose revocado lo decidido por el a quo en cuanto justipreció las sumas indemnizatorias con sustento en la citada ley, lógicamente debe también dejarse sin efecto lo juzgado en torno al momento desde el cual han de computarse los intereses.
Los autos deben volver a la instancia de grado para que, el tribunal se expida nuevamente sobre el tópico, debiendo tener presente para ello la doctrina de esta Corte que indica que es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 108.784, "Marengo", sent. de 4-XII-2013 y L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017).
I.2.b. Por lo demás, y siendo que fue rescindido tanto el tramo del pronunciamiento que disponía la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, como así también, aquel que encontró aplicable la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, por no ser esta la norma vigente al momento del infortunio (27 de mayo de 2013), no se suscita en la especie el presupuesto fáctico que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera", sentencia de 18-III-2018 y C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-V-2018, en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito.
II. Luego, cabe acoger el recurso conforme se resuelve en el apartado final del voto emitido por el doctor Genoud.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión plantea
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.