Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120591
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.591, "Calcagno, Guillermo Jorge y otro/a contra Embotelladora del Atlántico S.A. Diferencias salariales" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 450/459 vta.).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 487/497 vta. y 500/516).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar con relación al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto por la demandada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por el señor Guillermo Jorge Calcagno y la señora Carolina Mariel Figini y condenó a Embotelladora del Atlántico S.A. al pago de la suma que estableció para cada uno de ellos en concepto de indemnización prevista en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, la desestimó en cuanto pretendían el cobro de una reparación por daño moral y las sanciones contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 45 de la ley 25.345 (v. fs. 450/459 vta.).
Para así decidir, juzgó que no había sido controvertido que el despido de los actores se produjo el día 6 de agosto de 2013 sin invocación de causa y que la empleadora les abonó la indemnización contemplada en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, girando la disputa de autos en torno a la procedencia de la reparación especial regulada en el art. 182 del citado cuerpo normativo, dado que la desvinculación aconteció durante el plazo comprendido en su art. 181 (v. vered., fs. 450 y vta.).
Señaló el juzgador que, desconociendo que tuviese motivo en el matrimonio celebrado por los demandantes, la accionada alegó que la extinción del contrato de trabajo de aquéllos tuvo como causa la reestructuración de las tareas administrativas dentro de la empresa como consecuencia de la fusión de dos compañías (v. vered., fs. 450 vta.).
Luego, el tribunal de grado consideró probado que el día 24 de junio de 2013 los dependientes comunicaron a la empleadora la celebración del matrimonio, que se realizó el día 25 de julio de 2013 conforme surgía del certificado extendido por el Registro de las Personas, concluyendo en que la desvinculación de los accionantes se produjo de modo incausado durante el período contemplado en el art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 451/452 vta.)
En cambio, consideró que no resultó demostrada la existencia de una conducta discriminatoria por parte de la demandada ni que hubiera infringido un daño moral a los reclamantes como consecuencia del distracto; es decir, un perjuicio proveniente de un hecho autónomo, distinto al despido, susceptible de generar un daño adicional. Expresó que quedó claro que la disolución del vínculo se produjo en el marco de decisiones funcionales de la empresa y que más allá que "encuadra" en las previsiones objetivas del art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo no se acreditó "intención o acto discriminatorio contra los dependientes vinculado con la celebración del matrimonio en otra causa" (vered., fs. 453 y vta.).
Con todo, sostuvo que verificado que no medio justa causa en la rescisión del contrato de trabajo y el cumplimiento de los presupuestos a los que la norma supedita su progreso (comunicación del matrimonio y cesantía dentro del plazo de protección), cobraba operatividad la presunción contenida en el citado art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo, correspondiendo así condenar a la demandada al pago de la indemnización contenida en el art. 182 de ese cuerpo legal (v. sent., fs. 456).
Sin embargo, entendiendo que no medió intención del principal de desprenderse de los trabajadores por causa del matrimonio, pues el hecho de que el distracto fuera injustificado no autorizaba frente a la falta de elementos idóneos a afirmar que respondió a dicho motivo, en tanto se verificó que lo fue en el marco de una fusión por absorción societaria, debía desestimarse el reclamo tocante a la reparación por daño moral en los términos de la ley 23.592. Señaló que no se configuraban en el caso los presupuestos de esta última ley en cuanto exige un menoscabo en el ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos o garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional y que comprende los actos u omisiones determinados por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, posición económica, etc., entre los cuales se encuentra el estado civil de las personas, norma que también es receptada de manera específica por el art. 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que no se comprobó en la especie (v. sent., fs. 456 vta.).
Por otra parte, rechazó la pretensión de cobro de la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que -entre otras consideraciones- juzgó acreditado que la accionada había hecho entrega de la documentación a la que alude la norma legal (v. sent., últ. fs. cit.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 75 inc. 22 de la Constitución nacional; del decreto 146/01 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 487/497 vta.).
Sostiene que el tribunal de grado no evaluó la naturaleza jurídica del despido por matrimonio. Postula que a pesar de considerar que los trabajadores tenían derecho al cobro de la indemnización prevista en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, no ponderó adecuadamente su carácter discriminatorio en los términos del art. 1 de la ley 23.592.
Refiere que no pudo el tribunal de grado entender que el empleador no tuvo intención de desprenderse de los demandantes con causa en el matrimonio basándose para ello en una justificación inválida como lo es la "reestructuración de la empresa" y que fuera además introducida tardíamente por la accionada. Desarrolla los argumentos por los que considera que debió reconocerse a los trabajadores un resarcimiento por el daño moral derivado del acto ilícito y discriminatorio cometido por la demandada al disponer su cesantía. Invoca en su apoyo diversos precedentes de este Tribunal.
Por otro lado, aduce que resulta absurda la conclusión de grado que rechazó la sanción peticionada con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Alega que, contrariamente a lo sostenido en el fallo, surge de las misivas agregadas a la causa que su parte cumplió con la intimación prevista en el decreto 146/01, sin que la documentación hubiera estado a su disposición en el plazo legalmente dispuesto.
A su vez, sostiene que el certificado de trabajo que se tuvo por válido no guarda relación alguna con el formulario 984 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, única pieza útil y exigible según el aludido organismo. Agrega que tampoco se adjuntó el comprobante de pago de aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social, cuya instrumentación se lleva a cabo a través del formulario AFIP-931. En ese marco, y con apoyo en la cita de las causas L. 100.701, "Catalano" (sent. de 6-X-2010); L. 100.241, "Sánchez" (sent. de 26-X-2010) y L. 116.432, "Bordigoni" (sent. de 7-V-2014), procura que se revoque la sentencia y se ordene el pago de la indemnización prevista en el último párrafo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen efectuar una aclaración sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, particularmente en lo referido al valor del litigio.
Debe repararse en que los cuestionamientos traídos por los recurrentes versan sobre pretensiones independientes que fueron deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), por lo que es factible constatar que ninguna de ellas (de un lado, la referida al resarcimiento por daño moral y, del otro, la vinculada con la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo) logran alcanzar -según liquidación contenida en la postulación inicial (v. fs. 105)- el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Efectuadas dichas consideraciones, en línea con lo resuelto por este Tribunal en análogas situaciones (causas L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014 y L. 119.351, "Martínez", sent. de 6-IX-2017) el examen de los agravios que contiene el recurso sólo podrá justificarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Consecuentemente, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 117.256, "Sabor", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
III.2. No se comprueba en el caso la concurrencia de los extremos de la citada excepción prevista en el régimen procesal laboral.
III.2.a. No es de recibo la crítica orientada a controvertir lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto desestimó el reclamo fundado en la reparación por daño moral, ello, en tanto pretende encontrar sustento en precedentes elaborados bajo plataformas fácticas y jurídicas disimiles a las del caso en juzgamiento (causas L. 101.497, "Toledano", sent. de 19-XII-2012; L. 116.795, "Duboski", sent. de 6-V-2015 y L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016).
III.2.b. Luego, en el acotado margen de revisión por el que transita el recurso, tampoco resulta admisible la objeción planteada en torno al rechazo de la pretensión fundada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El planteo que se desarrolla en el recurso referido al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo llevaínsito un cuestionamiento de índole fáctica y probatoria que, como tal, constituye un asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso es analizado (causas L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013 y L. 110.487, "Ojer", sent. de 13-XI-2013). En una hipótesis más favorable para los comparecientes, puede advertirse que no se encargan de ensayar una explicación tendiente a demostrar de qué modo habría sido transgredida en la especie la doctrina que emerge de las causas que citan en sostén de su postura.
III.3. No habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley procesal laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
Adhiero al voto del doctor Soria, con excepción de lo expresado en el apartado III.1., respecto al examen de admisibilidad del recurso traído.
Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) , a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente. En esas causas, entre otras, determiné que no resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de agravio, en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, precedentes a los que remito en honor a la brevedad.
Siendo dicha decisión minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no sólo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), acompaño lo decidido por el colega que abre el acuerdo.
II. En consecuencia, propongo desestimar el recurso deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 181 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 95 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. fs. 500/516).
Cuestiona que se hubiera admitido el reclamo relativo a la indemnización prevista en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, en este sentido, alega que el propio tribunal concluyó que en el despido no existió una intención del empleador de desprenderse de los trabajadores con causa en el matrimonio ni un acto discriminatorio hacia ellos vinculado con su celebración. Postula que se condenó con sustento en una responsabilidad objetiva, por el sólo hecho de tratarse de un despido injustificado dentro del plazo de presunción contenido en el art. 181 de la ley 20.744.
Con apoyo en jurisprudencia y doctrina de los autores, señala que la presunción contemplada en el precepto antes citado puede ser desvirtuada si se acredita que el distracto no obedeció a un acto discriminatorio. Sostiene que la decisión del a quo es absurda por cuanto en el caso fue demostrado que la desvinculación de los demandantes no tuvo conexión alguna con su matrimonio.
II. El recurso no prospera.
II.1. Cabe inicialmente señalar que el valor de lo cuestionado en esta instancia, representado por el importe de la condena a favor de cada demandante en concepto de indemnización prevista en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, no supera, con relación a ninguno de ellos, el monto mínimo para recurrir establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 98.812, "Molina", sent. de 14-III-2013).
Por tal razón, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha de ser abordado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, limitándose la función revisora de esta Corte a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 119.683, "Pineda", sent. de 14-VI-2017).
II.2. El agravio traído no resulta atendible en el acotado marco de revisión al que se aludió precedentemente.
Estructurada en torno a precedentes que exhiben rasgos disímiles al que aquí se analiza, fundamentalmente, con sustento en doctrinas forjadas en el marco del art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo y en litigios en los cuales los despidos dispuestos por la patronal tuvieron su causa en el cierre del establecimiento (causa L. 86.534, "Soraire", sent. de 6-V-2009 y su zaga), la impugnación resulta infructuosa (causas L. 101.497, "Toledano", sent. de 19-XII-2012; L. 116.795, "Duboski", sent. de 6-V-2015 y L. 116.628, "Coscarelli"; sent. de 22-III-2016, ya citadas al resolver el recurso deducido por la actora).
De suyo que la mención de la opinión de autores y la cita de fallos de otros tribunales de justicia no gravita en la solución expuesta, pues no participan de la naturaleza de "doctrina legal" a la que se refiere la legislación procesal aplicable (causas L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012; L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 119.787, "Bianchi", sent. de 25-X-2017 y L. 119.736, "Yucra", sent. de 21-II-2018).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
La Plata, a los 20 días del mes de mayo de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia