Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121678
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.678, "Huide, Julio César contra Municipalidad de Hurlingham. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la demandada (v. fs. 479/494).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 514/528).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la acción instaurada por Julio César Huide y condenó a la Municipalidad de Hurlingham a reinstalarlo en su puesto de trabajo en las condiciones previas al despido de fecha 26 de octubre de 2011, acto que declaró nulo, así como también a abonarle la suma que estableció en concepto de salarios caídos desde el cese hasta el dictado de la sentencia y una reparación por daño moral. Dispuso que el importe de condena devengaría intereses desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 479/494).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la vulneración de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 514/528).
Cuestiona la tasa de interés que el tribunal de origen aplicó al capital de condena. Sostiene que al estar en juego la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, se justifica la intervención del Tribunal Superior de la Provincia para agotar la instancia provincial, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En este camino, afirma que los fallos y precedentes de la Corte Suprema deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario federal (v. fs. 515 y vta.).
Luego, en esa misma línea, indica que de las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996) se desprende que esta Suprema Corte ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal (v. fs. 515 vta. y 516).
Aduce que la aplicación de tasas de interés -pasivas o activas- fuertemente negativas sobre los créditos de todos los acreedores del país, afecta el valor adquisitivo final de los créditos de quien debe recurrir a la justicia para cobrar lo que se le debe (v. fs. 516 vta.).
A continuación, afirma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido la inaplicabilidad de las tasas pasivas en los juicios laborales y que la doctrina del máximo tribunal considera como créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero del trabajo. Agrega que la aplicación de tasas de interés fuertemente negativas no otorga ningún interés real y positivo, por ser la misma muy inferior a la inflación que sacude a nuestra economía, privando así al trabajador de todos los intereses puros y de gran parte de su capital real (v. fs. 519).
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, el recurrente cuantifica el crédito de autos aplicando un "coef. ajuste por depreciación monetaria (500,92%)" e intereses al 6% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena. En ese contexto, señala que la aplicación de tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, violándose el derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses, consagrados en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 519/522 vta.).
En ese camino, plantea diversos métodos para evitar la confiscación -a favor del deudor- de los créditos alimentarios del acreedor laboral y la vulneración del art. 17 de la Constitución nacional. Así enumera la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero (v. fs. 522 vta./524); que los jueces fijen prudencialmente los intereses teniendo en cuenta la actual inflación (v. fs. 524 vta.); y -por último- aplicar intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica de los intereses (v. fs. 524 vta. y 525).
Para finalizar, ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema, citando opinión doctrinal en apoyo de su postura (v. fs. 526/527).
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe inicialmente señalar, que toda vez que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que la recurrente pretende sortear el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
III.2.a. Establecido lo anterior, cabe destacar que el planteo por el que se cuestiona la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena (pasiva, en su variante denominada "digital"), ya ha sido resuelto en casos análogos y en sentido adverso a la pretensión del impugnante (causas L. 121.207, "Castillo", resol. de 11-IV-2018; L. 119.461, "Toranzo", sent. de 22-VIII-2018; L. 119.520, "Silva", sent. de 3-VII-2019; L. 120.898, "Albarracín", sent. de 12-II-2020; e.o.).
En las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, estableció con carácter de doctrina legal que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Conforme lo señalado, dado que la decisión adoptada por el órgano de grado encuentra respaldo en la mentada directriz, corresponde desestimar el cuestionamiento traído en este aspecto.
III.2.b. A la par, cabe agregar que resulta equívoca la lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV, "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV, "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en estos pronunciamientos en modo alguno el alto Tribunal hubo de expedirse por la inaplicabilidad en los "juicios laborales" de tasas de interés como la dispuesta en autos.
III.2.c. No queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo fue traído por el recurrente como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012), sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por el doctor Genoud, y con relación a lo indicado en el punto III.2.a., lo hago remitiéndome -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sentencias de 31-X-2016 –entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria del colega ponente.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:15:49 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 19:35:26 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 22/05/2020 15:13:52 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 09:44:22 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 11:51:13 - DI TOMMASO Analia Silvia -
Fin de la sentencia