Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120303
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído, con los alcances establecidos (art. 298, CPCC).
Asimismo, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado de sus decisiones se ajusten a las exigencias legales y constitucionales requeridas.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.303, "Muretta, Rubén Enrique contra Terni, Martín Ezequiel y otro/a. Incapacidad absoluta (art. 212 L.C.T.)" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín resolvió que el pronunciamiento obrante a fs. 149/153 ponía fin al proceso y no era susceptible de revisión pues se encontraba alcanzado por los efectos de la cosa juzgada. En esos términos, dispuso el archivo de las actuaciones (v. fs. 224/225 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 228/235).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 255/256 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró que el pronunciamiento de fs. 149/153 -mediante el cual hizo lugar al allanamiento efectuado por el Instituto Asegurador Mercantil Compañía Argentina de Seguros S.A. y dio por extinguido el proceso en atención al pago efectuado al actor en concepto de indemnización establecida en el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo- no era susceptible de revisión toda vez que se encontraba alcanzado por los efectos de la cosa juzgada. En esos términos, dispuso el archivo de las actuaciones (v. fs. 224/225 vta.).
II. Contra dicha decisión, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 9, 11 y 20 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 228/235).
En lo sustancial, señala que el sentenciante, quebrantando el art. 168 de la Constitución provincial, sin expresar motivo alguno, omitió el tratamiento de cuestiones esenciales planteadas al interponer la demanda, como son las relativas al cobro del seguro establecido en el art. 97 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, y de las indemnizaciones previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 45, ley 25.345).
En ese orden, solicita se declare la nulidad del pronunciamiento de fs. 224/225 que -afirma- violó la regla de la congruencia resolviendo infra petita, y se ordene la apertura a prueba y la continuación del trámite de la causa por los rubros reclamados en el escrito de inicio que no fueron objeto del allanamiento vinculado exclusivamente al art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 228).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Comparto la solución propiciada por el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 255/256 vta.). En este sentido, considero necesario reseñar los antecedentes más relevantes del caso a fin de dar sustento suficiente a la decisión que propongo.
III.1.a. El accionante señor Rubén Enrique Muretta al inicio de estas actuaciones denunció que, según lo dictaminado por la Comisión Médica, padecía una incapacidad total y permanente del 73,95% del índice de la total obrera y que, tal como lo dispone el art. 48 inc. "a" de la ley 24.241, se encontraba en condiciones de acceder a los beneficios del retiro por invalidez (v. demanda, fs. 18 vta.).
En aquella oportunidad reclamó el cobro de los siguientes rubros: las indemnizaciones contempladas en los arts. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo; 2 de la ley 25.323 y 45 de la ley 25.345, así como el seguro establecido en el art. 97 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (v. liquidación, fs. 20 vta.).
III.1.b. A su turno, se presentaron los demandados Martín Ezequiel Terni y Natalia Cecilia Terni (v. fs. 51/56) y el Instituto Asegurador Mercantil Compañía Argentina de Seguros S.A. (v. fs. 112/117 vta.). Esta última depositó la suma total de $160.599 en concepto de seguro del art. 97 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 ($72.599) y del seguro contratado por el empleador para afrontar, hasta su concurrencia, las eventuales indemnizaciones que correspondiera abonar al trabajador en caso de muerte o incapacidad total permanente -art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo ($88.000)- (v. fs. 115 y vta.).
III.1.c. El tribunal de origen hizo lugar al allanamiento efectuado por el Instituto Asegurador Mercantil con relación a la indemnización del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo que fijó en el importe de $160.599 (v. fs. 149/153).
III.1.d. La compañía aseguradora cuestionó dicha decisión alegando que se había imputado erróneamente la totalidad del capital depositado al rubro del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Explicó que el allanamiento se vinculaba a las pretensiones tanto del art. 97 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 como a la póliza de seguro de vida voluntario contratado por el empleador para cubrir las eventuales indemnizaciones provenientes de la Ley de Contrato de Trabajo que éste tuviera que afrontar (v. fs. 156/157 vta.).
III.1.e. El a quo desestimó el pedido de aclaratoria deducido pues lo peticionado -dijo- significaba modificar las pautas establecidas en la sentencia alterándola sustancialmente y expresó, además, que surgía claro de la decisión de fs. 149/153 que el monto depositado solo cubrió lo adeudado en concepto de capital e intereses por el rubro del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo y no incluía el seguro previsto en el art. 97 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, el cual es totalmente independiente de cualquier otro beneficio que pudiera corresponder al empleado (v. fs. 165/167).
Sin perjuicio de ello, puntualizó que para resolver de ese modo tuvo en consideración la petición del accionante, el grado de incapacidad, el salario y la antigüedad denunciados, datos estos que -indicó- no fueron cuestionados por la compañía aseguradora al presentarse en autos y sobre los cuales cuantificó la indemnización y liquidó los intereses a aplicar desde la fecha del evento dañoso hasta el dictado de la sentencia arribando al monto de $160.599 (v. fs. 166).
III.1.f. Luego, la parte actora requirió la apertura a prueba (v. fs. 190, 199 y 201), petición desestimada por el sentenciante al resolver que el proceso había concluido por el pago del reclamo inicial y ordenó el archivo de las actuaciones (v. fs. 206).
III.1.g. Contra tal definición, el accionante planteó recurso de revocatoria (art. 54, ley 11.653) y solicitó que el proceso continuara por los restantes rubros reclamados: el pago del seguro obligatorio mercantil (art. 97, CCT 130/75) y de las indemnizaciones contempladas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 45 de la ley 25.345 (v. fs. 207/208). De dicha presentación se confirió traslado a los demandados Terni (v. fs. 214/215) y a la aseguradora (v. fs. 221/222 vta.).
III.1.h. Este remedio fue desestimado por el a quo al señalar que el pronunciamiento obrante a fs. 149/153 y la resolución aclaratoria de fs. 165/167 no merecieron objeciones por parte del actor y que, por esa razón, adquirieron firmeza.
Bajo tales premisas, concluyó que el planteo deducido resultaba inviable pues, en esa instancia, la decisión se encontraba alcanzada por los efectos de la cosa juzgada y, en consecuencia, no era susceptible de revisión mediante recurso alguno y debía mantenerse firme lo resuelto a fs. 206 (v. fs. 224/225 vta.).
III.2.a. Me he permitido efectuar la precedente reseña, pues de la lectura armónica de los antecedentes más relevantes de la causa y de los argumentos que se desarrollan en el recurso se advierte que acierta el impugnante al cuestionar la decisión del tribunal de grado.
Como ha sostenido reiteradamente esta Corte, son cuestiones esenciales los planteos que estructuran la traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014; L. 118.728, "Camino", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.949, "Méndez", sent. de 13-IX-2017).
Bajo esas directrices, cabe poner de resalto que los reclamos que se denuncian preteridos fueron sometidos a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna (v. demanda, fs. 18/25) y que, efectivamente, el a quo ha omitido pronunciarse a su respecto en la decisión impugnada.
En tales condiciones, considero que se configura en la especie la omisión de tratamiento de cuestiones que revisten carácter esencial -en los términos del art. 168 de la Constitución provincial- toda vez que los reclamos concernientes al seguro previsto en el art. 97 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y a las indemnizaciones establecidas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) integraron la estructura de la traba de la litis, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debía atender para la correcta solución de la controversia.
Al respecto, ha declarado esta Corte que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes, oportunamente planteados, constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita ) que conlleva a la nulidad del fallo (causas L. 99.171, "Torres", sent. de 16-II-2011; L. 107.839, "B., G. R.", sent. de 3-X-2012 y L. 117.219, "Arriola Camacho", sent. de 12-XII-2014).
III.2.b. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido y declarar la nulidad del pronunciamiento de fs. 224/225 vta.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, con nueva integración, renueve los actos procesales que estime necesarios para dar tratamiento a las cuestiones esenciales preteridas y, oportunamente, emita nuevo pronunciamiento.
III.3. Antes de finalizar, me veo compelido a exhortar a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín intervinientes en la presente causa, a que ajusten los pronunciamientos y decisiones que de aquí en adelante emita el órgano jurisdiccional que integran a las exigencias constitucional y legalmente requeridas (v. fs. 152 vta. y 153; arts. 15 y 168, Const. prov.; 44 inc. "f" y 47, ley 11.653).
IV. En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y revocar la decisión impugnada con los alcances expuestos en los puntos III.2.a. y III.2.b. (art. 298, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído, con los alcances establecidos (art. 298, CPCC).
Asimismo, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado de sus decisiones se ajusten a las exigencias legales y constitucionales requeridas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:18:23 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 19:31:53 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 22/05/2020 15:11:47 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 09:57:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 11:56:11 - DI TOMMASO Analia Silvia -
Fin de la sentencia