Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120781
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.781, "Pintos, Edgardo Esteban Emmanuel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 373/380).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 395/399 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte de Justicia resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que Edgardo Esteban Emmanuel Pintos promovió contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola al pago de la indemnización integral -con sustento en las normas del derecho común- por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (v. fs. 373/380).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza el Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773 y 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 (v. fs. 395/399 vta.).
Se opone a la definición de grado que descalificó constitucionalmente el art. 4 de la ley 26.773, en cuanto establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo.
En tal sentido, argumenta que el criterio que emana de dicha norma, en cuanto establece la posibilidad de optar entre dos sistemas de reparación, es el de la razonabilidad.
Refiere que es absurdo el argumento ensayado por el juzgador de que si el trabajador opta por accionar con fundamento en el derecho civil y no logra demostrar los presupuestos de atribución de responsabilidad que dicha legislación contempla, queda sin reparación alguna. Ello, por cuanto en el presente caso, el promotor del pleito fundó implícitamente su reclamo -en primer término- en la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que, asevera, el ejemplo utilizado para sustentar la declaración de inconstitucionalidad deviene abstracto (v. fs. 396 vta. y 397).
Alega que tampoco puede sostenerse lógicamente que el trabajador se encuentre discriminado respecto del resto de los individuos en cuanto a la obtención de una reparación integral, ya que, por su condición, y ante la ocurrencia de un infortunio, tiene los beneficios que surgen de las normas que rigen la relación laboral, y, con respecto a las disposiciones del derecho común, se encuentra en igualdad de condiciones que las personas que sufren un daño fuera de ámbito contractual.
Añade que -por las razones que expone- la nueva normativa no transgrede el principio de progresividad, pues las modificaciones que esta introduce no implican un simple ajuste legislativo, sino una verdadera reforma de fondo del régimen de riesgos del trabajo (v. fs. 397 vta. y 398).
Sostiene que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño. Un razonamiento en contrario -explica- importa tanto como acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando con ello un indebido enriquecimiento en cabeza de los trabajadores o sus derechohabientes (v. fs. 398).
Destaca -nuevamente- que en el capítulo II del escrito de demanda, titulado "Objeto de la presentación", se desprende que el señor Pintos fundó su reclamo, en primer término, en la ley 24.557; razón por la cual -afirma- resulta claro que ejerció la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773, la que, conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el sentenciante, se encontraba vigente al momento del ejercicio de la acción judicial. Desde esa perspectiva, aduna que, si bien el actor tuvo la posibilidad de accionar con fundamento en la normativa del Código Civil, no la ejerció.
Indica que aun cuando los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes, y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como ha sucedido en el caso.
Con todo, aduce que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización integral con fundamento en las normas del derecho común, toda vez que se ha acreditado que el actor ha optado por el régimen de reparación sistémico de la ley 24.557 (v. fs. 398 vta. y 399).
III. El recurso no prospera.
III.1. Por los fundamentos que a continuación habré de precisar, considero que la sentencia de grado debe ser confirmada.
III.1.a. Tal como surge de las constancias obrantes en la causa, el accidente de trabajo que sufrió el señor Edgardo Esteban Emmanuel Pintos ocurrió el día 10 de marzo de 2013 (v. vered., fs. 373 y vta.). Asimismo, se advierte que el autoseguro provincial brindó las prestaciones en especie que fueron detalladas en la documental acompañada (v. fs. 85/188 y vered., fs. 373 vta.).
III.1.b. En la demanda el actor solicitó, ante la desproporción existente entre las cuantías resarcitorias a las que accedería según se atienda su reclamo conforme las previsiones del sistema especial de reparación de infortunios laborales (ley 24.557 y modif.) o en el marco del régimen común de responsabilidad civil, que "...se repare a nuestro mandante en la dimensión establecida por nuestro Código Civil..." (fs. 72 in fine y vta.).
III.1.c. En su escrito de responde, el Fisco provincial sostuvo "...que se reclama a la Provincia de Buenos Aires en su carácter de asegurada, fundando su pretensión en las normas del código civil y ley de riesgos, si bien solicita la declaración de inconstitucionalidad de parte del articulado de esta última" (fs. 237 vta. in fine ). Luego, refirió que en atención a las disposiciones contenidas en el art. 4 de la ley 26.773 "...la acumulación de demandas efectuada por el actor resulta improcedente"; que "...el Sr. Pintos ha recibido de parte de la aseguradora, todas las prestaciones legales que prescribe la ley de riesgos, concluyendo con el alta médica, sin incapacidad derivada del accidente..."; finalmente "...que la jurisprudencia citada por la actora, con la que pretende fundar su reclamo en los términos de una reparación integral del accidente, no resulta aplicable al presente, en tanto la misma fue producto de situaciones pasadas durante la vigencia de la ley 24.557 y que con la presente reforma han sido superadas" (fs. 238).
III.1.d. En la sentencia, de conformidad con las peticiones formuladas por las partes en los escritos constitutivos de la litis, el juzgador abordó la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, concluyendo en su invalidez (v. fs. 375 vta./377).
Ponderó que el sistema de opción excluyente se contrapone con el deber de reparar el daño injusto y el principio protectorio (arts. 14 bis y 19, Const. nac.), ya que permite que un trabajador víctima de un accidente o enfermedad laboral, que ejerce la opción por el derecho civil y no alcanza a demostrar los presupuestos de responsabilidad previstos en el Código Civil y Comercial, quede sin reparación alguna (v. fs. 376).
Tuvo en cuenta además, que el art. 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador) establece que los trabajadores tienen derecho a una indemnización especial de los daños producidos por enfermedades y accidentes laborales que, al menos, debe alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio. Dicha norma internacional -añade- podría quedar inaplicada en los casos en que un trabajador accidentado o enfermo a causa del trabajo ejerza la opción por el derecho civil y pierda el juicio (v. fs. 376 in fine ).
A su vez, indicó que la existencia de una ley reparatoria especial, como lo es la Ley de Riesgos del Trabajo, debe implicar una mayor protección y fungir como una manera de asegurar derechos y no de desasegurarlos, porque el art. 14 bis de la Constitución nacional establece que "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador...", de suerte que la norma especial no puede funcionar como un obstáculo para que este último pueda intentar obtener una reparación más plena, porque de ese modo estaría desprotegiendo derechos que posee en su simple calidad de habitante de la República (v. fs. 376 vta.).
Por otra parte, manifestó que la opción excluyente coloca al trabajador enfermo o accidentado (es decir, en una situación especial de vulnerabilidad) ante una disyuntiva de hierro que lo obliga a la actitud heroica de intentar obtener un resarcimiento integral asumiendo el riesgo de perder, incluso, la indemnización tarifada (v. últ. fs. cit.).
Señaló que uno de los principales argumentos en favor de la opción excluyente lo constituye el hecho de que la misma se cimienta en una dilatada y antigua tradición jurídica en la disciplina que se remonta a la sanción de la ley 9.688 en el año 1915; pero, explicó, ello no conmueve las conclusiones ya expuestas, toda vez que dicha práctica fue elaborada bajo el imperio de normas constitucionales, internacionales y legales diferentes a las que rigen actualmente y, también, a partir de paradigmas culturales y jurídicos que existían hace un siglo (v. fs. 377).
Con todo, condenó a la accionada al pago de la indemnización integral por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo (v. fs. 377/378 vta.).
III.1.e. En lo que interesa, en oportunidad de deducir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco provincial argumentó que el promotor del pleito "...en la posibilidad de accionar en único término con fundamento en la normativa del Código Civil, no lo hizo " (v. fs. 398 vta.); y peticionó que se case la sentencia (en cuanto a la condena por la reparación integral del daño sustentada en las normas del derecho común), toda vez que "se ha acreditado que el actor ha optado por el sistema de reparación sistémico de la ley 24.557" (fs. 399).
III.2. Esta última definición del agraviado -como puso de manifiesto el doctor Genoud al emitir su voto en la causa L. 121.046, "Trillo" (sent. de 6-V-2020), de connotaciones aunque con ciertos matices, similares a la presente- revela nítidamente que las alegaciones que definen el contenido de la impugnación se estructuran sobre la base de afirmaciones que se contradicen con la postura que asumiera en la anterior instancia, donde, conforme se relató, afirmó "...que se reclama a la Provincia de Buenos Aires en su carácter de asegurada, fundando su pretensión en las normas del código civil y ley de riesgos, si bien solicita la declaración de inconstitucionalidad de parte del articulado de esta última" (fs. 237 vta. in fine ).
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 110.090, "Pérez", sent. de 11-IX-2013; L. 86.920, "P., G. M.", sent. de 8-X-2014; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada el señor Juez, doctor Genoud dijo:
La contradicción entre la posición asumida en oportunidad de responder la demanda y la expresada en el recurso bajo análisis en torno a los alcances del pedimento de la actora -suficientemente descripta en el voto que abre el Acuerdo- me convencen de prestar adhesión al voto de la doctora Kogan por los fundamentos que allí se exponen.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:18:47 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 19:31:32 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 22/05/2020 15:12:16 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 09:59:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 11:57:03 - DI TOMMASO Analia Silvia -
Fin de la sentencia