Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121453
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.453, "López, José contra Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.I. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 741/751 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 767/779 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por José López y, en consecuencia, condenó a Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.I. al pago de la suma que estableció en concepto de diversos créditos salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo.
En lo que resulta de interés, dispuso que a los importes de condena se le adicionaran intereses calculados desde que cada obligación se hizo exigible y hasta su efectivo pago, a la tasa pasiva que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 749 y vta.).
II. Contra este último aspecto del pronunciamiento se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. Inicialmente, esgrime ciertas consideraciones respecto de la limitación establecida en la norma del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la concesión del recurso y, en tal sentido sostiene que cuando se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, el Tribunal superior de la Provincia debe intervenir para agotar la instancia local sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales.
En esa línea, afirma que los fallos y precedentes del máximo Tribunal "deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el Tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires" (fs. 768).
Expresa, también, que este Tribunal ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal, a tales fines, invoca lo que a su criterio constituyen las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno", sentencia de 10-VI-1996 (v. fs. 768 vta., 769 y 777 vta./779).
Agrega que la cuestión vinculada a la determinación de la tasa de interés aplicable constituye una materia ajena a la doctrina legal de esta Corte (v. fs. 769 y vta.).
II.2. Luego, en lo medular de su crítica, se agravia de la tasa de interés que el tribunal de origen aplicó al capital de condena.
Sostiene que al fallar en las causas S.722.XXIV, "Simonet, Mario A. c/ La Primera de Ciudadela S.A. s/ Despido" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV, "Chaine, Gerardo M. c/ ODE S.A. s/ Despido" (sent. de 13-X-1994), la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales, por lo que el juzgador de grado no sólo ha violado esa "doctrina", sino también la de esta Suprema Corte en orden a los citados efectos vinculantes de los fallos emitidos por el máximo Tribunal.
Agrega que esta tasa afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, en tanto no se reparó en la depreciación monetaria que, como consecuencia del proceso inflacionario, ha sufrido el crédito de naturaleza alimentaria que le fuera reconocido en la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de origen, violándose de tal modo su derecho de propiedad, consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 769/774).
Con el objeto de acreditar el perjuicio sufrido como consecuencia de la aplicación de una tasa de interés a la que califica de "fuertemente negativa", el recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561; v. fs. 774 vta./776). La segunda, utilizando un porcentaje del 588,22% para el cálculo de los intereses (v. fs. 776 y vta.). Y, por último, mediante la aplicación de la tasa activa con capitalización mensual de intereses (v. 776 vta.).
Finalmente, denuncia que la sentencia vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil y ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 776 vta./777 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. En primer lugar, cabe señalar que, en la especie, el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia que resultaría entre la aplicación de intereses que fijó el sentenciante y lo que habría de obtenerse con arreglo a las propuestas que se plantean en el recurso- en ningún caso supera el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (según ley 14.141).
Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.1.b. No obsta a lo señalado que a juicio del recurrente las limitaciones contenidas en las mentadas normas adjetivas no resulten aquí aplicables, pues las razones que esgrime para justificar tal postura -a las que en esta sede extraordinaria he de circunscribirme- resultan desacertadas.
En efecto, aun cuando no se encuentra referido a la exégesis de norma alguna que haya regido la relación sustancial debatida en la especie conforme lo expuesto en párrafos anteriores, lo cierto es que lo transcripto por el interesado en lo relativo al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996) para justificar la "obligatoriedad" o "carácter vinculante" que les atribuye a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 768 vta. y 769), corresponde a la opinión personal de uno de los ministros votantes en la mencionada causa, no constituyendo entonces "doctrina legal" que permita subsumir el caso en la hipótesis de excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.653.
Para más, y ello demuestra nuevamente la inhabilidad del entramado diseñado en el recurso en examen, se advierte una equívoca lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV, "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV, "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en estos pronunciamientos, en modo alguno, el alto Tribunal determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales; lo dicho por el quejoso -siguiendo un desenfocado trazo de razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia -y que no conformaron la postura mayoritaria- formulados en ambos casos por el entonces ministro doctor Fayt.
III.2. Con todo, y en tanto situados por el impugnante bajo la hipótesis de arbitraria violación de la jurisprudencia de la Corte Suprema, lucen inatendibles los argumentos que esgrime el interesado con el objeto de evidenciar también la configuración de una "cuestión federal" como otro de los caminos para sortear las restricciones procesales que en función de la summa gravaminis imperan en el caso.
Adicionalmente ha de recordarse, en tanto quizás el planteo indirectamente también pretenda orientarse en ese sentido, que los fallos de la Corte nacional (como los de otros tribunales) no constituyen la doctrina legal que hace viable al recurso en examen (causas L. 51.517, "Evangelista", sent. de 28-IX-1993; L. 94.448, "Tunstall", sent. de 10-XII-2008; L. 92.935, "P., A. J.", sent. de 25-III-2009; e.o.).
III.3. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo fue traído por el recurrente como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012), sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación a la doctrina citada.
III.4. No obstante lo expuesto, considero que -con el alcance que a continuación habré de precisar- le asiste razón al recurrente en cuanto postula que se modifique la sentencia de grado en relación a la tasa de interés allí aplicada.
En principio, cabe asumir -en la presente temática- la circunstancia de no soslayar la doctrina legal actual de esta Suprema Corte, aun cuando ésta no se encontraba vigente a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En este contexto, recuerdo que he compartido la decisión de este Tribunal en la causa L. 85.997, "Prícolo", sentencia de 7-II-2007, en el sentido que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), pues aun cuando los precedentes de la Suprema Corte sean ulteriores a la fecha en que se dedujo el medio de impugnación, no cabe prescindir de su análisis y, eventualmente, de la aplicación de sus lineamientos al caso bajo juzgamiento (causa L. 85.120, "Alarcón Cáceres", sent. de 27-III-2008; e.o.). Ello así, toda vez que, se impone mantener -conforme a una de las facetas de la télesis de la casación en garantía de la igualdad- la uniformidad de la jurisprudencia.
Esta Suprema Corte, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 118.786, "Dalfonso" (sent. de 27-IX-2017), entre muchas, se pronunció -por mayoría- estableciendo que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), de modo que, con respaldo en ello, los intereses deberán calcularse nuevamente.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada conforme lo establecido en el punto III.4. del presente.
Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que practique la liquidación que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
II. En lo concerniente a los intereses que corresponde aplicar sobre el capital de condena, habré de señalar que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
III. No obstante lo expuesto, y en atención a los agravios traídos, he de formular algunas consideraciones adicionales.
En el caso, el recurrente alude a la tasa de interés fijada por el tribunal de origen con el dicterio de "confiscatoria". Prefiere (v. fs. 774 vta. y sigs.) que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y sus modificatorias, o bien que se fije discrecionalmente una tasa que otorgue un rendimiento positivo puro, o -tercera posibilidad- usar los intereses de las tasas restantes, sin definirse abiertamente por ninguna de las tres propuestas y presentar alguna como principal reservando a las otras el carácter de subsidiarias.
Sin perjuicio de la respuesta adversa que debe darse a tales planteamientos (en mi caso, debido al sometimiento que he expresado a la doctrina de esta Corte y con reserva de mi opinión personal), no puedo dejar de anotar algunas observaciones que me provoca el enjundioso discurso del recurrente. En primer lugar, y tal cual se desprende de mis votos en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), y tal como lo reafirmé en la causa L. 118.587, citada, es evidente que soy de la idea de que debe autorizarse al juez a fijar, con prudente atención de las circunstancias de la causa, la tasa a la que deberán estimarse los intereses, postura que no ha variado (en todo caso, se ha fortalecido) con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial.
Por otra parte, y así como podría estar de acuerdo con el recurrente en lo anterior, hay al menos otras dos cuestiones en que discrepamos claramente: ni hay un deber de los tribunales inferiores de ajustar sus fallos a la doctrina de la Corte nacional (basta ver los precedentes que el propio apelante cita o repasar los fallos de esta Suprema Corte), ni hay -no puede haberlo- un silogismo sólido (sin importar que sea válido) cuando se parte de premisas falsas. Mucho menos un silogismo puede ser justo, que es un calificativo absolutamente inapropiado para un proceso inferencial.
IV. Luego, en función de las razones anteriormente volcadas, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y adhiero, por estas otras razones, al voto de la doctora Kogan y a su propuesta de hacer lugar parcialmente a este tramo del recurso deducido.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera conforme lo que sigue.
II. Comparto los señalamientos que formula la doctora Kogan en los puntos III.1., III.2. y III.3.
III. Luego, el agravio prospera con el siguiente alcance.
En atención a los términos de la impugnación deducida debo recordar que esta Corte se pronunció respecto de la validez de la reforma introducida al art. 48 de la ley 11.653 en los precedentes L. 90.768, "Vitkauskas"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz"; L. 108.164, "Abraham" y L. 110.487, "Ojer" (sents. de 13-XI-2013), estableciendo como doctrina legal que la disposición aludida resulta inconstitucional por legislar sobre una materia propia del ámbito de competencia que las provincias han delegado en forma expresa en el gobierno federal (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs., Const. nac.).
Sentado lo anterior, la solución de la cuestión planteada se impone a tenor de las directrices fijadas por mayoría de este Tribunal en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), con motivo de la sanción del Código Civil y Comercial a cuyos fundamentos -en extenso- me remito por motivos de brevedad (causas L. 119.520, "Silva", sent. de 3-VII-2019 y L. 120.062, "Guzmán", sent. de 30-V-2018).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1., III.2. y III.3., de su voto.
I.2. Luego, en lo que atañe a la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, ante la consolidación de la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria de la colega ponente.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:17:26 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 18:04:23 - DE LAZZARI Eduardo Nestor -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 19:33:13 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 22/05/2020 15:00:04 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 18:27:43 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 09:55:12 - DI TOMMASO Analia Silvia -
Fin de la sentencia