Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121500
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.500, "Méndez, Juan Carlos contra La Segunda ART S.A. Daños y perjuicios" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino rechazó íntegramente la demanda deducida, con costas del modo que especificó (v. fs. 360/371).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 382/390).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por el señor Juan Carlos Méndez contra La Segunda ART S.A., mediante la cual procuraba el cobro de las prestaciones emergentes de la ley 24.557 y la reparación integral de los daños y perjuicios -con fundamento en las normas del derecho común- derivados del accidente que denunció haber sufrido el día 11 de junio de 2008 en oportunidad de encontrarse prestando sus servicios habituales bajo la dependencia de Impla S.A. (empresa dedicada a la fabricación de bolsas).
Para así decidir juzgó, en lo medular, que el actor no logró acreditar el acaecimiento del siniestro en el que fundó sendos reclamos, como tampoco ser portador de incapacidad alguna (v. vered., tercera cuestión, fs. 361/362 vta.; sent., fs. 367/368 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de los principios de congruencia, justicia social e integración jurídica en el orden social, como así también de los arts. 18 de la Constitución nacional; 12 inc. 3, 15 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266, 272, 375, 384, 456, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.113 del Código Civil y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, se agravia de la sentencia en cuanto tuvo por no acreditado el accidente de trabajo que motiva el reclamo de autos.
Afirma que la ocurrencia del infortunio fue reconocida por la accionada mediante la documentación que acompañó (v. fs. 70/74) junto con el escrito de contestación de demanda (v. fs. 383).
Funda su argumentación en la circunstancia de habérsele otorgado al señor Méndez -por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo demandada- prestaciones dinerarias y en especie, como así también el alta médica, la cual -señala- resultó rechazada por la parte actora; por lo que el sentenciante debió aplicar la teoría de los actos propios, siendo solo materia de prueba el porcentaje de incapacidad (v. fs. 384 vta./385 vta.).
II.2. Refuta, igualmente, la decisión de mérito por no haber aplicado el art. 1.113 del Código Civil (ley 340). En este sentido, advierte que el sentenciante invirtió erróneamente la carga de la prueba, toda vez que era a la aseguradora demandada a quien le correspondía demostrar la configuración de las eximentes de responsabilidad civil consagradas en el citado dispositivo (v. fs. 383 vta./385).
II.3. Se agravia, también, del fallo de grado por haber resuelto que el trabajador no era portador de incapacidad alguna.
Sostiene que la decisión del sentenciante se fundó en el informe pericial médico obrante en autos (v. fs. 153/155 vta. y 192/194) el que -a su criterio- resulta descalificable, en tanto el galeno señaló expresamente en su experticia que no contaba con elementos suficientes para su elaboración, no obstante lo cual, no solicitó estudios complementarios a tales fines.
Añade que el juzgador tampoco tuvo en cuenta que la demandada no acompañó a la causa el legajo médico del actor, por lo que debió aplicar -y no lo hizo- la presunción del art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial. Alega que también soslayó ponderar la pericia técnica glosada a fs. 179.
Estima además que el tribunal pudo haber ordenado la realización de una nueva pericia médica como medida para mejor proveer y no lo hizo (v. fs. 385 y vta.).
II.4. Impugna, por otro lado, el pronunciamiento de grado por haber resuelto que -ante la falta de prueba del accidente de autos- tampoco resultaba aplicable el art. 14 apartado 2 de la ley 24.557 (reparación sistémica), lo que -asegura-, también constituye una clara violación de la teoría de los actos propios (v. fs. 385 vta. y 386).
Descalifica también el fallo en crisis, por haber citado disposiciones del Código Civil y Comercial, sin que previamente se haya conferido traslado a las partes para que ejerzan su derecho de defensa (v. fs. 386 y vta.).
II.5. Objeta, asimismo, la decisión de grado por haber regulado al perito médico honorarios judiciales.
Funda su crítica en la circunstancia de que el galeno no compareció a dar explicaciones a la audiencia de vista de la causa, no obstante encontrarse debidamente notificado. Entiende -entonces- que debió aplicarse el art. 472 del Código Procesal Civil y Comercial (en rigor, art. 473, del mismo ordenamiento) y efectivizar el apercibimiento consignado a fs. 306 (v. fs. 387).
II.6. Finalmente, denuncia que el juzgador -con su decisión- transgredió el principio de congruencia.
Ello, toda vez que el tema a resolver, conforme los términos en que había quedado trabada la litis, se circunscribía específicamente a determinar si el alta había sido -o no- correctamente otorgada, si el trabajador continuaba con su dolencia, y el grado de incapacidad del que resultaba portador.
Contrariamente a ello, prosigue, el sentenciante "introdujo" en la sentencia un pronunciamiento en torno a la existencia del accidente, no peticionado en la demanda (v. fs. 388).
III. El recurso no prospera.
Por razones de naturaleza metodológica, habré de alterar el orden de tratamiento de los agravios reseñados.
III.1. El embate por conducto del cual el recurrente denuncia quebrantamiento del principio de congruencia, no es de recibo.
Es doctrina de esta Corte que dicho postulado tiene por fin conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, resultando violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (arts. 18, Const. nac.; 163 inc. 6, CPCC y 47, ley 11.653; causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014; L. 116.721, "Arce", sent. de 10-XII-2014 y L. 114.401, "Stanley", sent. de 11-II-2015), circunstancias que no se verifican en la especie.
Para mayor satisfacción del recurrente, cabe agregar que en su derrotero omite vincular su denuncia con la configuración del vicio de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso (causa L. 118.176, "Riquel", resol. de 12-XI-2014), lo que sella definitivamente la suerte adversa del agravio.
III.2. No acierta el recurrente al objetar aquella parcela del fallo por la que se declaró no acreditado el accidente que dio sustento al reclamo.
En efecto, los argumentos traídos por el compareciente no logran enervar la contundente conclusión del juzgador por la que -con apoyo esencialmente en la pericia técnica y en las declaraciones testimoniales- juzgó que no existen en la causa elementos suficientes para determinar que la "salida de la máquina confeccionadora" constituyera un hecho súbito y violento susceptible de causar el daño invocado (v. vered., tercera cuestión, fs. 361/362 vta.); desde que la exposición se diluye en una mera contraposición de criterios, que no resulta idónea para obtener la modificación de lo decidido con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal (causas L. 102.780, "Caime", sent. de 21-XII-2011; L. 104.008, "D'Anunzio", sent. de 28-III-2012; L. 105.816, "C., A.", sent. de 8-VIII-2012; L. 110.785, "Dinapoli", sent. de 14-VIII-2013 y L. 120.837, "Rubel", resol. de 6-XII-2017).
Y ello es así, máxime cuando -además- el examen de la documentación acompañada da cuenta que el infortunio denunciado ante la aseguradora data de una fecha que no coincide con la indicada en la demanda (2 de julio de 2008 y no 11 de junio de 2008; v. fs. 70/71) y se relaciona ambiguamente con una dolencia en la rodilla derecha (v. fs. 70) e izquierda (v. fs. 71).
III.3. Sin perjuicio de ello, y aun en una hipótesis más favorable para el recurrente, tampoco puede prosperar el embate por el que se objeta la definición por la que se concluyó que el actor no era portador de incapacidad.
III.3.a. En lo que resulta relevante, el juzgador -en ejercicio de facultades que le asisten de modo privativo-, declaró que la pericia médica (v. fs. 153/155) resultó categórica al concluir que si bien el actor sufrió una tendinitis de rodilla derecha con incapacidad transitoria (cuyo origen el actor lo atribuyó al movimiento realizado al salir de una "máquina confeccionadora" y tirar rezagos el día 11 de junio de 2008), el señor Méndez no presenta secuelas concretas vinculadas con dicha dolencia. Ponderó, igualmente, que si bien el reclamante impugnó dicha experticia, el galeno la respondió con sólidos fundamentos, ratificando la ausencia de incapacidad (v. vered., tercera cuestión, fs. 361 y vta.; sent., fs. 367/368).
III.3.b. Esta Corte reiteradamente ha declarado que la evaluación del material probatorio, y específicamente lo concerniente al mérito y fundamento de la pericia médica, así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, corresponde privativamente al tribunal de trabajo, cuyas conclusiones no son revisables en casación, salvo absurdo (causa L. 106.590, "Bragini", sent. de 30-XI-2011; e.o.).
III.3.c. En la especie, el recurrente no consigue acreditar que el fallo que objeta resulte portador de la señalada anomalía.
En efecto, en su réplica señala -en lo esencial- que el experto puso de manifiesto en su dictamen que no contaba con elementos suficientes para elaborarlo correctamente; sin perjuicio de lo cual no requirió estudios complementarios y, ante la impugnación que formuló su parte, limitándose a ratificar su informe originario (v. rec., fs. 385).
Bajo la plataforma descripta, se observa claramente que el agravio bajo análisis no supera el registro de una mera divergencia subjetiva en torno a la valoración de la prueba pericial, por cuyo conducto -y a partir de su personal lectura e interpretación de las conclusiones del experto- pretende introducir inferencias beneficiosas a su postura; técnica que, sabido es, no resulta eficaz para demostrar la concurrencia de absurdo.
A propósito de lo señalado, esta Suprema Corte ha declarado que no logra contrarrestar la evaluación de la pericia médica efectuada por el tribunal de grado, el recurso que se limita a exhibir un criterio discrepante con el de los juzgadores sin demostrar que las conclusiones del fallo sean descalificables por vía de absurdo (causas L. 99.486, "Núñez", sent. de 13-IV-2011 y L. 105.288, "Barbuto", sent. de 6-VI-2012), pues no es ocioso recordar que no cualquier disentimiento autoriza a tener por configurado el referido vicio invalidante; no es suficiente manifestar que la apreciación efectuada por el juzgador es discutible, opinable o poco convincente, porque se requiere algo más: la demostración del vicio lógico del razonamiento, o una grosera falta de interpretación material de alguna prueba, al punto de haber llevado al tribunal a establecer conclusiones claramente insostenibles, contradictorias entre sí o inconciliables con las constancias que resultan de la causa (causas L. 111.831, "Lelli", sent. de 11-VI-2014; L. 117.058, "Spadafora", sent. de 16-VII-2014 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014); extremos que -reitero- no logran ser demostrados por el interesado.
III.3.d. Respecto del planteo dirigido a objetar que el juzgador prescindiera del dictado de una medida para mejor proveer tendiente a la producción de una nueva pericia médica (v. rec., fs. 385 vta.), dable es recordar que, si bien las atribuciones reconocidas por el art. 12 de la ley 11.653 son amplias, la facultad de ordenar una medida para mejor proveer propia del fuero laboral no configura una obligación legal que deba imponerse a cargo del juzgador (causas L. 95.330, "Piccininno", sent. de 28-X-2009 y L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-XI-2014).
III.3.e. Tampoco alcanza para modificar lo resuelto, la -lacónica- argumentación estructurada en torno a la omisa aplicación por parte del tribunal de lo dispuesto en el art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial, pese a incluir el respectivo apercibimiento en el auto de apertura a prueba (v. fs. 111 vta.).
Ello así, pues corresponde destacar que la citada presunción en contra de la parte que es reticente en acompañar la documentación que le es solicitada -aun soslayando que se trata de documentación en poder de la empleadora no demandada en autos- es relativa, pudiendo erigirse en tal carácter en la medida que los demás elementos de prueba incorporados al proceso tornen verosímil su existencia y contenido pues, en principio, no basta por sí sola a fin de tener por ciertos los dichos o hechos alegados por el adversario. En todo caso, es menester integrar el indicio negativo con la totalidad de las pruebas de la causa (causas L. 101.627, "F., M. G.", sent. de 22-VI-2011; L. 117.306, "Campos", sent. de 7-V-2014 y L. 118.954, "Altamiranda", sent. de 15-XI-2016). Tales circunstancias, como hemos visto, no se presentan en la especie.
III.4. Atento la solución que se propone en el apartado que precede -por la que permanece firme la conclusión de grado en torno a la no acreditación de la incapacidad denunciada-, pierde virtualidad el tratamiento de los restantes agravios que porta el recurso, a excepción de aquél dirigido a cuestionar la regulación de honorarios del perito médico.
Ello así, toda vez que el eventual análisis de las demás impugnaciones se halla condicionado al progreso de la definición relativa a la pretendida -y reitero, no acreditada- incapacidad alegada por el recurrente.
III.5. Finalmente, entonces, no es eficaz el reproche relativo a la estimación de honorarios del perito médico que intervino en la causa.
En lo que interesa destacar, el tribunal interviniente reguló estipendios a favor del perito médico que intervino en las actuaciones en mérito de la labor cumplida, que calificó de conducente para la resolución de la litis.
El interesado objeta dicha definición, peticionando la aplicación de lo dispuesto en el art. 473 del Código Procesal Civil y Comercial -en rigor, invocó el art. 472 del mismo ordenamiento- y, en consecuencia, que la incomparencia del experto a brindar explicaciones sea sancionada con la pérdida del derecho a cobrar honorarios (v. rec., fs. 387).
Como adelanté, esta parcela del recurso también debe rechazarse habida cuenta que -como es sabido- la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales y peritos es irrevisable en casación, ya sea en lo que hace a la regulación en sí misma, como a las bases ponderadas para llegar a su determinación, no admitiéndose contra ellas -en principio- los recursos extraordinarios (causa L. 115.242, "Bermani", resol. de 7-IX-2011).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/05/2020 15:15:45 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 09:53:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 12:44:58 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 12:55:00 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 17:13:47 - DI TOMMASO Analia Silvia -
Fin de la sentencia